Las crisis económicas como la que América Latina y el Caribe está padeciendo en este momento tienen efectos duraderos sobre la estructura del empleo y podrían expulsar a muchas personas permanentemente de la economía formal, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial.
La pandemia de COVID-19 impacta mayoritariamente a los trabajadores poco calificados y también exacerba la de por sí elevada desigualdad de la región, de acuerdo a El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo en la América Latina Pos-COVID-19. Luego de una crisis, los trabajadores poco calificados a menudo tienen menores ingresos a lo largo de una década, mientras que los muy calificados experimentan una pronta recuperación.
Como resultado, las políticas públicas deben enfocarse en proteger a los trabajadores de este fuerte impacto a largo plazo mediante el uso de seguros de desempleo, redes de seguridad social y programas de reconversión, además de facilitar la creación de empleo y ayudar a los trabajadores a estar donde están los empleos. Todo esto puede favorecerse a través de una mayor competencia, más flexibilidad para gestionar los recursos humanos y una reducción de los subsidios. A través de políticas comerciales y de adquisiciones públicas, los gobiernos pueden mejorar el entorno para que las empresas competitivas prosperen. Asimismo, la inversión pública focalizada en el transporte puede acercar los trabajadores a los puestos de trabajo, mientras que las viviendas asequibles pueden ayudarlos a residir allí donde los empleos se encuentran.
“La recuperación económica con frecuencia ha sido un mito en términos de creación de empleo”, dijo el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo. “Las políticas correctas pueden ayudar a limitar el impacto de las crisis sobre el empleo y a promover la creación de más puestos de trabajo en la fase de recuperación.”
Como muestran algunos de los shocks más grandes que tuvieron lugar en la región en las últimas décadas, las consecuencias de las crisis en América Latina y el Caribe son duraderas y dejan huellas profundas en el empleo. Por ejemplo, los datos de empleo antes y después de la crisis de deuda brasileña, los efectos de la crisis financiera asiática en Chile y el impacto de la crisis mundial de 2008-2009 en México muestran que las recuperaciones rápidas no se materializaron. En los tres casos la curva de empleo experimentó una desviación muy negativa a causa de estas crisis, algo que, lejos de revertirse, se profundizó con el correr del tiempo.
En promedio, luego de tres años una recesión genera una pérdida neta de 1,5 millones de puestos de trabajo, con una contracción de 3% en el empleo formal y una expansión del empleo informal. La crisis actual podría ser incluso peor y provocar una contracción en el empleo formal de hasta 4%.
Los trabajadores poco calificados suelen ser los más afectados, algo que exacerba las desigualdades persistentes en la región. Para ellos, las secuelas de las crisis pueden durar hasta una década, con pérdidas de ingreso y mayor vulnerabilidad. Asimismo, dos tercios de los países de la región carecen de programas de seguro de desempleo. Con el fin de minimizar las secuelas a largo plazo, los gobiernos deben poner en marcha políticas para apoyar la reactivación sostenible de la economía y facilitar la recuperación del empleo.
“Debemos aprovechar la oportunidad de reconstruir mejor”, dijo Joana Silva, economista senior del Banco Mundial y autora principal del informe. “Debemos fortalecer nuestros mercados de trabajo para que sean capaces de sobrellevar y revertir rápidamente el impacto de los shocks futuros”.
El primer paso clave es avanzar hacia un contexto macroeconómico sólido y prudente, con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados laborales frente a cualquier crisis potencial. Una política fiscal y monetaria sana puede preservar la estabilidad macroeconómica y evitar las presiones financieras sistémicas de cara a un shock. Las reformas fiscales, incluidos un marco tributario menos distorsionado, gasto público más eficiente, sistemas previsionales financieramente sostenibles y normas fiscales claras, son la primera línea de defensa ante las crisis.
Los programas de ayuda económica, como los seguros de desempleo y otras transferencias a los hogares durante las desaceleraciones económicas, limitan el daño causado por las contracciones y ayudan a las economías a recuperarse. No obstante, uno de los desafíos de la región es que segmentos importantes de la fuerza laboral operan en la informalidad y de esta manera no son alcanzados por los seguros de desempleo tradicionales.
Además, es imperativo incrementar la capacidad de las políticas laborales y de protección social de la región, combinándolas con sistemas que brinden ayuda financiera y preparen a los trabajadores para los nuevos trabajos a través de ayuda para la reconversión y la recolocación laboral. Una reacción rápida tras la pandemia por parte de los gobiernos, en el sentido de ampliar los programas laborales y de protección social, puede servir para avanzar en la elaboración de registros sociales de mayor calidad y más integrados. Esto es viable en el corto plazo y puede marcar la diferencia en cuanto al alcance de estos programas.
De todas formas, no es suficiente contar con estabilizadores macroeconómicos más fuertes y reformas en los sistemas laborales y de protección social. También se debe impulsar la recuperación del mercado laboral a través de una fuerte creación de empleo. Esto requiere solucionar problemas estructurales. La política de competencia, la política regional y las normas laborales son áreas clave. Si los países no tratan de resolver estos temas fundamentales, la recuperación seguirá caracterizándose por una escasa creación de empleo.
La respuesta del Banco Mundial a la pandemia de la COVID-19
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Grupo Banco Mundial ha comprometido más de USD 125.000 millones para combatir los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, la respuesta más rápida y de mayor envergadura de su historia ante una crisis. El financiamiento está ayudando a más de 100 países a fortalecer la preparación ante casos de la pandemia, proteger a los pobres y resguardar los empleos, y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. El Banco también está proporcionando USD 12 000 millones para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19.
