La primera “respuesta” que se me viene a la cabeza es, ¿por qué no?. La segunda, tal vez un poco más a la altura de mi cargo institucional, es porque existen infinidad de razones por las que tenemos que hacerlo.
Comenzando por él “debe ser”, la reforma de 1994 de nuestra Carta Magna consagra el derecho a un ambiente sano, y el deber de las autoridades de garantizar este derecho, a través de distintos medios y herramientas -entre ellos,los presupuestos mínimos de protección del ambiente y la educación y la información ambiental-. A su vez, reconoce a las provincias el dominio originario de recursos naturales y la concurrencia de las responsabilidades con la Nación. De nuestra Constitución Nacional se desprende un vasto y complejo marco normativo en materia ambiental que exige un trabajo conjunto, coordinado y articulado entre los distintos niveles de gobierno y jurisdicciones, tanto por las prerrogativas y responsabilidades establecidas en el plexo normativo como por la complejidad de los temas sobre los que legislan. Para poder lograrlo, es necesario estar empapado y actualizado sobre la normativa ambiental y las problemáticas y realidades locales.
En segundo lugar, porque, los funcionarios, magistrados y empleados públicos, al asumir nuestros cargos, lo hacemos bajo la responsabilidad y el compromiso de velar por el bienestar general, tal como lo establece la Ley Nacional de Ética en la Función Pública -Ley 25.188-, velando también por el de las generaciones futuras. Desconocer el alcance e impacto en materia ambiental que puede acarrear determinado diseño e implementación de política pública, determina acción (u omisión) por cualquiera de los tres poderes del Estado, puede tener consecuencias no deseadas que vayan en detrimento o socaven el bienestar general buscado y los derechos y garantías constitucionales.
Pero si estos argumentos del “deber ser” no alcanzan, puedo mencionar otras razones para ello.
Somos una provincia orgullosa de nuestro patrimonio cultural y ambiental. Si queremos valorarlo y defenderlo en estos tiempos tan complejos, debemos estar a la altura de las circunstancias. Así como creo que no se puede valorar lo que no se conoce, no se puede cuidar lo que no se comprende; y para entender las problemáticas que nos rodean en materia ambiental y pensar soluciones innovadoras que incluyan a todas y todos, la educación y la capacitación tienen que estar presentes.
Porque no hay un problema, hay una trama de problemas que están todos juntos, que tienen que ver con el contexto. Si sacamos pedazo por pedazo para analizar, aun cuando se vaya muy profundamente, no sirve de nada. Hay que contextualizar, entender la complejidad que hay ahí, es un ejercicio interdisciplinario. Pero si no hay comunicación, no es posible eso. Para hacer una política ambiental hay que romper con la lógica individualista. En el mundo entero se dan los problemas económicos y ecológicos. Y entonces, no hay salida mientras no profundicemos y nos pongamos de acuerdo, porque son temas que tienen que ver con el destino del ser humano. (Yolanda Ortiz, 2013)
Por otro lado, la recientemente sancionada Ley Yolanda – N° 27.592 – establece la capacitación obligatoria integral en “la temática de ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático” para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado Nacional – Ejecutivo, Legislativo y Judicial- (Art 1 y 2), e invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherirse (Art. 15 L). Entonces, si los funcionarios, magistrados y empleados públicos de la nación lo hacen, ¿cómo no hacerlo los agentes públicos provinciales y municipales que están más próximos a las realidades sobre las que legislan, ejecutan o sentencian; que saben de los efectos que tiene determinada acción o inacción en el cotidiano de las personas; que sufren y padecen junto con sus familias, vecinos y vecinas las consecuencias del deterioro ambiental?… Recordemos que el ambiente no es solo “la naturaleza” que está allá afuera, alejada de nuestras casas, de nuestros barrios. El ambiente, es todo lo que nos rodea, incluyendonos a nosotros mismos. Muchas provincias y municipios ya se han adherido a la ley. Es nuestra responsabilidad con los ciudadanos de nuestra provincia y de nuestra ciudad ir en ese sentido. Ya existe un proyecto de adhesión en nuestra Honorable Cámara de Representantes que esperamos sea aprobado este año.
A su vez, porque ya tenemos un claro ejemplo del poder que tiene el diálogo y la educación integral y transversal en la función pública; de la necesidad de deconstruirnos para adquirir nuevos lentes a partir de los cuales observar la realidad y entenderla en su complejidad y, de esta forma, pensar y diseñar nuevas soluciones: La Ley Micaela es un motivo de orgullo y un ejemplo a seguir.
Dicho esto, considero que Misiones debe adherir a la Ley Yolanda, al igual que lo hizo con la Ley Micaela, ya que es fundamental que la capacitación en esta temática tenga su respaldo normativo y sea el resultado del consenso de las y los misioneros. Esto garantiza que sea una política a largo plazo, que no dependa de la buena voluntad o de la visión de un funcionario. Visión y compromiso que, de más está decir, estamos viendo en muchas de nuestras instituciones y organismos públicos. Sin ir más lejos, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas (en adelante, HCD) es un ejemplo concreto de ello. El año pasado tomamos una serie de medidas que dan cuenta del lugar que ocupa esta temática transversal en la agenda pública:
- Aprobamos la incorporación de la nueva Comisión de Medioambiente y Desarrollo Sustentable a las comisiones permanentes ya establecidas en el Reglamento Interno de nuestra institución.
- Creamos, dentro de la estructura del Concejo, la Dirección de Medio Ambiente y Economía Circular con el objetivo de generar políticas públicas innovadoras en la materia.
- Transformamos la Plaza Evita del HCD, bajo la premisa de convertirla en un espacio para las y los vecinos, un espacio de encuentro, trabajo y disfrute, innovador y sustentable.
- Creamos el Programa Hackathon Ambiental de la Ciudad de Posadas – Ordenanza VI N° 49- . En la primera edición, realizada en noviembre del año pasado, participaron más de 100 personas agrupadas en 14 grupos quienes, de manera colaborativa, pensaron en soluciones innovadoras para dar respuesta a las problemáticas ambientales de la ciudad.
- Instalamos el Eco Punto de Vecino Sustentable para que los y las vecinas puedan traer sus materiales reciclables y, de esta forma, contribuir con el cuidado del ambiente y motorizar la economía circular.
- Organizamos, junto con la Eco Red y el Centro de Educación Ambiental, la I Expo de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Posadas, donde participaron más de 50 instituciones públicas, privadas y del tercer sector y asistieron casi 900 posadeñas y posadeños que nos acompañaron a lo largo del mismo.
- Apoyamos y acompañamos el desarrollo de instituciones clave en la materia de nuestra ciudad como lo es el Centro de Educación Ambiental.
En este sentido, a lo largo del año pasado, trabajamos en cuestiones vinculadas a la gestión y educación ambiental, promoviendo el diálogo, la innovación, la sensibilización y la educación ambiental, y propiciando el encuentro entre el sector público y privado, las instituciones del tercer sector, la comunidad académica y científica y la sociedad en general. Pero sabemos que falta, y ese camino que falta es impensado hacerlo si no es acompañado de un proceso de sensibilización, capacitación y educación de calidad, integral y sostenido en el tiempo, comprometido, y crítico con y de la realidad, que responda a las necesidades de cada municipio y a las funciones y tareas que cada organismo público realiza.
Un último, pero no menos importante motivo, es porque la cuestión ambiental nos une. El apoyo de nuestros legisladores nacionales al proyecto de Ley Yolanda es una muestra concreta de ello. Las problemáticas ambientales no reconocen de clases sociales, generaciones, partidos políticos; nos afectan a todos… Pero también es verdad que no todos tenemos la misma capacidad de respuesta. Por eso, es importante que la perspectiva de los derechos y la premisa de no dejar a nadie atrás este siempre presente, tal como plantea la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por todo esto y muchas razones más, es que creo que todas las personas que nos desempeñamos en la función pública a nivel provincial y municipal debemos educarnos en materia ambiental, no solo porque debemos, sino, fundamentalmente, porque queremos … Sabemos que adherir a esta ley no es empezar de cero, que hay camino recorrido, pero capacitarnos es aportar luz y nuevas estrategias para seguir recorriéndolo juntos.
No podemos, hoy por hoy, seguir mirando el mundo desde un enfoque lineal. En este contexto lo ambiental es tan complejo que no podemos estar como cuando se produjo la revolución industrial, seguida de la informática y la comunicación. Todo eso ha creado una complejidad en las sociedades. No podemos estar hoy con un enfoque departamentalizado, con un cortoplacismo. Si los políticos toman así las cosas no pueden nunca arribar a buen puerto. Entonces la cuestión es cómo llegar a los nuevos modelos de producción y consumo. Ir al corazón mismo de la economía. Para eso hay que trabajar a nivel personal en cuanto a cambiar estructuras mentales del conocimiento. Si no cambiamos primero mentalmente y después considerando al hombre en toda su integralidad, tratando de ver el todo, con un enfoque global y luego lo local, lo regional, no vamos a tener forma de entender este mundo globalizado, que no podemos reducir en nuestro planteamiento y en nuestro accionar. (Yolanda Ortiz, 2013).
