Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

Juegos de guerra

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Lo que pasó, Negro, es que es más difícil de lo que vos creés“. El ministro de Economía, Luis Caputo se justificó ante los empresarios reunidos en Córdoba, convocados por la Fundación Mediterránea. El reincidente intentaba explicar porqué, pese a los éxitos declamados, el riesgo país no cede y la Argentina sigue siendo sumamente frágil ante cualquier estornudo externo, como la guerra que acaba de estallar por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El auditorio se mostró comprensivo, pero lo cierto es que los datos no acompañan el optimismo de Caputo, quien prometió “un gran 2026” con inversiones nunca vistas que “van a generar cientos de miles de puestos de trabajo”.

“Ya hay inversiones aprobadas por 26.000 millones de dólares que son una muestra de confianza sobre lo que está pasando en Argentina”, deslizó. Después, en Mendoza, contó que hay otros 42.000 millones adicionales a aprobar mediante el RIGI. Sin embargo, esas inversiones por venir, se concentran en la minería y el petróleo, cuando el resto de la economía se derrumba sin encontrar el fondo del pozo. La industria argentina se convirtió en la segunda en el ámbito mundial, con mayor caída, con 7,9 por ciento en los últimos dos años, apenas por debajo de Hungría, que fue afectada por la guerra de Ucrania y una crisis energética. 

Caputo, en cambio, cree que la guerra en Irán jugará a favor de Argentina por la demanda eventual de petróleo, que hay en abundancia en Vaca Muerta. Puede ser. En el mediano plazo. En el corto, la guerra ya impacta en el valor del crudo y eso puede trasladarse al precio de los combustibles que podrían registrar aumentos superiores al 10% en los surtidores. Las naftas ya aumentaron 268,9% desde que asumió el gobierno libertario. 

Lejos del optimismo petrolero, Misiones ya siente los efectos de la guerra. La escalada obligó a paralizar cargamentos de yerba mate con destino a Siria. La naviera MSC -Mediterranean Shipping Company-, una de las principales operadoras del transporte marítimo mundial y una de las que opera en el puerto de Posadas, suspendió reservas de carga con destino a la región y aplicó recargos extraordinarios por combustible y riesgo de guerra.

La medida responde al deterioro de la seguridad en rutas marítimas estratégicas como el Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, corredores clave para el tráfico internacional entre Asia, Europa y Medio Oriente. Los recargos de emergencia por combustible (Emergency Fuel Surcharge) y por riesgo de guerra, están vigentes para reservas confirmadas desde el 3 de marzo. Estos cargos pueden alcanzar hasta 2.000 dólares por contenedor de 20 pies y 3.000 dólares para contenedores de 40 pies, lo que encarece de forma significativa el comercio exterior.

El impacto potencial para Argentina se concentra en un producto muy específico: la yerba mate. Siria es históricamente el principal importador mundial, con una demanda sostenida que absorbe buena parte de las exportaciones argentinas destinadas a Medio Oriente. La paralización de reservas y las restricciones logísticas amenazan con interrumpir temporalmente los embarques hacia ese mercado, uno de los pilares del negocio exportador del sector. Están en juego más de 20 millones de kilos, de los cuáles, buena parte sale de Misiones. 

La guerra, entonces, en la que Argentina tomó partido por “el lado correcto”, se suma a los problemas que ya arrastra la industria. La exportación de té cayó 18,1 por ciento en el último año y suma un alerta a las economías regionales, que tienen a la yerba en rojo desde hace tiempo.  Desde el sector industrial advierten que el escenario puede agravarse si no se corrigen los costos internos.

Renso Klimiuk, empresario tealero y yerbatero, sostuvo que la caída de las exportaciones responde en gran medida al fuerte encarecimiento de los costos en dólares. “Hoy producir en Argentina se volvió extremadamente caro. El costo de la energía se triplicó y los combustibles aumentaron 300 por ciento. Es una locura el nivel de incremento de los costos que tuvimos”, afirmó.

Según explicó, la baja del dólar mayorista frente al aumento de los costos genera un escenario crítico para la competitividad internacional. “Se armó el combo perfecto: los costos en dólares suben y el tipo de cambio baja. Así se pierden mercados porque no podemos competir con los grandes países productores”, advirtió. El empresario anticipó un panorama complejo para el sector: “Si no cambia algo, este año va a ser peor”. “Los números van a ser más bajos“, coincidió otra empresaria del sector.

La industria tealera pidió a Caputo la vuelta de un “dólar exportador” para fortalecer las exportaciones, pero así como ante las súplicas de los productores de yerba, las respuestas de Nación han sido nulas. 

Lejos de atender las demandas de las economías regionales, el ministro de Economía insiste en que el modelo no se toca: “La forma de ganar competitividad es bajando impuestos, bajando regulaciones…”, sentenció.

El ministro evalúa los resultados de su segunda gestión como un éxito. “Se logró hacer todo esto con la economía también creciendo y logrando sacar a más de 11 millones de argentinos de la pobreza, esto es algo que nos debíamos todos como país y todavía hay un largo camino por recorrer”, afirmó. 

Más allá de lo inverosímil del relato, llama la atención que el ministro no se ponga de acuerdo con el Presidente a la hora de hablar de la pobreza: Milei dice que son 15 millones los argentinos que salieron de la pobreza, a razón de un millón por mes, según sus últimos discursos. 

Difícil de sostener el argumento de la baja de la pobreza en medio del derrumbe económico, más de 300 mil puestos de trabajo perdidos y una inflación que lejos está de ser contenida. Un análisis de los registros laborales oficiales muestra que solo dos provincias lograron aumentar el empleo asalariado privado registrado desde la asunción de Milei. Se trata de Neuquén y Río Negro, impulsadas por el dinamismo de la formación hidrocarburífera Vaca Muerta, mientras que las otras 22 jurisdicciones del país registraron caídas.

La inconsistencia es enorme, pero poco se cuestiona, porque hacerlo obliga a exponerse a la verborragia presidencial, como ocurrió durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Por momentos en tono vulgar, el Presidente dedicó su mensaje a disparar contra la oposición, particularmente el kirchnerismo y la izquierda, espacios que al mismo tiempo considera un riesgo latente y cadáveres políticos. 

El Presidente está convencido de que va camino a la reelección -su discurso del domingo pareció ser el lanzamiento de campaña-, justamente por la escasa capacidad de reacción de la oposición. El peronismo no logra salir de su interna adolescente y su poder de fuego se limita a Buenos Aires, donde Axel Kicillof debe lidiar con los caprichos del camporismo residual. 

Sin oposición real, Milei tiene allanado el camino, aún cuando los resultados de su gestión sean escasos. Ese escenario le permite darse lujos de “elegir” el lado correcto y exponer a la Argentina a una contienda innecesaria y lejana. 

Su alineamiento con Donald Trump es entusiasta y acrítico. Simplemente celebra acompañarlo. Este sábado fue partenaire de la Cumbre “Escudo de las Américas”, una especie de Consenso de Washington pero de la seguridad: el mandato de Trump es que los Ejércitos podrán intervenir en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos. Todo bajo la supervisión de Estados Unidos. La ley argentina prohíbe expresamente la intervención militar en la seguridad interior. Nimiedades. 

“I’m not going to learn your damn language. I don’t have time” (“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”), dijo Trump para dejar claro quien impone las condiciones. El alineado auditorio de presidentes latinos celebró el “chiste”.

La iniciativa, presentada en el complejo Trump National Doral, implica el uso de fuerza letal y protocolos inéditos de cooperación en materia de defensa, según informó el mandatario norteamericano durante su discurso. Contra el narcotráfico y… contra China. 

La llamada Carta de Doral formaliza la estructura del bloque, que integran países como Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Honduras, República Dominicana, Bolivia y Trinidad y Tobago. El acuerdo destaca la presencia de mandatarios alineados con la doctrina “América Primero”. Entre los firmantes figuran Milei, Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y José Antonio Kast, presidente electo de Chile. El final del acto, con Trump regalando lapiceras a los presidentes, es digno de una comedia. Control vs Kaos.

Lejos de las mieles palaciegas, la realidad argentina es menos rutilante. La industria no para de caer, la construcción no levanta y el consumo está planchado desde hace meses. Los gobernadores no hallan respuestas en el Gobierno nacional y la caída de coparticipación asfixia a las provincias. Misiones conserva músculo para poder sostener la gestión, aunque cada peso exige un esfuerzo de distribución. 

Por primera vez en más de dos décadas, la Provincia tomó un crédito internacional para poder concretar inversiones en infraestructura energética, largamente negociadas con la Nación -desde gestiones anteriores- y sin respuestas de la Nación.

El gobernador Hugo Passalacqua logró destrabar un crédito de 75 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento que servirá para concretar la extensión de la línea de 132 Kv desde San Isidro, hasta Alem y Oberá. Son 180 kilómetros de una “autopista” energética, como definió Matías Sebely, intendente de una de las ciudades beneficiadas. Las obras se pondrán en marcha a la brevedad.

También en breve se anunciarán obras en rutas provinciales, con financiamiento propio y se gestiona otro crédito internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para obras la ruta nacional 14 y accesos a distintas ciudades.

El panorama es claro: de la Nación no podrá esperarse más recursos para obras o infraestructura. A arreglarse con lo que hay. Por eso la premisa de Passalacqua es gestión y gestión. La exigencia a los ministros es constante, aunque algunos pueden exhibir más resultados que otros.

El plan de ajuste sigue en camino y en el día a día, una gestión de cercanía y servicios, aunque sean mínimos. Mirar mejor, entrega de títulos, pequeños respaldos a la microeconomía son herramientas clave contra la escasez.

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El llamado de la selva

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Emanuel Grassi es Doctor en Ciencias Biológicas y especialista en hongos. Vino a Misiones, con una tésis de estudio que se convirtió en práctica y terminó, como suele suceder, prendado de la tierra roja que no se despega de la piel. Hoy se describe como un apasionado de la selva, del monte, casi como una regresión ancestral, que comparte en charlas con la presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad, Viviana Rovira, a la sazón, su mentora y responsable de haberlo convertido en director ejecutivo de ese ente que pasó de estudiar algunas especies de la flora y fauna a encabezar un proyecto inédito: reforzar la población de yaguaretés en la selva misionera. 

Su historia empieza lejos del monte misionero. En Buenos Aires, cuando era niño, Emanuel ya experimentaba con el mundo natural con la curiosidad irreverente de la infancia.

“De chico siempre me gustó la experimentación con los animales. A veces un poco desde el lado de la maldad, viste… jugaba con sapos en la casa de mis padres”, recuerda entre risas. Pero esa curiosidad pronto encontró una dirección.

Su abuelo era paisajista. Las plantas y el diseño de jardines estaban presentes en la vida familiar. Y luego apareció un mentor inesperado: el botánico Osvaldo Morrone, investigador que había trabajado con orquídeas en Misiones.

Fue él quien lo empujó hacia el mundo de las ciencias biológicas.

Grassi estudió la licenciatura y el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Pero el destino ya estaba trazado.

El primer viaje a Misiones fue casi casual. Corría el año 2006 y vino con su entonces novia, cuya familia era de Garupá.

“Cuando conocí Misiones fue un flechazo”, recuerda. “Me acuerdo que la abuela me dijo: ‘Mirá que la tierra roja mancha… y se pega’. Y fue tal cual”.

La advertencia terminó siendo una profecía. Durante su doctorado decidió estudiar hongos de la selva misionera. El trabajo académico se convirtió en un puente con la provincia. Y cuando apareció la posibilidad de radicarse definitivamente, no hubo dudas.

La selva ya lo había elegido.

Fotos Sofía Schiavoni.

Hoy Grassi está al frente del IMiBio, un organismo científico que abrió sus puertas hace ocho años para estudiar y proteger la biodiversidad de Misiones. Pero también para algo más ambicioso: poner la ciencia al servicio de las decisiones políticas.

La institución nació con una idea impulsada por Viviana Rovira -presidenta del instituto y su mentora-: construir una ciencia diferente.

“No queríamos repetir el modelo clásico de investigación encerrada en los laboratorios”, explica. “La ciencia tiene que escuchar a la sociedad y estar al servicio de quienes toman decisiones”.

Esa lógica llevó al instituto a involucrarse en proyectos concretos: restauración ambiental, investigación aplicada, monitoreo de especies y asesoramiento científico para políticas públicas.

Pero también implica convivir con una paradoja de nuestro tiempo.

La ciencia dejó de ser el faro en algunos debates. Hoy estamos discutiendo cosas que parecían saldadas hace siglos”, dice. “Pero eso también nos obliga a salir del laboratorio, a explicar, a dialogar”.

El estado de la selva

Cuando se le pregunta por la salud de la selva misionera, Grassi no elige ni el optimismo ingenuo ni el pesimismo alarmista.

Prefiere una definición más precisa: “Está estable, pero es muy sensible”.

La selva paranaense que sobrevive en Misiones es uno de los relictos mejor conservados del Bosque Atlántico, un ecosistema que alguna vez cubrió gran parte de Brasil, Paraguay y Argentina. Pero también es un sistema frágil.

“El gran riesgo es que se rompan los corredores biológicos”, explica. “Si se corta la conectividad entre las poblaciones, empezamos a aislar especies y aparecen problemas genéticos”.

Por eso la palabra clave de la conservación actual es restauración.

Restaurar bosques, restaurar corredores ecológicos y, en algunos casos, restaurar poblaciones animales.

Ese es el corazón de uno de los proyectos más ambiciosos que hoy se discuten en Misiones: reforzar la población de yaguaretés.

El yaguareté -el mayor felino de América- es el símbolo máximo de la selva. Pero su presencia es cada vez más escasa. Se estima que en toda la región sobreviven alrededor de 90 ejemplares, con mayor presencia en el norte misionero.

El plan del IMiBio apunta a fortalecer la población en la Reserva de Biosfera Yabotí, un territorio de más de 250 mil hectáreas donde aún sobreviven condiciones ecológicas adecuadas, en la frontera con Brasil.

La estrategia no es una reintroducción o rewilding, como ocurrió en Corrientes. En Misiones el animal nunca desapareció completamente. Lo que se busca es reforzar la población.

Grassi plantea una diferencia conceptual importante con la idea más difundida del rewilding: mientras la reintroducción se aplica en territorios donde una especie ya desapareció por completo, en Misiones lo que se proyecta es un refuerzo poblacional, es decir, intervenir en un ambiente donde el yaguareté todavía existe, aunque en números críticos. Para el director del IMiBio, antes de liberar animales hay que resolver las causas que llevaron a la retracción de la especie y garantizar que el hábitat siga siendo funcional. Por eso su mirada pone menos énfasis en el gesto épico de “devolver” fauna y más en una estrategia integral de restauración: recomponer corredores, asegurar presas, sostener el control sobre la caza y preservar la genética local. 

En términos ecológicos, ambos modelos -Iberá y Misiones- forman parte de una misma corriente global de conservación: la restauración de grandes ecosistemas a través de especies clave. El objetivo final es el mismo: devolver al yaguareté su rol como ingeniero ecológico de los ecosistemas, capaz de regular poblaciones de herbívoros y mantener el equilibrio natural del bosque.

En esa lógica, Misiones no busca copiar el modelo de Corrientes, sino diseñar uno propio, ajustado a una selva que aún resiste y cuya prioridad no es volver a empezar desde cero, sino evitar que lo que todavía late termine por apagarse.

“Tenemos un macho residente en la zona desde hace más de diez años. La idea es introducir una hembra para generar un núcleo reproductivo”, explica Grassi.

Si el proyecto prospera, la reserva Yabotí podría albergar entre 20 y 30 yaguaretés en el futuro. Pero el objetivo va más allá de los números.

“La idea es preservar esa genética y generar un flujo de individuos que pueda conectarse con otras poblaciones, incluso con Brasil”.

En ese mismo espíritu de redescubrimiento de la selva, otro episodio marcó a los investigadores del IMiBio: el regreso inesperado del águila harpía. Durante años se la consideró prácticamente extinta en Misiones, al punto de que casi no existían estudios sobre su presencia porque las probabilidades de encontrarla eran mínimas. Pero fue un colono de la zona de la Reserva de Biosfera Yabotí quien cambió la historia al fotografiar un ejemplar posado en el monte.

A partir de ese primer registro comenzaron a multiplicarse los avistamientos, hasta confirmar incluso la presencia de un juvenil. Para Grassi, ese dato tiene un valor enorme: significa que hubo reproducción reciente en la selva. “Si apareció un juvenil, quiere decir que hace uno o dos años eclosionó un huevo. Eso implica que hay un nido activo en algún lugar del corredor entre Argentina y Brasil”, explica.

En los extremos de su distribución -desde México hasta el norte argentino- la harpía había desaparecido casi por completo. Por eso su presencia en Misiones no es solo una rareza biológica: es una señal de que la selva aún conserva la estructura ecológica necesaria para sostener a uno de los depredadores más poderosos de América. la confirmación de que la especie aún persistía en uno de los extremos de su distribución -donde se la consideraba prácticamente extinta- generó un impacto inmediato en la comunidad científica internacional.

En México, donde la harpía también había desaparecido de los registros recientes, investigadores y organizaciones de conservación lanzaron entonces un programa específico de búsqueda para verificar si aún sobrevivían ejemplares en las selvas del sur del país. Para Grassi, el caso demuestra cómo un hallazgo local puede activar procesos de conservación a escala continental: “Cuando aparece en uno de los extremos de su distribución, automáticamente surge la pregunta de si en otros lugares donde se creía perdida todavía puede estar”. El avistamiento en Misiones no solo devolvió esperanza para la selva paranaense, sino que volvió a encender la búsqueda de uno de los depredadores más imponentes de América.

Sin embargo, la conservación no depende solo de científicos.

La caza furtiva, la presión económica sobre el territorio y la fragmentación del bosque siguen siendo amenazas reales. “Cuando la economía se deteriora, la cacería aumenta”, admite Grassi. “Por eso la conservación también tiene que entender el contexto social”.

En ese escenario, el rol de los guardaparques, las comunidades locales y los productores rurales resulta clave. Y también el de las organizaciones ambientales. “Hay diferencias, claro. Pero el objetivo común es la conservación”, dice.

Educar para coexistir

Padre de dos hijas, Grassi también piensa en el futuro desde una perspectiva personal. La educación ambiental es parte de la vida cotidiana en su casa. “Intento que se pregunten cuál es el impacto de nuestras acciones sobre la biodiversidad”, cuenta. “Que entiendan que la naturaleza no es algo separado de nosotros”.

Para él, la clave no es la convivencia con la naturaleza, sino algo más profundo. “La idea es la coexistencia”.

Cuando se le sugiere que el trabajo que hoy impulsa podría ser histórico -un proyecto que cambie el destino del yaguareté en la selva misionera-, Grassi se revuelve en su asiento, incómodo.

No soy consciente de eso”, responde.

Tal vez porque la ciencia se mueve en tiempos largos, invisibles para el vértigo de la actualidad.

Tal vez por eso, cuando Grassi habla de la selva, parece escuchar algo más que el rumor del monte. Hay en su relato una intuición antigua, casi instintiva, como la que Jack London narró en El llamado de la selva: ese impulso profundo que empujaba a Buck a volver a lo esencial. En Misiones, ese llamado no proviene de la nostalgia, sino del futuro. De una selva que resiste y que, si la ciencia, la política y la sociedad logran escucharlo a tiempo, puede volver a llenarse de vida, de alas enormes en el dosel y del rugido del yaguareté.

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Los que quedan en el camino

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Algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, yo creo que vale la pena”. La frase del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describe el derrumbe de la economía y se convierte en una definición política de quiebre. Ya no se trata cerrar los números con la gente adentro, sino de un sálvese quien pueda para alcanzar un país “normal”, en el que, por reflejo, no será para todos. 

El problema en la frase de Grinman es que ese “algunos” ya involucra a cerca de 22 mil empresas y casi 300 mil empleos perdidos en los últimos dos años. Números que impactan por la velocidad y la magnitud del deterioro. Durante los cuatro años de Cambiemos cerraron 25 mil pymes. Durante el peor gobierno de Alberto Fernández, que atravesó la pandemia y terminó con una feroz recesión, se estima que cerraron 12 mil empresas. 

No se trata, como plantea livianamente el diputado libertario Diego Hartfield de que “cierre de empresas hubo siempre”, sino de un plan económico que derrumbó la actividad y que no aparecen señales positivas en el horizonte. 

La misma dinámica se puede observar en la yerba mate. Durante los 90, la anterior década desregulada, la crisis tardó en hacer eclosión porque Carlos Menem había logrado congelar los precios. De la hiper se pasó a cero casi sin escalas y los productores pudieron “aguantar”, aunque inexorablemente se producía un éxodo rural y se malvendían chacras por la miseria de los precios de la materia prima. Ahora ese escenario se repite a máxima velocidad: mientras se derrumbó el precio de la hoja verde, los costos de producción no dejaron de subir. El gasoil, insumo esencial de la chacra, aumentó 231,8 por ciento desde que asumió Javier Milei. Ni hace falta sumar electricidad o los alimentos, que en el último año aumentaron por encima del 40 por ciento. La situación se hace insostenible para muchos pequeños productores. 

La industria, aunque paga mucho menos que hace dos años por la materia prima, también debe afrontar mayores costos y rentabilidad escasa.Y despide. Un círculo nada virtuoso que la reforma laboral celebrada como un triunfo por el Gobierno, no vendrá a solucionar. 

La reforma laboral es la carta que le faltaba al menú libertario. No puede quejarse el Presidente de que haya obstrucción de la oposición, ni culparla por falta de resultados: cada iniciativa considerada clave, contó con respaldo político.

La nueva ley laboral avanza sobre varios pilares sensibles del sistema de relaciones de trabajo en la Argentina. Por un lado, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de despidos mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Ese fondo se nutriría de aportes patronales que hasta ahora tenían como destino la Agencia Nacional de la Seguridad Social, lo que abre un interrogante inevitable: ¿se trata de un mecanismo de previsibilidad para las empresas o de un nuevo factor de desfinanciamiento del sistema previsional?

La iniciativa también redefine el equilibrio de fuerzas entre empleadores y sindicatos. Impone límites más estrictos al derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales -salud, educación, transporte, energía y agua, entre otros-, un alcance tan amplio que, en la práctica, reduce de manera significativa la capacidad de presión gremial. Al mismo tiempo, promueve los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, lo que podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el poder estructural de los sindicatos.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a “modernizar” la legislación laboral y a dinamizar un mercado de trabajo formal que lleva más de una década estancado. Sin embargo, buena parte de los economistas advierte que ninguna modificación normativa, por sí sola, puede revertir esa inercia si la economía no logra salir del ciclo de bajo crecimiento que arrastra desde hace años. La discusión de fondo, entonces, no es solo jurídica ni laboral: es, ante todo, macroeconómica. Sin expansión sostenida, difícilmente haya reforma que alcance.

Misiones perdió más de 10 mil empleos privados desde que asumió Javier Milei -después de un techo de 110 mil registrados en 2023-. La extensa fila -varias cuadras y largas horas de espera desde la madrugada del viernes- de jóvenes y no tanto, para cubrir 20 puestos pedidos por un supermercado familiar de Posadas, exhibe una postal que no era habitual. 

Fotos gentileza Primera Edición.

La urgencia por un trabajo atraviesa a toda la sociedad. En la construcción, el derrumbe es histórico, con el volumen de empleo más bajo desde 2007. En diciembre Misiones registró unos 4.636 empleos formales en la construcción, con una baja mensual del 6,3% (-312 empleos) al tiempo que, en la comparación interanual, el empleo se contrajo 10,1% (-521 empleos). Si se toma la evolución desde noviembre 2023 a diciembre 2025, de modo de observar el impacto sobre la construcción de las políticas aplicables por la gestión Milei, Misiones presenta una baja del 40,4%, provocando una pérdida de 3.137 empleos.

No es un problema local. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%).

En la misma línea, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a encender luces amarillas en la Casa Rosada. La desaprobación del presidente Javier Milei trepó al 55,3% y acumula dos meses consecutivos en alza, acercándose al máximo histórico de la serie. La aprobación, en cambio, cayó al 41,5%, también por segundo mes consecutivo, mientras que el 3,3% aún no toma posición. Cuando se analiza la evaluación general del Gobierno, el 53,1% lo califica como malo o muy malo, frente a un 35% que lo considera excelente o bueno y un 11,9% que lo define como regular. Lo llamativo es que, aunque crecen tanto las opiniones positivas (+4,5 puntos) como las negativas (+5,5 puntos), estas últimas alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la serie. La sociedad parece polarizarse, pero con un sesgo creciente hacia la crítica, aunque hasta hace pocas semanas se aplaudía a rabiar la motosierra y el ajuste.

El capítulo laboral es especialmente sensible. Más de la mitad de los argentinos cree que la reforma reducirá derechos (59%) y aumentará la precarización (55%). Un 63% piensa que la informalidad crecerá o no cambiará. Si bien el 40% espera mayor competitividad, el 58% prevé que la oferta de empleo caerá o permanecerá estancada. El mensaje oficial de modernización choca con el temor social a la pérdida de estabilidad.

El trasfondo es económico. El 62% califica la situación del país como mala y apenas el 22% la considera buena. Más contundente aún: el 57% evalúa negativamente la realidad de su propio hogar. A futuro, el 50% cree que la economía empeorará y más de la mitad anticipa un deterioro del mercado laboral. Ese clima condiciona consumo, crédito e inversión, pilares de cualquier recuperación sostenible.

No se trata de una consultora marginal. Atlas Intel fue una de las firmas que mejor proyectó el triunfo de Milei en 2023. Su estudio Latam Pulse Argentina, realizado en febrero de 2026 junto a Bloomberg, ubica la confianza del consumidor en zona negativa y posiciona al país entre los peores registros de la región.

La brecha entre la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y la percepción cotidiana de la sociedad aparece como el principal desafío político. Porque aun cuando los números fiscales o inflacionarios muestren mejoras, el humor social se mueve por el empleo, el ingreso disponible y la expectativa de futuro. Y hoy, según estos datos, ese humor está dominado más por la preocupación que por la esperanza.

Las soluciones no pueden ser locales, aunque las provincias tienen que hacerse cargo de las consecuencias. El gobernador Hugo Passalacqua expresó con claridad su prioridad: “Empleo, empleo, empleo”; repitió durante la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones, destinado a Pymes y fortalecer el empleo. 

También en esa línea se inscribe la reingeniería de la cúpula del Estado que decretó Passalacqua: 144 puestos jerárquicos fueron eliminados como corolario de un proceso que se inició hace varios meses y que continuará en los próximos. “Decreté la eliminación de 114 cargos jerárquicos del ámbito provincial, entre direcciones, secretarías y otras estructuras. Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente. Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, detalló Passalacqua.

Es que las perspectivas no son alentadoras en cuanto a los recursos. En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real. El primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.

Si la economía no crece es improbable que los recursos lo hagan. Y la economía lejos está de crecer de forma homogénea. Apenas estertores. El estimador económico de diciembre mostró un crecimiento interanual del 3,5% y una suba mensual desestacionalizada del 1,8%. En términos de tendencia-ciclo, el avance fue de apenas 0,3%. A primera vista, el número habilita la palabra “recuperación” y el Gobierno de Javier Milei lo exhibe como señal de éxito, del mismo modo que lo hizo con el superávit comercial.

El 3,48% interanual está fuertemente explicado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% y aportó 1,91 puntos porcentuales al total. Es decir, más de la mitad de la expansión proviene del agro. La explicación técnica es clara: cosecha récord de trigo y efecto rebote tras la sequía de 2023.

El segundo motor es la intermediación financiera, con un crecimiento del 14,1% y una incidencia de 0,52 puntos. Le sigue explotación de minas y canteras, con 9,1% y 0,36 puntos de aporte. También muestra dinamismo el sector de electricidad, gas y agua.

El patrón es evidente: la expansión se apoya en agro, finanzas y sectores primarios o energéticos.

En contraste, los sectores con mayor encadenamiento productivo y mayor elasticidad empleo-producto siguen mostrando debilidad. La industria manufacturera cayó 3,9% interanual y restó 0,60 puntos al crecimiento. El comercio mayorista y minorista retrocedió 1,3% y restó 0,16 puntos. Hoteles y restaurantes bajaron 1,5%. La administración pública cayó 1,1%.

En términos distributivos y laborales, el dato es aún más relevante. El agro combina alta productividad con baja absorción relativa de empleo. La intermediación financiera tampoco es intensiva en mano de obra. Es posible, entonces, observar crecimiento estadístico sin una mejora proporcional en el salario real ni en el consumo masivo.

Políticamente, el número permite construir la narrativa de la reactivación y alimentar el relato del “éxito económico”. Pero la estructura sectorial revela un patrón de crecimiento apoyado en commodities, energía y valorización financiera, mientras la industria manufacturera -núcleo de densidad tecnológica y empleo- continúa en contracción.

El consumo masivo no rebota: se sigue hundiendo. El adelanto de la consultora Scentia para enero confirma una caída interanual de 1,1% en el total de canales. Pero el promedio esconde el golpe real: el self service total -supermercados de cadena y autoservicios independientes- cae 3,8% frente a enero del año pasado. Dentro de ese universo, los supermercados retroceden 3,3% y los autoservicios 4,2% interanual. Es el consumo cotidiano, el de góndola y barrio, el que sigue en terreno negativo.

El desglose por canales tampoco ofrece consuelo. Contra diciembre, enero muestra desplomes de dos dígitos: supermercados -15,4%, autoservicios -12,5%, mayoristas -14,6% y e-commerce -11%. Farmacias caen 7,8%. Solo Kioscos y Tiendas (K+T) exhiben una leve suba interanual de 2,7%, mientras que el comercio electrónico crece 33% contra enero de 2025, aunque desde una base más acotada y con fuerte volatilidad mensual. Pocas veces se vio un deterioro tan extendido y sostenido en el consumo masivo: cuando caen los canales que venden lo básico, no es un ajuste estadístico, es una señal de enfriamiento profundo del poder adquisitivo.

En Misiones, las ventas en los supermercados volvieron a ser negativas. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $ 29.771 millones en diciembre y en relación con igual mes del 2024 mostraron una caída del 6,0%, la octava baja consecutiva. Fue la provincia con el tercer mayor descenso del país (solo por encima de Corrientes y Tucumán); a su vez, el retroceso también se observó en la comparación mensual  desestacionalizada, donde las ventas disminuyeron en 0,2% real (también la tercera más fuerte del país). Misiones cerró el 2025 con una caída acumulada de sus ventas del 3,8% contra 2024 (tercera más fuerte del país). Fue el peor año para este indicador en la provincia, ya que también muestra bajas contra todos los años desde 2017.

Como contraste, los Ahora se transformaron en una herramienta definitiva de sostén de la actividad económica. Los últimos datos de las ventas de los diferentes programas Ahora Misiones revelan un crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025, con un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.Los programas se han diversificado para cubrir todas las necesidades de las familias misioneras. Se destaca el programas Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema.Sin el programa de financiamiento, la sangría fronteriza sería inaguantable. La presión por el empleo, mucho más asfixiante.

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Fate, un síntoma

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Cuando en las próximas horas el Senado convierta en ley la Reforma Laboral -concebida con la premisa de aliviar cargas empresarias y bajo la promesa, todavía incierta, de dinamizar la creación de empleo- el presidente Javier Milei sumará una nueva pieza a su arquitectura económica. En poco más de dos años de gestión, ese engranaje ya incluye el mega DNU de desregulación, la Ley Bases, un presupuesto moldeado por el ajuste y dos salvatajes financieros: uno del Fondo Monetario Internacional y otro del siempre gravitante “Tío Donald” en Estados Unidos. 

Sin embargo, más allá del sostenido superávit financiero, los resultados concretos exhiben una fragilidad evidente. La inflación, lejos de estar bajo control, continúa mostrando una tendencia ascendente desde mayo del año pasado, aun en un contexto de fuerte intervención y cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

Mientras se celebra la flexibilización laboral, el cierre de Fate se transformó en un síntoma de la agonía económica: 920 despidos en un miércoles negro, que desnudó los efectos de la apertura de importaciones al mismo tiempo que una desprotección de la producción nacional. No es, ni cerca, un problema exclusivo de la única fábrica de neumáticos de capital nacional, sino un caso testigo de un mal de época que provocó la pérdida de 21.938 empleadores desde diciembre de 2023 (30 por día) y la destrucción de 290.600 puestos de trabajo registrados –más de 400 puestos por día-.

Nadie en el oficialismo puede explicar cómo la Reforma Laboral ayudará a recuperar ese empleo perdido. La oposición y los menos crédulos advierten que eso no sucederá. 

No es que no se crea en las buenas intenciones del Gobierno, sino que los antecedentes no son positivos. La reforma es muy similar a otra que se aprobó a los apurones en los primeros meses del gobierno de Fernando De la Rúa. La recordada “ley Banelco” se emparenta con el proyecto actual, que retoma, casi sin matices, los mismos ejes que ya se intentaron en el pasado: ampliación del período de prueba, descentralización de la negociación colectiva, debilitamiento de la ultraactividad de los convenios, habilitación de modalidades contractuales precarias, reducción o pago parcial del salario y la imposición de cláusulas atadas a la productividad. 

El Gobierno tuvo que quitar el artículo 44, que incluía el “exceso” de imponer descuentos de hasta el 50 por ciento por enfermedad para los trabajadores. 

El conjunto tiene una lógica repetida en otros tiempos de la Argentina: hay que sufrir el presente para aspirar a un futuro, potencial, lejano, que será mejor. Álvaro Alsogaray pedía resignación con su célebre “hay que pasar el invierno”; en 1961, Roberto Alemann insistía en que “suframos hoy, que mañana estaremos bien”. En 1989, Carlos Menem ensayaba el optimista “estamos mal, pero vamos bien”; en 2001, poco antes del estallido, Fernando de la Rúa aseguraba que “lo peor ya pasó”; en 2016, Mauricio Macri prometía “el segundo semestre” y “la luz al final del túnel”. 

En 2024, Javier Milei hablaba de una “salida en V corta” también en el segundo semestre. Distintos contextos, distintas recetas y signos políticos, pero una constante narrativa: la promesa de que el sacrificio presente será recompensado en un futuro inmediato que, casi siempre, se anuncia más cercano de lo que la realidad termina permitiendo.

La reforma laboral fue aprobada en Diputados en medio de un paro general de la CGT. Contundente. El cuarto en la era Milei, que ya se convirtió en el tercer presidente con mayor número de huelgas, detrás de De la Rúa y Raúl Alfonsín. Según la central obrera, se trata del primer paso de una resistencia a la reforma, que seguramente terminará siendo judicializada y con escaso apoyo político: Un monitoreo de la consultora Zentrix sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei muestra un cambio significativo en la percepción social. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestaba a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaraba en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

En nombre de la “modernización”, el núcleo del planteo apunta a flexibilizar las condiciones laborales bajo la premisa de dinamizar el mercado de trabajo.

Ese esquema en el año 2000 fue impulsado en su momento por la ministra de Trabajo de la alianza: Patricia Bullrich, promotora también del descuento del 13 por ciento a estatales y jubilados. La promesa era la misma: la flexibilización sería el camino para generar empleo. Un argumento similar usó la senadora, ahora libertaria, Patricia Bullrich para defender la iniciativa rediseñada por Federico Sturzenegger, otro ex alianza, que ahora lidera el plan de desregulación, mientras su esposa cierra jugosos contratos con el Estado. 

A la luz de la experiencia acumulada, la ecuación -menos regulación a cambio de más empleo- no se verificó. De la Rúa se escapó en helicóptero días antes de las navidades de 2001, con 20 por ciento de desocupación y cerca de tres millones de personas sin empleo. 

Hoy la Argentina alcanzó un nuevo máximo en precariedad laboral. Según el Indicador de Trabajo Desprotegido, elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares, más de 6 millones de personas se desempeñan en puestos de baja calidad laboral, el nivel más alto desde que el INDEC publica esta serie en 2016. El dato refleja un deterioro estructural del mercado de trabajo, con fuerte impacto en jubilados y trabajadores mayores.

La industria advierte que la reforma laboral no cambiará el desequilibrio. En un comunicado, la Unión Industrial remarcó que “las principales economías del mundo no dudan en desplegar instrumentos de defensa comercial cuando perciben amenazas sobre sus cadenas de valor estratégicas”. 

Frente a prácticas de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas, los Estados intervienen para resguardar su entramado productivo. Pretender que la Argentina compita en un escenario de apertura irrestricta, sin herramientas equivalentes ni correcciones internas, supone ignorar esa evidencia comparada. La Argentina atraviesa una combinación de caída del consumo, suba de costos y competencia externa barata. ¿Si no hay a quien vender, cómo mejorará la ecuación?

El dogma libertario pretende que con menos regulaciones, el mercado se ordenará solo, generará empleo y habrá crecimiento. La yerba mate es un ejemplo cercano de que la desregulación no implica un círculo virtuoso: desplome de precios de la materia prima, con un impacto brutal en el sector productivo, acompañado por importaciones libres y sin control de calidad, lo que amenaza a la misma industria y promueve una guerra comercial de precios bajos con costos por las nubes. Sturzenegger es quien se jacta de hacer realidad la desregulación yerbatera. Los productores no tienen nada para celebrar. El viernes iban a reunirse con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero Rodrigo Correa pegó el faltazo sobre la hora. Las entidades productivas firmaron un documento en el que expusieron el estado de situación: las entidades sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el sector atraviesa “quizás el peor momento de su historia”, marcado por una fuerte caída del precio de la hoja verde y la eliminación de herramientas regulatorias.

Apuntan específicamente a los decretos 70/2023 y 81/2025, que limitaron facultades del INYM en materia de fijación de precios y regulación del mercado. Según los productores, la pérdida de esas atribuciones dejó al sector sin un instrumento clave para equilibrar la cadena y proteger a los pequeños y medianos yerbateros.

“¿Quién puede subsistir en la Argentina de hoy, donde el combustible y otros servicios esenciales no paran de subir, con un promedio de rendimiento de 6 mil kilos por hectárea, cobrando 180 pesos por kilo y con pagos a 120 días o más?”, plantean en el documento.

“A través de este escrito, evidenciándose claramente que la política de desregulación provoca un criminal deterioro socio económico, le solicitamos formalmente, señor Rodrigo Correa, que gestione, desde el lugar que ocupa en la Institución y ante quien corresponda, la devolución de todas las facultades del INYM y que cese el desguace de normativa y de la estructura de la Institución, que se aceleró a partir de su presencia”, señala el acta firmado por los productores.

La Provincia quiere que el INYM por lo menos sugiera un precio de referencia y convocó a la industria a una reunión para el 10 de marzo para analizar la situación de toda la cadena y evaluar avances del Centro de Transacción de la Yerba Mate. 

La crisis productiva en la yerba mate es una consecuencia de las políticas nacionales, pero con efecto focalizado en Misiones, como Fate en Buenos Aires, Dass en Eldorado, La Granja Tres Arroyos en Entre Ríos o cientos de pymes en cada punto del país. Las respuestas a esas crisis “locales” son siempre de las provincias, gobernadores e intendentes. Sin embargo, al mismo tiempo, son demonizados por el “costo político” y los “gastos estatales”. Pero sin esa contención, el tejido social ya hubiera implosionado. 

Es la paradoja del momento. Los gobernadores deben negociar la sobrevivencia con Nación y se les exige atender los estallidos. Al mismo tiempo se les cuestiona si se oponen a las políticas nacionales y si no logran contener sus consecuencias. 

Misiones lo puede hacer gracias a una política económica sostenida en el tiempo, aunque está cada vez más exigida. Fue la primera provincia en acordar incrementos salariales para el sector docente y de la seguridad y ya tiene agendados encuentros con otros sectores de la administración pública. 

En conjunto, el salario docente insume alrededor de 60 mil millones por mes. De cada diez pesos que se destinan a educación en Misiones, aproximadamente 6 salen directamente del presupuesto provincial. 

A eso se suman el Boleto Estudiantil y diversos programas de cuidado del bolsillo que continúan vigentes desde hace varios años, desde crisis anteriores. Decisiones políticas al servicio de la sociedad. El gobernador Hugo Passalacqua trazó una línea: se congeló el sueldo hasta diciembre de este año y redobló la exigencia sobre el gabinete para estar cerca y mostrar resultados. La eyección de una funcionaria de Turismo por sus comentarios desaprensivos, es una prueba de que no habrá tolerancia a desvíos.

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De reformas y urgencias

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“… Del otro lado tenemos esto”. El tuit del presidente Javier Milei apuntaba a un grupo de “manifestantes” violentos al momento en que se debatía en el Congreso la reforma laboral y el Gobierno se anotaba una victoria contundente. 

Más allá de la obviedad de que la violencia era protagonizada por los infiltrados de siempre -con asistencia perfecta y una relación simbiótica con las fuerzas del orden-, el mensaje presidencial desnuda el momento que atraviesa la política: puesta en escena, agenda única ante leyes anacrónicas y una oposición silenciosa, ausente de la calle y sin reacción en los debates, mientras que la economía está cada día más complicada y sin un horizonte promisorio.  

En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que a pesar del ajuste brutal de los últimos dos años, “se vienen meses duros” por escasez de recursos.

La economía argentina vuelve a transitar un laberinto que no le resulta desconocido. No es que el gasto haya explotado ni que el Estado haya perdido súbitamente la disciplina: el problema es más silencioso y, por eso mismo, más complejo. Los ingresos se enfrían, la actividad pierde vigor y el financiamiento empieza a exhibir límites cada vez más visibles. Cuando la recaudación se desacelera en términos reales durante seis meses consecutivos y enero perfora el piso más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación, la señal es inequívoca. 

Según datos de ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos -un aumento nominal del 22% interanual-, pero insuficiente frente a la inflación. Detrás de la cifra se esconde una economía que pierde dinamismo y un equilibrio fiscal que, sin crecimiento, se vuelve cada vez más frágil.

Ajeno a las señales de alerta en la economía, el Presidente se anotó sendas victorias en el Congreso, que dio medias sanciones a la Reforma Laboral y a la baja de la edad de imputabilidad, a los 14 años. No fueron las leyes “ideales” y hubo que negociar artículos, pero ambas normas forman parte de la oferta política libertaria. 

Claro que había que modernizar la ley laboral, vetusta y anclada en el tiempo, pero la nueva ley no parece estar diseñada para estimular la economía ni la creación de empresas, mucho menos para proteger a los trabajadores. De hecho, se mantienen impuestos -Ganancias se coparticipa y si se eliminaba se iba a desfinanciar a las provincias- y privilegios sindicales. 

En cambio, para el trabajador implica el fin de las horas extras, jornadas laborales más extensas, indemnizaciones podadas, descuentos por enfermedad, vacaciones fraccionadas y “colaboradores” sin relación de dependencia. ¿Servirá el menú para generar empleo en medio de un derrumbe que en los últimos dos años se cobró cerca de 200 mil puestos formales, con una industria que funciona a media máquina y escasos brotes verdes? Ni los más optimistas se animan a vaticinar una respuesta positiva. Sin embargo, fue una sesión de película. Dentro y fuera del recinto.

En paralelo a ese mercado laboral expulsivo y con escasas oportunidades, se endurece la legislación penal que ahora considera a los chicos de catorce años como un adulto penalmente responsable. Pudo ser peor. El Gobierno quería que la edad sea de 13 años, pero la resistencia de los gobernadores y algunos diputados obligó a “suavizar” la ley que ocupó grandes titulares en los diarios y minutos de televisión sin mucha profundidad y con ansias punitivistas. Lo cierto es que los delitos cometidos por menores de 18 años representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. 

En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad. En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.

¿Realmente ameritaba una baja de la edad de imputabilidad con tanta premura? ¿Sin casi debate? Hay muchas voces encontradas. El mapa revela que el delito cometido por menores no es un flagelo. 

Muchos son los interrogantes también sobre cómo atender este nuevo público judicial y carcelario en tiempos de recursos escasos. Se destinan apenas 23 mil millones para aplicar la ley. No alcanza siquiera para nuevos centros de detención en todo el país, mucho menos para profesionales, cuerpos penitenciarios especiales y contención, ya que no se puede poner a un menor en una misma celda que un adulto. 

Hoy el sistema carcelario está colapsado. Misiones alberga en sus cárceles a detenidos por causas federales. Se mezcla a ladrones de gallinas con narcotraficantes. En esa convivencia, lo más probable es que el ladrón de gallinas sea tentado por delitos de ganancias mayores.

En el debate en Diputados quedó claro que la premura por la aprobación de la ley era exclusiva del Gobierno. El diputado misionerista Oscar Herrera Ahuad hizo notar lo obvio: sin recursos, la ley resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable”. Una carga para las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público y la presión fiscal. Curiosamente, hace poco nada más, el oficialismo amenazaba con meter presos a los diputados que aprueben leyes sin especificar de dónde saldrían los recursos para ponerlas en práctica. ¿Quiénes serán los responsables cuando la ley esté vigente? Los gobernadores, los sistemas policiales y penitenciarios de las provincias. La Nación, es un ente inasible, pero sus decisiones afectan la vida diaria y el bolsillo de cada uno de los argentinos. 

Basta repasar cómo la desregulación del mercado yerbatero impacta directamente en la vida de miles de pequeños productores, a los que la Nación ignora, con una enorme pérdida de rentabilidad y una caída del precio de la materia prima. La Provincia inevitablemente debe hacerse cargo de las consecuencias de esas políticas, aunque las herramientas no estén en su poder. 

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macías recibió el viernes al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa y al diputado Adrián Núñez para analizar la situación del universo yerbatero y ver cómo podría mejorar el precio de la hoja verde. Macías puso énfasis en el control de calidad y frenar la importación, además de promover nuevos mercados para aumentar la demanda. Los libertarios salieron del encuentro con una afirmación: “La desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional”.

Desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, “el rumbo está trazado y debe sostenerse” con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados. 

Los números pueden ser engañosos. Es cierto que el 2025 fue el año récord para las exportaciones, pero no es una consecuencia de la desregulación, sino de un intenso trabajo de promoción del INYM y de las propias industrias. Se enviaron al exterior 60.011.180 kilos, por un valor total de 116,34 millones de dólares, con un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada. Pero hace unos años el promedio por tonelada era de 2.500 dólares y con costos mucho menores. 

En el mercado doméstico, el desempeño también fue positivo, aunque con matices. Durante 2025, la yerba mate a salida de molinos destinada al consumo interno sumó 266.788.512 kilos, lo que representó una suba del 3,08% respecto de 2024. Pero todavía está debajo del año 2023, que fue el máximo histórico en ventas internas, con 285.430.373 y debajo de los últimos cinco años. El 2020, durante la pandemia, fue el más parecido, con 268.776.695 kilos. La desregulación no hizo aumentar el mercado interno y dejó a la yerba mate como la única economía regional en rojo desde marzo de 2024, según el semáforo de Coninagro. 

La visión de Misiones es diametralmente opuesta a la del espacio libertario. La Provincia advierte que la desregulación rompió el equilibrio en la cadena yerbatera. Lo mismo que con el rol del Estado. La Renovación entiende que el Estado debe intervenir donde la economía necesita estímulos y particularmente, en el cuidado del bolsillo familiar. El gobernador Hugo Passalacqua ratificó la vigencia del Boleto Estudiantil Misionero, que permite ahorrar a una familia hasta dos millones de pesos al año en transporte, al mismo tiempo que fortalece la igualdad de oportunidades para los chicos de todos los niveles educativos.

Lo mismo sucede con la decisión de extender las medidas de alivio fiscal, para que el dinero quede en empresas y las familias, al mismo tiempo que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial comenzó a dialogar con los estatales -docentes y policías- para comenzar el año con tranquilidad. La respuesta, nuevamente, será local, aunque los interrogantes sean externos.

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