Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

Los cambios de la segunda mitad

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El 10 de diciembre se cumplió la primera mitad del mandato del presidente Javier Milei. Lejos de las promesas de crecimiento con o sin dinero, la Argentina atraviesa turbulencias que sólo encuentran sosiego en los más convencidos y optimistas. La realidad evidencia una profunda recesión, pérdida de empleo y poder adquisitivo y la urgencia de reformas que no son más que inciertas promesas de soluciones. 

La promocionada reforma laboral no es más que un refresh de otros paquetes similares cuyos efectos fueron de todo menos positivos para el empleo. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero solo basta hurgar un poquito en la letra chica para encontrar la inspiración en la ley Banelco, que marcó el principio del fin del gobierno de De la Rúa por la denuncia de pago de coimas en el Senado para su aprobación y la renuncia del vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez. 

La contención de la inflación, de la que hasta hace poco se jactaba el Presidente, desde hace un tiempo dejó de ser una virtud para volver a convertirse en una preocupación en el bolsillo. 

La inflación de noviembre fue de 2,5 por ciento, por encima de octubre y sin bajas desde mayo. El número no pasó desapercibido: en noviembre de 2015, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich protestaban por los precios altos con un cartelito de “IPC Congreso que marcaba 2,4%. 

El NEA también marcó un nuevo aumento por segundo mes consecutivo, con fuerte presión en alimentos y transporte, que subieron 3,2 por ciento, con el combustible y un alza de 4,7 por ciento en el mes. Pero incluso esos datos son apenas una muestra de la realidad: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la comparación desnuda una distorsión difícil de relativizar. Con una inflación acumulada cercana al 250%, los aumentos en servicios esenciales se despegaron por completo del promedio general de precios y de la evolución de los ingresos. La tarifa eléctrica para los usuarios N3 trepó un 795%, el gas acumuló un alza del 936%, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA aumentó un 834% y el subte escaló hasta un 1057%. En el mismo período, los salarios apenas lograron empatar -y con dificultad- la inflación, con subas estimadas en torno al 260%. El resultado es evidente: mientras los ingresos corrieron para no perder, los costos fijos básicos se multiplicaron varias veces por encima, erosionando de manera directa y persistente el poder adquisitivo de los hogares.

Esta primera mitad de gestión transcurrió entre la paciencia de la sociedad y el aporte a la calma de los gobernadores que se hicieron cargo del retroceso de la Nación, a pesar de las consecuencias de la caída de recursos, que se hacen cada vez más evidentes. Las provincias tuvieron que asumir en soledad inversiones de infraestructura, recursos para la educación, la salud y seguridad, al mismo tiempo que enfrentan una inédita suba de costos. 

La decisión del gobernador Hugo Passalacqua de postergar el aguinaldo para los funcionarios políticos y cargos jerárquicos, obedece a un estado de situación que solo encuentra paralelismo en los primeros años de este siglo, cuando el país dejaba atrás la década menemista en medio del caos tras el estallido de la Convertibilidad y la fuga de la alianza. La diferencia está en que ahora la Provincia tiene orden económico y así pudo afrontar el retroceso con una holgura distinta. Pero ese gesto, implica un gesto de austeridad que también incluye un mensaje simbólico hacia dentro: más cercanía, más diálogo, más contención.

Esos preceptos se hicieron visibles en la Legislatura, donde asumió la presidencia Sebastián Macías. Diálogo directo con espacios opositores -hubo una amplia mayoría a favor de su elección- y promesa de trabajo conjunto. Macías tendrá que gestionar tensiones en un recinto que tiene nuevos protagonistas, algunos de ellos impetuosos ante los micrófonos. 

La sesión de recambio de autoridades mostró a la Renovación y a la Libertad Avanza en defensa de la institucionalidad. Son los dos espacios que tienen gestión a cargo, en la Provincia y en Nación. Por eso saben del valor de la gobernabilidad. La vicepresidencia primera quedó en manos de Adrián Núñez, el referente libertario en Misiones -cuyos primeros pasos en la política los dio en la Cámara de Diputados desde dentro de la Renovación- y la segunda en manos de Walter Ríos, otro debutante. Mascando bronca quedó Ramón Amarilla, el ex policía que pretendía imponer condiciones, pero se quedó al margen, intercambiando gimoteos con Héctor “Cacho” Bárbaro, quien regresó a la Cámara y a los gritos. Tanto que recibió reproches del flamante presidente. 

Macías afirmó que en el recinto “no habrá espacio para agresiones, ni tampoco para discusiones que no promuevan debates constructivos”, y que se impulsará “el intercambio de ideas y propuestas que permitan construir las respuestas que los misioneros necesitan”.

También ratificó que la Cámara seguirá siendo “un espacio de puertas abiertas para los intendentes” y que la tarea legislativa se guiará “por el diálogo, el respeto, la institucionalidad y el Misionerismo”.

El cierre de la sesión quedó marcado por un movimiento: Rovira dejó su banca y recorrió el recinto para saludar a Ramona Velázquez, la ministra del Superior Tribunal de Justicia que se retira y, en el camino, saludó a cada uno de los diputados, deteniéndose particularmente, ante legisladores de la oposición, con los que intercambió palabras. 

El 10 de diciembre también marcó el tiempo de reconfigurar el equipo y Passalacqua ya dio los primeros pasos de una transformación que será profunda, aunque en etapas. Este lunes asumirá el nuevo jefe de Gabinete, Carlos Sartori, intendente de Campo Grande, que viene con la misión de tejer lazos más cercanos con los municipios y un cara a cara directo con los vecinos, al estilo del propio Gobernador. 

Passalacqua pidió a todos microgestión y despliegue territorial en todas las áreas, sanar vínculos con la chacra y los productores, dañados particularmente por la desregulación del sector yerbatero, pero también por la caída de la actividad en el sector forestal y los precios del té que no alcanzan para cubrir los costos de producción. No será una tarea sencilla, ya que el sector productivo eligió y ratificó a Milei en las elecciones, aunque sufre las consecuencias del modelo libertario. 

El vínculo con la producción yerbatera tiene una novedad: Rodrigo Correa, flamante presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, designado por el presidente Javier Milei después de dos años de acefalía -Daniel Notta fue nombrado pero nunca ratificado-. El contador libertario cuenta con el respaldo libertario en Misiones pero un desconocimiento del terreno en el que deberá desenvolverse. El INYM está hoy reducido a un organismo “de promoción”, aunque los productores y la Provincia insisten en que debe recuperar sus facultades regulatorias. Misiones reclamó en las últimas horas ante la Corte Suprema para que ponga freno a los decretos de desregulación y uno de los argumentos utilizados fue la acefalía del organismo, a la que ahora se puso -oportunamente- fin. Conocedores de la ciencia jurídica estiman que ese será un subterfugio para que los cortesanos -oportunamente- miren para otro lado. 

La de Sartori no será las única cara nueva en el gabinete. Los cambios serán por etapas y sin ansiedades para no desequilibrar la gestión. Pero hay varios ministros en revisión y no menos segundas líneas. 

En Desarrollo Social, un área crítica en los momentos que se viven, Passalacqua designó a Manuel “Manolo” Sánchez y la Astrid Baetke, con el objetivo de reforzar la gestión y el contacto social. 

Astrid Baetke, exdiputada provincial, que recientemente finalizó su mandato legislativo, y destacada en la Mesa de Mujeres Renovadoras, será la nueva subsecretaria de Juventud, mientras que Sánchez asumirá en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tras su gestión como coordinador operativo del ministerio, encargado de la planificación y ejecución de programas sociales y asistenciales. 

La revisión no pasa únicamente por los nombres. El escenario económico se conmovió con una revelación de Economis: los programas Ahora, nacidos en 2018, durante la primera gestión de Passalacqua, entraron en un proceso de análisis con resultado, por estas horas, incierto. Transformados en un motor económico, con ventas por cien mil millones en los últimos doce meses, al mismo tiempo arrastran un costo fiscal intenso para la Provincia y las entidades bancarias que absorben el peso del financiamiento. Por eso, una de las alternativas es que quede vigente únicamente en las ciudades de frontera como Posadas, Garupá, Candelaria, Iguazú y Bernardo de Irigoyen y San Antonio, donde la competencia externa es feroz. 

La posibilidad de que los Ahora se den de baja, desnudó preocupación en la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que alertó que siete de cada diez ventas se realizan gracias a los programas provinciales. La Cámara empresaria destacó el aporte “valioso” del Gobierno provincial y pidió por su continuidad en 2026. En contraste, la Confederación Económica de Misiones emitió un difuso comunicado en el que relativizó la importancia de los Ahora en la economía. “En el caso de la industria, la producción y los servicios no generan incidencias mayores”, señala el documento de la entidad que preside Guillermo Fachinello -padre del ministro de Industria-. Los números de los Ahora reflejan otra cosa: entre la construcción y bienes durables, se generaron ventas por 35 mil millones desde enero de 2024, en momentos en que la industria se desploma en el resto del país. 

La reacción de la CEM causó escozor en el ámbito empresario. Muchos se preguntaron a qué intereses representan, ya que sus propios asociados se ven beneficiados por una política que la conducción ningunea. En el Gobierno también tomaron nota, ya que la entidad muestra “neutralidad” mientras aprovecha planes y recursos, al mismo tiempo que reclama beneficios impositivos.

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El déjà vu argentino: tierra, desregulación y un país que insiste en tropezar

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La historia argentina tiene una particularidad inquietante: vuelve. No como una repetición mecánica, sino como un ciclo que se reactiva con nuevos nombres, nuevos discursos y viejas consecuencias. La discusión actual sobre la tierra -su propiedad, su uso, su regulación- no es una novedad en la agenda nacional. Es, más bien, un regreso. Y los antecedentes no son alentadores. Los 90 desreguladores provocaron un intenso éxodo rural y el derrumbe de las expectativas de los productores agrarios, agobiados por bajos precios y la presión de las grandes industrias.

En el paquete de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei aparece, nuevamente, la idea de “liberar” el mercado de tierras para inversores extranjeros. Una apertura que remite inevitablemente a la década de los noventa, cuando la economía se desreguló bajo la promesa de eficiencia, inversiones y crecimiento, y terminó produciendo un profundo deterioro de la rentabilidad de los productores, un marcado éxodo rural y una inédita concentración de tierras en pocas manos.

Misiones fue uno de los territorios donde ese proceso se vivió con mayor crudeza. Durante la última década del siglo pasado, la provincia experimentó un fuerte éxodo rural como consecuencia de la crisis del agro -especialmente en la yerba mate y el tabaco- combinado con políticas liberales que desarticularon los mecanismos de regulación y protección. Pequeños productores y asalariados rurales migraron hacia las ciudades misioneras o directamente hacia Brasil en busca de empleo, dejando atrás chacras inviables, cooperativas debilitadas y comunidades fragmentadas. La concentración de tierras avanzó, mientras el entramado social del campo se erosionaba. Ese fenómeno, advierten hoy múltiples actores, está volviendo a repetirse. Y en forma mucho más acelerada.

El economista y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, lo describió con precisión en uno de sus trabajos al analizar el impacto de la desregulación sobre la cadena yerbatera: “En el caso de la producción de yerba mate, con la disolución de la CRYM y sin intervención estatal, creció el número de plantaciones al tiempo que la demanda se mantenía estable y el precio de la materia prima comenzaba una abrupta carrera descendente. Se produjo, entonces, una concentración de la renta yerbatera en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, así como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas y de la mayoría de los secaderos.
La desregulación de la actividad trajo aparejado un aumento de la producción. A partir de 1997, el mercado evidenció signos de saturación: frente a una oferta de materia prima en expansión por la puesta en producción de las nuevas plantaciones, se produjo una drástica caída de los precios pagados al productor primario. La presión económica sobre este sector se potenció por el incremento de los costos de comercialización”.

Ese proceso que describe Gortari no fue solo conceptual: tuvo una traducción directa y mensurable en los precios. Los datos oficiales de la década del noventa muestran con claridad el derrumbe del valor de la materia prima, en contraste con la evolución de la yerba elaborada.

Entre 1990 y 2000, el precio promedio del kilogramo de hoja verde pasó de 0,19 pesos/dólares a 0,07, una caída de más del 63%. La yerba canchada también registró un retroceso significativo, desde 0,31 en 1990 a 0,34 en 2000, luego de haber alcanzado picos a mediados de la década y comenzar un sendero descendente desde 1996–1997.

En sentido inverso, la yerba mate elaborada mantuvo valores sustancialmente más altos durante todo el período: pasó de 0,88 en 1990 a 2,46 en 2000, con máximos cercanos a 2,84 en 1995. La brecha entre el precio percibido por el productor primario y el valor final del producto en góndola se amplió de manera sostenida, confirmando empíricamente la concentración de renta dentro de la cadena yerbatera.

Los datos -elaborados a partir de estadísticas del INDEC y del entonces Ministerio del Agro y la Producción- refuerzan la advertencia central de Gortari: la desregulación, lejos de generar un mercado más equilibrado, profundizó la asimetría entre eslabones, deterioró la rentabilidad del productor y sentó las bases de una crisis estructural que, con distintos matices, vuelve a emerger en el presente. En términos de poder adquisitivo, el valor que hoy percibe el productor por la hoja verde vuelve a ubicarse en niveles comparables a los peores años posteriores a la disolución de la CRYM.

El productor sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo. 

En la misma línea, el diputado del Partido Agrario, Cristian Castro, aporta una lectura cuantitativa que refuerza la idea de ciclo histórico y deterioro estructural de la rentabilidad. Según su análisis, si se mide la ecuación del productor en términos relativos -es decir, la relación entre el precio de la hoja verde y el precio de la yerba en góndola- la rentabilidad del eslabón primario se redujo alrededor de un 42% en el período reciente. “Ese indicador muestra con claridad cómo se achica la participación del productor dentro de la cadena”, señala. Sin embargo, advierte que el cuadro es aún más crítico cuando se ajustan los valores por inflación: en términos reales, descontando el IPC acumulado, la caída de la rentabilidad del productor oscila entre el 60% y el 70%, un nivel comparable -e incluso superior- al registrado en los peores años posteriores a la desregulación de los noventa. Para Castro, esta combinación de precios atrasados, costos crecientes y pérdida de poder adquisitivo explica por qué la crisis actual no es solo coyuntural, sino la reaparición de un patrón ya conocido.

El Consejo de Mayo y la tierra como mercancía

En este contexto reaparece el llamado “Consejo de Mayo”, que recomienda liberar la adquisición de tierras por parte de privados extranjeros, derogando o vaciando de contenido las restricciones vigentes. Para el Gobierno nacional, estas limitaciones “atentan contra la inversión productiva” y deben ser removidas para dinamizar el mercado rural.

Según la lectura oficial, la eliminación de los topes permitiría ampliar la competencia, facilitar emprendimientos vinculados a producciones extensivas, infraestructura y energías renovables, y atraer capitales que hoy -según ese diagnóstico- encuentran obstáculos normativos. Sin embargo, la propuesta aún no especifica si se mantendrán mecanismos de monitoreo, qué organismo quedaría a cargo del relevamiento de operaciones ni cómo se garantizaría el control federal sobre un recurso estratégico como la tierra.

A este eje se suma otro punto sensible: la eliminación de la prohibición que impide cambiar el uso productivo de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio, una ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. El oficialismo sostiene que ese plazo “desincentiva la actividad económica” y dificulta la recuperación de áreas afectadas. Para las provincias forestales y con alta biodiversidad, la medida abre interrogantes profundos sobre el incentivo implícito a la especulación y el cambio de uso del suelo.

El paquete vinculado a tierras y recursos naturales no se limita, además, a la apertura del mercado rural. Incorpora un capítulo específico sobre la explotación de recursos estratégicos, especialmente en un escenario de expansión de la minería y de creciente demanda global de minerales críticos. El Consejo de Mayo plantea avanzar hacia un esquema de “libre explotación”, lo que en términos prácticos implica revisar regulaciones provinciales y nacionales que, según el documento, generan distorsiones entre jurisdicciones y encarecen los proyectos.

Misiones: un territorio con memoria

En Misiones, la discusión no es abstracta. Tiene historia, nombres propios y consecuencias visibles. Sonia Melo, subsecretaria de Tierras de la provincia, lo plantea sin rodeos: “Esto, la verdad, es un retroceso. Un retroceso que perjudica literalmente a los productores, a la zona rural. En Misiones siempre estuvo la discusión de si era una provincia latifundista o no. Y no lo es”.

Melo remarca una diferencia estructural que muchas veces se pierde en el debate nacional: “Nosotros tenemos productores con 50 hectáreas, 100 hectáreas. No son productores como en el sur, que tienen miles de hectáreas. Y si a eso le sumás que estás ampliando o permitiendo la extranjerización, va muy en detrimento de la familia rural misionera”.

La funcionaria recuerda que las leyes vigentes no surgieron de la nada, sino de procesos de lucha social: “Las legislaciones que hoy están vigentes son producto de luchas del campesinado, de luchas de la gente por la tenencia, la seguridad y la regularización de la tierra. Permitir esto, abrir el grifo para la extranjerización, no hace más que un retroceso muy importante y muy perjudicial”.

En su relato aparece un concepto central: el arraigo. No como consigna ideológica, sino como política pública concreta. Melo recuerda casos como el de Pozo Azul, donde familias que habían quedado a la deriva tras el quiebre de empresas forestales se asentaron, produjeron y, con intervención del Estado provincial, lograron regularizar su situación: “Hoy tenemos un municipio con familias asentadas, familias productoras bien consolidadas. Eso no fue espontáneo: fue una decisión política”.

Pozo Azul fue un ejemplo de la regularización de la tierra con cientos de familias productoras viviendo en lo profundo de Misiones.

La advertencia es clara: los procesos que hoy se discuten pueden reeditar el mapa social de los noventa. “No sé si esta crisis no es peor que la de los 90. En aquel momento vimos la explosión de municipios como Garupá, Posadas, Eldorado, San Vicente, con familias rurales empujadas a los cascos urbanos. Eso vuelve a estar en juego”.

Datos que incomodan

Los números refuerzan la preocupación. Datos oficiales correspondientes al período 2022–2023 indican que alrededor del 11,07% de las tierras rurales de Misiones están en manos extranjeras, lo que ubica a la provincia como la segunda más extranjerizada del país, solo por detrás de Salta. El dato, además, contempla únicamente tierras registradas, dejando fuera superficies no regularizadas o en proceso de mensura.

El fenómeno no es homogéneo. En Puerto Iguazú, el porcentaje asciende a 38,8%, uno de los niveles más altos del país.

Gran parte de esa tierra está en manos de empresas forestales extranjeras, especialmente vinculadas al sector celulósico. El caso de Alto Paraná, hoy parte del Grupo Arauco (Chile), es emblemático: extensiones masivas de tierra, influencia directa sobre la dinámica económica local.

Florencia Gómez, especialista en tierras, va un paso más allá y pone el foco en el diseño jurídico del proyecto: “A través del Consejo de Mayo, el Gobierno impulsa una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros, como los de Elon Musk o Joseph Lewis, o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina”.

Según Gómez, la reforma implica una derogación encubierta de la Ley 26.737: “En apenas nueve artículos, y bajo el título de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, se vacía de contenido el espíritu original de la ley”.

El cambio central, explica, está en quiénes quedan fuera de la regulación: “Se limita a regular la adquisición por parte de Estados extranjeros. Quedan liberadas de toda limitación las personas humanas extranjeras y las empresas privadas extranjeras, cuando la principal vía histórica de extranjerización es justamente a través de personas jurídicas”.

Las consecuencias potenciales son profundas: “Se elimina la limitación cuantitativa. Podría darse un escenario donde millones de hectáreas pasen a manos extranjeras sin violar formalmente la ley”.

Gómez recuerda el caso de Lago Escondido como antecedente y advierte sobre la posible privatización de accesos a bienes públicos como lagos y ríos. También señala la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, debilitando el federalismo, y la supresión de salvaguardas jurídicas que podrían exponer al Estado argentino a litigios internacionales.

La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo, pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal. Por ejemplo, un millón de personas extranjeras comprando cien hectáreas cada una implicaría la transferencia de 100 millones de hectáreas, en un país cuya superficie continental ronda los 278 millones. La puerta quedaría abierta para una fragmentación y extranjerización masiva sin freno.

Finalmente, el proyecto elimina el artículo 11 de la ley vigente. Este artículo establecía que, a los fines de los Tratados Bilaterales de Inversión (suscritos mayoritariamente en los años 90), la adquisición de tierras rurales no sería considerada una “inversión” protegida por esos acuerdos, por tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor. Su eliminación podría exponer al Estado argentino a demandas internacionales ante tribunales como el CIADI si intentara regular en el futuro.

Paralelamente, la propuesta crea nuevas excepciones para entidades que presenten un “plan de inversiones en plazos razonables”, comprometiéndose a respetar las leyes locales. Esto contrasta con las excepciones originales de la Ley 26.737, pensadas para casos personales y de arraigo, como extranjeros residentes, cónyuges o padres de hijos argentinos.

Jaime Ledesma, ingeniero forestal y ex subsecretario de Tierras, sintetiza el debate desde una perspectiva estratégica: “La tierra es un recurso natural, finito, estratégico y soberano. No es un simple activo financiero”.

Para Ledesma, la Ley 26.737 fue un avance con amplios consensos y su desarticulación implica una definición política clara sobre el modelo de desarrollo: “Limitar la extranjerización no es un obstáculo a la inversión privada. Es una garantía de soberanía y de desarrollo sostenible”.

Bosques, agua y suelo -advierte- serán los ejes de las grandes tensiones del futuro. “Descuidarlos hoy es hipotecar el mañana”.

La discusión que vuelve no es meramente jurídica ni económica. Es política en el sentido más profundo: define quién controla el territorio, con qué objetivos y a qué costo social. La historia reciente muestra que cuando la tierra se transforma exclusivamente en mercancía, el precio lo pagan los pequeños productores, las economías regionales y el entramado social del interior.

La Argentina ya transitó ese camino. Y las huellas todavía están ahí.

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¿Y?, un interrogante incómodo…

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“¿Y?”… 

El interrogante, con gesto desdén, es del presidente Javier Milei, apuntando a quienes cuestionan la apertura indiscriminada de la economía. Ante empresarios reunidos por el diario El Cronista, el líder anarcolibertario respondió las críticas: Dicen que “si abren la economía el sector X va a caer” o “va a dejar un tendal de desempleados”. Falso, de vuelta, la falacia de lo que no se ve, si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato, cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien que además es más productivo y lo quiere la gente, con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y cómo van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, cómo los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices”.

La realidad parece empeñada en contradecir las palabras del Presidente. Desde diciembre de 2023 se perdieron 276.000 puestos de trabajo registrados y cerraron casi 30 empresas por día. La industria textil, una de las más afectadas por la apertura de importaciones, experimentó una caída de la producción del 20,5% interanual en septiembre de 2025, lo que representa el desempeño más bajo de la última década registrado en ese mes. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 37,1%, lo que implica un retroceso de 4,4 puntos porcentuales respecto de agosto y de 14,2 puntos frente a septiembre de 2024. El empleo formal en el sector se redujo a 107.000 puestos, con 7.000 menos que el año anterior y más de 14.000 empleos perdidos desde diciembre de 2023.

Whirlpool, Lumilagro, Ilva, Cramaco y Kenvue son parte conocida de una lista innumerable de compañías que dejan de producir para convertirse en importadoras. Con apertura indiscriminada, dólar atrasado y tarifas elevadas, el modelo profundiza la desindustrialización, destruye empleo calificado y debilita el entramado productivo en todo el territorio.

La actividad industrial profundizó su deterioro. Según el INDEC, en septiembre la producción manufacturera registró una baja del 0,7% interanual. La tendencia continuó en octubre: el último informe de la Unión Industrial Argentina señaló una caída del 2,0% frente al mismo mes del año pasado. La Secretaría de Trabajo contabiliza que, desde noviembre de 2023, la industria perdió 42.400 empleos formales, de los cuales 15.600 se destruyeron solo en lo que va de este año. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada se mantiene en torno al 58%, uno de los niveles más reducidos de toda la serie histórica, excluyendo el período de pandemia.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, alertó sobre una creciente ola de cierres de empresas, incluso en sectores históricamente fuertes como el alimenticio y sostuvo que la baja en el consumo impacta en toda la cadena: “Si el comercio no vende, no le pide mercadería a la industria”.

La gran pregunta que se desprende de la lógica presidencial es qué bienes están comprando los que han perdido su empleo. 

La respuesta oficial desdeña ese interrogante. El Presidente puso en marcha el debate por una reforma laboral que promete flexibilizar aún más la situación de los trabajadores: suprime las negociaciones salariales colectivas, fomenta la “compensación voluntaria” por horas extras trabajadas y crea un fondo de asistencia laboral para reemplazar las indemnizaciones. También limitará el derecho a huelga. La educación será declarada un servicio esencial y “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal”.

Mientras se discute esto, Milei fijó por decreto el nuevo salario mínimo -más mínimo que nunca-, con un aumento de poco más de seis mil pesos en relación con noviembre y estableció un cronograma de subas decrecientes (comenzó con un 2% y culmina con un 1,1%) hasta agosto de 2026. 

Con este esquema, el salario mínimo pasará de los $322.200 vigentes hasta octubre a $376.600 en agosto, lo que implica un incremento de 54.400 pesos en diez meses o 14,68% entre extremos. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 el salario mínimo real acumuló una caída del 35%, mientras que en lo que va de 2025 la reducción alcanza el 7,7%.

A contramano de la Argentina, dos de las principales economías del continente discuten otra cosa. Lula cerró noviembre con el anuncio de una histórica reforma tributaria. La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado y que entrará en vigor en enero de 2026, elimina el impuesto de renta para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (943 dólares u 806 euros) y aumenta la carga tributaria sobre los superricos. También habrá una reducción proporcional para quienes tienen salarios de hasta 7.350 reales (1.390 dólares), con lo cual, según el Gobierno, el universo de personas beneficiadas será de unos 25 millones.

Según cálculos del fisco brasileño, una persona que gana 4.800 reales (905 dólares) dejará de pagar cerca de 95 por ciento de impuestos al año, lo que equivale prácticamente a un salario.

El líder brasileño explicó que ese alivio fiscal será compensado con un impuesto del diez por ciento sobre la renta de quienes ganan más de un millón de reales al año (188.679 dólares), grupo que representa apenas el 0,1 % de la población brasileña.

Lula sostuvo que la iniciativa busca enfrentar la “injusticia tributaria” que, según él, ha marcado la historia del país, en la que los trabajadores llegan a pagar hasta el 27,5 % de impuestos mientras las grandes fortunas contribuyen con apenas un 2,5 % en promedio.

El veterano sindicalista, que irá por la reelección, comenzó diciembre con otra reforma en marcha: la reducción de la jornada laboral. “Cuando eu trabalhava, eu ia na porta da Volkswagen 5:30 da manhã, a Volkswagen tinha 40.000 trabalhadores, produzia 1.200 carros, a gente trabalhava, sabe, por mesma jornada de trabalho que trabalha hoje. Com os avanços tecnológicos, a Volkswagen tinha 40.000, tem 12.000 trabalhadores hoje, produzem o dobro de carro. E o que é que é avanço tecnologicamente que a gente não reduz a jornada de trabalho?”, describió en primera persona. 

Brasil irá por la reducción del 6×1, con acuerdo empresario y sin reducción salarial. 

En México, otra economía gigante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una reforma laboral que incluye la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y el pago de horas extra obligatorias después de las 40. Otras modificaciones recientes incluyen la Ley Silla para garantizar asientos a los trabajadores, la tipificación de la explotación laboral como delito y el reconocimiento de derechos laborales para los repartidores de plataformas digitales, como IMSS, aguinaldo y vacaciones. 

El régimen era más del 1800 que el siglo XXI. Pero el salario mínimo aumentará a 9.582,47 pesos mexicanos, unos 526,62 dólares. 

En Argentina, el salario mínimo en dólares llega a 231,53 dólares. Argentina se ubica en el “furgón de cola”, por debajo de Bolivia (395 dólares) o Paraguay (411 dólares). El ranking es liderado por Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares) y Chile (567 dólares).

Los salarios argentinos no solo no “vuelan en dólares”, como había prometido Mileil, sino que “alcanzaron en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la Convertibilidad”.

Esa realidad, obviamente, se traduce en caída de actividad, indicadores de consumo por el suelo y pérdida de empleo, consecuencias que deben ser atendidas por las provincias y municipios en el territorio. La crisis yerbatera no se siente en Buenos Aires, sino en Misiones, donde los productores sufren por la caída del precio de la materia prima y la industria se queja por la suba de los costos internos, que opaca el éxito de la exportación récord. 

En la misma línea, la quita de subsidios para la energía eléctrica se hará sentir con mayor intensidad en Misiones. No sólo aumenta la tarifa, sino que quienes pierdan los subsidios o se pasen de categoría, podría pagar hasta tres veces más por el mismo consumo. Los que se queden con el subsidio, tendrán solo 300 kv en verano, pero la mitad en marzo. Como si en Misiones no hiciera calor en el mes de la llegada del otoño. Pero pasarse, significará pagar tarifa plena. 

Administrar esas tensiones será uno de los temas de 2026. La Libertad Avanza no podrá hacerse la distraída. Es la segunda fuerza política de la provincia y deberá convivir con las responsabilidades. En la Legislatura se dará esa inédita convivencia, con la mayoría de la Renovación y una oposición con mayoría libertaria. 

El delicado equilibrio entre ambas fuerzas debe acompañar la gobernabilidad que aporta Misiones a la Nación. El ministro del Interior, Diego Santilli Santilli mostró predisposición a trabajar en sintonía y destacó el orden financiero y económico de la provincia. Sin embargo, los libertarios locales no parecen demasiado interesados en devolver gentilezas. El ex tenista Diego Hartfield se presenta como un soldado de Milei y no como un representante de Misiones en el Congreso nacional. 

En la Legislatura provincial, será el nuevo presidente, Sebastián Macías, el encargado de gestionar ese nuevo escenario para ir en línea con la gestión provincial que, a diferencia de la nacional, se esfuerza en sostener el consumo y fortalecer inversiones con la presencia del Estado. El gobernador Hugo Passalacqua remarca que “el crecimiento debe ser entre todos”. 

Ajeno a cualquier dato que lo contradiga, el Presidente aseguró que el rumbo no se mueve. “Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Ustedes se fijaron que si ustedes toman cada uno de los logros de este gobierno, si yo hubiera sido peronista, hoy la mitad de las calles de Argentina llevaría mi nombre. Pero claro, como soy un desalmado liberal, nada”, ironizó ante las risas del coloquio de El Cronista

Sin embargo, esa reducción de la pobreza de la que se ufana podría tener una trampa estadística. Para la Universidad Católica Argentina, el valor de la canasta de la pobreza sería más alto si se actualizara su medición. Costaría $1.942.078 por el mayor peso del gasto de las familias en el pago de los servicios públicos y privados. En consecuencia la pobreza sería de más del 40% versus el 31% que arroja la última medición oficial.

El Indec de Marco Lavagna (que tiene cositas del de Moreno) continúa utilizando la Canasta Básica Total con la estructura de gasto de los hogares relevada en la ENGHo 2004/2005, cuando ya existen datos actualizados para 2017/2018. 

El Informe de la UCA concluye que hay una baja real de la pobreza bajo la actual gestión, por la contención de la inflación, los cambios en los precios relativos y el fortalecimiento de la AUH y de la Tarjeta Alimentar. Pero advierte que “su magnitud se encuentra sobrerrepresentada por la medición”. 

“Los procesos de devaluación, liberación de precios y aumento en las tarifas de servicios, aumentaron esta distorsión, afectando la capacidad de la medición para reflejar con fidelidad la efectiva capacidad de consumo de los hogares”, señala el análisis de la prestigiosa casa de estudios. 

La UCA no es la única universidad en relativizar la realidad que celebra el Presidente. Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, presentó su nueva medición de felicidad correspondiente al segundo semestre de 2025, que muestra un nuevo descenso en los niveles de bienestar de la población argentina. Solo el 48,3% de las personas encuestadas afirma sentirse feliz con su vida, el valor más bajo registrado en los últimos ocho años. Según esta investigación del Observatorio de Tendencias de Insight 21, la felicidad cayó 2,6% respecto del primer semestre de 2025 (cuando alcanzaba 50,9%) y 6,2% en comparación con el último semestre de 2024 (54,5%).

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Candlelight: velas, música clásica y un nuevo modelo de experiencia cultural llega a Posadas

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La escena cultural posadeña sumará un actor inesperado y, al mismo tiempo, profundamente transformador. Candlelight -el formato global de conciertos a la luz de las velas que combina música clásica con una puesta estética inmersiva- desembarca en Misiones con tres fechas que prometen instalar una nueva manera de vivir la música en vivo.

La representante regional del proyecto, María Natalia Mengual Falcón, lo explica con una mezcla de convicción y entusiasmo que se contagia: “Nuestra misión es democratizar el acceso a la música clásica. Sacarla de su estructura tradicional, de sus rituales solemnes, y convertirla en una experiencia accesible, cercana, emocionante”.

Candlelight es producido por Fever, una empresa española que comenzó como una plataforma tecnológica de boletería. Con más de una década de experiencia en innovación digital, en un momento decidió dar un salto: producir sus propios espectáculos. Entre esas nuevas experiencias, Candlelight se convirtió en un fenómeno global, con más de tres millones de espectadores. 

El punto de partida fue un diagnóstico claro: la música clásica circulaba en recintos solemnes, para públicos específicos, con códigos casi inamovibles. “En la plataforma teníamos conciertos de música clásica, pero estaban destinados siempre al mismo nicho. Entonces empezamos a preguntarnos qué pasaría si sumábamos otros ingredientes que permitieran atraer a un público más amplio o, al menos, quitarle a muchos el miedo de acercarse a este género”, cuenta Natalia en una entrevista con Economis.

La primera decisión fue disruptiva: sacar la música clásica de sus templos tradicionales. Museos, salas alternativas, espacios al aire libre, teatros no convencionales. En Córdoba, por ejemplo, los conciertos se realizan en un antiguo boliche bailable. “Aprovechamos arquitecturas increíbles y las resignificamos”, resume.

El segundo gesto terminó de sellar la identidad del proyecto: las velas. “Al principio eran cientos; hoy hablamos de miles. La música, la arquitectura y el movimiento de las velas conforman un todo. Es una experiencia sensorial completa.

Una enamorada del proyecto

Natalia no lo oculta: “Soy la persona menos objetiva para hablar de Candlelight”, dice riendo. Pero en su voz hay algo que excede la promoción de un producto: una convicción genuina sobre el impacto cultural de la propuesta.

Me enamora la posibilidad de que alguien que jamás hubiese ido a un concierto de música clásica lo haga por Candlelight. Me enamora ver familias completas -niños, padres, abuelos- disfrutando juntos. No se me ocurre otro plan capaz de unir tres generaciones con el mismo nivel de disfrute”.

Con programas que van desde Vivaldi, Bach y Mozart hasta tributos a Taylor Swift, Coldplay, Luis Miguel o Hans Zimmer, Candlelight mantiene la esencia académica del cuarteto de cuerdas, pero abre puertas para públicos diversos y curiosos.

Y todo con un principio innegociable: el uso del celular está prohibido durante el concierto. “Buscamos que la gente se conecte. Que puedan regalarse una hora de disfrute real, sin interrupciones”.

Uno de los pilares de Candlelight es trabajar con músicos de cada ciudad. En Posadas, hay un cuarteto integrado por jóvenes formados y radicados en la capital misionera.

“Nos encanta fomentar el talento local. No es una marca que se licencia: somos el mismo equipo de Fever trabajando en todas las ciudades del mundo. Y eso implica cuidar la experiencia, desde la música hasta el equipo técnico”, subraya.

El proceso de selección incluye recomendaciones de directores y orquestas, audiciones específicas y una sólida red de músicos clásicos que se conocen entre sí a lo largo del país. “La comunidad de la música clásica es pequeña y hermosa. Todos se recomiendan, hay historias cruzadas por concursos, conciertos, viajes”, relata Natalia.

Candlelight desembarcó en Argentina hace dos años, con funciones ininterrumpidas en Buenos Aires y expansión hacia grandes conglomerados: Córdoba, Mendoza, La Plata, Mar del Plata. Más tarde llegaron los estrenos en el norte: Salta, Tucumán, Jujuy.

Y ahora, Posadas.

“Cuando llegamos a un país, nuestro objetivo es estar en todas las capitales de provincia. Y descubrimos algo maravilloso: en las ciudades más chicas hay una necesidad enorme de este tipo de propuestas. La recepción es más emocionante, hay un orgullo real al ver que un espectáculo internacional llega a su ciudad”.

La infraestructura cultural local -teatros, complejos y espacios públicos- también sorprendió al equipo regional. “Argentina tiene lugares increíbles. Lo digo comparando con otros países: la calidad de los recintos culturales del interior es fantástica”.

El estreno será en el Teatro Lírico, un espacio emblemático del Parque del Conocimiento, reconocido por su acústica y su arquitectura contemporánea.

Candlelight debutará en Posadas el 7 de febrero con Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y un Tributo a Queen.
El 21 de febrero hará un Tributo a Coldplay (el programa más exitoso del mundo Candlelight) y el 14 de marzo, un nuevo tributo, pero a Hans Zimmer (música de películas).

La idea es continuar abriendo fechas y consolidar a Posadas como una sede estable de la experiencia.

Candlelight se mueve con una exigencia inusual para este tipo de espectáculos: un sistema de reviews permanente. El objetivo: al menos 4,8 sobre 5 en cada concierto.

“En la región estamos en 4,82 con más de veinte mil reviews. Lo cuidamos todo: la producción, los músicos, el staff, la recepción. Para sostener dos años consecutivos en Buenos Aires, hay que escuchar al público todas las semanas”.

El desembarco de Candlelight en Misiones es más que un estreno: es la construcción de una comunidad cultural nueva, sensible, abierta a explorar la música desde un lugar distinto.

Natalia lo resume así: “Lo más lindo es ofrecer esto a la gente de la ciudad. Que no tengan que viajar para vivir una noche mágica. Que entren a un teatro que conocen, pero lo vean transformado por miles de velas. El factor wow es indescriptible”.

Y promete volver, ampliar, consolidar. Posadas ya tiene fecha con la música. Y no será una noche más. Será una noche a la luz de las velas.

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Retoques de noviembre

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Al mismo tiempo que en el Congreso se llevaba adelante un insólito congreso de antivacunas, terraplanistas y conspiracionistas, se reveló que el Indec “tocó” las estadísticas para que el resultado fuera menos malo y cortara la evidencia de recesión que, sin embargo, es inocultable en la calle. 

Lo mismo que se le cuestionó al Indec de Guillermo Moreno, se está haciendo ahora para que los datos digan otra cosa. La trampita de Marco Lavagna apareció en el Estimador Mensual de Actividad Económica, que incluyó números mucho mejores a los que anticipaban las consultoras privadas, a partir de una corrección al alza de los datos de los dos meses previos y de otros cuatro meses del año. 

Con esa maniobra, el Indec evitó que el tercer trimestre terminara en baja lo que hubiese implicado que la economía entre en recesión técnica, una señal muy negativa para el gobierno que se empeña en decir que todo marcha maravillosamente de acuerdo al plan.

Ante la evidencia, el Indec tuvo que salir a admitir el maquillaje, con el argumento de correcciones habituales, pero la explicación no tiene mucha solidez. Según el organismo, la tendencia positiva se basa “principalmente por la contribución de los últimos meses en el sector Intermediación Financiera” (gran parte por aumento de los servicios de intermediación asociados al crecimiento de préstamos y depósitos, tanto en bancos públicos como privados y por comisiones bancarias). Agrega que “otro de los subsectores que crecieron en septiembre fueron los agentes y sociedades de bolsa” por el incremento en el volumen negociado de los títulos públicos. No hay mucha economía real en esos agentes. 

La consultora Analytica, que descubrió la inexactitud, detalla que el caso más resonante es el de Intermediación Financiera, que tuvo una suba del 11,9% mensual, la más elevada de toda la serie histórica que inicia en 2004. El anterior máximo había sido en torno al 5%. 

Sin embargo, durante septiembre el crédito al sector privado tuvo una caída real del 1,8% mensual, la primera tras 17 meses consecutivos de suba; al mismo tiempo que los balances de los bancos para el tercer trimestre no reflejan un buen desempeño por los encajes bancarios más exigentes y el aumento de las previsiones por incobrabilidad: el grupo Galicia registró una pérdida por $87.710 millones y Supervielle de $50.724 millones; mientras que BBVA tuvo ganancia pero con una caída interanual del 71%.

Sin las correcciones, la actividad habría caído 0,2% mensual. en septiembre, similar al -0,3% que proyectaba Analytica. En ese contexto, acumularía una caída en cuatro de los últimos cinco meses, con una economía estancada desde marzo y con niveles de actividad inferiores en un 0,7% a los de diciembre pasado. 

Otro dato que aporta la consultora es que aún tomando como válidos los datos del Indec, éstos no se traducen en una mejora real de la economía: el sector de intermediación financiera es de los que más crece pero su demanda de mano de obra es baja.

Por el contrario, al comparar la actividad acumulada hasta septiembre de este año con igual período de 2023 se observa que la construcción se ubicó 14,2% por debajo, la industria 9,5% y el comercio 4,8%. Estos tres sectores explican 37,6% del empleo directo de la economía. 

En contraste, el agro, los hidrocarburos, la minería y la intermediación financiera representan en conjunto apenas 7,7% del empleo total.

También en materia de morosidad los datos encienden luces de alarma. La cartera de morosos de proveedores no financieros alcanzó el 16,2% en julio de 2025, duplicándose en un año. 

En la banca tradicional, la morosidad también aumentó pero a niveles inferiores: pasó de 2,7% a 5,6% entre enero y julio de 2025, y en septiembre llegó al 7,3%, triplicando el nivel del año anterior. 

Por tipo, la tasa irregular de tarjetas de crédito subió de 5,6% a 10,8%, y la de préstamos personales de 12,1% a 20%.

Si se amplía el análisis en el tiempo, cerró un noviembre negro en materia de despidos. Whirlpool, que había inaugurado en 2022, cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores. La decisión se tomó frente a la caída de ventas y aumento de las importaciones. La empresa Georgalos vive una importante crisis económica que incluye caída en las ventas y una ola de suspensiones que afectan a unos 600 empleados. Apuntan contra la importación de productos alimenticios de Brasil como uno de los principales problemas. Mauro Sergio suspendió a 175 trabajadores hasta marzo del 2026. En Rosario, Electrolux suspendió a 400 trabajadores. La principal operadora del transporte público de Corrientes, ERSA obtuvo la aprobación del Procedimiento Preventivo de Crisis por parte de la autoridad laboral provincial, habilitando suspensiones y medidas de ajuste en medio de un frágil equilibrio financiero. En Posadas, Electromisiones, del empresario macrista Diego Barrios, cerró varios locales y suspendió empleados. Los supermercados chinos también sienten la falta de ventas y cerraron un par de locales en el centro. 

Es un mal extendido. En la era Milei cerraron 19.164 empresas, a razón de 30 por día. Se perdieron 276.624 empleos registrados, de los cuáles solo 86.982 fueron estatales. En los cuatro años de Alberto Fernández, pandemia mediante, se perdieron 169.300 empleos. En los cuatro años de Macri, 230 mil. Ahora, en menos de dos años, 276 mil. 

Claramente es una crisis que excede a las provincias y a los esfuerzos que puedan hacer los gobernadores para contenerla. Pero los jefes provinciales resultan claves para mitigar las consecuencias. 

Con esa premisa, el gobernador Hugo Passalacqua recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, quien vino a pedir acompañamiento para aprobar la ley de Presupuesto y las reformas laboral, impositiva y previsional que quiere imponer el gobierno de Milei. 

Passalacqua ratificó la decisión de dar gobernabilidad, pero planteó una amplia agenda de lo que requiere Misiones.

En primera línea, que la Nación agilice el crédito de la Corporación Andina de Fomento, que tomará la Provincia para hacer obras que dejó de ejecutar la Nación. Son 75 millones de dólares para la línea de 132 kv entre San Isidro-Alem y Oberá, vital para resolver la demanda energética de la zona centro, que actualmente en el verano se resuelve a través de la generación precaria con centrales a Diésel y que parcialmente se están resolviendo con los parques solares. 

En la reunión con el ministro Santilli se le pidió que cuando llegue el trámite de autorización de endeudamiento que deben aprobar ministerio de Interior y Economía, no haya dilaciones. 

También se reclamó por la vieja deuda de Anses por la caja previsional de Misiones. El atraso es oneroso: 201.167.804.456,24 pesos. En ese tema puso énfasis el Gobernador, por el enorme agujero fiscal que le genera a la provincia la decisión tomada en la época de Ramón Puerta. También se le pidió la cancelación de la deuda por consenso fiscal: 35,9 mil millones y la reactivación de convenios por obras estratégicas . 

El impacto fiscal del ajuste nacional es brutal y empuja a las provincias a más ajustes y desequilibrios. En noviembre la Coparticipación Federal para Misiones totalizó $ 155.242 millones, con una caída de 5,5% real interanual que se explica por las caídas en Ganancia y en el IVA (-3,3 y -3,5% respectivamente) y los descensos, más fuertes aún, en los impuestos Internos (-12,8%) y Otros Coparticipados (-91,1%)

Por su parte, volvieron a mostrar caídas los fondos por Leyes y Regímenes Especiales: en Misiones, totalizaron $ 6.617 millones y cayeron 22,6% contra igual mes del año pasado en términos reales, una baja apoyada principalmente por la significativa merma de Bienes Personales (-68,5%). Por su lado, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal siguieron con tendencia alcista (+25,1%). Para el caso misionero, los resultados marcan que este fue el peor noviembre desde 2019

Santilli también fue recibido por Carlos Rovira. El conductor de la Renovación reiteró el respaldo a la gobernabilidad, pero pidió que se atiendan las demandas provinciales para que haya armonía en la gestión. 

Misiones está para ayudar y construir juntos”, expresó Rovira, quien respaldó explícitamente los planteos de Passalacqua y remarcó la importancia de un diálogo institucional robusto.

El diputado recordó la deuda por regalías de Yacyretá y los recursos que le corresponderían a Misiones si se reparten en su totalidad los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles, que Nación sigue recaudando, pese a que no realiza una sola obra pública en el país. 

Además, Misiones reiteró su propuesta técnica en el debate fiscal: reducir la alícuota del ARCA del 1,9% al 1% -establecida por la Ley 26.546- y reincorporar el 0,9% restante a la masa coparticipable provincial, como mecanismo de alivio y equilibrio federal.

La gobernabilidad no está en discusión, pero Misiones, junto a otras provincias armará un espacio propio en el Congreso para marcar agenda y terciar entre libertarios y lo que queda del peronismo como primera minoría en riesgo. Hay consenso entre gobernadores y se podría armar un bloque cercano a los 15 legisladores. Nada despreciable a la hora de discutir el Presupuesto.

Misiones no se queda en el mero reclamo. Sigue con recursos propios en la ejecución de obras públicas y busca recursos para obras que deberían tener financiamiento federal, como en las rutas 12 y 14. En la yerba mate, busca generar herramientas de expansión de la demanda que mitiguen -ya que no solucionarán- el impacto de la desregulación, que particularmente en la producción primaria está generando una zozobra acelerada. Sin embargo, en la industria advierten que no son inmunes al nuevo escenario.

La obsesión de “bajar el precio en góndola”, que celebra Federico Sturzenegger, significa menor rentabilidad para afrontar los mayores costos. En paralelo aparecen marcas “baratas” que compiten por el mercado de bajos ingresos y porciones de una torta inelástica. El combustible que no para de aumentar es uno de los principales desafíos para las industrias. La queja se refleja en el surtidor: según la Secretaría de Energía de la Nación, la venta de combustibles en Misiones registró una caída de 10,2% en comparación con octubre de 2024. El gasoil registró una baja del 15,4% interanual, explicado por el amplio descenso en el gasoil común (-20,0%) mientras que la premium cayó en -4,6%%. 

El año que viene será peor”, alertó un empresario yerbatero de primera línea, en referencia a los precios de la materia prima y su propia rentabilidad. 

No se trata solo de las finanzas empresariales. El Gobierno nacional anunció que desde enero se elimina el esquema de tres niveles de subsidios energéticos y solo habrá hogares con o sin ayuda estatal. El 45% de la población (7,5 millones de familias) dejará de recibir subsidios. El resto tendrá nuevos topes de consumo según la estación. El gas pasa a un precio unificado de US$ 3,80 todo el año. El Gobierno busca ahorrar US$ 1.000 millones. El tope para conservar la ayuda será de $3.641.397 como ingreso familiar, pero con límites: 300 kWh (verano/invierno) y 150 kWh (otoño/primavera). Otro golpe al bolsillo de la clase media.

Por eso resultan fundamentales las gestiones territoriales, de Gobernador e intendentes. Son quienes deben atender las consecuencias directas de decisiones tomadas a cientos de kilómetros en alguna oficina porteña. El mal de siempre, exacerbado por un modo de hacer política.

La farsa antivacunas del Congreso no es un mero acto de bufones, sino una consecuencia directa de las teorías conspirativas, fake news y relatos milagrosos que exaltan el “sálvese uno mismo” (o quien pueda).

Esos dislates cuestan vidas, que, en última instancia deberán ser protegidas por quienes están más cerca en el territorio.

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