Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

Caminos marcados

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Hay contrastes que pueden parecer sutiles, pero dicen demasiado desde dónde se piensa y se hace política y cómo esas diferencias impactan en la vida cotidiana. 

El debut del reemplazante de Manuel Adorni, eyectado en medio de un escándalo de corrupción, sirvió para refrescar la memoria del decálogo de la gestión de Javier Milei: Adrián Ravier, terminó por explicitar una de las bases filosóficas del programa económico al remarcar que el ajuste no es una consecuencia indeseada, sino una herramienta deliberada para modificar el comportamiento de la sociedad. Al justificar que las tarifas deben duplicarse hasta reflejar los “precios de mercado”, sostuvo que el usuario deberá “abrigarse más que prender el gas” o resignar consumo porque “no hay almuerzo gratis“. En esa lógica, el Estado deja de concebir a los servicios públicos como un instrumento de equidad o desarrollo y traslada íntegramente el costo a cada individuo, bajo la premisa de que quien recibe el servicio debe pagarlo sin subsidios. Incluso admitió que las tarifas seguirán aumentando por encima de la inflación como parte de una “corrección gradual”. La sinceridad del planteo despeja cualquier duda: el objetivo no es únicamente ordenar las cuentas públicas, sino redefinir el contrato social sobre el que se construyó durante décadas el acceso a servicios esenciales en la Argentina.  

El desdén de Ravier sigue la línea argumental del propio Milei. “A vos te daban dos planes sociales, pero uno se lo quedaba un gerente de la pobreza. Entonces, fíjate esto, nosotros sacamos a los intermediarios, eso generó unos problemas muy fuertes al inicio y además duplicamos en términos reales, es decir, por encima de la inflación ese monto. Con lo cual, la persona que lo recibe, digamos, de repente recibió cuatro veces más. De alguna manera es como que nosotros pudimos sacar 14 millones de personas de la pobreza”.

La frase presidencial combina una denuncia atendible -la existencia de intermediaciones opacas en la política social- con una conclusión discutible: que esa corrección administrativa permitió “sacar 14 millones de personas de la pobreza”. Milei presenta el problema como si la pobreza dependiera casi exclusivamente de quién distribuye el plan social y no de salarios, empleo, inflación, tarifas, alquileres, alimentos y caída del consumo. Todos esos indicadores están en negativo durante su gestión.  

El contrato social resquebrajado tiene un enorme impacto en el territorio, ese que miran sin sensibilidad en las oficinas de Buenos Aires. Por eso cobran relevancia las acciones que se toman en las provincias para proteger a sus ciudadanos. La suba de tarifas endeudó a miles de familias, que hoy no tienen cómo enfrentar el colapso de sus finanzas. Lejos de desentenderse, el Gobierno de Misiones decidió extender durante todo julio el programa de refinanciación de deudas acordado con Banco Macro, incorporando además nuevos beneficiarios y flexibilizando las condiciones de acceso.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La principal novedad es que, por primera vez, también podrán acceder al beneficio los jubilados y pensionados de ANSES, que dependen del Estado nacional.

Esa misma lógica se traslada a las obras públicas y el acceso a servicios esenciales, que fueron dejados de lado por el Estado nacional. Las rutas nacionales están siendo reparadas -y mejoradas- con fondos provinciales y aún con escasos recursos, la prioridad es la cercanía con el vecino. 

En ese escenario se mueve con soltura Passalacqua, quien hace del mano a mano una cualidad de gestión y su principal activo en momentos en que comienza a definirse el futuro político que lo tiene como protagonista central de cara a 2027. 

El movimiento que diseña Passalacqua no desdeña edades y valora la experiencia. Sabe que hará falta mucha paciencia y un trabajo de orfebre para la construcción de un nuevo tiempo que contenga e incluya. Y esa visión está despertando una enorme adhesión, dentro de lo que fue la Renovación y también por fuera, con dirigentes y actores políticos y empresariales que coinciden con sus posiciones. 

Passalacqua está marcando su ritmo político. Renunció formalmente al aporte partidario a Encuentro Misionero -el espacio que venía a reemplazar a la caduca Renovación- y lo mismo hicieron funcionarios y dirigentes de primera línea. Pero va más allá en la diferenciación. Ordenó un plan para resolver los litigios pendientes de dos privatizaciones emblema de los 90 -el ex banco Provincia y el Instituto del Seguro- y puso fin al cobro anticipado de Ingresos Brutos en los controles de ingreso a Misiones, el fin de la mal llamada Aduana Paralela. También decidió recuperar el hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social, que estaba en manos del grupo Bagú, en una fallida concesión que terminó en desbandada, maniobras fraudulentas y un tendal de deudas. La prioridad, marcó, fue cuidar el activo provincial y la integridad de los trabajadores.

Pero quizás el dato más saliente es que después del escándalo del streaming porteño Blender, que despidió a buena parte de su equipo en medio de trascendidos de vínculos financieros con Misiones, a través de holding empresarial que opera la aplicación Alegramed en el Parque de la Salud de Misiones, en la Gobernación se trabaja en la búsqueda de alternativas para desarmar la concesión y destinar esos recursos al servicio de salud.

El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, quien iba a ser candidato a intendente de Posadas por Encuentro Misionero, sorprendió el viernes con una definición: “Voy a trabajar para que Hugo Passalacqua sea reelecto gobernador porque es el mejor hombre para transitar este tiempo distinto, mostrando la cercanía y templanza que necesita nuestra sociedad”, afirmó.

”No necesitamos un gobierno que prometa un final feliz; necesitamos un gobierno que se ocupe de cuidar, proteger y respetar a nuestro pueblo. Gobernar es priorizar y hoy necesitamos priorizar con racionalidad el cuidado de los sectores más desprotegidos. La situación social exige un gobierno que escuche, que camine los barrios y que esté cerca de la gente, conociendo de primera mano sus necesidades”, expresó.

La gestión de Passalacqua se distingue por el equilibrio económico con la prioridad puesta en generar soluciones. No es de ahora. Ya supo lidiar con otras crisis económicas nacionales desde su primer mandato. Ahí nacieron los Ahora, con el debut del Ahora Pan, que logró morigerar los aumentos que comenzaban a hacerse insoportables en el ocaso del gobierno de Mauricio Macri. Pequeñas medidas que impactan en la vida cotidiana. 

Ahora tiene que lidiar con las consecuencias de la desregulación yerbatera, un deseo de Macri que Milei hizo realidad. Y aunque sabe que la solución a la crisis de la producción no depende de herramientas provinciales, es constante la búsqueda de alivio. Hace unas horas recibió en Casa de Gobierno a representantes de empresas y cooperativas yerbateras de Misiones que fueron distinguidas en el primer Mundial de la Yerba Mate que se realizó en Buenos Aires. Durante el encuentro presentó una línea de créditos por más de $200 millones destinada al crecimiento de estas empresas y cooperativas.

La línea de créditos contará con requisitos flexibles y permitirá financiar inversiones en compra de materia prima, packaging, ampliación de la capacidad productiva, logística de comercialización y otras mejoras orientadas a responder al incremento de la demanda y consolidar la presencia de las marcas misioneras en nuevos mercados. “La yerba mate está en la profundidad de nuestra historia como misioneros, nos sigue apoyando, proyectando y representando como misioneros”, agregó. 

Mientras la Provincia se ocupa, Nación desprecia el reclamo de los productores y desdeña los datos que ponen en evidencia el fiasco de la desregulación. En su breve paso por Misiones este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que no hay ninguna posibilidad de revisar el dogma libertario. “Nuestra agenda es desregular, o sea, esto lo ha de haber explicado hasta el cansancio Adrián (Núñez), Diego (Hartfield), Maura (Gruber). Sabemos la postura que tenemos sobre el tema. Nosotros creemos que abriendo el comercio, generando más exportaciones, no tiene que intervenir el Estado. A la larga no tiene que intervenir el Estado, va a ser lo más beneficioso, por más que la transición por ahí un poco cueste, va a ser lo más beneficioso”, remarcó Menem, echando por tierra la posibilidad de que la reunión a la que accedió Federico Sturzenegger para el miércoles, sirva para provocar algún cambio. 

No alcanza simplemente con “creer”. Los datos marcan lo contrario. Entre enero y mayo reflejan una caída simultánea en la producción, consumo y exportaciones. El resultado es una contracción general del mercado que confirma las advertencias que vienen realizando productores, cooperativas e industrias sobre el deterioro de la cadena. La combinación de menores ventas internas y exportaciones en retroceso impactó directamente sobre el volumen total comercializado por la cadena. Entre enero y mayo de 2026, las salidas de molino destinadas al mercado interno y al exterior sumaron 131,90 millones de kilos. En igual período de 2025 habían alcanzado 135,79 millones de kilos.La diferencia es de 3,89 millones de kilos, equivalente a una caída cercana al 2,9% interanual.

Menem exteriorizó la plataforma electoral de la Libertad Avanza para Misiones. Formó parte de la comitiva de Karina Milei, quien en Posadas confirmó que trabajará por la reelección de su hermano, campaña que se lanza apenas unas horas después de que despidieran con honores a Manuel Adorni, en medio de un escándalo de corrupción que todavía no tiene escrito su final. 

La desregulación yerbatera es uno de los pilares del plan para Misiones. Los otros serán diseñados por el equipo de directores académicos de la “Escuela” presentada por Karina. Ese equipo está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, quien ya había trabajado en la plataforma de Patricia Bullrich, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García -abogado y especialista en derecho tributario- y el abogado peronista Martín Ayala. Valeria Soczyuk (¿candidata a vice?) será la “coordinadora” de la Escuela.

Los nombres de dirigentes de otros partidos no deben sorprender. El gabinete de Milei es hoy una colección de funcionarios con larga tradición. De la promesa de ponerle fin a la casta a nutrirse de ella. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, tiene origen peronista y viene del PRO, lo mismo que Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Federico Sturzenegger es el de mayor “trayectoria”, con pasado en la alianza radical y Cambiemos, curriculum que compartía con la ahora senadora Patricia Bullrich, quien se inició como montonera, pasó por la alianza y Cambiemos, antes de ser ministra de Milei y ahora posible rival interna. Su sucesora en Seguridad Alejandra Monteoliva también es del PRO, lo mismo que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Casi el segundo tiempo que prometía Macri. 

Pero como en aquel primer tiempo, el deterioro social y económico comienza a ser un factor político clave. 

Si el Gobierno apuesta a que la desaceleración de la inflación alcance para sostener el respaldo político, las encuestas comienzan a mostrar que esa ecuación perdió eficacia. La inflación sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, pero ya no monopoliza el humor social. Una encuesta nacional de Management & Fit revela que la desaprobación de la gestión de Milei alcanzó el 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato, mientras que la aprobación cayó al 37,3%. Más significativo aún es el cambio de prioridades: la corrupción escaló hasta convertirse en el segundo problema que más preocupa a la sociedad, apenas por detrás de la inflación, y siete de cada diez consultados sostienen que el escándalo Adorni afecta su confianza en el Gobierno.

El dato resulta especialmente revelador porque coincide con una economía que, aunque exhibe una inflación en descenso, todavía no logra traducir esa mejora macroeconómica en una recuperación palpable del bienestar cotidiano. Más del 84% de los encuestados admite haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año; la mayoría postergó compras, redujo el consumo de carne o reemplazó productos por opciones más económicas. La dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos continúan encabezando las preocupaciones personales, mientras cuatro de cada diez argentinos califican negativamente su situación económica. La estabilidad de los precios, por sí sola, dejó de ser suficiente cuando el bolsillo sigue sin percibir alivio.

Sin embargo, el panorama político conserva una paradoja que explica buena parte de la fortaleza del oficialismo. Pese al desgaste de la gestión y al aumento del malestar social, la oposición todavía no consigue consolidar una alternativa competitiva. Un 41,4% de los consultados votaría por alguna forma de continuidad del actual Gobierno -aunque la mayoría reclama cambios en la política económica-, mientras dos tercios aseguran que volverían a votar igual que en 2023. Es un respaldo menos entusiasta y más condicionado que hace un año, pero suficiente para demostrar que el principal desafío de Milei ya no es únicamente sostener la baja de la inflación: es reconstruir la confianza antes de que el desgaste económico y los cuestionamientos éticos terminen erosionando el activo político que aún conserva.

Ese es el escenario de cara a 2027. Sin liderazgos claros en la oposición y con un Gobierno nacional que se desentiende de la suerte de las provincias. 

En ese camino, una encuesta de  MRVT Consultora, revela que Passalacqua consolida un contundente 62% de imagen positiva. El informe explica cómo las medidas microeconómicas clave de fin de junio (eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en Ruta, programas Ahora y exenciones a billeteras virtuales) blindaron su gestión frente a la crisis nacional. 

En marcado contraste, la imagen negativa de Milei trepó al 64% y su positividad cayó al 32% (un diferencial neto de -32 puntos), arrastrada por el impacto de las tarifas y el ajuste. 

Otro dato es el “Fin de la Neutralidad”: el segmento de indecisos cayó a su mínimo histórico (4%), volcándose directo hacia la desaprobación de la gestión nacional.

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La relatividad de los tiempos

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La Persistencia de la memoria, la célebre obra que Salvador Dalí pintó en 1931 en apenas cinco horas, funciona como una metáfora apropiada para describir el momento que atraviesa el oficialismo misionero. Los relojes blandos representan el paso del tiempo, pero también la capacidad de una idea para sobrevivir a los cambios de época. Quienes hoy nutren Encuentro Misionero apelan precisamente a esa memoria política y a la génesis del espacio que dio origen al Frente Renovador a comienzos de este siglo. Un movimiento que, lejos de permanecer inmóvil, fue mutando desde aquella alianza inicial entre peronistas, radicales e independientes hacia conceptos como la transversalidad, el misionerismo y, más recientemente, los “blends” políticos. En más de una oportunidad, incluso, adoptó posiciones que terminaron anticipándose al debate nacional.

El interrogante es si esa capacidad de adaptación sigue siendo suficiente. Sus críticos sostienen que la política ya no dispone del tiempo que antes tenía para procesar sus transformaciones y que una sociedad atravesada por la inmediatez demanda respuestas más veloces, liderazgos más flexibles y estructuras menos ancladas en la memoria de sus propios éxitos. En esa tensión entre la persistencia y el cambio se juega buena parte del desafío político del oficialismo para los próximos años.

Los tiempos se aceleraron con una movida de Encuentro Misionero, que el jueves, tras la confirmación del Tribunal Electoral de haber aceptado el cambio de nombre del partido de la Concordia, publicó en redes los nombres de las autoridades partidarias, entre los que estaban Carlos Rovira, Hugo Passalacqua, Oscar Herrera Ahuad, Maurice Closs y tantos otros. Varios eran autoridades del partido de la Concordia que no habían avalado la mudanza al Encuentro. 

Closs fue el primero en desmarcarse, con un tuit irónico. El gobernador Hugo Passalacqua, compartió la publicación y así oficializó sus diferencias. El jefe de Gabinete, Carlos Sartori, terminó de clarificar el panorama al advertir que Passalacqua no estaba dentro de Encuentro Misionero y que varios podrían renunciar porque no habían autorizado su inscripción en el nuevo espacio. 

Se cristalizaron así las diferencias que ya eran visibles pero no tajantes desde el ya lejano abril, cuando el propio Rovira daba por fenecida a la Renovación y anunciaba el nacimiento del nuevo espacio. Sutiles, mínimas diferenciaciones, gestos que ahora son ostensibles.  

La pregunta que recorre el ambiente es si la distancia es definitiva. Sólo los protagonistas podrán responder fehacientemente esta incógnita que seguramente se mantendrá por algunas semanas más. Ningún puente está dinamitado y tanto Rovira como Passalacqua saben que una ruptura podría venir acompañada por una inexorable derrota en las elecciones.

Hasta ahora los embates públicos tuvieron otros protagonistas, arietes esperables de la retórica que mide fuerzas en medio de un intenso debate que definirá el futuro de la coalición gobernante. Pasó en la sucesión de Rovira y también antes de que Passalacqua sea electo gobernador. Una vez encauzadas las diferencias, primó siempre el interés superior de la Provincia.

La incontinencia de algunos dirigentes, de ambos lados de la trinchera, no debería obnubilar ni deslumbrar.  ¿Por qué apurar definiciones con tiempo suficiente hasta las elecciones? Se verán varias capítulos “ordenadores”, como el achique del gabinete y eventuales cambios de nombre. Habrá que esperar las respuestas.

La certeza por estas horas es que Passalacqua buscará un tercer mandato, convencido de que tiene la adhesión necesaria -muchos intendentes, varios ministros y algunos con asistencia perfecta a las reuniones de las siestas de los jueves-, una gestión que lo avala y que lo mantiene entre los mejor valorados de la Argentina.  

Las dos veces que le tocó gobernar fue en las malas. Primero con la alianza Cambiemos y sus embestidas permanentes, pérdida de recursos y asimetrías. La crisis de 2018 dejó a la Argentina al borde del abismo. 

Ahora con Javier Milei, recesión, ajuste y una enorme sangría de recursos, además de la concreción de un anhelo expresado por el propio Mauricio Macri en abril de 2018: la desregulación yerbatera, que impactó de lleno en la economía misionera. 

El nuevo ciclo sin reglas de mercado provocó una profunda crisis en el sector primario y una latente tensión política, con productores que habían confiado en las mieles de la Libertad Avanza y hoy mascullan la hiel de su enojo, que se propaga a la política provincial. No admiten que la Provincia tiene escasas herramientas para resolver un problema que se extiende más allá de la geografía propia. 

Desde la desregulación, la yerba es una de las economías regionales que está en rojo constante en el semáforo de Coninagro. Y los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate confirman la turbulencia estructural que atraviesa el sector. En mayo se registró una caída simultánea en los tres principales indicadores de la actividad: producción, consumo y exportaciones. Casi cuatro millones de kilos menos entre el consumo interno y exportaciones que se frenaron, se suman a una parálisis de la cosecha provocada por el desplome de los precios. Entre enero y mayo ingresaron a secaderos 275,17 millones de kilos de hoja verde, lo que representa una caída del 13,06% respecto del acumulado previo y una baja interanual del 13,46%

El escenario encendió las alarmas incluso entre los libertarios más convencidos, ya que el relato belicoso y triunfalista se cae ante la evidencia. 

No es casualidad que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien se jacta de los resultados de la desregulación, haya aceptado recibir a representantes de la cadena yerbatera. Aunque la comitiva que irá a Buenos Aires el 8 de julio no estará integrada por los productores más combativos, en el sector tomaron la convocatoria como una inesperada bandera blanca. 

De todos modos, no hay motivos para pensar que Sturzenegger se haya apiadado. Hasta ahora no ha atendido quejas de ningún sector. Los madereros pueden dar fe del ninguneo pese a los numerosos pedidos de auxilio para un sector que también atraviesa una crisis terminal al mismo tiempo en que el Gobierno nacional celebra récord de exportaciones: el aumento de los costos de producción neutraliza la rentabilidad y el colapso del mercado interno tiene a cientos de aserraderos al borde del cierre. 

El intendente de Puerto Leoni, Elvio Rivas, lo graficó en la reunión que tuvo con el gobernador en el club Sarmiento: confirmó que 12 de los 37 aserraderos PYME del municipio dejaron de operar por la crisis del sector maderero a nivel nacional. La situación impacta de forma directa en la economía local, donde la industria forestal es una de las principales fuentes de empleo. La falta de venta de materia prima está afectando la continuidad de la actividad y el trabajo de cientos de familias. Rivas advirtió que alrededor de 450 puestos laborales están en riesgo, incluyendo trabajadores de municipios vecinos. El cierre de establecimientos representa un 30% del total del rubro en Puerto Leoni. El resto de los aserraderos redujo sus jornadas de trabajo pero no ve perspectivas de que mejore la situación.

Atender esas crisis que estallan en el territorio demanda un expertise que Passalacqua considera haber acumulado en los años de gestión. La alta política también debe pensar un poco más allá de la coyuntura y en ese rol se siente mucho más cómodo Rovira. 

Lo llamativo de la disputa interna del oficialismo misionero es su escaso timing. Tiene su pico al mismo momento en que el Gobierno nacional está exhibiendo sus miserias, con un Manuel Adorni obligado a renunciar acorralado por las denuncias de corrupción, una economía que no repunta y desigualdad creciente. 

Adorni le puso fin a la saga de corruptelas que se reveló hace ya cuatro meses. Fue la crónica de una muerte (política) anunciada tras revelarse sus gastos exorbitantes, compra de propiedades, viajes lujosos y hasta lujos extravagantes difíciles de justificar aún con la más imaginativa ingeniería contable. 

El costo político ha sido elevado para el gobierno de Milei, que llegó al poder con la promesa de terminar con “la casta” y no tardó nada en mimetizarse con sus prácticas más nefastas. Dicen que lo que convenció a Milei de eyectar a su petulante jefe de Gabinete fue la comparación con Martín Insaurralde, ex funcionario -en este caso despedido por Axel Kicillof- también envuelto en un escándalo de enriquecimiento acelerado en la función pública. La Justicia, siempre oportuna, desempolvó esa causa a partir de un video que se “filtró” de la vedette Jesica Cirio ostentando dólares en el vestidor. 

Durante meses, Milei sostuvo públicamente a Adorni, desacreditó las investigaciones periodísticas, atacó a la prensa y aseguró que no lo desplazaría. Finalmente, la realidad política terminó imponiéndose sobre el discurso. El desgaste en la opinión pública, el impacto de las investigaciones judiciales y el deterioro de la credibilidad oficial hicieron inviable una continuidad que hasta hace pocos días parecía innegociable.

Más allá del destino personal de Adorni, el episodio deja una enseñanza para el oficialismo. En política, la construcción de autoridad no depende solamente de la lealtad interna, sino también de la capacidad de administrar las crisis antes de que consuman el capital político del Gobierno. Cuando un funcionario pasa a monopolizar la agenda por denuncias, explicaciones patrimoniales y contradicciones con los propios principios que la administración dice defender, el costo deja de ser individual y se convierte en un problema para toda la gestión. La salida de Adorni cierra un capítulo, pero difícilmente clausure el debate sobre los estándares de transparencia y coherencia que el propio Milei prometió convertir en una marca distintiva de su gobierno. La mugre salpicó a todos, explotó una crisis en el PRO y expuso a senadores que no dieron el quórum para interpelarlo. 

La carta de renuncia de Adorni también deja una lectura política. Más que un documento institucional, es una pieza de reivindicación personal. A lo largo de varias páginas no hay una sola autocrítica sobre los hechos que erosionaron su permanencia en el cargo, sino un esfuerzo por instalar la idea de que fue víctima de una persecución mediática y política. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, escribe, al tiempo que atribuye su salida al “hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad”. 

El eje del texto no es la gestión ni el balance de gobierno, sino la construcción de un relato de agravio y resistencia.

Hay, además, un dato político significativo: Adorni presenta su renuncia como una decisión destinada a proteger a Milei antes que a sí mismo. “Estoy yendo en contra de sus deseos” y “he tenido que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo”, afirma en dos pasajes que buscan dejar en claro que la salida no fue una decisión presidencial sino una renuncia impulsada por el propio funcionario. 

Esa construcción narrativa intenta preservar la autoridad del Presidente y sostener la imagen de lealtad absoluta que caracterizó su paso por el Gobierno. Sin embargo, el texto también revela el costo político que tuvo el caso: cuando una despedida necesita justificar durante varias páginas las denuncias, los ataques y las explicaciones patrimoniales, queda en evidencia que la crisis ya había trascendido a la persona y se había convertido en un problema para toda la administración.

¿Se cierra el capítulo y a otra cosa? Difícil que Adorni se libere tan fácilmente de las investigaciones periodísticas y judiciales. Tanto tiempo de burlas y ninguneo tendrá consecuencias. El humor social no parece estar dispuesto a aceptar la despedida como si nada hubiera pasado. 

¿Podrá el Gobierno recuperar la agenda? El nuevo jefe de Gabinete sería Diego Santilli, el actual ministro del Interior. El ex PRO tiene varias sospechas de corrupción en su haber. Fin.

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Hilo belgraniano

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El general Manuel Belgrano murió a los 50 años, postrado en su casa de Buenos Aires. Pobre y casi solo. Es una ironía que el presidente Javier Milei haya aprovechado la fecha en homenaje a su memoria como atril para mostrar su respaldo a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por una obscena acumulación de tropelías que se agrandan con el pasar de las horas. 

Gastos exorbitantes, compras difíciles de justificar aún con esfuerzo de imaginación, herencias no declaradas y miles de dólares olvidados en criptomonedas. Lujos angurrientos desde que asumió en la función pública. 

El contraste es doloroso. A Belgrano se le rinden honores. Adorni está a un paso de ser el primer jefe de Gabinete con una moción de censura en el Congreso, a pesar de la tregua de quince días que consiguió el oficialismo en el Senado. 

Milei bajó a la vicepresidenta Victoria Villarruel del Palco y eligió mostrarse con Adorni en un nuevo gesto de respaldo que agota la paciencia política y desprecia la condena social. Al mismo tiempo, se apropió del prócer para presentarlo como un libertario inicial que, cómo él mismo, pensó en la grandeza económica de la Argentina. “(Belgrano) puede ser considerado el primer intelectual liberal económico argentino, un criollo que empezó a pensar la generación de riqueza desde la libertad económica, la propiedad y la iniciativa privada mucho antes de que esas palabras formaran parte de nuestras constituciones y de nuestras instituciones. Le dio centralidad a la agricultura, promovió el respeto al sistema de precios y al trabajo como organizador de la vida social. En contraste con los beneficios que disfrutaba la casta de la época, defendió la libertad económica, la competencia y la propiedad como pilares de su programa, y consideró al mérito como impulsor del desarrollo económico y personal”, recitó el Presidente para ponerse en el mismo plano. 

Pero Belgrano no fue libertario en los cánones actuales, aunque haya sido contemporáneo a los postulados de Adam Smith. 

Era un entusiasta del libre comercio, pero básicamente en contra del monopolio comercial impuesto por la Corona española. Abogó por abrir los puertos, especialmente con Inglaterra, entendiendo que el intercambio fluido era vital para el progreso económico.

A pesar de su admiración por el libre comercio, entendía que un país no podía depender exclusivamente de las importaciones. Creía que la riqueza nacía del trabajo, la agricultura y el fomento de la industria, argumentando que el país debía exportar productos elaborados y no solo materia prima, como celebra ahora el Gobierno. Detrás de los récords exportadores se esconde una paradoja incómoda. El motor del crecimiento no fue la industria, sino los combustibles y la energía, que avanzaron 167% de la mano de Vaca Muerta. Son dólares que entran, pero con limitado impacto sobre el empleo, la innovación y el tejido productivo nacional. El resultado es una economía que exporta más, pero que al mismo tiempo profundiza su proceso de reprimarización. Celebramos las cifras mientras se achica el peso relativo de la producción con mayor valor agregado.

Más preocupante aún es el comportamiento de los indicadores que anticipan el futuro. Las importaciones de bienes de capital cayeron 6,8% y las de piezas y accesorios para bienes de capital se desplomaron 26,6%. Es decir, se está enfriando la inversión que determina la capacidad productiva de los próximos años. Menos maquinaria, menos equipamiento y menos componentes hoy significan menor potencial de producción mañana. La consecuencia puede no sentirse de inmediato, pero condiciona el crecimiento de 2027 y los años siguientes. Un proceso de desindustrialización gradual, casi imperceptible, pero persistente.

A esto se suma un factor coyuntural que ayuda a maquillar los resultados. La mejora de los términos del intercambio, del orden del 5,8%, aportó unos USD 487 millones adicionales al saldo comercial. No es un salto de productividad ni una mejora estructural de competitividad: es renta derivada de precios relativos más favorables. Un viento de cola que puede desaparecer tan rápido como llegó ante cualquier corrección de los mercados internacionales de commodities.

El cuadro general obliga a mirar más allá de los titulares. 

Belgrano sostenía que sin producción propia no podía haber verdadera independencia económica. En esa línea, propuso proteger y subsidiar la industria y la manufactura local para generar empleo y bienestar general, justo lo opuesto a lo que sucede ahora. 

Según datos elaborados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial se ubicó en marzo un 12% por debajo de los niveles registrados en junio de 2022.  Entre los sectores más afectados aparecen la siderurgia, la petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textiles, confecciones, calzado, electrónica y maquinaria industrial. También se observa una caída significativa en la demanda de materiales para la producción. Entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 240.980 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. La industria manufacturera figura entre los sectores más golpeados, junto con la construcción, acumulando una destrucción de 75.399 empleos formales. Los datos oficiales describen un industricidio en cámara lenta. 

Belgrano también consideraba que la educación era el motor del desarrollo económico. Fue un visionario al impulsar escuelas gratuitas, obligatorias y de oficios. Hoy Milei impone una reducción presupuestaria sin precedentes en áreas vinculadas a salud, educación, desarrollo social, ciencia, producción y obra pública. Mientras tanto, aumentan los recursos destinados a inteligencia y se mantiene un elevado peso del pago de deuda dentro de la estructura del gasto estatal.  

La actividad económica está en constante destrucción. El consumo privado cayó 2,2% interanual en mayo y acumula seis meses en negativo. Según la Universidad de Palermo: entre enero y mayo, acumuló una contracción de 1,8% respecto del mismo período de 2025. En abril las ventas en los grandes supermercados registraron un descenso del 3,7% interanual, la cuarta baja consecutiva. En Misiones, las ventas totalizaron $ 25.048 millones en abril y en relación con igual mes del 2025 mostraron una caída del 15,6% real (la más fuerte del país), baja que aceleró de manera notable en comparación al mes previo (fue -4,3% en marzo) y marcó un año de descensos consecutivos. La mora bancaria de las familias volvió a incrementarse durante abril y alcanzó el 12,1%, el nivel más elevado en más de dos décadas, según los últimos datos publicados por el Banco Central (BCRA).

El indicador acumula 18 meses consecutivos de deterioro y evidencia el creciente estrés financiero que enfrentan los hogares argentinos. El poder adquisitivo de los salarios continúa deteriorándose, aún con la inflación en baja. En Misiones el salario de marzo 2026 muestra el nivel más bajo desde junio de 2024. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empleadores y se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Si se suman las trabajadoras de casas particulares, la destrucción alcanza a 370.487 empleos formales.
Traducido a una escala cotidiana, la Argentina perdió 31 empresas por día y 435 empleos registrados diarios durante los primeros 28 meses de gestión de Javier Milei.
El dato expone una realidad menos visible que la desaceleración inflacionaria o la mejora financiera: la economía continúa expulsando unidades productivas y empleo formal.

El esplendor económico imaginado por Belgrano, no se refleja en los datos de la gestión libertaria, a pesar de los esfuerzos por encontrar algún punto positivo y la promesa de que en cualquier momento, en los próximos meses, ahora sí, llegarán los mejores meses de la historia argentina y se materializará el mítico segundo semestre invocado también por Mauricio Macri. 

El malabarismo para matizar la realidad es digno de destacar. Adrián Núñez, el referente libertario en Misiones, celebró que el turismo creció 37 por ciento en el último fin de semana largo, dedicado a Miguel de Güemes, el prócer salteño que también fue protagonista en los tiempos de la independencia y la expulsión de los españoles. Pero en el último fin de semana largo no hubo un éxodo como el que describe el diputado con una foto de Milei saludando con las Cataratas de fondo. En realidad, fue el peor fin de semana largo del año para el turismo. De acuerdo con el informe de relevamiento emitido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el feriado nacional logró movilizar apenas a 993.683 turistas con un impacto económico de $216.649 millones. El crecimiento se dio contra 2025, cuando fueron 721.800 turistas, menos que en 2024 y que en 2023, cuando viajaron por el país 2.247.966 argentinos. Contra 2023, el último año de un Gobierno peronista malo, la caída es de 55,8 por ciento. Lo mismo hizo Rodrigo Correa hace un par de meses para celebrar un “crecimiento” en el consumo de la yerba mate desregulada, cuando las ventas en el mercado interno están 6,51% por debajo de 2023.

Belgrano definió la identidad de Misiones, cuando desde el cuartel general de Candelaria, la antigua capital de los 30 pueblos guaraníes, redactó el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos de las Misiones en 1810. “Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode”, escribió para darles libertad a los guaraníes. “Mis ideas no se dirigen a despojar a nadie de su propiedad, sino a darla al que no la tiene”, fue la frase que sintetizó el espíritu de reforma agraria y distribución justa de tierras que puso en práctica.

En la tierra del Sarandí histórico, este sábado se rindió un nuevo homenaje a Belgrano. Fue una postal de sobriedad institucional en tiempos de una silenciosa procesión política. El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el acto acompañado por el vice, Lucas Romero Spinelli y el ex gobernador y ahora diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, enrolados en Encuentro Misionero, el espacio que lidera Carlos Rovira. 

Nadie desconoce que por estas horas el oficialismo vive horas de intenso debate interno. Por eso la postal con el tridente cobra relevancia. Aún con diferencias, se privilegia la estabilidad y la gobernabilidad en tiempos en los que se necesita de mucha templanza para sobrellevar las consecuencias del modelo económico nacional. Passalacqua sabe de gobernar con la Nación en otra sintonía y esa experiencia lo pone hoy entre los mejor valorados de la Argentina, lo que fortalece la búsqueda de un nuevo mandato para 2027. Uno de los pilares de la valoración positiva es saber manejar los tiempos. “No hay que confundir ser cortés con ser débil. Lo que da fortaleza a una persona, son sus convicciones y sus valores”, aseguró durante su discurso. 

Los que apuran definiciones políticas no conocen de la historia reciente ni la génesis de la propia Renovación allá por 2003. Nunca fue con frases altisonantes, sino con una apertura cuya única condición era romper con las estructuras partidarias y pensar a Misiones desde Misiones. Esas convicciones siguen presentes en el Gobierno y en Encuentro Misionero, aunque se distingan matices.

Passalacqua gestiona con la mira puesta en atender las demandas de los misioneros. Para la primera semana de julio estaría lista la reestructuración de gabinete, casi en coincidencia con el fin del cobro anticipado de Ingresos Brutos en los controles fiscales, que tanto enojo generaba. También desaparecerán las retenciones automáticas en billeteras digitales, una acción destinada a que el dinero circule sin cortapisas en momentos en los que cada centavo importa para miles de familias. 

De la Legislatura y de la mano de Rovira en la usina de ideas que es Encuentro Misionero, emergen iniciativas que también apuntan al mismo objetivo. Desburocratizar, despapelizar, generar más derechos. Acompañar la gestión. 

El momento no admite distracciones ni especulaciones. La sociedad está ensimismada en llegar a fin de mes.

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Cuentos increíbles y realidades que demandan

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Hay historias difíciles de creer. Y después está la de Manuel Adorni. Durante semanas el jefe de Gabinete soportó preguntas incómodas sobre su patrimonio, sus gastos, sus inmuebles, los préstamos que tomó y la velocidad con la que crecieron sus activos desde que llegó al poder. La respuesta finalmente llegó con una batería de declaraciones juradas rectificativas presentadas oportunamente unas pocas horas antes de que comience el Mundial que podría acaparar la atención por estas horas. Pero no tuvo suerte. Sólo se habla de las rectificativas de Adorni. 

Rectificativas. Qué palabra elegante para decir: “Voy a rehacer los números porque los anteriores ya no me sirven”. Recuerda a reperfilar

La secuencia tiene algo de prodigio financiero y bastante de realismo mágico libertario. Según la nueva versión de los hechos, Adorni habría invertido unos 200.000 dólares en Bitcoin entre 2013 y 2018. Una apuesta que, según explica ahora, terminó generándole una fortuna cercana a los 500.000 dólares. Luego habría vendido esos activos para proteger el futuro de sus hijos y conservado ese dinero durante años. En efectivo. Guardado. Quieto. Invisible. Tan invisible que se olvidó de declararlo cuando ingresó al Gobierno. Recién ahora recuperó la memoria. Justo cuando la Justicia empezó a mirar sus gastos exorbitantes desde que asumió en la gestión pública. Antes compraba trajes en cuotas, reclamaba por una salchicha y pedía para el pasaje, según sus colegas en los medios. Después, viajes a destinos exclusivos, vuelos privados, departamentos y remodelaciones en el country.

La historia ya tendría problemas de verosimilitud si se tratara de un vecino del barrio. Encontrar un pendrive con semejante fortuna es digno de un guión cinematográfico. Pero adquiere otra dimensión cuando quien la cuenta es el jefe de Gabinete de la Nación. La pregunta elemental es simple: ¿quién invierte todo su patrimonio en Bitcoin en 2014? No una parte. No un porcentaje. Todo.

En 2014 Bitcoin era un experimento para entusiastas tecnológicos, libertarios tempranos y apostadores profesionales. No era un refugio de valor, ni una inversión conservadora. No era un plazo fijo. Era una ruleta.

Y según la explicación oficial, Adorni habría puesto ahí prácticamente todo lo que tenía.

Más extraño todavía: los números tampoco terminan de cerrar. Si efectivamente hubiera invertido 200.000 dólares cuando Bitcoin cotizaba en torno a los 500 dólares y vendido cuando rondaba los 7.500, la rentabilidad habría sido muy superior a la que ahora declara. Los cálculos simples sugieren que el resultado debería haber sido varias veces más alto que los poco más de 500.000 dólares que intenta justificar. Ni siquiera el milagro parece estar bien contado.

Pero el problema principal no es financiero, sino político y judicial.

La Justicia ya ordenó nuevas medidas de prueba. Solicitó reconstruir el historial laboral y de ingresos de Adorni y de su esposa desde 2012. Requirió información a organismos públicos, pidió analizar la evolución patrimonial y ordenó determinar cuánto valían los bitcoins cuando fueron adquiridos y cuánto representarían hoy. Incluso solicitó recopilar todas las declaraciones públicas en las que el funcionario habló sobre criptomonedas.

Un detalle especialmente incómodo. Porque existe un registro de Adorni contando que conoció Bitcoin a partir de un estudiante que seguía obsesivamente la cotización durante una clase. Un relato que no parece el de alguien que estaba apostando cientos de miles de dólares propios al mercado cripto.

Pero hay más. Las declaraciones rectificativas revelan que el funcionario habría llegado al Gobierno con un patrimonio cercano a los 708.000 dólares y hoy declara alrededor de 638.000.

Es decir, según su propia reconstrucción, perdió patrimonio en dólares. La otra pregunta incómoda es por qué necesitó préstamos de familiares y jubilados si disponía de semejante colchón de liquidez.

¿Por qué endeudarse cuando supuestamente había medio millón de dólares guardados? ¿Por qué pedir dinero prestado si el efectivo estaba disponible? Son preguntas que siguen sin respuesta.

Mientras tanto, la discusión jurídica empieza a desplazarse hacia un terreno mucho más delicado.

La figura de omisión maliciosa castiga a funcionarios que ocultan bienes o consignan datos falsos en sus declaraciones juradas. Si la Justicia concluye que existió voluntad de ocultar patrimonio, las consecuencias podrían incluir penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. No es una cuestión administrativa. Es una cuestión penal, que incluso puede salpicar al presidente Javier Milei, quien insiste en sostenerlo a pesar del posible efecto contagio. ¿Por qué? ¿Qué sabe Adorni? ¿La estafa $Libra como telón de fondo?

Antes de las “rectificativas”; Adorni y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el propio Gobierno dentro del esquema conocido como “Inocencia Fiscal”, que implica, básicamente, que nadie preguntará demasiado por el origen de los fondos declarados o invertidos. También se adhirieron Federico Sturzenegger, el eyectado por sus amistades narco, José Luis Espert, Andrés Vázquez, Juan Pazo y una larga lista de funcionarios, legisladores y dirigentes oficialistas. 

El Gobierno que prometió terminar con los privilegios terminó acogiéndose a las virtudes de un régimen que reduce controles patrimoniales. 

La coincidencia temporal es extraordinaria y obliga a una lectura más rigurosa: primero aparecen preguntas sobre patrimonios difíciles de explicar. Después una ley que flexibiliza explicaciones patrimoniales. Finalmente, los funcionarios adhiriéndose a esa ley. Todo perfectamente legal. Pero políticamente puede resultar devastador.

Si un funcionario necesita ingresar a un esquema especial para acomodar declaraciones juradas que ya presentó; si debe rehacer varios años de patrimonio de manera retroactiva; si aparecen cientos de miles de dólares que antes no estaban; si la Justicia debe reconstruir una década de ingresos para entender qué pasó, es casi una confesión…el problema ya no es contable. Es de credibilidad. 

Y la credibilidad es el activo más difícil de blanquear. Sobre todo cuando la explicación exige creer que alguien apostó toda su fortuna a Bitcoin cuando casi nadie confiaba en las cripto, ganó una fortuna, la guardó durante años en efectivo, olvidó declararla al asumir funciones públicas y recién la recordó cuando comenzaron las investigaciones.

Hay que reconocer algo. No cualquiera puede construir una historia así.  Ni siquiera Hollywood se animaría a tanto. Adorni mintió incluso ante el Congreso, cuando juró que no había nada oculto en su patrimonio.

El problema es que el Gobierno llegó prometiendo que la corrupción era un problema de la política tradicional y que los funcionarios libertarios venían a demostrar una superioridad moral. Por eso cada inconsistencia pesa el doble.

Cristina Fernández está condenada por presuntos delitos cometidos varios escalones más abajo en la cadena de mando. Pero la Justicia consideró que la ex presidenta no podía no saber. Si hay jurisprudencia, a Milei podría aplicársele. 

Hasta ahora la explicación consiste en pedirle a la sociedad un acto de fe. El problema es que los gobiernos pueden pedir sacrificios. Pueden pedir paciencia. Incluso pueden pedir confianza. Lo único que no pueden pedir es credulidad.

El tuiter de Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta 

Ahora no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó. Pues había ocultado bastante. 

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

El escándalo Adorni está opacando incluso los “méritos” del Gobierno, como la baja del riesgo país y el dato de la inflación, que estuvo por debajo de las proyecciones del mercado, con un 2,1 por ciento que marca algo de alivio. 

Pero también logra distraer de otros datos más complejos. Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron 26.989 empresas. 

En el primer mes de vigencia de la reforma laboral se destruyeron 7.603 puestos registrados privados. En los últimos 10 meses se perdieron 112.034 empleos registrados en el sector privado. En el último año, la pérdida asciende a 109.906 puestos, y desde que asumió Milei, la destrucción alcanza los 216.643 puestos (-3,4%). 

La gestión, de hecho, está paralizada. No hay acciones, no hay señales hacia las provincias. La economía sólo da señales positivas en donde está concentrada la minería y el petróleo. 

La reacción depende de las provincias. Misiones piensa su desarrollo desde la política con las proyecciones que emanan de Encuentro Misionero, el espacio que conduce Carlos Rovira, quien se sacó a sí mismo de las apetencias electorales. Cada jueves, la “previa” se convierte en una usina de ideas donde se piensa la provincia con impronta misionerista. No es apenas un eslogan, sino un contraste directo con los otros espacios, que diseñan su política en oposición a o esperando coordenadas que lleguen de la Capital Federal: “Todavía no definimos nuestra postura sobre la construcción de represas en Misiones. Esas definiciones vendrán desde nuestro presidente”, confesó Adrián Núñez, el referente libertario, sobre una cuestión esencial para Misiones. Ninguno de los referentes libertarios ni sus aliados circunstanciales, se animó a hablar de Adorni y sus andanzas del Bitcoin.

Rovira, en cambio, no eludió el debate por la represa de Corpus, pero recordó que Misiones fue puliendo una matriz energética propia, que puede alimentar hoy un tercio de la demanda y que cualquier proyecto hidroeléctrico debe contar necesariamente con el aval de la sociedad y dejar mucho más que regalías.

Pensar el futuro desde la provincia ya es un dato político que no se replica en otras latitudes, donde prima un sálvese quien pueda en medio de la vastedad del ajuste. Ese posicionamiento abarca todas las aristas para diagramar la nueva etapa política del oficialismo, que busca una síntesis entre lo que se hizo y lo que hace falta. Rovira anunció la pronta puesta en marcha del sistema acusatorio en Misiones, un viejo anhelo que propone un servicio de justicia más ágil y eficiente. 

La eficiencia también está puesta entre las prioridades de la gestión. El gobernador Hugo Passalacqua anunció que habrá un recorte de entre tres o cuatro ministerios -pueden ser más-. Según averiguó Economis, se trata de la fusión de áreas espejo: Cambio Climático con Ecología, Agricultura Familiar en el Agro, Acción Cooperativa con Industria y Energía también dentro del área de Obras Públicas. Se pretende achicar la carga burocrática y ahorrar recursos en el Presupuesto 2027. 

Ese alineamiento describe el momento que atraviesan los principales hombres del Gobierno: la política pensando a futuro, con la incorporación de nuevas ideas y actores y la gestión que necesita hacerse liviana para atender las urgencias. Passalacqua sabe de gobernar en tiempos complejos. Le tocó administrar durante Cambiemos y ahora con el ajuste como una política de parte de la Nación. La unidad de objetivos de Encuentro Misionero, que ya tiene aval legal para participar en las elecciones, contrasta con la espera de mandatos desde Buenos Aires y la búsqueda de alianzas imposibles entre los espacios menores. 

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La economía real y la de manual

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En la Argentina la economía navega en dos dimensiones paralelas y generan realidades contrapuestas. El Gobierno nacional toma medidas a diario para “liberar” la economía, con efectos que se sienten de modo sensible en la punta de la pirámide, mientras que la base está cada día más ajustada. Vía RIGI y ahora Super Rigi, las grandes inversiones están liberadas del impuesto a las Ganancias y podrán llevar al exterior su rentabilidad en dólares sin restricciones. Tampoco pagarán más Ganancias quienes tienen renta de alquileres. 

En contraste, los trabajadores siguen pagando ese impuesto y el FMI recomienda que “al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto a las Ganancias” para que el Gobierno pueda incrementar la recaudación. Esto implica duplicar el actual número de empleados alcanzados por ese impuesto, de casi 900.000 en la actualidad a unos 2 millones de trabajadores en relación de dependencia.

Las provincias pierden recursos y la Nación se desentiende de sus obligaciones, lo que genera una enorme presión en el territorio, con demandas sociales que necesariamente alguien debe atender. La lógica imperante derrumba el ideal de “país federal” y lo convierte en uno concentrado como nunca antes, ni en los mejores sueños unitarios. Esa herida atraviesa la política actual, con un desdén expresado desde el corazón del Gobierno nacional hacia el resto de un país que parece no comprender ni dimensionar. 

El ministro desregulador, Federico Sturzenegger volvió a referirse a la yerba mate en uno de sus habituales raids mediáticos, en el que anunció, entre otras cosas, que va a terminar con el curro de las revisiones técnicas de los automóviles y que ya no será necesario rendir un exámen para obtener un carné de conducir, porque se sobreentiende que nadie se subirá a un volante sin saber conducir… ¿no?

Pero volviendo a la yerba. El funcionario, repetido desde la alianza y Cambiemos, suele citar a la yerba mate como uno de los ejemplos más claros de la lógica desreguladora impulsada por el Gobierno nacional. 

“La yerba mate es un ejemplo extraordinario”, sostuvo Sturzenegger al defender la desregulación y cuestionar que el Estado, a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, fijara precios. “Tiene miles de acopiadores, de procesadores, de marcas, lo sabemos, ¿no? Lo vemos en el supermercado. Entonces es una industria totalmente competitiva”, describió. 

“Javier Milei, con el DNU 70/23, le sacó al INYM la potestad de fijar el precio y el precio cayó a la mitad. Pudimos ver que lo que hacía ese Instituto era duplicar el precio de la yerba que pagan 47 millones de argentinos”, afirmó. 

Ahora tenemos récord de producción, porque acordate, también había una restricción que no podías aumentar la producción, y récord de exportaciones.  Yo creo que en diez años, cuando miremos la industria de la yerba, vamos a ver una actividad mucho más grande y con mucha gente progresando”, concluyó. 

Habrá que estudiar alguna vez por qué la fijación de Sturzenegger con la yerba mate, pero queda claro que la conoce de modo muy superficial. No hay miles de productores y miles de acopiadores. Justamente el desequilibrio que regulaba el INYM obedece a que hay miles de productores y pocos acopiadores, que obtienen mayores ganancias cuanto menor sea el precio de la materia prima. Como sucede ahora

El único precio que cayó “a la mitad” fue el de la materia prima. En góndolas el precio aumentó 140 por ciento en la era libertaria, cierto, eso sí, menos que la inflación acumulada, que llegó al 304 por ciento. 

No hay récord de producción. El acumulado de cosecha entre enero y abril alcanzó los 151.910.206 kilos, lo que representa una caída del 13,03% frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 174.675.577 kilos y está, en promedio, debajo de los últimos cinco años. 

Tampoco es real que no se pudiera plantar yerba. Todo lo contrario. Entre 2016 y 2025, el área total del país pasó de 165.326 a 231.352 hectáreas, lo que implica un aumento cercano al 40 por ciento en menos de una década. Ese proceso, lejos de ser gradual, se aceleró con fuerza a partir de 2021 y luego se frenó de manera abrupta en 2024 y 2025, cuando el crecimiento interanual cayó primero al 3,64 por ciento y luego al 0,48 por ciento. En términos económicos, esa secuencia es típica de un mercado que entra en saturación: primero se expande rápidamente y luego se detiene porque ya no puede absorber más oferta sin que los precios se deterioren. Dentro de ese proceso, Misiones juega un papel absolutamente determinante. En 2016 concentraba 144.118 hectáreas de yerba mate y en 2025 alcanzó las 203.692, lo que significa un incremento de casi 60.000 hectáreas, es decir, un crecimiento del 41,3 por ciento. Fue por esa explosión de plantaciones que el INYM puso un cupo de cinco hectáreas por productor, para evitar una sobreoferta. Pero fue una medida tardía, que no frenó la expansión productiva.  

Asimismo, el consumo está dos por ciento debajo del año pasado y 6,5 por ciento abajo de 2023, el último año con precios regulados. 

La industria tampoco celebra a rienda suelta los efectos de la desregulación. Porque aún con precios de la materia prima que cayeron a la mitad, sus costos de producción se dispararon, lo que achicó los márgenes de rentabilidad. Se exporta más, pero se gana menos. Los datos que exhibe Sturzenegger no parecen tener bases sólidas. En otras áreas también. Pero las consecuencias que deja la desregulación arrolladora, se sufren en el terreno y la deben atender las provincias.

Misiones busca denodadamente soluciones para el sector yerbatero. Ahora se analiza la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad para toda la cadena. La iniciativa, presentada por Carlos Rovira, implica conocer el precio que recibe el productor hasta el que se paga en góndola. Identificar cómo se distribuye la renta y transparentar quienes pagan mejor, para que el productor pueda decidir a quién, dónde y cuándo vender. Irá de la mano con incentivos fiscales como la exención del cien por ciento de Ingresos Brutos para quienes comercialicen hasta 25 mil kilos mensuales y del 50 por ciento para quienes lleguen a los 50 mil kilos. De este modo, se incentivará la formalización de la cadena y se respaldará a las cooperativas y pequeñas industrias que compiten con marcas nuevas en un mercado dominado por cuatro o cinco gigantes. En paralelo, se pondrá en marcha una tarjeta sanitaria para cubrir las necesidades de los trabajadores rurales.

Las herramientas fiscales son parte del paquete de medidas impulsadas por Encuentro Misionero para sostener la actividad económica. Este jueves se aprobó una ley para impulsar al sector metalúrgico, cuya industria opera al 45 por ciento de su capacidad. Cerca de 380 pymes serán beneficiadas. 

Esa flexibilización tributaria coincide con el anuncio del gobernador Hugo Passalacqua orientado a aliviar la carga fiscal sobre usuarios de billeteras virtuales y pequeños operadores económicos. Ordenó que se excluyan de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago. La iniciativa beneficiará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos. Quedarán excluidas de las retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo. El límite se irá actualizando vía inflación y otros indicadores. 

El jueves también tomó estado parlamentario el proyecto anunciado por Rovira para que Misiones acceda a financiamiento en el mercado de capitales. La autorización al Ejecutivo provincial será por 300 millones de dólares, con la finalidad de financiar infraestructura, caminos, viviendas, conectividad y empresas de base tecnológica. Será la primera vez que se toma deuda desde 1999, aunque aquella última vez, cuando gobernaba Ramón Puerta, se hizo para financiar gastos corrientes. 

Rovira también anunció que tras la certificación oficial de la consultora Verra, Misiones utilizará los créditos de carbono como mecanismo para apalancar financiamiento externo, a través de un Bono Verde, destinado a financiar desarrollo y políticas ambientales. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli y un diálogo con el canciller Pablo Quirno, Rovira consiguió que Nacién avale la emisión de los bonos verdes. 

Misiones acaba de alcanzar uno de los hitos ambientales más importantes de su historia. La organización internacional Verra, responsable del principal estándar mundial de certificación de créditos de carbono, aprobó el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, convirtiéndolo en el primer programa forestal de carbono liderado por un gobierno y registrado a escala jurisdiccional bajo el marco JNR (Jurisdictional and Nested REDD+) del sistema Verified Carbon Standard (VCS).

La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.

Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.

La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables. El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.

Que las políticas ambientales de Misiones sean destacadas en el exterior y se conviertan en un activo económico, contrasta con la visión que tiene el ala libertaria, que presiona por la soja y otros cultivos de alta demanda de agroquímicos. Javier Mela, ex diputado radical y ahora libertario expuso con crudeza esa mirada: “Yuyos y abandono”, describió sobre el monte misionero, en yuxtaposición con una plantación de soja en Brasil y un camión de carga en Paraguay, también abrazado por el monocultivo. Las respuestas de sus amigos de Facebook no fueron para nada amistosas. 

El respaldo al modelo ambiental de Misiones cobra relevancia si se tiene en cuenta que casi al mismo tiempo que se conoció la decisión de Verra, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó una sentencia en la que declara que la expansión de monocultivos industriales de pino y eucalipto en Corrientes constituye un ecocidio y una violación a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.

La resolución fue aprobada por la Asamblea de Jueces del organismo internacional tras analizar el caso durante su 13° Tribunal Local, realizado en noviembre de 2024. El documento sostiene que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones forestales exóticas alteró los ciclos hidrológicos, afectó humedales y pastizales, redujo poblaciones de fauna nativa y provocó desplazamientos de comunidades rurales. Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal rechaza expresamente la equiparación entre plantaciones industriales y bosques nativos. Según el documento, los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la complejidad ecológica de un bosque y no pueden ser considerados una herramienta suficiente para la mitigación del cambio climático.

En ese sentido, el fallo cuestiona también los mercados de carbono asociados a este tipo de emprendimientos forestales, a los que define como una “falsa solución” que beneficia principalmente a grandes grupos económicos. La resolución incorpora otro elemento novedoso: declara a los humedales y pastizales correntinos como sujetos de derechos. En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.

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