Jorge Vasconcelos

investigador jefe de Ieral, Fundación Mediterránea

El desafío del segundo trimestre: neutralizar los riesgos y potenciar las oportunidades

Compartí esta noticia !

Durante el primer trimestre, el Banco Central fue exitoso en acumular adquisiciones netas de dólares en el mercado por 4,5 mil millones de dólares, pero, como la demanda de dinero no se recuperó, los pesos emitidos por esas compras fueron esterilizados por diversos instrumentos administrados por el Tesoro y el BCRA, por lo que el crédito al sector privado experimentó una modesta mejora, insuficiente para lograr dinamismo en los sectores que más empleo generan.

El escenario del segundo trimestre promete un significativo salto en la oferta de dólares por la vertiente del comercio exterior (tanto del segmento energético como del agroindustrial). Pero todavía no hay señales claras respecto a cuál habrá de ser la política en el plano monetario, si se mantendrán los mecanismos de esterilización, con el freno de mano para el crédito, o si el gobierno se animará a dejar que fluyan los pesos derivados de la compra de dólares. 

Este segundo escenario es consistente con algunas de las últimas señales, caso de una parcial reducción de encajes bancarios (todavía muy modesta), y también el sendero de tasas de interés que se sostiene desde hace algunas semanas, en torno al 20,0 % anual para las operaciones por las cuales el Central toma los excedentes de liquidez de los bancos. 

De todas maneras, subsisten dudas y el temor a que el gobierno reintroduzca la política de extrema volatilidad para las tasas de interés, tal como ocurrió en la primera parte del año. Esa precaución tiene que ver con el hecho que la tasa de inflación apunta a situarse en torno a un incómodo 3,0 % mensual en marzo y en abril. Este podría ser un riesgo en la visión del Ejecutivo, ya que hasta hace poco tiempo se enfatizaba en que acumular reservas y emitir pesos sería contraindicado para las expectativas de inflación.

Sin embargo, la Argentina es una economía bimonetaria y, asumiendo esa peculiaridad, sería conveniente que el gobierno se incline por el segundo escenario, sosteniendo tasas de interés del 20 % anual para las operaciones de cortísimo plazo dentro del sistema financiero, apostando a que:

– sea considerado un rendimiento de todos modos atractivo para los inversores que “traducen” a dólar cada operación financiera, 

– y también a que la inflación mensual retome tendencia descendente después de los picos de marzo y abril, por las razones que se detallan más abajo, 

– mientras el crédito al sector privado comienza a despegar, de la mano de tasas de interés de corto plazo que han vuelto a terreno de neutralidad medidas contra la inflación, caso de los adelantos en cuenta corriente, como se observa en el gráfico adjunto

De no asumir ese camino, se corre el riesgo de no aprovechar plenamente las oportunidades que surgen del cambio del escenario internacional, y que la diferencia de 3,5 puntos porcentuales entre el rendimiento de los bonos soberanos que vencen en 2028 y los que se cancelan en 2027 sea una brecha que no pueda reducirse, lo cual obviamente complicaría sobremanera la transición del año electoral venidero, por aquello de la “profecía autocumplida”. 

Como se analiza en el artículo “Crecimiento austero…”, si la baja de la inflación de 2024 a 2025 impactó positivamente en la confianza del consumidor en forma homogénea en todos los segmentos, en el arranque de 2026 se advierte un cambio cualitativo, con una brecha creciente entre la confianza encuestada en el conurbano y la del interior del país. Dado que la inflación no es demasiado diferente entre regiones, esa brecha puede ser atribuida a problemas originados en el mercado de trabajo, con una diferencia de 3,3 puntos porcentuales en la tasa de desempleo según se trate de ciudades con más o menos de 500 mil habitantes (8,0 % y 4,7 %, respectivamente).

Una fracción de ese fenómeno se explica por cambios estructurales que ya están en marcha, y serían inevitables “costos a pagar”; pero hay otra parte que tiene que ver con las políticas macro (un esquema monetario-cambiario de transición), que sí podrían ser modificadas, sin interferir en la reconversión productiva del país. Al contrario, podrían facilitar la marcha de esos cambios estructurales.

Agitar el riesgo político; ¿una movida efectiva?

El gobierno hizo una jugada política recientemente, al pasar a licitar simultáneamente bonos Hard dollar con vencimiento en 2027 y en 2028, dentro de la serie de los Bonar, de legislación local. Los primeros rinden 5,0 anual y los segundos 8,5 %, aproximadamente. Así, se intenta mostrar la diferencia de confiabilidad en el mercado entre la actual administración y un eventual gobierno que, asumiendo a fin de 2027, marque un retorno a las prácticas de los cepos y demás políticas de discrecionalidad.

El tema es que, en la medida que esa brecha de rendimientos se mantenga, este fenómeno terminará afectando la capacidad de manejo de la macro del actual gobierno, sea por la dificultad para extender en el tiempo los vencimientos de deuda, sea por la percepción de que las reformas estructurales en marcha no habrán de madurar antes de las próximas elecciones presidenciales y/o que la actual administración no está gestionando la economía de modo de lograr suficientes adhesiones en términos sociales. 

El riesgo de reversión de políticas no deviene sólo de campañas electorales en las que se agitan programas económicos que son parte del problema de la estanflación de 15 años, sino también de la dificultad de los gobiernos reformistas de asegurar la continuidad de esas políticas. Y tampoco debe darse por hecho que las presidenciales del año próximo se habrán de dirimir entre dos candidatos en la primera vuelta. Los porotos se “vuelven a contar” en caso de balotaje.

El “ancla cambiaria” y las expectativas

Respecto de las peculiaridades del bimonetarismo y su vínculo con los desafíos de la coyuntura, vale subrayar que;

  • para la población, y su comportamiento en términos de demanda de pesos, seguramente es relevante la percepción de “abundancia de dólares” por incremento de exportaciones sustentables y/o ingreso genuino de capitales (no confundir con los meses en los que se bajaban retenciones a la soja). Y este año la balanza comercial de bienes podría llegar a 20 mil millones de dólares, de la mano de mayores volúmenes exportados y también de precios de materias primas que en el comienzo de abril se encuentran un 22,7 % por encima del promedio de 2025, con impacto positivo en la recaudación impositiva por retenciones y regalías provinciales;
  • justamente, el bimonetarismo se caracteriza por el hecho que un buen número de inversores calculan los rendimientos financieros en dólares, por lo que una tasa de interés baja en relación a la inflación puede ser considerada atractiva en términos de moneda dura, de acuerdo a las expectativas de devaluación;
  • y aun en caso que el precio del dólar rebote por mayor liquidez, ¿ese sería un disparador automático de más billetes requeridos por personas físicas? Obviamente, habrá de depender de si éste es considerado un movimiento “por única vez”, o el inicio de un ciclo alcista sostenido;
  • desde fin de 2023, pese a que se contabilizan cuatro experiencias distintas en el régimen monetario-cambiario (hasta llegar a las bandas indexadas del presente), lo que ha predominado es la utilización del “ancla cambiaria” como instrumento de estabilización. Pero,
  • la demanda de divisas por parte de individuos se mantiene desde noviembre (estimación de marzo incluida) relativamente estable en el andarivel de los 1,9 mil millones de dólares/mes. Es una cifra todavía elevada, y sería conveniente ir a un andarivel más acotado, pero, de todos modos, es un número que implica una reducción equivalente a 1,8 % del PIB (datos anualizados) respecto de las compras de dólares por personas físicas efectuadas en 2025, que alcanzaron a nada menos que 4,8 % del PIB;
  • a su vez, en el contrafáctico, ¿qué garantías hay de poder reducir la demanda de dólares por parte de los individuos mediante el recurso de una suba significativa de las tasas de interés? Esto por los efectos colaterales que tendría esa política, incluidos los elevados índices de morosidad crediticia y la percepción de insustentabilidad del instrumento.

Un segundo trimestre que será una verdadera bisagra

Subrayar las peculiaridades del bimonetarismo de cara a los múltiples desafíos del 2026 puede ayudar a precisar el diagnóstico.

Comparando datos relevantes de este segundo trimestre de 2026 con igual período de 2016 (meses después del levantamiento de los cepos por parte de la gestión Macri), se tiene que:

  • Existe un amplísimo margen de remonetización de la economía, ya que los agregados monetarios amplios en este segundo trimestre se encuentran 10 puntos del PIB por debajo del nivel de 2016, e incluso algo inferiores al piso de fin de 2019;
  • En el presente, el peso se encuentra 11,0 % más apreciado en términos reales frente a la canasta de monedas, comparado con 2016, pero los términos de intercambio se ubican 12,0 % por encima (mayor poder adquisitivo de las exportaciones en términos de productos importables) y todo indica que habrán de mejorar en las próximas mediciones en función del contexto global;
  • El efecto multiplicador de la dinámica de las crecientes ventas al exterior se amplifica en el presente, ya que las exportaciones participan en el PIB en un 26,0 % en la medición a precios contantes (20,3 % en 2016), viniendo del 19,5 % en 2023 (datos del cuarto trimestre de cada año);
  • Por supuesto, la argentina está lejos de alcanzar parámetros apropiados en su grado de apertura exportadora, pero es bastante menos cerrada que en 2016, lo cual es causa y consecuencia de inversiones locales y externas asociadas a los sectores que gozan de competitividad genuina. Son factores del lado del sector real que engarzan perfectamente con lo desmonetizada que se encuentra la economía en relación con aquella experiencia, en un contexto de cuentas fiscales en equilibrio: no hace faltar armar una “bola de lebacs” para manejar la política monetaria.

La importancia de este segundo trimestre, entonces, tiene que ver con un momento bisagra, en el que la guerra de medio oriente puso en evidencia que han aumentado las chances de la Argentina de capturar una porción mayor de inversiones guiadas por la geopolítica (ver al respecto “Una etapa de crecimiento austero; menos dependiente del financiamiento externo”), siendo que algunos de los sectores sobre los que más pesa ese factor ya han comenzado a mostrar resultados; mientras, en el plano local,  se hace más urgente una macro que facilite la reconversión productiva y que logre hacer  subir un par de peldaños la “velocidad crucero” del crecimiento. Vale subrayar que, en el cuarto trimestre de 2025, la variación anualizada del PIB respecto del tercer trimestre fue de 2,4 %, pero con una caída de la inversión del 11,2 % anualizado en relación al tercer trimestre. 

Compartí esta noticia !

Reforma laboral en Brasil: qué explicó el salto en el empleo formal

Compartí esta noticia !

Pese a que Brasil conserva similares rasgos a los de la Argentina en términos de proteccionismo, cierre de la economía, elevada presión tributaria, excesivas regulaciones y poder burocrático, desde 2017 se observa una divergencia en la trayectoria de ambos países en términos de crecimiento y de generación de empleos privados formales.

Es desde entonces que Brasil se aparta del sendero estanflacionario de la Argentina, fenómeno en buena medida atribuible a dos reformas adoptadas bajo el gobierno de Temer (2016/2018): a) una reforma laboral profunda y b) el establecimiento de una pauta firme, como techo al gasto público, que permitió al mismo tiempo el retorno de la tasa de inflación a niveles de un dígito bajo y el relajamiento de la política monetaria (en ese entonces, ahora con Lula ha retornado la incertidumbre fiscal).

La reforma laboral de Brasil de 2017 sacudió un statu quo de décadas en cuanto al funcionamiento del mercado laboral. Las normas vigentes databan de 1943, cuando el presidente de entonces, Getulio Vargas, firmó el decreto conocido como la CLT, las iniciales de “Consolidación de las leyes del trabajo”. Lo que hizo la reforma de 2017 fue traspasar a la negociación colectiva la redefinición de 15 items que hasta entonces habían estado reglados por la CLT, retirándolos al mismo tiempo de la interferencia de la Justicia del Trabajo.

Vale decir, a partir de esos cambios legales, las condiciones de contratación y rescisión se definen de acuerdo a convenios que, a su vez, pueden tener distintas escalas de representación, hasta el de acuerdos individuales.

Así, se ganó en flexibilidad en diversidad de ítems: la definición de la jornada de trabajo, la posibilidad de negociar la participación en los dividendos, la segmentación del período de vacaciones, el intervalo entre jornadas, la creación de un banco de horas y de nuevas modalidades de empleo (tiempo parcial; intermitente) entre otros. Además, creó la posibilidad de penalizar las demandas laborales de mala fe, con una serie de cláusulas destinadas a acotar la “industria del juicio”.

Un reciente estudio del FMI sobre reformas estructurales en Brasil muestra impactos muy significativos en el potencial de crecimiento a propósito de la reforma laboral de 2017, destacando el aumento de empleo formal, la menor litigiosidad y el fuerte aumento de la productividad, particularmente en actividades intensivas en empleo.

En el presente, Brasil está avanzando en una profunda reforma tributaria, que condensa en un IVA nacional impuestos distorsivos de las distintas jurisdicciones (incluido simil de Ingresos Brutos). El FMI estima que, cuando se complete su implementación, esta reforma también tendrá fuerte impacto en el PIB potencial. Varios vectores convergen cuando se eliminan impuestos distorsivos y se unifican en un IVA, aunque su alícuota parezca elevada: mejor asignación de recursos de inversión; reducción del costo de los insumos y bienes intermedios de producción local, incentivos a la formalización de la economía, ampliación de escalas por incremento de la demanda, etc.

En este sentido, la referencia de Brasil puede ser extremadamente útil a la hora de evaluar el impacto potencial de la reforma laboral que se discute en el Congreso argentino. Aunque ahora el gobierno de Lula esté “volviendo a las andadas”, con una reversión parcial de los avances, la diferenciación de la última década es innegable. Entre 2016 y 2025, Brasil creció 14,5 puntos porcentuales más que la Argentina, y la brecha en la creación de empleos privados formales fue de 14,5 puntos porcentuales en ese período.

Actualmente, la tasa de desempleo en Brasil se ubica en el 5,2 %, su piso histórico. Notable refutación a quienes suponen que las reformas laborales destruyen empleos. Por el contrario, se gana en competitividad y en empleos privados y salarios formales al mismo tiempo.

Brasil no necesitó transformarse en Finlandia. De hecho, sigue caracterizado por elevada presión tributaria, creciente deuda pública, excesivas regulaciones y burocracia, sin haber superado sus rasgos proteccionistas y de economía relativamente cerrada.

Lo que cambió bajo el gobierno de Temer (2016/2018) fue: a) se modernizó el funcionamiento del mercado laboral y b) se estableció una pauta estricta para el gasto público. Esas dos reformas se conjugaron con una reconfiguración de la macro. Después de los “cepos” de Dilma, y a partir de cierto nivel del tipo de cambio real, las expectativas de devaluación se evaporaron, iniciando un sostenido declive de las tasas de interés y de la inflación, abriendo espacio a la recuperación del consumo, de la inversión y de la productividad.

Focalizando en las “condiciones iniciales” de la macro, para la fase en que se aprobaban los proyectos de Temer, el “mix” de dólar/tasa sin dudas potenció los efectos de la reforma laboral sobre el empleo. Luego de alcanzar un pico nominal en 2015, con una paridad de 4,20 reales por dólar, el tipo de cambio bajó al entorno de 3,50 en 2016 y 3,20 en 2017, volviendo al nivel nominal de 2015 recién hacia el fin de 2019.

Tras la sobrerreacción de la paridad dólar/real durante la crisis del gobierno de Dilma, las expectativas de devaluación se esfumaron, creando condiciones para una baja secuencial de la tasa Selic, definiendo una escalera descendente de la tasa real de interés, de 5,0 % en 2016 hasta 0,2 % anual en 2019. La relativa estabilidad nominal de la paridad dólar/real abrió espacio para una sostenida apreciación de la moneda brasileña en términos reales, del orden del 20 % desde principios de 2016 hasta principios de 2018, explicable por el elevado punto de partida.

Así, antes de la irrupción de la pandemia, los datos mensuales de creación neta de empleos llegaron a los 173,2 mil puestos de trabajo en febrero de 2019, habiendo partido de una destrucción neta de 104,6 mil empleos en febrero de 2016.

En un horizonte más amplio, se tiene que el empleo privado formal creció en Brasil a un ritmo acumulativo de 1,5 % anual entre 2026 y mediados de 2025, guarismo que contrasta con el estancamiento del lado argentino. Vale subrayar que una proporción mayor de empleo privado formal tiene repercusiones positivas en el plano fiscal, en el financiamiento del sistema previsional, en la capacitación de los trabajadores y en la productividad.

Así, también los indicadores de productividad muestran divergencia entre los dos socios del Mercosur. Tomando como base 100 la Productividad Media del Trabajo en 2016, para 2024 este índice registraba un incremento de 6,3 % para Brasil y una caída de 12,5 % para la Argentina.

Y las exportaciones respondieron al nuevo escenario, ya que en productos agropecuarios las ventas al exterior de Brasil pasaron de 52,0 a 120,0 mil millones de dólares entre 2016 y 2024; en minería de 15,0 a 34,0 mil millones, en celulosa de 5,6 a 10,6 mil millones y en petróleo de 11,2 a 56,6 mil millones. Las exportaciones totales de bienes de Brasil, que en 2016 guardaban una relación de 3 a 1 con las de la Argentina, pasaron en el presente a un ratio cercano al 4 a 1.

Pese a que la manufactura brasileña tiene problemas de competitividad similares a los de la argentina, con un volumen de exportaciones de la industria de transformación que se ha estancado en la última década, la expansión y competitividad del resto de los sectores ha sido suficiente para llevar la tasa de desempleo al piso de 5,2 %, como se refirió más arriba.

Cierto es que Brasil no tiene retenciones a las exportaciones agroindustriales: el empleo directo e indirecto asociado al campo captura el 26,5 % del total de los puestos de trabajo en el vecino país; mientras que para la Argentina se estima en torno al 16,0 % (empleos directos e indirectos).

Por otro lado, respecto al “mix” de dólar/tasa de interés vigente en el momento en que Brasil hizo la reforma laboral, parece difícil lograr un contexto análogo en la Argentina, en la medida en que subsistan las restricciones cambiarias para personas jurídicas y un techo pautado para la evolución de la banda cambiaria, factores que, además, pueden estar obturando parcialmente el flujo de Inversión Extranjera Directa. En Brasil, el aporte de la IED es recurrentemente positivo, con un saldo en torno a los 3,0 puntos del PIB por año.

Replicar las “condiciones iniciales” de Brasil en la etapa de instrumentación de la reforma laboral sería más factible a través de un esquema bimonetario de “flotación administrada”, con el que podría alcanzarse un equilibrio de tipo de cambio y de tasas reales de interés de corto y de mediano plazo, compatibles con el ahorro y la inversión.

Compartí esta noticia !

Banda cambiaria indexada: límites del esquema y lecciones de Perú

Compartí esta noticia !

Las modificaciones al esquema de bandas cambiarias que entran en vigencia el 1ro de enero de 2026 tienden a contribuir a dos objetivos relevantes de política económica: por un lado, generar condiciones para que el Banco Central pueda comprar dólares en el mercado; por el otro, comenzar a salir del estancamiento del nivel de actividad de los últimos dos trimestres, resignando la meta de una rápida desinflación.

Aun así, el régimen monetario-cambiario sigue siendo de transición y, más allá que puedan lograrse esos objetivos inmediatos, subsisten limitaciones que deberían removerse en aras de lograr crecimiento sostenido. La indexación del techo de la banda cambiaria en función de la inflación pasada habrá de complicar la configuración de la “curva de tasas” y la extensión del plazo de las operaciones a tasa prefijada, al tiempo que el esquema no parece contemplar el levantamiento del cepo para personas jurídicas, también relevante para la dinámica de la inversión.

Esas dos limitaciones podrían comenzar a resolverse en caso que se avance hacia un régimen bimonetario formalizado, al estilo del vigente en Perú.

Vale subrayar que un régimen monetario-cambiario que pueda ser considerado permanente, y no de transición como el actual, es clave en la dimensión de las variables financieras, pero también en el plano de la economía real, por la ampliación del horizonte que conlleva. Con “flotación administrada” del tipo de cambio, es posible morigerar el impacto de los eventuales choques externos sobre el nivel de actividad, a la vez que un esquema de metas de inflación, en donde manda la tasa de interés de referencia fijada por el Banco Central, es el más apropiado para estirar el plazo de contratos pactados a tasa prefijada, permitiendo salir del cortoplacismo financiero.

Son cuestiones relevantes cuando se aspira a romper el “techo de cristal” que opera sobre la inversión, que por supuesto también sufre el lastre de los problemas de organización de la economía y de las reformas estructurales pendientes.

En ese sentido, el tercer trimestre encendió una alerta amarilla, ya que el ajuste de la economía se concentró en la caída de 1,3 puntos de la tasa de inversión, desde 20,3 por ciento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Así, la tasa de inversión del tercer trimestre fue de 19,0 por ciento del Producto Interno Bruto, en un contexto de déficit externo de 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto (diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios), lo cual habla de un muy limitado volumen de ahorro interno.

Focalizando en la tasa de inversión en máquinas y equipos, el tercer trimestre marcó 12,8 por ciento del Producto Interno Bruto, sin poder traspasar la barrera de los 13 puntos contra la que chocó en 2011 y 2012, cuando se impusieron los cepos, y también en 2017 y 2018, cuando comenzó a desestabilizarse la macro.

El repaso de estos indicadores ilustra sobre un punto clave: el régimen monetario-cambiario no sólo debe facilitar el funcionamiento transaccional de la economía, sino también ser base para canalizar crecientes volúmenes de ahorro e inversión, haciendo que el bimonetarismo sea funcional a ese objetivo, y no un problema a resolver.

Es cierto que el 2026 está empezando con un horizonte más despejado, con el riesgo país en torno a 570 puntos, por condiciones políticas que acercan la agenda de reformas estructurales, la posibilidad de volver a colocar deuda en el mercado, al tiempo que se amplía el espectro de opciones de inversión, saliendo de la mera pulseada “dólar versus tasa”.

No es sencillo que el Banco Central pueda equiparar al período de mayo a diciembre de 2024, cuando la fuerte remonetización de la economía le permitió adquirir 6,9 mil millones de dólares a un ritmo de 42 millones diarios.

Focalizando en el mercado cambiario, para acercarse a esa referencia, el 2026 debería lograr que la entrada de capitales privados se duplique respecto de 2025 y que la demanda de dólares de personas físicas se achique a la mitad. Aun con esa exigencia, el arranque de 2026 podría mostrar resultados del nuevo esquema, con el techo de la banda deslizándose de acuerdo a la inflación pasada.

Este régimen habrá de funcionar “normalmente” si el tipo de cambio observado permanece a cierta distancia del techo de la banda, que se ubicará en 1.565 pesos a fin de enero y en 1.870 pesos tentativos a fin de 2026.

Pero hay algo de bruma por una inflación a la que, por un tiempo, le costará perforar el piso del 2,0 por ciento mensual, y también porque no está definido cómo habrá de reaccionar el Banco Central ante eventuales desvíos de trayectoria.

Con tipo de cambio flotante, sin techo explícito, una merma en el ritmo de compras diarias podría desencadenar un “nuevo equilibrio” de dólar y tasas de interés. Pero, en este esquema, cuando el tipo de cambio rebote contra el techo, el Banco Central debería vender, no comprar dólares.

Dos preguntas surgen a propósito de ese escenario:
a) ¿estará el gobierno dispuesto a subir las tasas de interés “lo que sea necesario” para “normalizar” el circuito de oferta de dólares?
b) ¿qué ocurrirá con la trayectoria de la demanda de dinero si se deterioran las expectativas?

Este tipo de interrogantes es lo que abona la idea de transitoriedad del actual esquema, y refuerza los argumentos acerca de la conveniencia de avanzar hacia un régimen bimonetario como el de Perú, donde hay “flotación administrada” del tipo de cambio y es la tasa de interés de política monetaria la que guía las expectativas de inflación.

En Perú, el crédito en moneda local (el sol) pasó del equivalente a 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto en 1996 a 28,5 por ciento del Producto Interno Bruto en el presente, mientras que los préstamos en moneda extranjera hicieron el recorrido inverso, del 16,8 por ciento al 8,9 por ciento del Producto Interno Bruto.

Vale decir, el bimonetarismo en Perú fue sinónimo de monetización en moneda local, no de dolarización. Algo que perfectamente podría lograrse en la Argentina.

Uno de los secretos del “triunfo” del sol sobre el dólar en la operatoria del sistema financiero peruano reside en la convergencia entre las tasas de interés en moneda local y en moneda extranjera, un fenómeno asociado a la solvencia fiscal del país, una inflación que tiende a ser inferior a la de Estados Unidos y también por el diferente tratamiento de soles y dólares en la política de encajes.

De acuerdo a datos recientes, un préstamo hipotecario se obtiene a una tasa de interés del orden del 8,0 por ciento anual en soles, y del 7,0 por ciento en dólares. Lo acotado de la diferencia explica la preferencia de las familias peruanas por endeudarse en la moneda local, tanto que hace treinta años los créditos hipotecarios se pactaban 90 por ciento en dólares y 10 por ciento en soles, y ahora esa relación es exactamente la inversa.

Pese a las turbulencias políticas de los últimos años y a conservar cierto grado de dolarización, en Perú las tasas de interés están cada vez más asociadas al ciclo económico y cada vez menos a la volatilidad del tipo de cambio.

El régimen de “flotación sucia” del bimonetarismo peruano no tiene por objetivo cambiar la trayectoria del tipo de cambio real, sino simplemente morigerar sus oscilaciones. Con ese mecanismo y políticas anticíclicas se ha logrado neutralizar el impacto de choques externos y o internos (de origen político) sobre el sector real.

En lo que va del siglo, la cotización del dólar contra el sol peruano en términos nominales registró un pico de 4,15 en 2021 y un piso de 2,55 en 2013, oscilaciones del orden del 25 por ciento hacia arriba y hacia abajo en torno al promedio.

En el presente, las exportaciones de Perú alcanzan a 87,0 mil millones de dólares, una cifra semejante a la de la Argentina, pero superior cuando se la mide por habitante: 2.536 dólares per cápita en el vecino país, versus 1.890 dólares en el nuestro.

Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente.

Compartí esta noticia !

¿Qué viene primero, los dólares o la gobernabilidad?

Compartí esta noticia !

Tras los inéditos anuncios del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, la variables financieras apuntan a encauzarse, pero la volatilidad no ha cesado. El riesgo país bajó inicialmente, pero después rebotó y reapareció la brecha cambiaria, reflejando la necesidad de mayores precisiones respecto a la mecánica del apoyo anunciado, que se inscribe en la nueva geopolítica. Pero, además, están influyendo la percepción de problemas de gobernabilidad y las expectativas de cambios de política económica, de cara a un régimen monetario-cambiario que asegure una recuperación sostenida de reservas, sin necesidad de recurrir a nuevos apretones crediticios. Detrás de los titulares, se esconde una compleja negociación, por lo que la credibilidad se habrá de consolidar cuando todas las piezas del rompecabezas queden encastradas. Desglosamos los puntos clave de esta negociación:

No es solo un salvavidas, son tres: Los instrumentos sobre la mesa

El potencial apoyo estadounidense se compone de herramientas de distinta naturaleza: un mecanismo de estabilización masiva (el swap), una señal de confianza para el mercado (la compra de bonos) y un seguro de emergencia para momentos críticos (los créditos bilaterales).

  • Swap de créditos: Se trata de un intercambio de líneas de crédito entre los bancos centrales de ambos países. Esta opción, que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, parece ser la más avanzada y madura de las negociaciones actuales.
  • Compra de bonos: Consiste en la posibilidad de que el Tesoro de Estados Unidos compre bonos del Tesoro Argentino directamente en el mercado, una medida que inyectaría confianza y liquidez, al estilo de las operaciones del Banco Central Europeo. Pero todavía falta para ver en qué condiciones se habrá de materializar.
  • Créditos bilaterales: Son préstamos directos de Estados Unidos diseñados para momentos específicos en que Argentina no pueda refinanciar vencimientos de deuda. Un ejemplo claro sería el vencimiento de 4.000 millones de dólares previsto para enero; si para entonces el riesgo país no desciende a un nivel razonable, este tipo de instrumento sería crucial.

La letra chica del apoyo: la importancia de la “Gobernabilidad”

El test de efectividad del apoyo financiero anunciado se mide por la posibilidad cierta de que la Argentina pueda refinanciar deuda voluntariamente en el mercado a cada vencimiento (unos 8,5 mil millones de dólares en manos de acreedores privados en 2026), para lo cual el descenso del riesgo país es fundamental. Para ese objetivo, la 1)disponibilidad de dólares por alguno de los mecanismos de apoyo anunciados forma parte de un triángulo en el que los otros vértices también importan: 2) condiciones de gobernabilidad y 3) una política económica que deje atrás las tribulaciones de este año, caso de la falta de acumulación de reservas, del equilibrio demasiado inestable en la relación tipo de cambio/tasa de interés y en las dificultades para empalmar estabilidad con crecimiento.

En este contexto, por “gobernabilidad” se entiende la cooperación entre los partidos políticos del oficialismo y de por lo menos una fracción de la oposición. Este requisito se convierte en un punto crítico debido a la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre y todo lo que hay en juego para las distintas facciones —el oficialismo por un lado, la parte de la oposición más vinculada a los gobiernos pasados de Cristina y Néstor por otro; y el nuevo actor que forma la liga de gobernadores—.

Esta tensión define el panorama actual. Un clásico “huevo o gallina”: ¿Qué viene primero? ¿los dólares o la gobernabilidad? Si la gobernabilidad se demora, ¿pueden demorarse los dólares?

Esta incertidumbre sobre los tiempos es precisamente lo que genera una “transición compleja” hasta el 26 de octubre, ya que no hay una hoja de ruta clara sobre cuándo podrían materializarse los instrumentos de ayuda.

La necesidad de una hoja de ruta clara ya comenzó a ponerse en evidencia en el cierre de los mercados del viernes pasado:

  • Riesgo País: Tras haber tocado un mínimo de 830 puntos, rebotó con fuerza y cerró la semana más cerca de los 1000 puntos. Estamos lejos de la meta de 500 puntos que sería necesaria para refinanciar la deuda en el mercado
  • Brecha Cambiaria: La reimposición medidas de control como la anunciada el viernes, provocó que la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre terminara la semana cerca del 10%. Esta dinámica puede afectar la percepción acerca de cuál es “el tipo de cambio de equilibrio”, y complicar la continuidad del proceso de recuperación de reservas, ya que en las semanas por venir se habrá de notar la contrapartida de la liquidación extraordinaria de agrodólares de los últimos días: una caída significativa en el ritmo de estas operaciones.

Hoja de ruta, pero también camino despejado

La situación actual evidencia la existencia de una gran oportunidad. Hace falta una hoja de ruta más nítida, pero también quitar obstáculos dentro de ese mismo camino, sea por obstinación de la oposición o del propio oficialismo.

Compartí esta noticia !

Buscando el piso de la tasa de inflación; encontrando los límites al crecimiento

Compartí esta noticia !

La inercia inflacionaria cede terreno, apuntando a perforar el 2% mensual. Desde el 11 de abril se pasó a un esquema de bandas, pero el tipo de cambio sigue pautado a través de los futuros, aportando al escenario de desinflación, pero manteniendo abiertos los interrogantes vinculados con la acumulación de reservas y bajas adicionales de riesgo país. El Tesoro volvió a colocar deuda en el exterior, pero deberían bajar los costos para nuevas emisiones, que se utilizarían como sustituto de la compra directa de divisas en el mercado para reducir la brecha entre la evolución de las reservas netas del BCRA y la meta comprometida en el acuerdo con el FMI. En cuanto al nivel de actividad, se advierte amesetamiento en la evolución trimestre a trimestre, confirmando que el crecimiento pasa a depender cada vez más de productividad e inversiones, lo que requiere avanzar en el otro frente: las reformas estructurales pendientes. Mientras tanto, el fuerte dinamismo de importaciones de bienes y servicios reales, incluido turismo, está llevando el resultado de la cuenta corriente del balance de pagos de un superávit de 1% del PIB en 2024 a un déficit que podría acercarse a los 2 puntos del PIB en 2025.

Un “libro abierto” sobre las peculiaridades de la economía argentina. Ese apunta a ser el segundo trimestre del año en curso. Por un lado, la posibilidad cierta de perforar el piso del 2% mensual para la inflación, por el otro, las dificultades para mantener el ritmo de recuperación del nivel de actividad, que según el IGA del Estudio Ferreres rebotó un 6,6% interanual en el primer cuatrimestre respecto a igual período de 2024, pero ahora parece chocar contra el “techo de cristal” impuesto por la pérdida de productividad de la economía a lo largo de más de una década, que deja insatisfechas por igual las expectativas de rentabilidad empresarial y de mejoras adicionales del salario real.

Informes sectoriales reflejan escasa rentabilidad en la actividad agrícola y en el sector construcciones, mientras los balances del primer trimestre de las empresas que cotizan en bolsa parecen haber defraudado expectativas de los inversores, tanto de firmas industriales como del segmento bancario. Pese al abandono del crawl y el paso al esquema de bandas, el índice Merval en dólares ha caído 13,6% entre el 26 de mayo y principios de junio, acumulando un retroceso de 26% respecto del pico de principios de año. Hay quienes adjudican este comportamiento a las incertidumbres políticas, pero éstas no han cambiado demasiado en lo que va del año. En todo caso, el precio de las acciones podría estar sintetizando el hecho de que, por un lado, la economía parece perder dinamismo y, al mismo tiempo, reformas urgentes (laboral, impositiva, entre ellas), necesarias para pasar a crecer sobre nuevas bases, todavía no tienen fecha cierta de materialización. La cuestión política importa, pero esto no tiene que ver sólo con el grado de acompañamiento de los votantes a los dirigentes identificados con los cepos; también son relevantes las alianzas y el programa que el oficialismo sea capaz de forjar. 

Hay un hilo conductor entre los avances del plan de estabilización y las dificultades para empalmar la recuperación del nivel de actividad con el crecimiento, y es la morfología del mercado de trabajo. Los asalariados privados formales en la Argentina representan actualmente apenas el 29% del total del empleo, siendo el resto trabajadores informales, cuentapropistas y estatales. Con esta desagregación, la firmeza fiscal del gobierno, por un lado, y la pérdida de representatividad del mundo sindical por el otro, hicieron que la llamada “inercia inflacionaria” ofreciera menos resistencia. 

La actualización de los salarios basada en la “inflación pasada” ha requerido en otros programas de estabilización (Plan Austral, Real brasileño) mecanismos explícitos de desindexación; instrumentos que no fueron necesarios en la Argentina de fin de 2023. Esta peculiaridad ya había sido advertida, porque la tasa de inflación antes del último cambio de gobierno, si bien elevada, no era comparable con las situaciones previas del Austral y del Real. Asimismo, la importancia que necesitaba alcanzar el ajuste fiscal como verdadera ancla para el eventual plan de estabilización podía en ese caso ser complementada con algún tipo de “política de ingresos” que cuidara la consistencia de la política cambiaria y salarial. Las condiciones estructurales del mercado de trabajo (junto con una relación de fuerzas inédita en términos políticos) terminaron de armar el “rompecabezas” del proceso de estabilización, siempre sobre los cimientos del ancla fiscal.

Como se ha subrayado en informes anteriores, aun después del levantamiento parcial del cepo del 11 de abril, y la sustitución de la política cambiaria de deslizamiento preanunciado (el crawl al 1% mensual) por un esquema de bandas de intervención, el gobierno procura mantener una suerte de “ancla cambiaria” a través de las ventas en el mercado de futuros, con el objetivo inmediato de llegar a las fechas electorales con la inflación bajo control. 

Esta política no puede evitar el costo de expectativas de inflación que no terminan de ser ancladas para el “día después” de los comicios de octubre, más cuando la tarea de desmontar los cepos no ha sido terminada. A su vez, la marcada diferencia de velocidad entre la evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios está llevando la economía a un escenario en el que, para mantenerse en equilibrio, habrá de requerir mayor nivel de reservas, menor riesgo país para el “rollover” de los vencimientos de capital de la deuda y mayor ingreso de capitales por inversión extranjera directa. Son tres requisitos que no se han completado.

Si la morfología descripta del mercado de trabajo contribuyó a desindexar la economía sin necesidad de utilizar algún tipo de “desagio” como el del “Plan Austral”, esa configuración del empleo es la imagen en espejo de una economía de baja productividad que, además, se ha deteriorado en los últimos 15 años. Este cuadro de situación es un obstáculo para el relanzamiento del país hacia un sendero de crecimiento sostenido. Tomando como referencia 2011, el año en el que se instalaron los “cepos” al cambio y al comercio exterior, la productividad laboral ha caído un 12% en la Argentina, un problema que no enfrentan países comparables de la región, y constituye un verdadero lastre para el crecimiento. 

A su vez, los datos de recaudación de tributos ligados a la evolución del mercado interno hacen presumir amesetamiento del nivel de actividad después del pico de principios de año, fenómeno a confirmar por datos oficiales que salen con rezago. La posibilidad cierta de un segundo trimestre con variación marginal respecto del primero tiene que ver con la forma en la que se ha configurado la política macro, pero fundamentalmente con el hecho de que el empalme de la reactivación al crecimiento depende de reformas estructurales pendientes, que recreen condiciones propicias para la inversión y la productividad.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin