Jorge Vasconcelos

investigador jefe de Ieral, Fundación Mediterránea

¿Qué viene primero, los dólares o la gobernabilidad?

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Tras los inéditos anuncios del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, la variables financieras apuntan a encauzarse, pero la volatilidad no ha cesado. El riesgo país bajó inicialmente, pero después rebotó y reapareció la brecha cambiaria, reflejando la necesidad de mayores precisiones respecto a la mecánica del apoyo anunciado, que se inscribe en la nueva geopolítica. Pero, además, están influyendo la percepción de problemas de gobernabilidad y las expectativas de cambios de política económica, de cara a un régimen monetario-cambiario que asegure una recuperación sostenida de reservas, sin necesidad de recurrir a nuevos apretones crediticios. Detrás de los titulares, se esconde una compleja negociación, por lo que la credibilidad se habrá de consolidar cuando todas las piezas del rompecabezas queden encastradas. Desglosamos los puntos clave de esta negociación:

No es solo un salvavidas, son tres: Los instrumentos sobre la mesa

El potencial apoyo estadounidense se compone de herramientas de distinta naturaleza: un mecanismo de estabilización masiva (el swap), una señal de confianza para el mercado (la compra de bonos) y un seguro de emergencia para momentos críticos (los créditos bilaterales).

  • Swap de créditos: Se trata de un intercambio de líneas de crédito entre los bancos centrales de ambos países. Esta opción, que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, parece ser la más avanzada y madura de las negociaciones actuales.
  • Compra de bonos: Consiste en la posibilidad de que el Tesoro de Estados Unidos compre bonos del Tesoro Argentino directamente en el mercado, una medida que inyectaría confianza y liquidez, al estilo de las operaciones del Banco Central Europeo. Pero todavía falta para ver en qué condiciones se habrá de materializar.
  • Créditos bilaterales: Son préstamos directos de Estados Unidos diseñados para momentos específicos en que Argentina no pueda refinanciar vencimientos de deuda. Un ejemplo claro sería el vencimiento de 4.000 millones de dólares previsto para enero; si para entonces el riesgo país no desciende a un nivel razonable, este tipo de instrumento sería crucial.

La letra chica del apoyo: la importancia de la “Gobernabilidad”

El test de efectividad del apoyo financiero anunciado se mide por la posibilidad cierta de que la Argentina pueda refinanciar deuda voluntariamente en el mercado a cada vencimiento (unos 8,5 mil millones de dólares en manos de acreedores privados en 2026), para lo cual el descenso del riesgo país es fundamental. Para ese objetivo, la 1)disponibilidad de dólares por alguno de los mecanismos de apoyo anunciados forma parte de un triángulo en el que los otros vértices también importan: 2) condiciones de gobernabilidad y 3) una política económica que deje atrás las tribulaciones de este año, caso de la falta de acumulación de reservas, del equilibrio demasiado inestable en la relación tipo de cambio/tasa de interés y en las dificultades para empalmar estabilidad con crecimiento.

En este contexto, por “gobernabilidad” se entiende la cooperación entre los partidos políticos del oficialismo y de por lo menos una fracción de la oposición. Este requisito se convierte en un punto crítico debido a la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre y todo lo que hay en juego para las distintas facciones —el oficialismo por un lado, la parte de la oposición más vinculada a los gobiernos pasados de Cristina y Néstor por otro; y el nuevo actor que forma la liga de gobernadores—.

Esta tensión define el panorama actual. Un clásico “huevo o gallina”: ¿Qué viene primero? ¿los dólares o la gobernabilidad? Si la gobernabilidad se demora, ¿pueden demorarse los dólares?

Esta incertidumbre sobre los tiempos es precisamente lo que genera una “transición compleja” hasta el 26 de octubre, ya que no hay una hoja de ruta clara sobre cuándo podrían materializarse los instrumentos de ayuda.

La necesidad de una hoja de ruta clara ya comenzó a ponerse en evidencia en el cierre de los mercados del viernes pasado:

  • Riesgo País: Tras haber tocado un mínimo de 830 puntos, rebotó con fuerza y cerró la semana más cerca de los 1000 puntos. Estamos lejos de la meta de 500 puntos que sería necesaria para refinanciar la deuda en el mercado
  • Brecha Cambiaria: La reimposición medidas de control como la anunciada el viernes, provocó que la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre terminara la semana cerca del 10%. Esta dinámica puede afectar la percepción acerca de cuál es “el tipo de cambio de equilibrio”, y complicar la continuidad del proceso de recuperación de reservas, ya que en las semanas por venir se habrá de notar la contrapartida de la liquidación extraordinaria de agrodólares de los últimos días: una caída significativa en el ritmo de estas operaciones.

Hoja de ruta, pero también camino despejado

La situación actual evidencia la existencia de una gran oportunidad. Hace falta una hoja de ruta más nítida, pero también quitar obstáculos dentro de ese mismo camino, sea por obstinación de la oposición o del propio oficialismo.

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Buscando el piso de la tasa de inflación; encontrando los límites al crecimiento

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La inercia inflacionaria cede terreno, apuntando a perforar el 2% mensual. Desde el 11 de abril se pasó a un esquema de bandas, pero el tipo de cambio sigue pautado a través de los futuros, aportando al escenario de desinflación, pero manteniendo abiertos los interrogantes vinculados con la acumulación de reservas y bajas adicionales de riesgo país. El Tesoro volvió a colocar deuda en el exterior, pero deberían bajar los costos para nuevas emisiones, que se utilizarían como sustituto de la compra directa de divisas en el mercado para reducir la brecha entre la evolución de las reservas netas del BCRA y la meta comprometida en el acuerdo con el FMI. En cuanto al nivel de actividad, se advierte amesetamiento en la evolución trimestre a trimestre, confirmando que el crecimiento pasa a depender cada vez más de productividad e inversiones, lo que requiere avanzar en el otro frente: las reformas estructurales pendientes. Mientras tanto, el fuerte dinamismo de importaciones de bienes y servicios reales, incluido turismo, está llevando el resultado de la cuenta corriente del balance de pagos de un superávit de 1% del PIB en 2024 a un déficit que podría acercarse a los 2 puntos del PIB en 2025.

Un “libro abierto” sobre las peculiaridades de la economía argentina. Ese apunta a ser el segundo trimestre del año en curso. Por un lado, la posibilidad cierta de perforar el piso del 2% mensual para la inflación, por el otro, las dificultades para mantener el ritmo de recuperación del nivel de actividad, que según el IGA del Estudio Ferreres rebotó un 6,6% interanual en el primer cuatrimestre respecto a igual período de 2024, pero ahora parece chocar contra el “techo de cristal” impuesto por la pérdida de productividad de la economía a lo largo de más de una década, que deja insatisfechas por igual las expectativas de rentabilidad empresarial y de mejoras adicionales del salario real.

Informes sectoriales reflejan escasa rentabilidad en la actividad agrícola y en el sector construcciones, mientras los balances del primer trimestre de las empresas que cotizan en bolsa parecen haber defraudado expectativas de los inversores, tanto de firmas industriales como del segmento bancario. Pese al abandono del crawl y el paso al esquema de bandas, el índice Merval en dólares ha caído 13,6% entre el 26 de mayo y principios de junio, acumulando un retroceso de 26% respecto del pico de principios de año. Hay quienes adjudican este comportamiento a las incertidumbres políticas, pero éstas no han cambiado demasiado en lo que va del año. En todo caso, el precio de las acciones podría estar sintetizando el hecho de que, por un lado, la economía parece perder dinamismo y, al mismo tiempo, reformas urgentes (laboral, impositiva, entre ellas), necesarias para pasar a crecer sobre nuevas bases, todavía no tienen fecha cierta de materialización. La cuestión política importa, pero esto no tiene que ver sólo con el grado de acompañamiento de los votantes a los dirigentes identificados con los cepos; también son relevantes las alianzas y el programa que el oficialismo sea capaz de forjar. 

Hay un hilo conductor entre los avances del plan de estabilización y las dificultades para empalmar la recuperación del nivel de actividad con el crecimiento, y es la morfología del mercado de trabajo. Los asalariados privados formales en la Argentina representan actualmente apenas el 29% del total del empleo, siendo el resto trabajadores informales, cuentapropistas y estatales. Con esta desagregación, la firmeza fiscal del gobierno, por un lado, y la pérdida de representatividad del mundo sindical por el otro, hicieron que la llamada “inercia inflacionaria” ofreciera menos resistencia. 

La actualización de los salarios basada en la “inflación pasada” ha requerido en otros programas de estabilización (Plan Austral, Real brasileño) mecanismos explícitos de desindexación; instrumentos que no fueron necesarios en la Argentina de fin de 2023. Esta peculiaridad ya había sido advertida, porque la tasa de inflación antes del último cambio de gobierno, si bien elevada, no era comparable con las situaciones previas del Austral y del Real. Asimismo, la importancia que necesitaba alcanzar el ajuste fiscal como verdadera ancla para el eventual plan de estabilización podía en ese caso ser complementada con algún tipo de “política de ingresos” que cuidara la consistencia de la política cambiaria y salarial. Las condiciones estructurales del mercado de trabajo (junto con una relación de fuerzas inédita en términos políticos) terminaron de armar el “rompecabezas” del proceso de estabilización, siempre sobre los cimientos del ancla fiscal.

Como se ha subrayado en informes anteriores, aun después del levantamiento parcial del cepo del 11 de abril, y la sustitución de la política cambiaria de deslizamiento preanunciado (el crawl al 1% mensual) por un esquema de bandas de intervención, el gobierno procura mantener una suerte de “ancla cambiaria” a través de las ventas en el mercado de futuros, con el objetivo inmediato de llegar a las fechas electorales con la inflación bajo control. 

Esta política no puede evitar el costo de expectativas de inflación que no terminan de ser ancladas para el “día después” de los comicios de octubre, más cuando la tarea de desmontar los cepos no ha sido terminada. A su vez, la marcada diferencia de velocidad entre la evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios está llevando la economía a un escenario en el que, para mantenerse en equilibrio, habrá de requerir mayor nivel de reservas, menor riesgo país para el “rollover” de los vencimientos de capital de la deuda y mayor ingreso de capitales por inversión extranjera directa. Son tres requisitos que no se han completado.

Si la morfología descripta del mercado de trabajo contribuyó a desindexar la economía sin necesidad de utilizar algún tipo de “desagio” como el del “Plan Austral”, esa configuración del empleo es la imagen en espejo de una economía de baja productividad que, además, se ha deteriorado en los últimos 15 años. Este cuadro de situación es un obstáculo para el relanzamiento del país hacia un sendero de crecimiento sostenido. Tomando como referencia 2011, el año en el que se instalaron los “cepos” al cambio y al comercio exterior, la productividad laboral ha caído un 12% en la Argentina, un problema que no enfrentan países comparables de la región, y constituye un verdadero lastre para el crecimiento. 

A su vez, los datos de recaudación de tributos ligados a la evolución del mercado interno hacen presumir amesetamiento del nivel de actividad después del pico de principios de año, fenómeno a confirmar por datos oficiales que salen con rezago. La posibilidad cierta de un segundo trimestre con variación marginal respecto del primero tiene que ver con la forma en la que se ha configurado la política macro, pero fundamentalmente con el hecho de que el empalme de la reactivación al crecimiento depende de reformas estructurales pendientes, que recreen condiciones propicias para la inversión y la productividad.

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Un raro año electoral, sin el tractor del gasto público

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El gasto primario del sector público nacional cerró el 2024 en una cifra de 94,9 mil millones de dólares (tipo de cambio oficial), con un recorte de nada menos que el 28,0 % respecto de los 131,6 mil millones de 2023. Este indicador muestra una diferencia crucial con la transición gubernamental de 2015 a 2016, cuando el gasto público en dólares se ajustó un 14,5 %, para quedar en un nivel de 174,4 mil millones de dólares (moneda constante). La política fiscal de la actual gestión luce mucho más consistente con los equilibrios macro que aquellas experiencias, pero la tarea recién empieza.

No hay lugar para el conformismo. La medición en dólares del gasto público muestra la presión existente sobre el sector de la economía que produce bienes de exportación y compite con importados, y los datos de 2024 reflejan un lastre mucho menos pesado en relación a todo el período de la estanflación que se inició en 2011.

Sin embargo, para “alinear” los planetas hace falta:
Consolidar y dar continuidad a este nuevo escenario;
Asumir que el nacional es una fracción (el 52 %) del gasto público consolidado, siendo que el 48 % restante está en cabeza de provincias y municipios;
Que la presión tributaria elevada incide proporcionalmente mucho más sobre los sectores formales de la economía, y la actividad informal no produce bienes exportables;
Y también que, para atraer proyectos de inversión, se necesita alinear el set de precios locales a los internacionales, pero en este plano subsisten severas anomalías: el castigo tributario a una gama amplia de exportaciones, una protección efectiva elevada y anárquica sobre productos importables, y también la persistencia de otros impuestos distorsivos ( Ingresos Brutos, débitos bancarios y tasas municipales), que llegan a encarecer 15 puntos o más los precios de fábrica en Argentina comparado con Brasil y México, de acuerdo a estudios sectoriales recientes.

Medir la evolución del gasto público en dólares es un buen indicador, complementario de los índices de tipo de cambio real, útiles para auscultar la trayectoria de la llamada “competitividad cambiaria”. Sin embargo, por la “inflexibilidad a la baja” de ciertos precios nominales, la fuerza deflacionaria del ajuste del gasto público puede no trasladarse a los índices de precios minoristas. Además, también juegan los términos de intercambio y, muy relevante, por fuera del agro y la minería, el que tiene mayor poder explicativo sobre el comercio exterior de bienes y servicios es el tipo de cambio real multilateral (que se mide contra una canasta de monedas que incluye el real y el peso chileno, entre otros). Conviene retener el dato que la apreciación del peso contra la canasta de monedas es de 29,5 % contra el promedio de los últimos 28 años, una diferencia de 16 puntos porcentuales con la apreciación de 13,5 % de la medición bilateral (versus el dólar estadounidense).

Respecto de la sustentabilidad del gasto primario del sector público nacional, habiéndose definido una pauta cambiaria del 1,0 % mensual desde febrero, los números son exigentes. Para que las erogaciones en dólares constantes se mantengan en el andarivel descripto, en 2025 habría que hacer un ajuste adicional de 5,3 % en términos reales en las partidas no indexadas, utilizando cálculos del investigador jefe de IERAL, Marcelo Capello. Los ítems presupuestarios sujetos a esa restricción son los correspondientes a personal, subsidios económicos, inversión y transferencias discrecionales a provincias. Esto es así porque para las partidas indexadas, que incluyen jubilaciones, ese año habrá un incremento en
términos reales del 11,6 %, por la inercia de las fórmulas.

Alinear la pauta del gasto público con la del tipo de cambio oficial es una condición necesaria, no suficiente, para el aterrizaje de la economía en un escenario de estabilidad y sin desequilibrios macro significativos. Ocurre que, por la persistencia de las restricciones cambiarias, hay dos precios, y no uno, para el tipo de cambio, aun cuando la brecha se haya reducido a un andarivel del 15,0 %. Ya se subrayó más arriba que los precios relativos no necesariamente estarán en equilibrio aun con un gasto público estabilizado en dólares, y no puede ignorarse que con cepo hay menos propensión a ofertar dólares en el mercado oficial, al mismo tiempo que la demanda de divisas a ese precio tiene sesgo alcista. Esta es una de las razones por las que recuperar reservas del Banco Central es mucho más complejo con restricciones cambiarias que sin ellas (siempre que la política fiscal y monetaria estén alineadas).

Una prueba de la complejidad que surge de la interacción entre las distintas variables es lo ocurrido en 2024, cuando la pauta cambiaria del 2,0 % mensual no impidió que el gasto público se acomodara a la baja en la medición en dólares y, aun así, la cuenta corriente del balance cambiario entrara en terreno negativo en el segundo semestre. Este indicador clave del sector externo pasó a un déficit promedio mensual de 1,2 mil millones de dólares en el último trimestre en la medición base caja, un rojo que no tiene signos de reversión en el arranque de 2025.

El déficit de cuenta corriente está siendo financiado por la puesta en valor de los dólares depositados en el sistema bancario local (de fuerte incremento con el blanqueo), a través de préstamos en argendólares y la suscripción de obligaciones negociables de empresas líderes. Hay margen para que ese mecanismo continúe activo en la primera parte de 2025, con la ampliación de la diferencia entre la tasa de interés en pesos (2,4 % mensual) y el deslizamiento del tipo de cambio, ahora al 1,0 % mensual. En forma convergente opera la baja temporal de retenciones agrícolas destinada a acelerar la liquidación de estas exportaciones en el segundo trimestre.

No obstante, la dificultad para refinanciar la deuda externa en cabeza del Tesoro, que en 2025 suma vencimientos por 17,0 mil millones entre capital e intereses, junto con los efectos colaterales del cepo, se expresan en reservas netas del BCRA con signo negativo, en torno a los 6,0 mil millones de dólares desde setiembre pasado. Esto pese a que el Central acumula en el período un saldo positivo de 6,1 mil millones de dólares en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios. Una forma de romper esa divergencia entre compras de dólares y evolución de las reservas es conseguir la refinanciación plena de los vencimientos de deuda. Y la otra es salir del cepo, reseteando la política cambiaria y la monetaria. Esta vez, el año electoral no parece condicionar la política fiscal, pero sí puede explicar la preferencia del gobierno por mantener bajo control tipo de cambio y tasas de interés. Lo que se discute es si el FMI estaría dispuesto a bancar una salida secuenciada del cepo, con un “plan gasolero” en 2025 (contribuyendo a financiar parte de los vencimientos), dejando para después de las elecciones el combo de plata fresca, reformas estructurales y eliminación de las restricciones cambiarias.

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El déficit fiscal, detrás de la aceleración y el descarrilamiento de Brasil

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A primera vista, Brasil puede ser desconcertante. La tasa de desempleo en el 6,1% es un piso histórico, y el PIB en 2024 creció más del 3,5%. Pero, en los últimos 30 días el Banco Central tuvo que quemar reservas por 32,5 mil millones de dólares para evitar que la relación dólar/real superara la barrera de 6,20; el valor bursátil de las empresas no encuentra piso y la suba de tasas de interés en moneda local no encuentra techo.

El hilo conductor de tamaña disonancia es la escalada de la deuda pública, que entre 2022 y 2025 estará engordando en 10 puntos del PIB, en la medición neta, llegando este año a 66,1% del PIB. Lula asumió su tercer mandato a principios de 2023, y desde entonces el déficit fiscal se instaló en el andarivel de entre el 8% y el 9% del PIB. De manual, una política expansiva de origen fiscal financiada con endeudamiento creciente del estado. Lo notable es que desde 2016 Brasil venía creciendo sobre bases relativamente sólidas, como se analiza en otro artículo de este informe (“El triángulo del crecimiento sustentable”). Insatisfecho con esa performance y, subestimando las alertas del mercado, Lula quiso acelerar el tren y, en lugar de llegar más rápido, terminó descarrilando.  

Se trata de una crisis que no tiene resolución clara. En la medida en que el gobierno siga sin atacar el exceso de gasto público, en un escenario en el que el Banco Central mantenga su independencia, tendría que seguir subiendo la tasa de interés, tratando de frenar expectativas de inflación desancladas, pero esto podría desencadenar una recesión en 2025, y una escalada mayor de la deuda pública en términos del PIB, por el peso de los intereses. La falta de coordinación entre la política fiscal y monetaria amenaza llevar la economía a un rincón, sin salida política a la vista, ya que las próximas presidenciales ocurrirán en octubre de 2026.

Evolución de la Deuda Pública y del Déficit Fiscal en Brasil

En % del PIB

Fuente: IERAL en base a ITAU.

Cuando el efecto dominó de la crisis pasó abiertamente al plano cambiario, el Banco Central de Brasil comenzó a intervenir en la punta vendedora, ofreciendo divisas en el mercado spot y operaciones de recompra. El balance de los últimos 30 días muestra que mantener la paridad dólar/real levemente por debajo de los 6,2 requirió ventas de la autoridad monetaria por unos 32,5 mil millones de dólares, casi un 13% de las reservas netas. El gobierno sintió el impacto, y el ministro de economía revisó nuevamente distintos ítems que podrían corregir parcialmente el rojo fiscal. Sin embargo, las luces de alarma siguen encendidas, y será muy difícil revertir el deterioro de las expectativas con dosis homeopáticas de medicina. Los inversores han puesto el foco en los mecanismos indexatorios que expanden el gasto público y en la escalada de deuda. Con dominancia fiscal, subir las tasas de interés agrava el problema de expectativas de inflación y devaluación, en lugar de resolverlo. La brutal pérdida del valor de las empresas que cotizan en el BOVESPA es muy ilustrativa al respecto.

Evolución de BOVESPA en USD

En USD constantes de Dic-24

Fuente: IERAL en base a FED, Investing y Banco Central de Brasil.

A todo esto, si bien la variación del PIB de 2024 se confirmaría en torno al 3,5%, en la última parte del año pasado se comenzó a observar desaceleración en algunos indicadores vinculados al nivel de actividad, caso del crédito al sector privado y de las importaciones. Si el gobierno lograra una salida intermedia a la crisis, la variación del PIB de Brasil podría desacelerar a un 2% en este 2025 (promedio, ya que bienes de consumo durable y de capital podrían entrar en terreno negativo). Las importaciones, que se incrementaron un 9,2% en 2024, serían una de las principales variables de ajuste. A su vez, aprovechando el real ultra devaluado, cabe esperar un agresivo redireccionamiento hacia la exportación de la producción industrial que no tenga demanda en el mercado interno. 

La dinámica del mercado automotriz de Brasil en cierto modo comenzó a anticipar algunas de las dificultades con las que se habrá de enfrenta la industria argentina en este frente:

Pese a que en 2024 en el vecino país hubo récord de patentamiento de vehículos, con un incremento de 15% respecto de 2023, las exportaciones de la Argentina a Brasil en este rubro subieron apenas 1% (acumulado de 11 meses), mientras los autos “made in China” lo hicieron un 229%.

A su vez, las exportaciones de vehículos de Brasil a la Argentina se incrementaron en 2024 un 39% interanual, una dinámica que en 2025 sólo podría ralentizarse por las reglas existentes para el comercio bilateral en este mercado. En términos generales, para el entramado industrial del país los temas recurrentes de la agenda 2025 en la relación con el principal socio del Mercosur estarán marcados por la asimetría cambiaria, la diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos países y la profundización del efecto disruptivo de China sobre la región.

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La confianza, muy por delante del éxito pleno de las reformas

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El descenso de la tasa de inflación, ahora en un andarivel entre el 2,5% y el 3,0% mensual, ha sido clave para que la confianza en el gobierno se sostenga, tras doce meses de tribulaciones. Avanzar hacia un escenario de estabilidad es muy redituable en términos políticos, caso de Menem y la Convertibilidad, replicado en 1994 en Brasil, cuando el éxito del plan real catapultó al ministro Cardoso a la presidencia.

La paradoja está en que bajar la inflación descorre velos y nuevos desafíos quedan a la vista. Para las empresas urge ganar en competitividad; para la población, la estabilidad pasa a ser un “derecho adquirido” y afloran nuevas demandas: calidad de vida, servicios públicos, entre otros. Bajando la inflación, los cimientos son más firmes, pero la agenda oficial se amplía. Para no defraudar el crédito otorgado por la confianza, es crucial el empalme exitoso con el futuro, evitando que instrumentos útiles para la estabilidad sean perjudiciales para objetivos de largo plazo, vinculados con la inversión y la productividad.

Así, el sendero de transición está lejos de los 100 metros llanos; es más bien una carrera de obstáculos, con vallas que incluyen las fechas electorales. Y la coyuntura se inscribe en ese contexto, con un arranque de 2025 en el que los cambios de política impulsados por Trump tendrán impacto global. De hecho, el Banco Central de los Estados Unidos (FED) ya avisó que las tasas de interés pueden bajar más despacio, por el impacto inflacionario de políticas de comercio exterior y fiscal que eventualmente se apliquen desde el 20 de enero. Son riesgos amplificados por la desestabilización de la macro de Brasil y el real ultradevaluado. El gobierno argentino, por su parte, espera neutralizar parte de esos efectos adelantando un acuerdo con el FMI que inyecte fondos frescos al BCRA (al parecer, se gestionan más de 20 mil millones de dólares). El trámite es complejo, debido al elevado endeudamiento ya existente (44 mil millones) y las señales que trasciendan alimentarán conjeturas sobre la fecha de salida del cepo, y también sobre las características del nuevo régimen monetario-cambiario, un tema que debería estar en la agenda de negociaciones.

La recesión hizo su piso en el segundo trimestre de 2024, y el rebote fue fuerte en el tercero, habiendo pasado desde octubre a una especie de meseta. Cabe esperar para 2025 un trimestre a trimestre menos errático, dentro del andarivel del 4,0% al 5,0% anual. Comparando las últimas cuatro recesiones (excluida la pandemia), la única que pudo dibujar la V fue la de 2009/10, pero con condiciones muy diferentes. En contrapartida, la salida de esta recesión luce cualitativamente más firme, tanto por la trayectoria de la tasa de inflación como por la confianza en el gobierno y el valor bursátil récord de las empresas. Con esas bases, el desafío es abrir espacio a una recuperación sostenida de la tasa de inversión, la variable esquiva por décadas.

La profundidad de la recesión y la percepción de un rigor fiscal inédito corrigieron hacia abajo las expectativas de inflación, coordinadas por minidevaluaciones. Aunque inicialmente fuentes oficiales aseguraban que desde abril de 2024 el ritmo del “crawl” pasaría a un guarismo superior al 2,0% mensual, esto no ocurrió, e incluso ahora se deja trascender una meta del 1,0% mensual. Así, sin necesidad de tasas de interés elevadas en términos reales, la inflación se está pudiendo domesticar.

A diciembre de 2023, el uso del ancla fiscal y cambiaria parecía suficiente para desindexar la economía, tal como ocurrió con la Convertibilidad, sin necesidad de recurrir a mecanismos como el desagio (plan Austral). Pero la rapidez de esa dinámica no estaba garantizada.

La profundidad de la recesión aparece disimulada cuando se refiere a una caída del PIB del orden del 3,0% para el año. Pero este guarismo incluye una variación positiva del sector agropecuario cercana al 30,0%. En realidad, el PIB sin agro y el consumo privado han caído un 6,0% en 2024.

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