Un raro año electoral, sin el tractor del gasto público

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El gasto primario del sector público nacional cerró el 2024 en una cifra de 94,9 mil millones de dólares (tipo de cambio oficial), con un recorte de nada menos que el 28,0 % respecto de los 131,6 mil millones de 2023. Este indicador muestra una diferencia crucial con la transición gubernamental de 2015 a 2016, cuando el gasto público en dólares se ajustó un 14,5 %, para quedar en un nivel de 174,4 mil millones de dólares (moneda constante). La política fiscal de la actual gestión luce mucho más consistente con los equilibrios macro que aquellas experiencias, pero la tarea recién empieza.

No hay lugar para el conformismo. La medición en dólares del gasto público muestra la presión existente sobre el sector de la economía que produce bienes de exportación y compite con importados, y los datos de 2024 reflejan un lastre mucho menos pesado en relación a todo el período de la estanflación que se inició en 2011.

Sin embargo, para “alinear” los planetas hace falta:
Consolidar y dar continuidad a este nuevo escenario;
Asumir que el nacional es una fracción (el 52 %) del gasto público consolidado, siendo que el 48 % restante está en cabeza de provincias y municipios;
Que la presión tributaria elevada incide proporcionalmente mucho más sobre los sectores formales de la economía, y la actividad informal no produce bienes exportables;
Y también que, para atraer proyectos de inversión, se necesita alinear el set de precios locales a los internacionales, pero en este plano subsisten severas anomalías: el castigo tributario a una gama amplia de exportaciones, una protección efectiva elevada y anárquica sobre productos importables, y también la persistencia de otros impuestos distorsivos ( Ingresos Brutos, débitos bancarios y tasas municipales), que llegan a encarecer 15 puntos o más los precios de fábrica en Argentina comparado con Brasil y México, de acuerdo a estudios sectoriales recientes.

Medir la evolución del gasto público en dólares es un buen indicador, complementario de los índices de tipo de cambio real, útiles para auscultar la trayectoria de la llamada “competitividad cambiaria”. Sin embargo, por la “inflexibilidad a la baja” de ciertos precios nominales, la fuerza deflacionaria del ajuste del gasto público puede no trasladarse a los índices de precios minoristas. Además, también juegan los términos de intercambio y, muy relevante, por fuera del agro y la minería, el que tiene mayor poder explicativo sobre el comercio exterior de bienes y servicios es el tipo de cambio real multilateral (que se mide contra una canasta de monedas que incluye el real y el peso chileno, entre otros). Conviene retener el dato que la apreciación del peso contra la canasta de monedas es de 29,5 % contra el promedio de los últimos 28 años, una diferencia de 16 puntos porcentuales con la apreciación de 13,5 % de la medición bilateral (versus el dólar estadounidense).

Respecto de la sustentabilidad del gasto primario del sector público nacional, habiéndose definido una pauta cambiaria del 1,0 % mensual desde febrero, los números son exigentes. Para que las erogaciones en dólares constantes se mantengan en el andarivel descripto, en 2025 habría que hacer un ajuste adicional de 5,3 % en términos reales en las partidas no indexadas, utilizando cálculos del investigador jefe de IERAL, Marcelo Capello. Los ítems presupuestarios sujetos a esa restricción son los correspondientes a personal, subsidios económicos, inversión y transferencias discrecionales a provincias. Esto es así porque para las partidas indexadas, que incluyen jubilaciones, ese año habrá un incremento en
términos reales del 11,6 %, por la inercia de las fórmulas.

Alinear la pauta del gasto público con la del tipo de cambio oficial es una condición necesaria, no suficiente, para el aterrizaje de la economía en un escenario de estabilidad y sin desequilibrios macro significativos. Ocurre que, por la persistencia de las restricciones cambiarias, hay dos precios, y no uno, para el tipo de cambio, aun cuando la brecha se haya reducido a un andarivel del 15,0 %. Ya se subrayó más arriba que los precios relativos no necesariamente estarán en equilibrio aun con un gasto público estabilizado en dólares, y no puede ignorarse que con cepo hay menos propensión a ofertar dólares en el mercado oficial, al mismo tiempo que la demanda de divisas a ese precio tiene sesgo alcista. Esta es una de las razones por las que recuperar reservas del Banco Central es mucho más complejo con restricciones cambiarias que sin ellas (siempre que la política fiscal y monetaria estén alineadas).

Una prueba de la complejidad que surge de la interacción entre las distintas variables es lo ocurrido en 2024, cuando la pauta cambiaria del 2,0 % mensual no impidió que el gasto público se acomodara a la baja en la medición en dólares y, aun así, la cuenta corriente del balance cambiario entrara en terreno negativo en el segundo semestre. Este indicador clave del sector externo pasó a un déficit promedio mensual de 1,2 mil millones de dólares en el último trimestre en la medición base caja, un rojo que no tiene signos de reversión en el arranque de 2025.

El déficit de cuenta corriente está siendo financiado por la puesta en valor de los dólares depositados en el sistema bancario local (de fuerte incremento con el blanqueo), a través de préstamos en argendólares y la suscripción de obligaciones negociables de empresas líderes. Hay margen para que ese mecanismo continúe activo en la primera parte de 2025, con la ampliación de la diferencia entre la tasa de interés en pesos (2,4 % mensual) y el deslizamiento del tipo de cambio, ahora al 1,0 % mensual. En forma convergente opera la baja temporal de retenciones agrícolas destinada a acelerar la liquidación de estas exportaciones en el segundo trimestre.

No obstante, la dificultad para refinanciar la deuda externa en cabeza del Tesoro, que en 2025 suma vencimientos por 17,0 mil millones entre capital e intereses, junto con los efectos colaterales del cepo, se expresan en reservas netas del BCRA con signo negativo, en torno a los 6,0 mil millones de dólares desde setiembre pasado. Esto pese a que el Central acumula en el período un saldo positivo de 6,1 mil millones de dólares en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios. Una forma de romper esa divergencia entre compras de dólares y evolución de las reservas es conseguir la refinanciación plena de los vencimientos de deuda. Y la otra es salir del cepo, reseteando la política cambiaria y la monetaria. Esta vez, el año electoral no parece condicionar la política fiscal, pero sí puede explicar la preferencia del gobierno por mantener bajo control tipo de cambio y tasas de interés. Lo que se discute es si el FMI estaría dispuesto a bancar una salida secuenciada del cepo, con un “plan gasolero” en 2025 (contribuyendo a financiar parte de los vencimientos), dejando para después de las elecciones el combo de plata fresca, reformas estructurales y eliminación de las restricciones cambiarias.

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El déficit fiscal, detrás de la aceleración y el descarrilamiento de Brasil

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A primera vista, Brasil puede ser desconcertante. La tasa de desempleo en el 6,1% es un piso histórico, y el PIB en 2024 creció más del 3,5%. Pero, en los últimos 30 días el Banco Central tuvo que quemar reservas por 32,5 mil millones de dólares para evitar que la relación dólar/real superara la barrera de 6,20; el valor bursátil de las empresas no encuentra piso y la suba de tasas de interés en moneda local no encuentra techo.

El hilo conductor de tamaña disonancia es la escalada de la deuda pública, que entre 2022 y 2025 estará engordando en 10 puntos del PIB, en la medición neta, llegando este año a 66,1% del PIB. Lula asumió su tercer mandato a principios de 2023, y desde entonces el déficit fiscal se instaló en el andarivel de entre el 8% y el 9% del PIB. De manual, una política expansiva de origen fiscal financiada con endeudamiento creciente del estado. Lo notable es que desde 2016 Brasil venía creciendo sobre bases relativamente sólidas, como se analiza en otro artículo de este informe (“El triángulo del crecimiento sustentable”). Insatisfecho con esa performance y, subestimando las alertas del mercado, Lula quiso acelerar el tren y, en lugar de llegar más rápido, terminó descarrilando.  

Se trata de una crisis que no tiene resolución clara. En la medida en que el gobierno siga sin atacar el exceso de gasto público, en un escenario en el que el Banco Central mantenga su independencia, tendría que seguir subiendo la tasa de interés, tratando de frenar expectativas de inflación desancladas, pero esto podría desencadenar una recesión en 2025, y una escalada mayor de la deuda pública en términos del PIB, por el peso de los intereses. La falta de coordinación entre la política fiscal y monetaria amenaza llevar la economía a un rincón, sin salida política a la vista, ya que las próximas presidenciales ocurrirán en octubre de 2026.

Evolución de la Deuda Pública y del Déficit Fiscal en Brasil

En % del PIB

Fuente: IERAL en base a ITAU.

Cuando el efecto dominó de la crisis pasó abiertamente al plano cambiario, el Banco Central de Brasil comenzó a intervenir en la punta vendedora, ofreciendo divisas en el mercado spot y operaciones de recompra. El balance de los últimos 30 días muestra que mantener la paridad dólar/real levemente por debajo de los 6,2 requirió ventas de la autoridad monetaria por unos 32,5 mil millones de dólares, casi un 13% de las reservas netas. El gobierno sintió el impacto, y el ministro de economía revisó nuevamente distintos ítems que podrían corregir parcialmente el rojo fiscal. Sin embargo, las luces de alarma siguen encendidas, y será muy difícil revertir el deterioro de las expectativas con dosis homeopáticas de medicina. Los inversores han puesto el foco en los mecanismos indexatorios que expanden el gasto público y en la escalada de deuda. Con dominancia fiscal, subir las tasas de interés agrava el problema de expectativas de inflación y devaluación, en lugar de resolverlo. La brutal pérdida del valor de las empresas que cotizan en el BOVESPA es muy ilustrativa al respecto.

Evolución de BOVESPA en USD

En USD constantes de Dic-24

Fuente: IERAL en base a FED, Investing y Banco Central de Brasil.

A todo esto, si bien la variación del PIB de 2024 se confirmaría en torno al 3,5%, en la última parte del año pasado se comenzó a observar desaceleración en algunos indicadores vinculados al nivel de actividad, caso del crédito al sector privado y de las importaciones. Si el gobierno lograra una salida intermedia a la crisis, la variación del PIB de Brasil podría desacelerar a un 2% en este 2025 (promedio, ya que bienes de consumo durable y de capital podrían entrar en terreno negativo). Las importaciones, que se incrementaron un 9,2% en 2024, serían una de las principales variables de ajuste. A su vez, aprovechando el real ultra devaluado, cabe esperar un agresivo redireccionamiento hacia la exportación de la producción industrial que no tenga demanda en el mercado interno. 

La dinámica del mercado automotriz de Brasil en cierto modo comenzó a anticipar algunas de las dificultades con las que se habrá de enfrenta la industria argentina en este frente:

Pese a que en 2024 en el vecino país hubo récord de patentamiento de vehículos, con un incremento de 15% respecto de 2023, las exportaciones de la Argentina a Brasil en este rubro subieron apenas 1% (acumulado de 11 meses), mientras los autos “made in China” lo hicieron un 229%.

A su vez, las exportaciones de vehículos de Brasil a la Argentina se incrementaron en 2024 un 39% interanual, una dinámica que en 2025 sólo podría ralentizarse por las reglas existentes para el comercio bilateral en este mercado. En términos generales, para el entramado industrial del país los temas recurrentes de la agenda 2025 en la relación con el principal socio del Mercosur estarán marcados por la asimetría cambiaria, la diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos países y la profundización del efecto disruptivo de China sobre la región.

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La confianza, muy por delante del éxito pleno de las reformas

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El descenso de la tasa de inflación, ahora en un andarivel entre el 2,5% y el 3,0% mensual, ha sido clave para que la confianza en el gobierno se sostenga, tras doce meses de tribulaciones. Avanzar hacia un escenario de estabilidad es muy redituable en términos políticos, caso de Menem y la Convertibilidad, replicado en 1994 en Brasil, cuando el éxito del plan real catapultó al ministro Cardoso a la presidencia.

La paradoja está en que bajar la inflación descorre velos y nuevos desafíos quedan a la vista. Para las empresas urge ganar en competitividad; para la población, la estabilidad pasa a ser un “derecho adquirido” y afloran nuevas demandas: calidad de vida, servicios públicos, entre otros. Bajando la inflación, los cimientos son más firmes, pero la agenda oficial se amplía. Para no defraudar el crédito otorgado por la confianza, es crucial el empalme exitoso con el futuro, evitando que instrumentos útiles para la estabilidad sean perjudiciales para objetivos de largo plazo, vinculados con la inversión y la productividad.

Así, el sendero de transición está lejos de los 100 metros llanos; es más bien una carrera de obstáculos, con vallas que incluyen las fechas electorales. Y la coyuntura se inscribe en ese contexto, con un arranque de 2025 en el que los cambios de política impulsados por Trump tendrán impacto global. De hecho, el Banco Central de los Estados Unidos (FED) ya avisó que las tasas de interés pueden bajar más despacio, por el impacto inflacionario de políticas de comercio exterior y fiscal que eventualmente se apliquen desde el 20 de enero. Son riesgos amplificados por la desestabilización de la macro de Brasil y el real ultradevaluado. El gobierno argentino, por su parte, espera neutralizar parte de esos efectos adelantando un acuerdo con el FMI que inyecte fondos frescos al BCRA (al parecer, se gestionan más de 20 mil millones de dólares). El trámite es complejo, debido al elevado endeudamiento ya existente (44 mil millones) y las señales que trasciendan alimentarán conjeturas sobre la fecha de salida del cepo, y también sobre las características del nuevo régimen monetario-cambiario, un tema que debería estar en la agenda de negociaciones.

La recesión hizo su piso en el segundo trimestre de 2024, y el rebote fue fuerte en el tercero, habiendo pasado desde octubre a una especie de meseta. Cabe esperar para 2025 un trimestre a trimestre menos errático, dentro del andarivel del 4,0% al 5,0% anual. Comparando las últimas cuatro recesiones (excluida la pandemia), la única que pudo dibujar la V fue la de 2009/10, pero con condiciones muy diferentes. En contrapartida, la salida de esta recesión luce cualitativamente más firme, tanto por la trayectoria de la tasa de inflación como por la confianza en el gobierno y el valor bursátil récord de las empresas. Con esas bases, el desafío es abrir espacio a una recuperación sostenida de la tasa de inversión, la variable esquiva por décadas.

La profundidad de la recesión y la percepción de un rigor fiscal inédito corrigieron hacia abajo las expectativas de inflación, coordinadas por minidevaluaciones. Aunque inicialmente fuentes oficiales aseguraban que desde abril de 2024 el ritmo del “crawl” pasaría a un guarismo superior al 2,0% mensual, esto no ocurrió, e incluso ahora se deja trascender una meta del 1,0% mensual. Así, sin necesidad de tasas de interés elevadas en términos reales, la inflación se está pudiendo domesticar.

A diciembre de 2023, el uso del ancla fiscal y cambiaria parecía suficiente para desindexar la economía, tal como ocurrió con la Convertibilidad, sin necesidad de recurrir a mecanismos como el desagio (plan Austral). Pero la rapidez de esa dinámica no estaba garantizada.

La profundidad de la recesión aparece disimulada cuando se refiere a una caída del PIB del orden del 3,0% para el año. Pero este guarismo incluye una variación positiva del sector agropecuario cercana al 30,0%. En realidad, el PIB sin agro y el consumo privado han caído un 6,0% en 2024.

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Nuevo escenario global, ¿En qué cambia la agenda de la Argentina?

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Los lineamientos de campaña anticiparon, para la segunda presidencia de Trump, políticas semejantes a las que se implementaron desde principios de 2017, pero el contexto es muy diferente, por lo que el escenario será inédito apenas se pongan en marcha las fuerzas de acción y reacción. Pueden bosquejarse los contornos de esta nueva etapa, pero a la Argentina no le conviene gastar energías en especulaciones, dada la amplia gama de reformas domésticas pendientes, focalizando en una agenda que pueda ser útil para atravesar cualquier escenario.
La activación de conflictos comerciales, la posibilidad de guerra de monedas con un dólar más fuerte y precios de commodities más débiles, o una tasa de interés de los Estados Unidos que baje menos de lo esperado, este combo deberá ser tomado como dado apenas comience a conformarse, total o parcialmente. En comercio exterior, apenas un 8 % de las exportaciones de bienes de la Argentina se dirigen a los Estados Unidos, pero el intercambio en servicios y la dimensión de la Inversión Extranjera
Directa tienen una ponderación bastante mayor. Esa balanza puede inclinarse más o menos, dependiendo del rol que asuman México y Brasil ante el nuevo escenario. Obsérvese al respecto la diferenciación de los índices bursátiles desde principios de octubre, con caída similar de México y Brasil y aumento significativo del Merval.

Un razonamiento análogo cabe también para la dimensión financiera, dado el elevado endeudamiento que el país ya tiene con el FMI, del orden de los 45,0 mil millones de dólares. ¿Cuánto más puede lograrse por esta vía?. Un nuevo mundo en el que sanciones financieras pasen a ser un arma de disputas geopolíticas, requiere agilidad para administrar los pasivos del país, lo que hace recomendable que el gobierno pueda preservar el DNU que habilita negociaciones de trámite expres. Quizá un canje voluntario de deuda, en el que se ofrezcan nuevos títulos con cupones de interés más atractivos, a cambio de estirar
vencimientos, sea el camino más adecuado en función de los compromisos externos, pero si la oportunidad se presenta será una ventana acotada en el tiempo.
Así, transitar el 2025 no será un mero trámite. En los Estados Unidos pasará a gobernar un Trump con mucho más poder que el que dispuso en 2017, pero con nuevos desafíos a escala global. En relación a ocho años atrás, ahora hay una alianza mucho más explícita entre Rusia, China e Irán; la Unión Europea acaba de ser advertida por el “Informe Draghi” de sus serios problemas de competitividad, agravados por el encarecimiento de sus costos energéticos (¿será por eso que algunos de sus líderes ahora están más dispuestos a un acuerdo con el Mercosur?); Estados Unidos sigue siendo la meca de la innovación, pero ahora es un país más endeudado y con un déficit fiscal mayor, mientras China ha ampliado sus esferas de influencia, logrado que el yuan se utilice en reemplazo del dólar en algunas regiones del planeta, pero internamente su economía está amenazada por fuerzas deflacionarias como las que enfrentó Japón a principios de los años 90, por lo que hay pocas dudas que Pekín recibiría el impacto más duro en caso de iniciarse una guerra comercial.
La Argentina, por su parte, cuenta hoy con fundamentos en su economía que estaban ausentes doce meses atrás, considerando la dinámica fiscal, la marcha de la inflación y el cambio en las expectativas de consumidores y empresas. Sin embargo, subsisten enormes desventajas con países que se han destacado por su competitividad y ritmo de crecimiento en las últimas décadas (Australia, Corea, Israel, entre otros), por lo que la Argentina no puede darse el lujo de especular; necesita profundizar su agenda de reformas.

Hay que tener en cuenta que la Argentina sigue inmersa en una compleja transición, dejando atrás un “modelo”, basado en el cierre de la economía y el gasto público como supuestas “locomotoras”, pero con un nuevo régimen que sólo puede desplegar su potencial en el mediano plazo, haciendo que los “resabios” del viejo modelo perduren en ciertos sectores y regiones.
Es por estas características que la salida de la recesión muestra datos heterogéneos, de acuerdo a las estimaciones del economista de IERAL, Jorge Day, focalizando en la evolución de la masa salarial privada: de marzo a setiembre de 2024 (desestacionalizado) entre las provincias que lograron más rápida recuperación en términos reales, habiendo caído menos hasta marzo, se cuentan Neuquén, Río Negro y Chubut.

Del otro lado, con merma significativa de poder adquisitivo de la masa salarial privada hasta marzo, y descensos adicionales entre marzo y setiembre, se tiene a Formosa, La Rioja y Catamarca. Con rebote importante, pero sin compensar la caída previa, se encuentran Mendoza y CABA.

Con las actuales tendencias, el rebote del PIB del orden del 4,5 % para 2025 luce altamente probable pero, a partir de esa base, no puede asegurarse que la economía habrá de seguir creciendo al ritmo que lo hizo bajo la convertibilidad, cuando entre 1991 y 1998 el PIB se expandió al 4,7 % anual acumulativo.

Un ejemplo cercano, con reformas a “medio hacer” y resultados positivos pero no extraordinarios es el de Brasil, que logró salir de la estanflación con medidas adoptadas durante el gobierno de Temer (completó el mandato de Dilma). A partir de 2016 y hasta el 2024, el PIB de Brasil creció a un ritmo del 1,9 % anual acumulativo y el empleo privado formal lo hizo al 1,4 % anual, a partir de una reforma laboral profunda y la fijación de un techo al gasto público que en los primeros años posibilitó una caída simultánea de la inflación y de la tasa de interés.

Dato importante, no hubo aportes significativos de industria y construcción a esos guarismos. Medido por el lado del comercio exterior, el dinamismo de Brasil entre 2016 y 2024 se observó en el incremento del 23,4 % anual de las exportaciones de petróleo; de 11,2 % del complejo minero; el aumento de 9,9 % anual de las exportaciones agropecuarias y del 7,9 % de celulosa.

Todo indica que, de aquí a 2030, la Argentina podría replicar o aproximarse a los guarismos de Brasil en exportaciones de hidrocarburos y minería, pero tendría que romper la inercia en el sector agropecuario y en el forestal. Hay que tener en cuenta que la cosecha de granos en Brasil se incrementó en 115 millones de toneladas desde el 2016, contra apenas 5 millones en la Argentina. Es muy difícil encender el motor del campo con el nivel actual de las retenciones.
Además, para crecer por encima del 2,0 % anual, contando también con los motores de servicios e industria, la Argentina debería encarar una profunda reforma laboral, crear un super IVA que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales, y también lograr mayor especialización y escala a través de acuerdos con la India, Estados Unidos, Unión Europea, entre otros.

Mientras tanto, en la coyuntura, el debate sobre seguir o no con el cepo ha entrado en una nueva dimensión, pasando a ser una discusión menos “binaria”. A mediano y largo plazo no debería haber dudas respecto a la conveniencia de pasar a un régimen monetario-cambiario permanente, pero en el corto plazo lo que se advierte en este segundo semestre es que los efectos más dañinos de los cepos sobre la economía han cedido terreno, ya que el comercio exterior se ha normalizado, sin los cupos y trabas vigentes hasta n de 2023 y que el blanqueo ha catalizado la entrada de capitales al sistema financiero y al mercado de bonos y acciones.
El contraste con el año pasado es notable, ya que la suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por firmas que operan en el circuito local pasó de 1,7 mil millones de dólares en 2023 a más de 7,0 mil millones en el estimado de 2024. Y los créditos en “argendólares” se han incrementado 30 % desde mediados de agosto, y podrían más que duplicar esa variación en próximos meses, ya que los depósitos en dólares aumentaron un 82 % en igual período.

Con esta dinámica, el Banco Central logró en los últimos 30 días acumular compras por casi 2,0 mil millones de dólares en el mercado oficial, y la política económica recuperó la iniciativa, con expectativas que se ajustan rápidamente a las señales del gobierno. Es lo que ocurrió con el desplome del “dólar futuro” tras el anuncio oficial de pasar a un deslizamiento del 1,0 % mensual del tipo de cambio, en caso que la inflación se mantenga debajo del 3,0 % mensual (tras el 2,7 % de octubre).

La ratificación del “ancla cambiaria” dentro de la política de estabilización, de todos modos, requiere que la entrada de capitales no se debilite para asegurar la consistencia del sector externo, ya que con las tendencias actuales la cuenta corriente del balance de pagos apunta al terreno negativo. Por tanto, el “momento” elegido para salir del cepo sigue siendo relevante y, todo indica que no conviene dejar para después de octubre de 2025 esa tarea, para evitar turbulencias en el período electoral previo a las legislativas.

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Brecha cambiaria, riesgo país; ¿el momento de estirar la vida útil del cepo?

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Mientras en el “resto del mundo” los mercados ingresaban de lleno al “modo electoral” irradiado por los Estados Unidos, con escenarios caracterizados como binarios y un abanico de posibilidades en las que las tasas de interés y el valor del dólar frente al resto de monedas pueden caer o subir en forma significativa, en la Argentina las variables financieras y cambiarias transcurrieron buena parte de octubre en una especie de remanso, por el efecto “rompeolas” que significó el flujo de capitales locales que se habían acogido al blanqueo y comenzaron a reciclarse hacia créditos en dólares y/o bonos y acciones.  Se entiende que eventuales escenarios intermedios en los Estados Unidos, con un Congreso dividido, por caso, harían atenuar el oleaje, pero, de todos modos, los cambios que pueden sobrevenir en diversos planos (guerra comercial, alineamientos geopolíticos, paridad del dólar frente al resto de monedas, nivel de las tasas de interés tanto de corto como de largo plazo, entro otros) no serán indiferentes para la Argentina. Esto aun aceptando que la decisión del gobierno para este verano sea la mantener el “espigón” que significan los cepos en el mercado cambiario y monetario.

Más allá de la dirección de los vientos externos, en nuestra opinión el gobierno se acerca a un momento de definiciones en el manejo de la macro. Si bien ha mejorado el riesgo país y la brecha cambiaria se mantiene en torno al 17%, intentar transitar todo el 2025 con el esquema del cepo intacto conlleva riesgos, en la medida en que se acumulen presiones y las expectativas se coordinen a la espera de cambios relevantes de política para el “día después” de las legislativas de octubre.

En el presente, el combo de tipo de cambio “cuasi fijo” y política monetaria que ha comenzado a ser expansiva parecen configurar el “mejor de los mundos”, con una inflación de octubre que podría ubicarse en torno al 3%, luego del 3,5% de setiembre, y con una tasa de interés positiva en términos de dólares y ligeramente por encima de la inflación en pesos. Una combinación que hace que el crédito se expanda a buen ritmo tanto en la vertiente pesos como en la de dólares. El stock de los préstamos en pesos crece desde hace varios meses a un ritmo cercano al 10% mensual en términos reales y las expectativas de corto plazo sobre tasa, inflación y dólar lucen bien ancladas por el andamiaje montado alrededor de la pauta del 2% mensual para el tipo de cambio oficial.

Sin embargo, pensando en un escenario de varios trimestres, con un cepo en modo “statu quo”, la tasa de interés podría comenzar reflejar las expectativas de cambios significativos pos elecciones, en un contexto en el que habrá fuertes vencimientos de deuda pública doméstica, en torno a 7% del PIB a lo largo de 2025, considerando sólo los títulos en manos privadas. Aunque la política fiscal siga tan firme como hasta ahora, bajo las condiciones actuales es difícil evitar un deterioro adicional del frente externo, con vencimientos de deuda en moneda dura que están cubiertos para enero, pero que no lucen garantizados para el resto del año. Estos “cabos sueltos” son los que complican la posibilidad de mantener ancladas las expectativas a lo largo del 2025, a la espera de lo que ocurra “el día después” de las legislativas. Y esto podría expresarse en los contratos de futuro del ROFEX, en la brecha cambiaria e incluso en las expectativas de inflación.

No hay que olvidar que, bajo el cepo, las tasas de interés en dólares y en pesos de los bonos del Tesoro no están perfectamente arbitradas. En cambio, la salida del cepo es sinónimo de arbitraje entre esos rendimientos y, si esta movida se demorara y hubiera expectativa de alguna corrección cambiaria después de octubre, las tasas de interés en pesos comenzarían a subir en plena campaña electoral, para igualar el rendimiento de los bonos en dólares, más la devaluación esperada por el mercado.

Frente a estos riesgos, es inevitable conjeturar alrededor de las opciones a disposición del gobierno, con decisiones que deberían conocerse en esta temporada de verano. Se trata de salir del cepo “al estilo Macri”, la experiencia de fin de 2015, principios de 2016, o bien; intentar “alargar la vida útil” del cepo, con una serie de medidas también a adoptar este verano, procurando empalmar con una salida más ordenada de las restricciones cambiarias, de la mano de un nuevo acuerdo con el FMI, que no necesita esperar a octubre para concretarse y con un aporte de “plata fresca” que quizá no sea tan significativo (¿5 mil millones de dólares?) pero que ayudaría a despejar el horizonte, abriendo la posibilidad de “volver al mercado” para hacer frente a siguientes vencimientos. El estiramiento de la “vida útil” del cepo podría hacerse por etapas, pasando inicialmente, por ejemplo, a un mix de 90/10 para el blend y una cuotificación de las transferencias al exterior por remesas de utilidades pendientes.

En cambio, si el “reseteo” del cepo se posterga, y se mantiene la convivencia con el “blend” y otras restricciones, entonces podría estar configurándose otro escenario, con un sesgo más marcado hacia la “dolarización endógena”. Esta opción, de todos modos, requiere bajas adicionales del riesgo país para la refinanciación exitosa de los vencimientos de deuda externa que, para el consolidado de Tesoro y Banco Central, suman casi 11 mil millones de dólares en 2025, excluyendo compromisos con FMI y otros organismos internacionales.

La salida del cepo “al estilo Macri” como primera opción, choca con las propias señales oficiales, ya que no habría disposición a transitar todo el período prelectoral bajo un régimen de flotación cambiaria y metas de inflación, análogo al que funciona en la mayoría de los países de la región. Justamente, el “miedo a flotar” estaría alimentado por aquella experiencia de 2015 a 2019. De acuerdo al gobierno, hay tres requisitos para salir del cepo que todavía no se cumplen:

  • Subsiste exceso de pesos, fenómeno cuantificable en el hecho que la inflación todavía no ha aterrizado a un piso del orden del 2,3% / 2,4% mensual, guarismo que sería enteramente explicado por el deslizamiento cambiario más la inflación internacional
  • Hay transferencias al exterior pendientes, por el factor dividendos (aunque no se explicita una cifra, ésta podría ubicarse en torno a los 5 mil millones de dólares)
  • Hay “emisión monetaria potencial” por la cancelación de las LEFIs, cuyo stock actual equivale a 54% de la base monetaria

Se trata de requisitos que no tienen un tiempo definido para su cumplimiento, por lo que, en el mientras tanto, podría entrarse en una etapa destinada a “prolongar la vida útil del cepo”. De todos modos, tampoco el gobierno se desentiende del objetivo de llegar a cumplir esos requisitos. Esto se pudo constatar en la decisión del Banco Central anunciada el 1ro de noviembre, de reducir la tasa de interés de política de un nivel del orden del 3,3% mensual al andarivel del 2,9%. Este recorte de tasa reduce el atractivo de las LEFIs, que están en poder de los bancos: la señal es bastante clara, ya que se refuerzan los incentivos para que se acelere la oferta de créditos, financiados en parte con la venta de LEFIs al Central. Así, el stock de este pasivo del sector público debería seguirse achicando (el requisito número 3) por menos bonos en circulación y un rendimiento neutro en términos reales.

Si el gobierno aspira a ganar tiempo en el cumplimiento de los tres requisitos, buscando empalmar con un acuerdo con el FMI que provea algo de “plata fresca”, la agenda debería incluir el desmonte de alguno de los instrumentos del cepo actual, procurando que el mercado libre de cambios funcione con menos regulaciones y operaciones más genuinas; mientras se intenta mantener (y eventualmente reforzar) el rol del tipo de cambio (oficial) como ancla antiinflacionaria. Al respecto, es posible que, de la mano del recorte de tasas referido, el deslizamiento del tipo de cambio pase a un guarismo del orden del 1,7% / 1,8% mensual.

Los dos principales instrumentos que desfiguran el funcionamiento del “mercado libre” del dólar son la persistencia del “blend”, por la cual el 20% de las exportaciones se liquidan por el CCL, y las “restricciones cruzadas”, por las que una empresa que opere en el CCL enfrenta limitaciones para acceder al mercado oficial.

Estas distorsiones (existen otras de menor impacto) hacen que pueda ser cuestionada, por la falta de factores genuinos, la capacidad de anclar las expectativas a través de una brecha cambiaria reducida. Eliminar el Blend y las “restricciones cruzadas”, de todos modos, no implicaría pasar a un funcionamiento plenamente libre del mercado financiero. Seguramente el Banco Central mantendría su política de ventas de divisas a través del CCL, del modo en que viene ocurriendo con las intervenciones que retiran pesos del mercado, por un monto que se estima en el orden de los 600 millones de dólares desde mediados de julio, cuando se lanzó la “Fase II” del plan económico.

Del otro lado, converger a un  ritmo decreciente de devaluación se enfrenta al hecho que las intervenciones en el mercado oficial de cambios no están permitiendo recuperar reservas netas, más allá del impacto temporal del blanqueo. Eliminando el blend, la pauta cambiaria podría ser reivindicada desde el gobierno por el hecho que podría darse al inicio cierta recuperación de reservas netas, dado que en términos anuales se estarían inyectando al mercado oficial de cambios unos 16,8 mil millones de dólares adicionales en 2025, derivados de exportaciones estimadas en 84 mil millones.

El saldo neto de oferta de divisas a favor del BCRA no se incrementaría en esos 16,8 mil millones en 2025 respecto a 2024, porque las importaciones estarían aumentando en unos 9 mil millones y, si no hubiera cambios tras la eliminación del impuesto país antes de fin de año, se acentuaría el rojo de la cuenta turismo, tarjetas y otros servicios. Sin embargo, no debería descartarse algún régimen especial para esos ítems de la balanza de pagos, en el momento de la eliminación del impuesto país, apuntando a liberar al Central de abastecer esa demanda a través del mercado oficial de cambios. Y también hay que computar la creciente oferta de “argendólares” por la tendencia ascendente de préstamos bancarios y suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por compañías que actúan en el mercado local. Este es un factor cada vez más significativo, en parte alimentado por el blanqueo, con cifras elocuentes: de 1,7 mil millones de dólares que capturaron las compañías por emisión de ON en 2023, en 2024 seguramente se habrán de superar los 7 mil millones de dólares y esta dinámica podría sostenerse en 2025.

Más allá de estas sumas y restas de la oferta neta de divisas a favor del Central que se derivaría del hecho que los exportadores pasen a liquidar el 100% de sus operaciones en el mercado oficial de cambios (por la eliminación del “blend”), importa subrayar el conflicto de objetivos que se da alrededor de este instrumento:  hay un trade off evidente, ya que continuar con el blend implicaría resignar posibilidades en el plano de la recuperación de reservas pero, por esa misma razón, se mantendría un control más firme sobre los agregados monetarios, porque el Central estaría emitiendo menos pesos por el factor externo.

En ese sentido, la eventual eliminación del blend sería también una movida destinada a plantar mojones en dirección a una salida “convencional” de política cambiaria y monetaria, dentro de referencias bimonetarias como Perú y Uruguay, aunque también un desafío de fuste, dado que el gobierno ha “dado de baja” instrumentos de regulación de la liquidez como las Leliqs (antes Lebacs). Necesitaría otros instrumentos para la “sintonía fina” de la política monetaria, aun computando el impacto del aumento de la demanda de dinero y el uso de otras herramientas, caso de los encajes. En esencia, eliminar el blend significaría retomar la prioridad por la recuperación de reservas aceptando que, en la transición, el gobierno tendría que ocuparse de controlar los agregados monetarios y/o darle un rol más activo al manejo de la tasa de interés.

Este escenario admite pasos intermedios, por ejemplo, empezando con un cambio de mix del blend, pasando los exportadores a liquidar 90% por el oficial y 10% por el CCL. Simultáneamente, podrían flexibilizarse las condiciones de la “restricción cruzada” y habilitarse cupos para aquellas empresas que tienen pendientes transferencias al exterior por dividendos. Con ese procedimiento, el gobierno testearía el comportamiento de la brecha cambiaria y el grado de equilibrio/desequilibrio en el mercado monetario. Hay quienes argumentan que no serían necesarios instrumentos especiales de regulación de los excesos de liquidez, ya que la demanda de dinero sería suficientemente firme como para mantener en equilibrio ese mercado. Con el mix de 90/10 podría testearse esa hipótesis, asumiendo que el incremento de la demanda de dinero puede no ser tan potente como en otras experiencias (primer año de la convertibilidad, en 1991), debido a que la economía en el presente no está tan desmonetizada: al tercer trimestre de 2024, el M2 se ubica en 7% del PIB, cuando en 1990 (previo al lanzamiento de la convertibilidad) era equivalente a 3,2% del PIB. Los “errores de cálculo” en la predicción de los equilibrios/desequilibrios del mercado monetario pueden ser costosos, ya que, eliminadas las Leliqs, para retirar excesos de liquidez habría que, o bien subir encajes bancarios, o bien apelar a la emisión de más Lecaps (con costo financiero a cargo del Tesoro), depositando en el Banco Central los pesos retirados del mercado.

Por el contrario, ratificar el “blend” para todo 2025 sería una toma de posición del gobierno frente a la encrucijada: se prefiere no emitir pesos aun cuando se trate de operaciones de compra de dólares en el mercado oficial, “secando la plaza” de moneda local, política que podría estar apuntando a un régimen monetario-cambiario distinto, en línea con la llamada “dolarización endógena”. Un esquema análogo al de países centroamericanos, en el que progresivamente contratos y cancelación de compromisos pasan a ser realizados en dólares. La dolarización endógena es consistente para resolver cuestiones transaccionales de la economía. Por caso, el campo argentino hace tiempo que ha sustituido al peso por la soja, como unidad de cuenta, medio de pago e incluso instrumento de ahorro. Sin embargo, el crecimiento de la economía también requiere del instrumento del crédito, y el bimonetarismo argentino tiene sus peculiaridades, porque se asienta sobre una economía que sigue siendo muy cerrada, con una reducida significación del comercio exterior sobre el PIB. Con la “dolarización endógena” podría plantearse un problema de “descalce de monedas”, asociado al hecho que los bancos presten dólares a agentes económicos que dependen del mercado interno y tienen ingresos en pesos. Ese descalce explica en parte la crisis de la convertibilidad, a principios de este siglo.

Países con alto grado de dolarización en los que el descalce de monedas no surge como un problema, caso de Panamá o El Salvador, tienen características muy diferentes a las de la Argentina. Por caso, mientras en nuestro país la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios equivale al 27% del PIB, en Panamá ese ratio es del 90%. Por su parte, en el caso de El Salvador, el flujo de remesas (dólares enviados por migrantes a sus familiares en el país) equivale al 23% del PIB, un guarismo que, si se replicara en la Argentina, sería de 140 mil millones de dólares/año. Es evidente que no son situaciones comparables.

Más allá del camino elegido, en esta fase la decisión no sería impuesta por las circunstancias. Ocurre que las reservas líquidas han trepado del andarivel de 4 mil millones de dólares que registraban hasta agosto a un nivel que se aproxima a los 7 mil millones, cifra que incluso podría ampliarse en la medida en que depósitos y encajes en moneda extranjera mantengan la inercia ascendente de las últimas semanas. Para estimar las reservas líquidas, se resta a las reservas brutas el swap con China, créditos del BIS y el oro. No se trata de divisas propias del Central, pero a la gestión anterior le permitieron cumplir compromisos pese al rojo de las reservas netas, del orden de los 11,3 mil millones de dólares pocas semanas antes de fin de 2023. En el presente, reservas líquidas positivas que se acercan a los 7 mil millones de dólares coexisten con reservas netas negativas del orden de los 5,9 mil millones de dólares, incluyendo vencimientos de Bopreal.

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