Leonardo Batista

Docente e investigador de la Universidad Nacional de Misiones. Corriente Nacional Popular Latinoamericana. Por la profundización del proyecto del pueblo trabajador.

Jaque a la yerba mate: un juego muy desigual en un mercado “libre” 

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Por Leonardo Batista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Misiones  (UNaM) y Hugo Parra, licenciatura en tratamiento y análisis de datos para la investigación  socioeconómica por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Las medidas impuestas por el gobierno de Javier Milei nos están empujando  aceleradamente a un escenario muy similar al de fines de los 90, especialmente para  los productores que han sido puestos en jaque por los grupos económicos más  concentrados del acopio, industrialización y comercialización de la yerba mate. Ante  un nuevo cambio de las reglas de juego impuestas por los ganadores, se vislumbra  quiénes se ven amenazados en esta partida de “libre” mercado. 

La eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y del Mercado  Consignatario tuvo consecuencias devastadoras para los productores y  trabajadores. El precio de la hoja verde cayó drásticamente a lo largo de la década.  La hoja verde, que en 1990 cotizaba al equivalente a 202 dólares por tonelada se  desplomó a 42 en 2001. Por su parte la yerba canchada que cotizaba a 930 dólares  (equivalentes a 1 dólar por kilo) pasó a valer 349 dólares en 2001, lo que representaba apenas 35 centavos de dólar por kilo. Mientras tanto, el precio de la yerba en góndola  se mantuvo estable durante toda la década.  

Fruto de las movilizaciones conjuntas de organizaciones de productores y tareferos,  en 2002 se comenzó a revertir esta pulseada, y con la creación del Instituto Nacional  de la Yerba Mate (INYM) fueron recuperando el precio que recibían por la hoja verde 

y la yerba canchada, que en términos reales había aumentado un 250% para el año  2023, respecto a su punto más bajo en 2002 (CEPA, 2025). 

Fuente: elaboración propia en base a informe CEPA, 2025 

Circuito económico de la yerba, un tablero muy asimétrico 

El circuito de la yerba mate se inicia con una actividad productiva en la provincia de  Misiones en manos de aproximadamente 13 mil productores que entregan “hoja  verde” cosechadas por unos 15 mil trabajadores entre abril y septiembre. Estos  trabajadores son reclutados en cuadrillas por alrededor de 500 contratistas, quienes  han tercerizado la contratación temporaria, en muchos casos sin registración laboral. 

Una vez cosechada, la yerba es sometida a un proceso de marchitado interrumpido y  luego deshidratada en unos 200 secaderos ubicados cerca de las zonas de  producción. Posteriormente, se traslada a alrededor de 100 establecimientos  elaboradores, donde se realiza la molienda final y el envasado en los paquetes con  los diferentes formatos comerciales.  

Esta cadena de valor está caracterizada por la concentración: los 10 molinos más  grandes controlan el 90% de la producción final, mientras que sólo 4 empresas  acaparan el 50% del mercado. Por su escala, son éstas las que negocian  directamente con las grandes cadenas de hipermercados, que a su vez dominan la  mayor parte de las ventas al público de alimentos en Argentina (Batista, Gortari,  2024).  

Desregulación no significa “libre” juego 

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se establecieron un  conjunto de desregulaciones económicas, presentadas como una manera de reducir 

los costos por una menor intervención estatal. Para la actividad yerbatera, el Ejecutivo  nacional derogó las facultades asignadas al INYM por Ley para acordar precios, y  regular las nuevas plantaciones.  

En la realidad, ésta “desregulación” permitió que las grandes empresas acopiadoras  y procesadoras puedan decidir arbitrariamente a cuánto recibirán la yerba mate que  entregan los productores, desconociendo los ámbitos institucionales de negociación  entre los distintos actores donde se acordaban precios que, al menos, cubrieran los  costos para garantizar la cobertura y afrontar una nueva cosecha. A pesar de las  presentaciones judiciales de las organizaciones de productores, y de las  movilizaciones y cortes de ruta reclamando precios “justos”, no hay respuestas del  gobierno nacional, y escasas acciones del gobierno provincial.  

Ante el inicio inminente de una nueva cosecha la situación se ha tornado alarmante:  los precios que ofrecen los acopiadores por la hoja verde y la yerba canchada están  muy lejos de los que reclaman los productores y sus cooperativas, y ni siquiera  alcanzan para cubrir los costos básicos de producción, lo que deja a miles de familias  al borde del colapso económico. Este tipo de “libre” mercado, en un contexto donde  no existe una competencia real, no hace otra cosa que beneficiar a un puñado reducido  de empresas que concentran el poder económico y financiero, a costa de la reducción  en los ingresos de miles de productores y trabajadores en nuestra tierra.  

A mediano plazo, la eliminación del cupo de plantaciones, permitirá a las grandes  empresas aumentar su participación en la producción primaria, con mayor escala,  aumentando su control sobre la oferta de materia prima, favoreciendo la integración  vertical con las grandes industrias. Como resultado, los productores de menor escala  o de rendimientos más bajos pronto se verán obligados a arrendar y a abandonar sus  chacras. Este proceso no sólo consolida el poder económico de estas empresas, sino 

que también profundizará la concentración de la propiedad de la tierra, expulsando y  dejando sin trabajo a miles de agricultores misioneros y a sus familias. 

Crecen las ganancias de las empresas…, mientras caen los ingresos 

A pesar de que el precio de la yerba mate envasada se mantuvo en las góndolas de  los supermercados, el precio que pagaron por la materia prima a los productores,  experimentó una drástica reducción en el año 2024. Mientras que a fines de 2023 se  

había acordado entre los representantes de los diferentes eslabones de la cadena un  precio de $370 por kilo de hoja verde a pagar al contado, en septiembre de 2024 los  acopiadores solo ofrecían $180 y con un esquema de pago escalonado: $100 al  contado (destinados a cubrir gastos inmediatos de cosecha y flete) y $80 mediante  cheques posdatados con vencimientos de hasta 180 días. Los productores estiman  que, para el inicio de la cosecha gruesa de 2025, un precio justo debería situarse en  $458 por kilo, tomando como referencia la grilla de costos actualizada del Instituto  Nacional de la Yerba Mate (INYM), que establece un monto base de $352 por kilo  para garantizar la continuidad productiva.  

Algunos molinos de la provincia de Misiones empezaron a negociar mejores precios  para el inicio de la zafra 2025, pero las grandes empresas elaboradoras de Corrientes  siguen ofreciendo en torno a los $205 pagaderos en un plazo de 90 a 120 días. 

Este escenario deja en evidencia una asimetría profunda en el circuito económico de  la yerba: mientras los productores luchan por precios que al menos cubran sus costos,  las grandes empresas consolidan su dominio en un mercado cada vez más  concentrado. La desregulación, lejos de fomentar la competencia, ha exacerbado las  desigualdades y puesto en riesgo la sostenibilidad de una actividad productiva que es vital para miles de familias de productores y trabajadores, así como para la economía  regional y la cultura argentina. 

Otros jugadores, nuevos destinos 

Esta problemática se agrava por la apertura comercial implementada en marzo de  2024 mediante la Resolución General 5490/2024, que redujo los aranceles a las  importaciones de materias primas y productos semielaborados de yerba mate,  categorizados como “bienes de primera necesidad”. Posteriormente, la Resolución  General 5527/2024 extendió este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2024 y  paralelamente se redujeron los impuestos que debían pagar los importadores. 

Grafico 1:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade, 2018 

Las importaciones de materia prima para elaborar yerba mate venían siendo  prácticamente insignificantes, con excepciones en años como 2019 y 2020 en que la  industria elaboradora adujo falta de stock para importar yerba mate canchada. Sin  embargo, en 2024, con la implementación de la política de apertura comercial, se  registró un nuevo incremento de importaciones de yerba mate canchada y molida  (lista para empaquetar), provenientes de Paraguay y Brasil, que rondaron los 12  millones de kilogramos, lo que representa un aumento interanual del 80% en  comparación con el mismo período de 2023. Esta dinámica ha generado presiones  adicionales sobre los productores locales, quienes enfrentan una mayor caída de  precios por el aumento de la oferta externa. 

Durante 2024, se procesaron 987 millones de kilogramos de hoja verde de yerba mate  en Argentina, marcando un incremento del 27% respecto al volumen registrado en  2023 (CEPA, 2025). Sin embargo, en este mismo año, el consumo interno  experimentó una contracción del 9% interanual, situándose en el nivel más bajo de  los últimos ocho años, reflejando la drástica reducción del poder adquisitivo de la  población.

Gráfico 2: 

Fuente: elaboración propia base INYM 

Como consecuencia, las exportaciones alcanzaron un récord histórico: según datos  del INYM, registraron un aumento del 11% interanual en 2024 -principalmente hacia  Siria, destino que concentra en promedio el 70% de las exportaciones-. Esta  divergencia entre la caída del mercado interno y el aumento de las ventas externas  es resultado de la depresión del consumo local ante la caída del poder adquisitivo y  la generación de saldos exportables, que prometen a las grandes empresas mayores  ganancias en divisas por ventas en mercados internacionales. La dinámica consolida  un esquema donde la maximización de ganancias corporativas no se redistribuye con  los otros eslabones de la cadena productiva, ni con la población argentina. 

gráfico 3: 

Fuente: elaboración propia base INYM

Los empresarios siempre hablan de sobreoferta de materia prima para justificar la  reducción del precio que ofrecen por ella, de acuerdo a las “leyes de oferta y  demanda”. Hablan de excedentes de 70 millones de kilogramos de yerba molida,  por la reducción abrupta de la demanda local y/o por el aumento del volumen  producido, sin mencionar el agravante que generan ellos mismos al importar  aprovechando las medidas de apertura económica del gobierno nacional. 

La presión a la baja sobre los precios del mercado de la hoja verde y la canchada,  además de la oferta y la demanda, responde a las medidas de desregulación que  benefician a los actores más poderosos y concentrados, que, al encontrar un marco  normativo más flexible, imponen sus estrategias de precios de manera agresiva,  profundizando así la depreciación de los valores en los eslabones iniciales de la  cadena yerbatera.  

Reclamos y recuperación de la institucionalidad 

Salvando las distancias y las particularidades de cada contexto histórico, el  paralelismo con los años 90, no hace más que encender las alarmas. La  desregulación planteada en nombre del “libre” mercado, opera como un dispositivo  de sobreexplotación: transfiere riesgos hacia los productores más débiles, reduce el  salario real de los trabajadores, mientras consolida el poder oligopólico de las grandes  empresas elaboradoras y comercializadoras de yerba mate. 

La coyuntura exige acciones urgentes: por un lado, es clave la unidad y organización  de los productores y de sus cooperativas, en articulación con los trabajadores para la  defensa de sus intereses comunes; por otro, el reclamo al estado de mecanismos de  protección -como pisos mínimos de precios referenciados en costos reales- que  puedan aliviar las dificultades imperantes. Para ello el funcionamiento pleno del INYM  y la recuperación de sus competencias resultan fundamentales. En definitiva, se  cambian las correlaciones de fuerzas o se seguirán profundizando las asimetrías  estructurales que llevan a los productores yerbateros a un círculo vicioso de  endeudamiento, abandono de chacras y migración forzada. Los mercados no se  autorregulan cuando existen desigualdades tan grandes entre los actores económicos  que entran en juego, y menos cuando el Estado es despojado de su rol regulador, en  favor de los que van ganando la partida. 

Fuentes: 

Batista, Gortari. 2024.Volver al futuro: el DNU 70/2023 y la desregulación yerbatera.  XVI jornadas nacionales de investigación en economía regionales. Inercias y rupturas  en escenarios de transformación. 

Batista, Gortari y Sena 2020: Mate amargo: expansión económica con exclusión  social en la economía regional yerbatera.

CEPA, 2025. Informe: Análisis sobre la evolución reciente del complejo yerbatero.  disponible en: https://mcusercontent.com/e9c6f62a4dc825f6a9dab4e88/files/e41ed06c-e986-51f6- 75f4- 

094217200efc/2025.02.05_An_aacute_lisis_sobre_la_evoluci_oacute_n_reciente_del_complejo_yerb atero_Diciembre_2024_CEPA.pdf 

INYM: Informe sector yerbatero. Diciembre de 2024.  https://inym.org.ar/descargar/publicaciones/estadisticas/2024.html 

UNCOMTRADE, United Nations Commodity Trade Statistics. 2018. [En línea]  www.comtrade.un.org. 

SUÁREZ Agustín, 2025. El precio de la yerba: un conflicto que continúa más allá de  la góndola 

https://agenciatierraviva.com.ar/el-precio-de-la-yerba-un-conflicto-que-continua-mas-alla-de la-gondola/

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¿Volver al mensú? Relaciones de trabajo en la cosecha de yerba mate: libre mercado o regulación estatal

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En Misiones la cosecha gruesa de hojas de yerba mate se realiza entre los meses de marzo y septiembre. Aproximadamente, 18 mil trabajadores tareferos/as se adentran en los yerbales para realizar la zafra, trabajando de sol a sol, con salarios muy bajos y pago a destajo (según la productividad), en condiciones de trabajo precarias, sin las ropas ni los elementos de seguridad e higiene adecuados, muchos de ellos acampando en lugares inhóspitos, con carpas de lona, sin agua potable, ni baños. A pesar de que existen convenios de corresponsabilidad gremial un alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores, no cuenta con la registración laboral, por lo tanto no acceden a los beneficios de la seguridad social para ellos/as y sus familia: sin obra social, sin aporte jubilatorio, sin ART están lejos de acceder a los derechos que gozan las/los demás trabajadores en Argentina.

Los/las tareferos/as y sus familias trabajan y viven en situaciones muy precarias, donde se vulneran muchos de sus derechos, principalmente el derecho humano de tener un trabajo digno, con salarios justos y en condiciones legales de empleo. Frente a la constatación de situaciones como esta el estado en sus distintos niveles -provincial y nacional- y a través de distintos organismos competentes (RENATRE, MTEySS, MTyE, AFIP) tiene la facultad y la obligación de velar por los derechos de trabajadores, exigiendo a los empleadores el cumplimiento de las leyes y normativas laborales. Un estado “presente” debe regular las relaciones que existen entre trabajadores y empleadores, para evitar situaciones de explotación de la parte más débil del encadenamiento económico yerbatero, en este caso los trabajadores tareferos/as. 

Sin embargo, desde posicionamientos políticos conservadores y desde ideologías económicas neoliberales, se viene criticando la “intervención del estado”, y pregonando “la desregulación de las condiciones de contratación en los “mercados de trabajo”. Empresarios y productores yerbateros llegaron a manifestarse públicamente con cortes de rutas ante la implementación de controles de seguridad, higiene e inspecciones de trabajo y seguridad social en las plantaciones donde se cosecha la yerba mate. Alegan que con éstas intervenciones el estado no los deja producir, que no se respeta su propiedad privada -ya que las inspecciones se realizan sin previo aviso y sin pedir autorización para ingresar a los yerbales-, y que se les multa por las infracciones constatadas. Argumentan que la capitalización de los empresarios favorecidos por una irrestricta libertad de mercado, es el camino para acumular riqueza que luego se  derramaría generando más empleos y bienestar.

Desde las posiciones más extremas, se llegó a plantear la propuesta de volver a desregular el mercado de la yerba mate, que implicaría la desaparición del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo creado por Ley en el año 2002, luego de los reclamos de pequeños productores y trabajadores agrarios en el histórico “tractorazo” que solicitaban la intervención estatal para obtener un precio justo para la hoja de yerba cosechada y para el salario de los trabajadores, frente a las profundas inequidades generadas a partir de la desregulación en la década de los años 90. 

Estas argumentaciones niegan los derechos adquiridos por los trabajadores, y se sustentan en los siguientes mitos que intentaremos poner en cuestión:

  1. “El estado no debería intervenir en los mercados de trabajo”: El supuesto de la economía liberal capitalista que el mejor asignador de recursos es el mercado a través del libre juego de la oferta y la demanda, se intentó aplicar de la misma manera para los intercambios de mercaderías, que para las relaciones entre personas, ocultando los  intereses de una minoría que detenta el poder y que de esta manera se apropia del valor generado por los trabajadores y agricultores. La desaparición de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y del Mercado Consignatario,  favorecieron los intereses de empresas oligopólicas que redujeron abruptamente el precio pagado por la materia prima y los salarios, como manera de maximizar ganancias y concentrar el valor generado por la  actividad yerbatera en su conjunto. 

Entendemos que en las sociedades capitalistas el estado siempre interviene, por acción u omisión; ahora bien hay que explicitar a que intereses beneficia. Generalmente se critica y estigmatiza cuando el estado acciona con medidas a favor de los trabajadores como en las últimas semanas cuando se realizaron las inspecciones de trabajo, cuyo fin fundamental es la de velar por el cumplimiento de los derechos laborales y evitar las formas de explotación extrema, como el trabajo infantil, el trabajo no registrado y las pésimas condiciones de trabajo y de vida de las cuadrillas en los yerbales

  1. “Los tareferos no quieren registrarse porque pierden los planes sociales”: Desde el año 2021 a través del decreto 514/21 el gobierno nacional hizo compatible las asignaciones por programas sociales con el salario registrado para aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades del trabajo rural, entre ellas la cosecha de yerba mate. Esto quiere decir que los/las trabajadores tareferos/as al ser dados de alta por el empleador/ra pueden seguir percibiendo los planes y programas sociales (AUH, potenciar trabajo, prestación alimentar), por lo tanto no debería ser un obstáculo para la registración laboral. Sin embargo, muchos tareferos al ser registrados perdieron la prestación alimentar debido a que en diciembre de 2021 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) a través  de la resolución 1734/21, desacopló la Tarjeta Alimentar situación que  generó desconfianza y contradicciones entre un decreto nacional que las compatibiliza y una resolución ministerial que las desacopla. La prestación alimentar es un ingreso significativo para estas familias que deben buscar formas complementarias de sumar ingresos para llegar a fin de mes, frente al impacto de la inflación, la caída del poder adquisitivo de salarios inestables y a empleadores que no pagan lo estipulado por los acuerdos y normativas vigentes. Los reclamos de sindicatos y asociaciones de productores logró subsanar el inconveniente y el MDSN a través de la resolución 1163/23, permite a las y los trabajadores rurales temporarios o estacionales de la República Argentina, que tengan hijos o hijas hasta 14 años, recibir la prestación Alimentar. Por ende, ya no debería ser un argumento la no registración de los trabajadores tareferos por la incompatibilidad con otros ingresos como los planes sociales. 
  1. “No se consiguen tareferos, tendrían que trabajar desde adolescentes”: En diciembre de 2011 se sancionó la Ley 26.727 que aprobó el Régimen de Trabajo Agrario, en que la edad de inicio en las actividades laborales se encuentra específicamente contemplada en el título IX denominado Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Se explicitan las actividades rurales que puede realizar adolescentes (entre 16 y 17 años) y cuáles son los requisitos y condiciones para que comiencen a trabajar. Las y los adolescentes no pueden realizar trabajos peligrosos, como es el caso de la cosecha de yerba mate, donde se manipulan herramientas filosas y punzocortantes (tijeras y serruchos), bajo condiciones climáticas adversas, riesgo de frío intenso o de golpes de calor en época de cosecha (bajas temperaturas en invierno y altas temperaturas durante primavera y verano). Existen además riesgos de contraer enfermedades por trabajar con la ropa húmeda durante las jornadas lluviosas, de picaduras de animales tales como arañas y víboras, y por no poder acceder a agua potable y alimentos en buen estado. Para su resguardo y protección, adolescentes no deben trabajar en tareas de cosecha de yerba mate, y menos las y los niños (está absolutamente prohibido la presencia y el trabajo infantil), situación que se encuentra aún en las inspecciones de los yerbales más alejados o de más difícil acceso. 
  1. “No puede ingresar a los yerbales porque es propiedad privada”: Esta justificación habitual de los encargados cuando llegan las inspecciones de trabajo, buscan evitar o demorar los operativos. Según las normativas vigentes los inspectores de trabajo y seguridad social están autorizados para entrar libremente y sin previo aviso, a cualquier hora del día o de la noche, en todo sitio de trabajo sujeto a inspección. Cuando se realiza una inspección de trabajo se focaliza la tarea en actividades y objetivos donde se pueda detectar el trabajo no registrado y hacer valer los derechos de los trabajadores. Sería ilógico avisar previamente al empleador que está en infracción, que podría rápidamente desarmar el campamento y evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Al ingresar a lugares donde hay una actividad económica con trabajadores en relación de dependencia, susceptibles a la fiscalización del estado, no se está invadiendo a la propiedad privada. Según el artículo 32 de la ley 25.877 (ley de ordenamiento laboral) los inspectores para el cumplimiento de sus labores pueden solicitar la participación de la fuerza pública para garantizar el correcto cumplimiento de la acción inspectiva y proteger a los funcionarios actuantes (campamentos inhóspitos, indicios de explotación laboral, etc.) 

Ante la falacia de los mitos expuestos, es menester analizar en profundidad cómo interviene el estado, cuáles son sus obligaciones, qué políticas públicas están en vigencia. Pero también reflexionar sobre cuáles faltan, cómo se puede mejorar su accionar, subsanando errores y mejorando sus competencias y funciones. Entendemos que eso se  logra con un estado presente y activo, no con achicamiento y desregulación.

Las intervenciones del estado en las relaciones laborales deben ser estratégicas, orientadas a evitar la explotación laboral, el abuso ante las asimetrías entre empleadores y empleados, la persistencia de desigualdades por cuestiones de género o de identidad étnica, y la utilización de trabajo infantil o adolescente.

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