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Salario Mínimo Vital y Móvil de octubre 2025: cómo quedó el valor por hora y la jornada completa

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El ingreso básico que determina el mínimo permitido para empleados formales ajustó el importe vigente y afectó otros pagos de organismos públicos y programas de asistencia

La definición del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para octubre de 2025 establece el ingreso base que un empleado puede percibir por su trabajo en la economía formal en Argentina. El monto fijado en 322.200 pesos se mantiene sin modificaciones desde agosto, según los últimos datos oficiales, y funciona como parámetro no solo para las remuneraciones mínimas, sino también para distintas prestaciones sociales y beneficios otorgados por la ANSES.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil decide periódicamente los ajustes de esta cifra, considerando el avance de la inflación y la situación del mercado laboral. Este consejo reúne a representantes del gobierno, de los empresarios y de los sindicatos, y constituye el ámbito institucional en el que se acuerdan las actualizaciones salariales obligatorias. El objetivo principal es acompañar los incrementos de precios y evitar el deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos más bajos del país.

En octubre de 2025, el SMVM se mantiene en 322.200 pesos para quienes cumplen la jornada completa de 48 horas semanales, y en 1.610 pesos la hora para trabajadores jornalizados. El importe correspondiente a empleos de tiempo parcial o jornadas menores se determina de manera proporcional, siguiendo los criterios definidos en la normativa vigente. La cifra oficial se utiliza también como referencia para la determinación de las condiciones mínimas de contratación en distintas actividades y convenios colectivos del sector privado.

La vigencia de este monto afecta directamente a un segmento importante de la población, ya que el SMVM interviene en el cálculo y la actualización de diferentes programas y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según la información disponible, prestaciones sociales básicas como la Jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo reajustaron sus valores a partir de la actualización de octubre, acompañando el aumento del 1,9% definido para ese período.

En detalle, para octubre de 2025, la Jubilación mínima asciende a 396.304,88 pesos, suma que surge de un haber base de 326.304,88 pesos más un bono adicional de 70.000 pesos. Por su parte, la PUAM —que está destinada a adultos mayores sin acceso a la jubilación contributiva tradicional— se ubica en 331.016,96 pesos, luego de adicionarle el bono complementario correspondiente. Las Pensiones No Contributivas muestran un monto actualizado de 298.381,85 pesos, que incluye también el refuerzo remunerativo otorgado de manera extraordinaria.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), que asiste a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de edad, escala hasta 117.252 pesos en su forma bruta. El pago directo a las familias, después de la retención del 20% reglamentaria, se sitúa en 93.801,60 pesos. Para quienes tienen hijos con discapacidad, el monto sube a 381.791 pesos, dejando un pago directo de 305.432,80 pesos tras la retención correspondiente. La Asignación Familiar por Hijo parte desde 58.572,85 pesos, y la Asignación por Hijo con Discapacidad, de 190.714,27 pesos, en función de las actualizaciones vigentes.

El valor oficial del SMVM también determina el rango de la Prestación por Desempleo, que en octubre de 2025 tiene un nuevo piso legal de 161.000 pesos (equivalente al 50% del salario mínimo) y un máximo de 322.000 pesos (el 100%), en sintonía con la normativa operativa de la ANSES. Esta prestación representa un apoyo transitorio para personas que han perdido su empleo formal reciente, ajustándose trimestralmente de acuerdo con los aumentos oficiales que recibe el SMVM.

El proceso de ajuste del Salario Mínimo Vital y Móvil durante los meses previos en 2025 marca una evolución constante desde enero, cuando el monto se ubicaba en 286.711 pesos. La escala de incrementos fue la siguiente: en febrero, el mínimo alcanzó 292.446 pesos; en marzo, llegó a 296.832 pesos; en abril, subió a 302.600 pesos; en mayo, trepó a 308.200 pesos; en junio, a 313.400 pesos; en julio, alcanzó 317.800 pesos; en agosto, se fijó en 322.200 pesos. Luego, tanto en septiembre como en octubre, el monto permaneció sin cambios respecto a la última cifra aprobada en agosto.

Los trabajadores jornalizados reciben una remuneración horaria de 1.610 pesos, cantidad que rige tanto para contratos ocasionales como para los empleos con menor carga horaria. Quienes tienen acuerdos de trabajo inferiores a la jornada legal semanal ven reflejado el mínimo proporcional en sus ingresos mensuales, en relación directa con la cantidad de horas trabajadas. Este enfoque busca cubrir la amplia gama de modalidades laborales presentes en la economía nacional.

El alcance del SMVM trasciende la negociación salarial directa, ya que su aplicación interfiere en numerosa normativa asociada al empleo registrado, la seguridad social y las cuotas alimentarias fijadas por la Justicia en casos de parentalidad compartida. Al definirse el piso de ingresos permitido por ley, el Estado busca asegurar estándares básicos de protección social y combate la precarización laboral en los sectores más expuestos.

Año tras año, el debate en torno al Salario Mínimo Vital y Móvil concentra la atención de la opinión pública y los actores sociales. El trazado de la política salarial nacional involucra componentes económicos, sociales y políticos que inciden de manera significativa en el tejido productivo argentino. La determinación de ajustes periódicos, los consensos alcanzados en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM, y la respuesta del mercado son factores que determinan la estabilidad y el dinamismo del ingreso mínimo.

El impacto más sensible se observa en los hogares de menores recursos, donde asignaciones como la AUH y beneficios como la Prestación por Desempleo marcan la diferencia entre una subsistencia básica garantizada y situaciones de mayor vulnerabilidad. A través de este índice, se configuran políticas de acompañamiento destinadas a los sectores más frágiles del entramado social, alineando las necesidades de ajuste con la realidad de la economía.

La política de revisión del Salario Mínimo Vital y Móvil tiene un efecto multiplicador en el entramado de prestaciones sociales, empleos estatales y privados, y transferencias monetarias. La transparencia en la información sobre su valor y la actualización regular son aspectos claves para el seguimiento público y para la gestión de expectativas, tanto de trabajadores como de empleadores.

Durante 2025, la evolución mensual del SMVM siguió una dinámica de actualización progresiva, sin saltos bruscos ni congelamientos extendidos, hasta su estabilización en agosto. El contexto nacional marcó el ritmo de estos incrementos, en medio de debates sobre inflación y recuperación salarial. Desde entonces, el monto permanece sin cambios, a la espera de nuevas decisiones del consejo que supervisa los ajustes obligatorios del ingreso mínimo.

El SMVM conforma el umbral básico en la economía argentina para la remuneración formal y la referencia de muchos derechos vinculados a la protección social. Su valor es seguido de cerca por trabajadores, sindicalistas, empleadores, organismos oficiales y beneficiarios de políticas de inclusión, quienes ven en él un elemento fundamental del bienestar y la equidad.

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Chile impulsa un proyecto de cable submarino con China que pone en alerta a la región

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El plan despertó dudas sobre la aplicación de la Ley de Ciberseguridad china y el posible acceso de servicios de inteligencia a datos regionales

Chile avanza silenciosamente en un proyecto de infraestructura digital que podría tener implicaciones profundas para la soberanía de datos en América Latina. Se trata del llamado “Chile–China Express”, un cable submarino propuesto que conectaría las costas chilenas con Hong Kong. Aunque a simple vista podría parecer un emprendimiento técnico más en la expansión global de las telecomunicaciones, lo cierto es que este plan se diferencia por la opacidad con la que se lo ha manejado y por los riesgos que se desprenden de la legislación china en materia de seguridad cibernética e inteligencia. La discusión trasciende los límites de Chile, pues cualquier país que interconecte sus redes con ese tendido quedaría expuesto a las obligaciones que empresas chinas mantienen con el Estado de Pekín.

La pregunta de fondo es por qué Chile necesitaría otro cable transpacífico cuando ya se encuentra en marcha el Humboldt, un proyecto desarrollado por Google junto con la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa. El Humboldt, cuya traza conecta Valparaíso con Sídney pasando por Tahití, fue anunciado públicamente, con cronograma, inversión y socios claramente identificados.

En contraste, el Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” a cargo de Inchcape/ISS, con escasa información disponible sobre su financiamiento, consorcio y términos contractuales. La ausencia de convocatoria abierta y el bajo nivel de transparencia constituyen la primera señal de alarma.

El problema central es que no se trata de un cable cualquiera, sino de un proyecto que coloca a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica. Desde 2017, China cuenta con un marco legal que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia. La Ley de Ciberseguridad (CSL) establece requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica.

A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.

En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico enrutado por el Chile–China Express. La naturaleza transnacional de los cables convierte a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. Así como las decisiones de endeudamiento de Ecuadoren la década pasada tuvieron consecuencias en toda la cuenca del Pacífico, pues influyeron en los flujos de petróleo hacia Asia–Pacífico, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos.

La confidencialidad como regla

La opacidad no es nueva en los acuerdos con China. Un estudio de AidData analizó más de un centenar de contratos de deuda con países de América Latina y África y concluyó que incluyen cláusulas de confidencialidad extraordinarias, restricciones de divulgación y garantías de pago por fuera de los mecanismos multilaterales como el Club de París. Infobae documentó cómo, en Ecuador, los préstamos chinos estaban respaldados en la entrega de crudo y contenían condiciones poco usuales que limitaban la transparencia. El patrón es claro: la política exterior china recurre al secretismo como herramienta para blindar sus intereses.

A la dimensión jurídica se suma la dimensión de inteligencia. Informes de Safeguard Defenders han documentado la existencia de más de 50 “estaciones de policía” chinas en el extranjero, incluidas algunas en América Latina. Estas oficinas, presentadas como centros de servicios para ciudadanos chinos en el exterior, han sido denunciadas por operar como mecanismos de vigilancia y coerción sobre la diáspora, en ocasiones presionando a personas a regresar a China bajo amenazas. Varios gobiernos de Europa y América han abierto investigaciones. El cable submarino, en ese contexto, no puede analizarse de manera aislada: forma parte de un ecosistema de herramientas de control extraterritorial que combina infraestructura digital, presencia física y presión diplomática.

El discurso de las autoridades chinas suele presentarse en clave de beneficio económico inmediato. Inversiones en plantas industriales, promesas de generación de empleo y transferencia de tecnología acompañan a estos proyectos. Pero la experiencia chilena muestra que muchas de esas promesas se han quedado en el papel. En 2021, se anunciaron inversiones de la farmacéutica Sinovac en Antofagasta y Santiago, así como proyectos de BYD y Tsingshan para instalar plantas de baterías de litio. Años después, ninguno de esos planes se ha concretado plenamente; algunos han sido suspendidos, otros retirados. Reuters y El País han confirmado que al menos dos de esas iniciativas fueron canceladas o congeladas.

En contraste, los proyectos gestionados con empresas occidentales han mostrado mayor transparencia en su ejecución. El Humboldt de Google, con cronograma claro y participación de entidades estatales chilenas, ilustra una forma distinta de negociar, más cercana a los estándares internacionales de gobernanza. Esto no significa que los cables controlados por actores occidentales estén exentos de riesgos, pero sí que sus condiciones contractuales han sido más accesibles para el escrutinio público.

Las normativas chinas que preocupan

El debate sobre el Chile–China Express toca además un punto crucial: la gobernanza digital. Al igual que en las decisiones de endeudamiento externo, las democracias deben decidir si aceptan acuerdos que limitan su capacidad de control sobre sectores estratégicos. La transparencia es el primer requisito para tomar decisiones informadas, y su ausencia es el síntoma más evidente de que lo que está en juego no es solo conectividad, sino soberanía.

La Ley de Ciberseguridad de China (CSL) obliga a los operadores de infraestructura crítica a almacenar localmente los datos y a cooperar con las autoridades chinas en caso de solicitudes de seguridad nacional. Esto incluye el derecho del Estado a realizar auditorías y requerir la entrega de información.

En cambio, La Ley de Inteligencia Nacional es una norma que complementa la CSL al exigir que cualquier organización o ciudadano “apoye, asista y coopere” con la labor de inteligencia del Estado. La ley no distingue entre actividades domésticas y en el extranjero, lo que amplía el alcance de la obligación.

El Humboldt conecta Chile con Oceanía con socios identificados. El Chile–China Express aparece como proyecto en progreso con destino Hong Kong. La duplicidad de rutas hacia Asia, una con Estados Unidos y otra con China como actores principales, refleja la competencia geopolítica por controlar la infraestructura digital en la región.

El trasfondo es geoestratégico: para Pekín, la infraestructura digital es la nueva columna vertebral de su influencia global. El Decimocuarto Plan Quinquenal de Informatización Nacional lo establece de forma explícita: China aspira a dominar las telecomunicaciones mundiales, no solo como proveedor de equipos, sino como operador de los canales de transmisión . El cable Chile–China Express, más allá de su utilidad comercial, se inscribe en ese objetivo.

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Turismo sostenible en Misiones: inició el programa de eficiencia energética en Iguazú

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Turismo y energía, Puerto Iguazú lanzó el programa de eficiencia energética para emprendimientos turísticos

Puerto Iguazú se convirtió en el epicentro de una nueva política público-privada que busca alinear sostenibilidad y competitividad en el sector turístico. En la sede del ITUREM, se realizó la primera jornada del Programa de Eficiencia Energética para el Turismo, iniciativa que apunta a capacitar, asistir y diagnosticar consumos energéticos en emprendimientos turísticos de Misiones.

Un programa estratégico para un sector clave en Misiones

La jornada inauguró un ciclo que combina capacitaciones técnicas, diagnósticos energéticos y asistencia especializada, con el objetivo de impulsar el uso eficiente y responsable de la energía en hoteles, restaurantes, agencias y servicios turísticos.

La propuesta se apoya en la premisa de que energía y turismo son ejes estratégicos para el desarrollo provincial, dado el peso del turismo receptivo en la economía misionera y la creciente demanda de prácticas sostenibles por parte de visitantes nacionales e internacionales.

El programa busca, además, reducir costos operativos de los emprendimientos locales y posicionar a Misiones como un destino competitivo en términos de sustentabilidad energética.

Capacitación y convocatoria abierta

Durante el encuentro se presentaron los lineamientos del programa y se ofreció un espacio de intercambio para los empresarios turísticos que buscan adaptar sus operaciones a estándares más eficientes.

Los interesados en participar de las próximas etapas del programa ya pueden inscribirse online a través del formulario oficial: https://forms.gle/aYAaDrH4kBgaKLb48.

Se prevé que las siguientes instancias incluyan visitas técnicas a establecimientos turísticos, con la elaboración de diagnósticos energéticos y recomendaciones concretas de mejora.

La articulación entre turismo y eficiencia energética coloca a Misiones a la vanguardia de las políticas de sustentabilidad en la región. A través de este programa, se busca reducir la huella ambiental del sector turístico, mejorar la competitividad de los emprendimientos y responder a una tendencia global donde los viajeros priorizan destinos responsables con el ambiente.

La iniciativa, además, constituye una oportunidad de diferenciación para Puerto Iguazú, puerta de entrada a las Cataratas del Iguazú, en un mercado turístico cada vez más exigente en estándares de calidad y sostenibilidad.

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El INYM y 22 marcas en la DieteticActiva, la feria que reúne proveedores y distribuidores de alimentos saludables de la Argentina

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La Yerba Mate Argentina se promocionó el fin de semana en la DieteticActiva Expo Retail Saludable, en Costa Salguero, ciudad de Buenos Aires, un evento orientado específicamente a generar contacto de ventas con proveedores y distribuidores de alimentos saludables en la Argentina.

El evento se realiza todos los años, reuniendo la actualidad de proveedores, fabricantes, laboratorios, droguerías, distribuidores y mayoristas para dietéticas, herboristerías, almacenes naturales y puntos de ventas de productos dietéticos y afines del país.  El INYM organiza y finanza la presencia de empresas y cooperativas yerbateras en los stands, respaldando la difusión de productos y su presencia en el mercado. 

En esta oportunidad, el INYM generó espacio en 15 estands para 22 marcas de yerba mate, cuyos representantes estuvieron trabajando, el sábado y el domingo, para afianzar canales de distribución y ventas. Se trata de las marcas Aky, Zapecá, Principios, Mathienzo, Salam, Don Omar, Secadero, MateandoTé, Encanto, Grapia Milenaria, Origen, Grito Sagrado, La Buena, Campeona, Hierbas del Oasis, Atiguá, Ivú, Mateando, Mateamos, Titrayjú y Cachamate.

El INYM, por su parte, estuvo representado por el director por el sector Cooperativo, Carlo Luis Czajkowski, y por contador César López, del área de Fiscalización de la Institución, quienes también establecieron contactos y visibilizaron la potencialidad del alimento, y en esa línea se enmarcó una charla con el autor del libro “Yerba mate. Mitos, verdades y chamuyos”, Martín Gómez, siempre orientado a enriquecer la difusión de las propiedades y el bienestar que genera el hábito de tomar mate.

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El clima en Misiones: entre récords de lluvia y heladas que quedaron para la historia

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El 2024 fue un año excepcional para la producción misionera. Un informe elaborado por la Estación Agrometeorológica del INTA en Cerro Azul muestra que las condiciones climáticas estuvieron atravesadas por fuertes contrastes: registros de lluvias históricas en otoño, un invierno seco con heladas intensas y un cierre de año marcado por déficit hídrico en plena etapa crítica para los cultivos.

La influencia del fenómeno El Niño hasta mayo determinó un inicio favorable para la actividad agrícola. Entre abril y mayo se acumularon más de 745 milímetros de precipitaciones, el doble del promedio histórico. El 2 de mayo se rompió un récord absoluto al registrarse 247,5 mm en un solo día, la mayor marca desde que se llevan estadísticas en 1967. Ese aporte de agua permitió la recuperación de arroyos y vertientes tras varios años de sequía, un alivio clave para productores de la región.

Sin embargo, esa abundancia pronto dio paso a la fase neutral. En junio y julio las lluvias quedaron más de 100 mm por debajo de lo normal, y hacia diciembre se instaló una marcada deficiencia hídrica que coincidió con momentos sensibles de floración y desarrollo de cultivos. En el balance anual, Cerro Azul sumó 2.321 mm de precipitaciones en 127 días de lluvia, un 17% por encima de la media, confirmando la elevada variabilidad climática de la provincia.

La disparidad también se sintió en el territorio. Mientras en el norte San Pedro lideró con 2.382 mm y Andresito apenas alcanzó 1.801 mm, en el sur Cerro Azul se destacó con el máximo acumulado, frente a los 1.739 mm de Fachinal. Estos contrastes reflejan la dificultad de planificar la producción bajo condiciones que cambian radicalmente en pocos kilómetros.

Las temperaturas acompañaron este escenario atípico. Junio marcó un récord histórico al superar los 30 °C en pleno invierno, mientras que la mínima del año se ubicó en -0,4 °C, por encima de los valores extremos de décadas anteriores. El invierno trajo consigo 14 heladas, cuando el promedio histórico es de nueve. Las de agosto resultaron especialmente dañinas porque coincidieron con la brotación y floración de cultivos sensibles como el banano, impactando en la campaña siguiente.

Otros indicadores refuerzan el carácter excepcional del año. Se acumularon 249 horas de frío, muy por encima del promedio histórico de 172 horas, un dato positivo para ciertos frutales y yerbales, aunque la intensidad de las heladas relativizó el beneficio. La heliofanía efectiva fue de 6,5 horas diarias, por debajo de las 7 habituales, y la humedad relativa promedio se ubicó en 80%, cinco puntos más que la media.

Para el sector agroindustrial y los productores misioneros, estas cifras no son solo datos técnicos: se traducen en decisiones sobre inversión, calendario de siembra, planificación de cosecha y manejo de riesgos. El informe confirma que la provincia seguirá enfrentando una creciente volatilidad climática, y que la competitividad dependerá cada vez más de contar con información precisa y de estrategias que permitan mitigar los efectos de un clima cada vez menos previsible.

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