Inter Press Service – Una experta en derechos humanos de las Naciones Unidas planteó, ante la Asamblea General de la organización, que las instituciones y los países actualicen las medidas para proteger ante las nuevas tecnologías los datos personales y la privacidad, en un informe divulgado este jueves 24.
Las nuevas tecnologías “siempre han sido grandes compañeras en nuestra búsqueda de desarrollo y progreso, pero también generan una serie de riesgos inherentes a su uso y evolución”, advirtió Ana Brian Nougrères, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad.
La jurista uruguaya dijo que el eje de la propuesta es actualizar los “Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales”, propuestos por la Asamblea General en su resolución 45/95 del 14 de diciembre de 1990.
Brian Nougrères expuso que internet, las redes sociales digitales, la recopilación internacional de datos (big data), la computación en la nube, la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, la realidad virtual y las neurotecnologías plantean nuevos desafíos para proteger los datos personales y la privacidad.
Una decena de avances tecnológicos de la mayor importancia no se habían producido cuando la Asamblea General aprobó su resolución de 1990, señaló la experta, que actúa en el conjunto de relatores independientes bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre ellos mencionó el surgimiento y la popularización de Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales digitales, la computación en la nube, y los macrodatos que permiten realizar análisis sofisticados y adoptar decisiones sobre la base del procesamiento de grandes cantidades de datos.
También señaló a la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual, los vehículos autónomos, y las neurotecnologías que permiten conocer minuciosamente el cerebro y obtener información neuronal de las personas, datos extremadamente sensibles según destacó Brian Nougrères.
Se refirió al ciberespacio como “el escenario en que convivimos millones de personas en el mundo”, para subrayar que “la realidad socio-tecnológica actual no era la que existía cuando se emitieron las primeras regulaciones sobre la protección de datos personales”.
Por ello, los Estados y las instituciones deben revisar las leyes nacionales que toquen esas materias sensibles, armonizar los documentos de procesamiento de datos, modernizar conceptos e incorporar un enfoque de derechos humanos, para salvaguardar el derecho a la privacidad y proteger los datos de las personas.
Debe atenderse un conjunto de principios, según la especialista, tales como legalidad, proporcionalidad, no discriminación, la protección especial de datos sensibles y de los niños, la confidencialidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ejemplo, quienes desarrollan inteligencia artificial deben ser transparentes con relación a cómo se tratan los datos (cómo se recopilan, almacenan y utilizan), y con relación a la forma en que se toman las decisiones basadas en la inteligencia artificial, su confiabilidad, y la información.
Las personas afectadas por las decisiones tomadas a partir de la inteligencia artificial “merecen una explicación clara, sencilla, completa, veraz y comprensible de la motivación de esa decisión y, en ese sentido, el principio de explicabilidad es de cardinal importancia”, según Brian Nougrères.
Finalmente, la relatora pidió la inclusión de una cláusula humanitaria.
Los Estados deberán “adoptarán medidas especiales sobre el procesamiento de datos personales para facilitar y apoyar la acción humanitaria destinada a proteger y ayudar a las personas vulnerables en el contexto de conflictos armados, violencia, desastres naturales o situaciones de emergencia”, propuso la responsable.
Escribe Alexander Campos / Inter Press Service – El instrumento de los bancos de hábitat en Colombia acumula casos de éxito y se proyecta como una herramienta innovadora para la conservación a nivel nacional. Sin embargo, su juventud ha encontrado trabas para operadores y otros actores interesados, así como preocupaciones acerca de su enfoque económico.
Corrían los años sesenta cuando Abraham Serna adquirió en Támesis, Antioquia, una tierra que por distante y alta requería de “llegar en globo”. Era, por supuesto, una forma cómica de presentar su finca, que a lomo de mula y caballo estaba a seis o siete horas desde el pueblo y en la que, como muchos colonos de la época, desarrolló un proyecto ganadero que implicó convertir el monte virgen en el potrero para las bestias.
Así lo hizo y mantuvo hasta principios de los años noventa, cuando la incursión guerrillera obligó a la familia a desplazarse por seguridad.
El Globo, esa finca de 360 hectáreas que recuerda lo recóndito de los proyectos rurales en Colombia, lo tenebroso del conflicto armado para las familias campesinas y lo perjudiciales que resultan ciertas actividades productivas para el medio ambiente, es a día de hoy uno de los más importantes exponentes de un esquema de financiación climática que crece en el país: los bancos de hábitat.
Voces críticas, como la organización Censat Agua Viva, cuestionan este enfoque, en tanto puede transmitir la idea de que las actividades productivas dañinas son admisibles bajo la premisa de una compensación, aunque esta no aborde los problemas subyacentes en la monetización de los servicios ecosistémicos.
A día de hoy, el proceso de instituir y desarrollar un banco de hábitat involucra a compañías obligadas a compensar, al Estado, a pequeños propietarios de tierras y a empresas operadoras.
Funciona así: el dueño de un predio decide dedicarlo a la conservación, un operador lo registra ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, y las empresas negocian los cupos para cumplir con sus obligaciones ambientales.
Estas empresas incluyen cierta cantidad de cupos del Banco de Hábitat en el plan de compensaciones que deben presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y, según se cumplen las metas pactadas en este, se realizan los desembolsos al operador.
De otro predio ganadero, esta vez en La Guajira, surgió el Banco de Hábitat Serranía del Perijá – Montes de Oca, en el que se restringió la entrada para caza y tala y se iniciaron labores de restauración del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más degradados en el país y del que, según estimaciones, restan apenas 720.000 hectáreas de 8 millones originales.
Samuel Casseres, cofundador y director científico de la Fundación Batis, parte del Consorcio BH que opera este Banco de Hábitat, nos explicó que el mecanismo destaca entre otros instrumentos de financiación climática por al menos varios factores.
En primer lugar, existe un mercado obligatorio, dentro del cual los bancos de hábitat son autorizados para que las empresas lleven a cabo sus compensaciones ambientales o inversiones forzosas, asegurando un grupo de potenciales compradores.
Además, se trata de proyectos a largo plazo, diseñados para durar entre 20 y 30 años, lo que garantiza procesos efectivos de restauración y conservación.
Finalmente, involucra a operadores expertos en servicios ecosistémicos, quienes firman contratos con los propietarios de los terrenos, negociando distintos métodos y frecuencias de pago. Esto genera una serie de garantías técnicas, jurídicas y económicas,
Por otra parte, el precio de los cupos se negocia entre la empresa obligada a compensar y el operador del banco de hábitat, lo que elimina la intermediación y la volatilidad que existe con instrumentos como los bonos de carbono.
Estos factores obedecen a las particularidades del sistema de licenciamiento ambiental colombiano, según nos dijo Francisco Gómez, director técnico de Terrasos, el mayor operador de bancos de hábitat en el país y responsable de estructurar el piloto del instrumento, ubicado en San Martín de los Llanos, Meta, que se lanzó en 2017 como proyecto pionero en Latinoamérica.
Una evolución evidente, pero opaca
La entrada sobre este instrumento en la página web del Ministerio de Ambiente, asegura a día de hoy: “A 2020, Colombia cuenta con dos bancos de Hábitat uno en el Meta y otro en Antioquia (sic)».
Mientras tanto, datos del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), actualizados el 3 de mayo de 2024, reportan 18 bancos de hábitat desarrollados por cinco operadores en nueve departamentos. En total, se cuentan 43 categorías ecosistémicas que se encuentran en fases de conservación, preservación o restauración.
Sin embargo, tras ponernos en contacto con los operadores, encontramos que uno de ellos ya no desarrolla el banco de hábitat que registró, lo que por parte del Ministerio de Ambiente señala una falla en el monitoreo o en la presentación de los datos. Utilizando las páginas web de los cuatro operadores restantes, corroboramos que los otros 17 bancos se encuentran activos.
Esta revisión dejó entrever que son los operadores los que ofrecen información más actualizada y completa sobre sus proyectos. Por ejemplo, en sus propios mapas estas organizaciones presentan el total de hectáreas y los cupos emitidos en cada banco. En el caso del Consorcio BH, se puede consultar incluso el número de cupos aún disponibles.
Esta misma carencia de información se refleja también en la falta de informes sobre la implementación de los primeros bancos de hábitat.
El propio Ministerio de Ambiente, consultado para este artículo, expresó que la información que tiene sobre implementación y funcionamiento radica en “los informes de monitoreo y seguimiento que el gestor del Banco de Hábitat presenta a la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, según lo establecido en la resolución 1051 de 2017”.
Si bien es cierto que buena parte de los 17 proyectos activos se aprobaron entre 2022 y 2023, el primer banco se lanzó en 2017. Siete años después, no existe un informe o evaluación sobre el número de predios que han aplicado para registrarse, los cupos emitidos, las hectáreas protegidas o las empresas que han optado por este mecanismo para realizar la compensación ambiental.
A través de la ingeniera Daniela Mendoza Olarte, profesional de Censat Agua Viva, obtuvimos una evaluación, realizada por el Área de Selvas y Biodiversidad y el Área de Conflictos Mineros de la organización, sobre los riesgos que constituyen los vacíos de información en cuanto a herramientas de financiación climática:
“La especulación con tierras de alto valor ambiental es un riesgo crítico, ya que las áreas rurales con ecosistemas valiosos y esenciales para la vida podrían ser vistas más como una oportunidad económica que como espacios de conservación justa y autónoma […] Sin mecanismos de control robustos y transparentes, los bancos de hábitat no sólo pueden facilitar la aprobación de proyectos dañinos, sino que podrían debilitar aún más los procesos de evaluación y consulta que deberían garantizar los derechos de los pueblos sobre sus territorios”, se indica.
El riesgo de la especulación fue señalado incluso por Mariana Sarmiento, gerente de Terrasos. Basta notar que, mientras la institucionalidad aparece rezagada en términos de información, los operadores de bancos de hábitat desafían los posibles límites del instrumento.
Tanto Terrasos como el Consorcio BH, por ejemplo, adelantan propuestas para registrar bancos de hábitat en predios de titulación colectiva de comunidades afrodescendientes e indígenas. Ambas, iniciativas que evidencian uno de los estímulos más relevantes para los propietarios en este esquema de conservación y, a la vez, uno de sus mayores peligros: la garantía de tenencia de la tierra.
Oportunidades y temores
En una ventana de innovación mayúscula, los bancos de hábitat fueron el escenario de la estructuración del mercado voluntario de créditos de biodiversidad.
Un Tebu (Terrasos Biodiversity Unit), por ejemplo, representa 10 metros cuadrados de ecosistemas conservados durante 30 años, y su primer exponente fue, justamente, el bosque de niebla preservado en el predio de Támesis que antes fuera aquella finca ganadera a la que había que llegar en globo.
Este relicto es hogar de especies amenazadas como el loro orejiamarillo y el oso de anteojos.
Recientemente, el programa Conexión Jaguar de la empresa ISA adquirió 1650 créditos de este banco de hábitat (correspondientes a 16.250 metros cuadrados de El Globo), demostrando que el instrumento conviene a empresas que buscan incluir este tipo de iniciativas en estrategias de sostenibilidad corporativa.
Según Mariana Sarmiento, la estructura instalada para los bancos de hábitat es un buen canal para la inversión en conservación gracias a este tipo de créditos.
Este nuevo frente, sin embargo, no hace parte ya del mercado obligatorio de compensación ambiental, sino que se abre a un mercado voluntario, sostenido entre actores privados, que cuenta con detractores.
Esto, debido a que asemeja el modelo de comercialización de bonos azules o bonos de carbono, dentro del cual ciertos proyectos han resultado cuestionados por ser abusivos con las comunidades o presentar irregularidades en su funcionamiento y resultados.
Este tipo de soluciones, incluso, ha llegado a ser descrito como “capitalismo verde, que despoja pueblos y territorios, para profundizar el modelo extractivista”, en palabras de la profesora e investigadora Catalina Toro, directora del Grupo Derecho y Política Ambiental de la Universidad Nacional.
Por otra parte, que los bancos de hábitat puedan emitir bonos de biodiversidad genera preguntas sobre posibles cruces o doble contabilidad de los cupos emitidos. Según aseguraron los operadores entrevistados, tanto los cupos que se venden en el mercado obligatorio, como los del mercado voluntario, gozan de georreferenciación y trazabilidad.
Así mismo, el Ministerio de Ambiente aseguró que las acciones dentro de los bancos de hábitat “deben estar claramente diferenciadas espacialmente, para evitar la doble contabilidad debido a la superposición de actividades”.
Normativa y expectativas
Los bancos de hábitat se reglamentaron a través de la Resolución 1051 del 2017 y, desde entonces, sólo se publicó, en 2022, una guía para este tipo de compensaciones. La ministra Susana Muhammad anunció que durante este mes se emitiría una nueva reglamentación para la aplicación de este instrumento.
El equipo de prensa del Ministerio de Ambiente nos aseguró que la nueva normativa se empezó a socializar en la Feria de Economías para la Vida, que se llevó a cabo entre el 2 y 4 de octubre.
El borrador de la resolución se publicó como proyecto en consulta entre el 10 y el 25 de octubre, e incluye una mayor especificidad en cuanto a las etapas de registro de los bancos de hábitat. Además introduce formalmente el concepto de “cupos”, detalla las posibles fuentes de ingreso y establece el plazo mínimo de duración de los proyectos en 20 años.
Aunque fijar dicha duración responde a uno de los reclamos de los operadores en cuanto a la estabilidad de las iniciativas, según las experiencias de operación todavía queda camino por recorrer en la reglamentación de los Bancos de Hábitat.J
Para Gómez, de Terrasos, la normatividad debería incluir “salvaguardas sociales y ambientales. Vimos casos en el mercado de carbono de proyectos mal estructurados con las comunidades, donde estas no fueron informadas plenamente, donde la información fue escasa (si no mentirosa), donde las responsabilidades no quedaron claras, donde los intermediarios ganaban sumas exorbitantes que no tenían ningún sentido para el tipo de negocio que estaba ocurriendo”.
Además, varios operadores coincidieron en que la naturaleza de mercado que tiene este instrumento ha chocado con los procesos habituales de registro que tiene la ANLA.
Por ejemplo, al recibir una propuesta de compensación que incluye cierta cantidad de cupos de un banco de hábitat, la autoridad ambiental bloquea la totalidad de los cupos, por lo que no permite que se usen en una propuesta de otra empresa. Sin embargo, la venta no se efectúa hasta el visto bueno de la ANLA, por lo que este procedimiento interfiere en la lógica de oferta y demanda.
Henry Contreras, gerente de HC Asesorías, operador de tres bancos de hábitat ubicados en Cundinamarca y Tolima, aseguró que hace falta una sensibilización más profunda sobre el instrumento, pues a día de hoy no existe un ecosistema favorable para la conservación, especialmente en materia de ordenamiento territorial y valorización de los predios.
“Si usted tiene un metro cuadrado por valor de 20 millones de pesos, pero esa zona se declara reserva forestal, ya no vale eso, sino que vale menos. Y mucho menos. No son cifras reales, pero si vale 20 millones el metro cuadrado y lo declara reserva, se le vuelven tres millones. Sucede en todo el país, y ahí se ve que no hay realmente un incentivo a la conservación para los propietarios de los predios”, sostuvo Contreras.
Asimismo, Casseres señaló que durante la operación se ha encontrado con que actores secundarios, pero necesarios para el funcionamiento de los bancos de hábitat, no están enterados del instrumento o no lo entienden, lo que en su caso ha significado un conflicto para conseguir el aseguramiento del proyecto:
“Las aseguradoras no respaldan estos procesos de ninguna forma. Ha sido bastante complejo. El banco es a 30 años, y ellas lo máximo que firman es a un año. Debería existir la garantía de estos seguros principalmente por lo que se refiere a cambio climático y asuntos externos que se salen de las manos. A pesar de que nosotros tenemos planes de contingencia, que se evalúan riesgos y se toman las medidas necesarias, hay cosas que eventualmente salen de cualquier posibilidad y podrían comprometer el proyecto”, indicó el director científico de la Fundación Batis.
Entre dichos asuntos, finalmente, cabe anotar que en todos los departamentos en los que funcionan actualmente los bancos de hábitat, se ha reportado presencia de actores armados ilegales en lo corrido de este año, por lo cual el funcionamiento del instrumento a largo plazo implica garantías de seguridad para la población rural y la presencia y el control estatal en los territorios que apuestan por la conservación.
De hecho, la falta de control territorial es muestra latente de una falla que, según Censat Aguaviva, existe en la concepción de soluciones basadas en la naturaleza como los bancos de hábitat, que aparecen “como una solución ante un Estado ineficiente en la gestión ambiental”.
Luego de 10 años de estudio en el campo de producción del INTA Oliveros, Santa Fe, un equipo de investigación confirmó los beneficios de esta estrategia agronómica. Mejoras en la salud del suelo, aumento de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y control de plagas, sin afectar los rendimientos y la rentabilidad del sistema de producción, entre las principales ventajas.
Desde 2015, un equipo de especialistas del INTA Oliveros, Santa Fe, aplica en el campo de producción de 300 hectáreas, diversas estrategias agronómicas para regenerar los agroecosistemas y preservar los sistemas naturales. Además, se realizan ensayos de investigación en macro parcelas. Luego de 10 años de estudio, se confirmó que implementar un esquema de prácticas regenerativas/circulares mejora la salud del suelo, la biodiversidad y el control de plagas, sin afectar los rendimientos.
“Integrar la agricultura con la ganadería bajo un esquema regenerativo/circular en el campo de producción impactó positivamente, al aumentar la materia orgánica y el pH del suelo, elementos de suma importancia para el desarrollo de la vida del suelo”, aseguró Juan Carlos Gamundi, investigador a cargo del campo de producción del INTA Oliveros.
Según Aranza Rodríguez, becaria doctoral a cargo de la investigación, “la agricultura regenerativa y circular se basa en principios fundamentales como: evitar el laboreo de suelo, mantenerlo siempre cubierto y con raíces vivas, aumentar la biodiversidad, cerrar ciclos de nutrientes e integrar al sistema la ganadería mediante el pastoreo”.
A su vez, se observó que los cultivos de cobertura multiespecies aportaron mayor biodiversidad cuya interacción dentro del sistema favorece la competencia con las malezas, lo que redujo su población en un 77 % con relación a los barbechos químicos (BQ). “Esto permitió reducir en un 40 % el uso de insumos químicos, principalmente los de acción residual, lo cual representó un ahorro en dólares con respecto al BQ de 233 y 146 USDpor hectárea al año para la secuencia CC/soja y CC/maíz, respectivamente”, detalló Rodríguez. También se registró una disminución de la densidad aparente del suelo, lo cual promueve una menor resistencia a la penetración mecánica y un aumento de la tasa de infiltración.
Investigadores de la sección Entomología demostraron que el aumento de la biodiversidad de especies vegetales en el sistema promovió la mayor abundancia y diversidad de alimentos (polen, néctar, y presas) y refugios para los enemigos naturales de las plagas, tanto los que habitan en el suelo como las partes aéreas de las plantas. “Esto favorece el control biológico de las principales plagas y, consecuentemente, el menor uso de insumos químicos”, detallaron los entomólogos.
La inclusión de los cultivos de cobertura invernales multiespecies a la rotación, soja-trigo/soja-maíz, en el 90 % del área destinada a la producción en el INTA Oliveros, sumado al pastoreo de los cultivos de cobertura, en este caso con novillos destinados a la exportación, fueron la estrategia clave para implementar la agricultura regenerativa/circular. Juan Ibarlucea, encargado de la ganadería en el campo de producción y jefe de la Agencia de Extensión Rural INTA Roldán, manifestó que es posible anexar animales de recría en capitalización para aprovechar este recurso forrajero excedente. Para ello, el investigador a cargo del campo de producción expresó que “es necesario realizar siembras al voleo anticipadas de los CC sobre maíz o soja en pie, que permitan producir cantidad y calidad de forraje adecuado para obtener ganancias de peso próximas a 1kg/animal/día, destacando que esta estrategia cubre y supera los costos de los CC”.
En este sentido, Rodriguez indicó que “la integración de la ganadería a la agricultura mediante el pastoreo de los cultivos de cobertura, permitió obtener un recurso forrajero de calidad con un 67 % de digestibilidad con aumentos medios diarios de entre 0.9 a 1.2 kg peso vivo por animal por día, siendo la producción ganadera de 150 kg de pv.ha-1 en los CC pastoreados”.
Los investigadores coinciden en que “la implementación de la agricultura regenerativa/circular trae aparejado beneficios económicos y ambientales, y si bien sus principios son universales, es necesario al momento de planificar, adaptarlos al contexto donde se van a aplicar”.
Una experiencia motivadora
Luego de 10 años, esta experiencia se transformó en un espacio de investigación, experimentación, capacitación y difusión, y es consultada y visitada por técnicos, productores, estudiantes universitarios y alumnos de escuelas agrotécnicas.
“Allí se realiza una tesis doctoral con este enfoque y se suman investigaciones colaborativas con otras instituciones nacionales e internacionales, que permiten obtener datos científicos que contribuyen a la toma de decisiones de los productores y profesionales. Además, se participa en capacitaciones formales de postgrado para impulsar una formación en esquemas circulares/regenerativos en sistemas agropecuarios”, expresó Gloria Rótolo, investigadora del equipo.
“Los visitantes al campo de producción y a los ensayos de las macro parcelas mencionadas, valoran la propuesta de este enfoque y muestran interés por la transición hacia agroecosistemas regenerativos y circulares que permitan mantener la rentabilidad”, concluyó Gamundi.
En septiembre, el IPC del Indec fue del 3,5% y el rubro “alimentos y bebidas sin alcohol” se ubicó en 2,3%. Para este mes, la tendencia se sostiene, a pesar de que el promedio general de precios sea menor que el mes pasado. Cómo se movieron las distintas categorías hasta ahora.
Tras la aceleración que había registrado en agosto, la inflación en septiembre retomó el rumbo descendente (3,5%) y las expectativas oficiales y privadas indican que en octubre el dato podría acercarse a los 3 puntos. De todas maneras, cuando se observan los rubros que componen el índice, queda claro que los alimentos ya habían mostrado una importante desaceleración -en gran parte, debido a la fuerte caída del consumo- hace ya varios meses y la tendencia ahora es de estabilidad y de subas muy atenuadas que, en promedio, se ubican en torno al 2 por ciento. Incluso, algunos productos bajan.
Los datos oficiales en base al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios (SEPA), abierto al público desde hace ya dos meses, muestra que la canasta de los supermercados con los productos frescos incluidos acumulaba, hasta el 23, un aumento del 2,6%, cuando para la misma fecha del mes anterior el incremento era de 1,7%, bastante inferior. Pero si se excluye los frescos, se percibe una desaceleración, ya que mientras que en septiembre la canasta de supermercados sin frescos había trepado 2,3%, en los primeros 23 días de octubre subió 1,9%. Esta canasta incluye productos de limpieza e higiene. Si sólo se hace el recorte en la canasta de alimentos y bebidas sin frescos, los incrementos son similares con respecto al mes anterior (2,1% versus 2,2%).
Aunque con menor impacto que en los peores meses del invierno, los productos frescos están incidiendo negativamente en la inflación de alimentos del mes. De hecho, la carne porcina acumula una suba de 21,46% en lo que va de octubre, en tanto que el pescado y los huevos, 7,52% y 7,99%, respectivamente. A su vez, la carne aviar acumula un alza de 4,56% y la carne vacuna prácticamente no subió de precio (0,78% en todo el mes). Las frutas y las hortalizas, por su parte, treparon 6,12% y 4,80%, respectivamente.
De acuerdo con la medición semanal que la consultora LCG realiza de los precios de los alimentos y bebidas, hasta la tercera semana de octubre la suba mensual se ubicaba en el 2%, tanto en la medición punta a punta como en el promedio. Concretamente, durante la tercera semana los precios relevados bajaron 0,1%, luego de sucesivas subas de 0,2%, la primera semana, y de 1,5%, la segunda. En la cuarta, según anticiparon fuentes de la firma, el aumento habría sido de 1,7 por ciento.
Respecto del 2% de suba de las últimas cuatro semanas, “se trata del nivel más bajo para la inflación promedio desde fines de mayo”, dice el informe. Y agrega que “a pesar del comportamiento semanal (que mostró caída de precios), bebidas explica más del 80% de la inflación mensual general, compensado parcialmente por otro rubro de similar peso relativo como es Lácteos, mostrando la disparidad entre categorías”.
La mayor suba de precios en el mundo de las bebidas también se refleja cuando se analizan los precios del SEPA. De hecho, las aguas acumulan una suba de 5,2%; los jugos en polvo, de 7,1%; los jugos para beber, 4,6%; y las gaseosas, de 2,4%. En el caso de las que tienen alcohol, los whiskys aumentaron 10,1% hasta el 23 de octubre. En cuanto a los lácteos, las leches se mantuvieron estables (+0,2%); el dulce de leche, 1,6% y los quesos untable y rallado, en torno a 2,3%. A su vez, el yogur subió apenas 0,8% en el mes. Y la ricotta bajó 3,7 por ciento. Pero la categoría quesos en general subió 8,3% en lo que va del mes.
También bajaron los pañales (4,7%); el papel higiénico y los rollos de cocina (0,3%); el vinagre y el aceto (0,2%); el arroz (3,9%); los detergentes y productos para el lavavajillas (0,2%); los insecticidas (0,2%) y los limpiadores (0,1%).
En cuanto a las subas, los productos que más se incrementaron, además de algunas bebidas, fueron las salsas de tomate (4,5%); las conservas de vegetales (5,5%); la lavandina (3,7%); los jabones de tocador (4,4%); las cremas para el cuerpo y las manos (3,9%) y la yerba (3,5%). El resto se mantuvo estable o registró tibios aumentos, de acuerdo con la información que recibe diariamente el Gobierno de los supermercados.
