Séptimo encuentro anual de los representantes de los poderes judiciales del país con UNICEF Argentina
Durante los días 2 y el 3 de octubre Buenos Aires fue la sede del VII Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Durante la jornada de intercambio entre los poderes judiciales provinciales y UNICEF, se instó a fortalecer una agenda común y perspectiva más homogénea de los derechos de las infancias y adolescencias en los procesos y políticas judiciales de todo el país.
“A 35 años de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño desde UNICEF consideramos fundamental visibilizar y priorizar la agenda de la infancia en la toma de decisiones. Y, en este sentido, el Poder Judicial tiene un rol central en la protección de la niñez y la adolescencia”, sostuvo Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.
¿De qué se trata esta iniciativa?
La Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de niñas, niños y adolescentes es una iniciativa de UNICEF Argentina, con el objetivo de crear espacios de debate e intercambio entre las máximas autoridades de los tribunales provinciales, coordinar enfoques e intervenciones integrales e inclusivas, visibilizar los temas de la agenda de protección de la infancia y adolescencia y lograr consensos de escala federal.
El encuentro, que se realiza por séptima vez desde 2015, contó con la participación de integrantes de los Superiores Tribunales de Justicia y referentes de las 23 provincias del país, de la Ciudad de Buenos Aires y de la jurisdicción nacional.
En representación del Poder Judicial de la provincia de Misiones estuvo presente el juez de Familia Nº 2, Roberto Andersson Frank, quien compartió la manera en que se viene trabajando desde hace tiempo en las dependencias judiciales misioneras con respecto a esta temática.
Para finalizar, los participantes firmaron una declaración conjunta en la que renovaron su compromiso para promover intervenciones judiciales respetuosas de los derechos de NNyA de Argentina.
Durante el encuentro se debatió sobre la promoción de cuidados alternativos familiares y comunitarios para el abordaje de niños y niñas separados de sus hogares y la necesidad de disponer de una gama amplia de medidas alternativas, asegurando un cuidado de calidad y privilegiando las alternativas en familia o comunidad a las de tipo residencial.
Se recordó, además, la importancia de contar con un sistema de justicia penal juvenil especializado, plenamente respetuoso de las garantías y derechos específicos de la niñez y la adolescencia. Asimismo, se destacó la importancia de una justicia adaptada a NNyA, con la articulación entre el Sistema de Protección Integral y el de Responsabilidad Penal Juvenil, y la promoción de enfoques restaurativos y socioeducativos para el abordaje de aquellos adolescentes que ya entraron en conflicto con la ley penal.
Debate sobre educación y derecho a la protesta reúne a jueces, políticos y referentes de la Iglesia. Más de 20 disertantes de todo el país se reúnen en Catamarca en el IV Encuentro Nacional del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana.
El IV Encuentro Nacional del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), creado bajo la inspiración del Papa Francisco, congrega a magistrados, políticos y referentes de la Iglesia en defensa de los sectores más vulnerables. Durante dos jornadas, en la ciudad de Tinogasta, Catamarca, más de 20 expositores debatirán sobre educación, derecho a la protesta y justicia social, entre otros temas urgentes de la agenda nacional.
Con el lema “Estado, Constitución y Derechos Sociales desde la mirada franciscana”, el encuentro abordará en siete paneles cuestiones como la baja de la edad de punibilidad, la trata de menores, la reforma laboral y sus consecuencias, el derecho a la protesta pacífica, la pobreza energética y la resiliencia estatal.
El evento, que se llevará a cabo este viernes y sábado, contará con la presencia de jueces, fiscales, defensores, camaristas, diputados nacionales y figuras de la Iglesia. Entre ellos, destacarán el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el presidente de COPAJU, el juez Roberto Andrés Gallardo.
Debates clave sobre educación y derechos sociales
El Capítulo Argentina de COPAJU, en un comunicado reciente, expresó su preocupación por el financiamiento universitario y la protesta estudiantil, criticando el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Los jueces señalaron que esta medida compromete la educación pública, una preocupación que comparten con el Papa Francisco, quien advirtió sobre la posibilidad de una “catástrofe educativa”. COPAJU lamentó que esta decisión impacte negativamente en la movilidad social ascendente, una de las características centrales del sistema universitario estatal en Argentina.
Durante el encuentro, se prevé que se discutan también otros temas críticos, como la reforma laboral, la situación de la salud mental en el país, el acceso a la vivienda digna y el derecho a la protesta pacífica.
Una agenda de justicia social desde la mirada franciscana
Entre los disertantes que participarán del encuentro destacan figuras clave como la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; la diputada nacional Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Buenos Aires; la defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham; y el fiscal general de Catamarca, Alejandro Agustín Gober. También estarán presentes las diputadas nacionales Silvana Ginocchio y Victoria Tolosa Paz, así como el responsable de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el Padre Carlos Accaputo.
COPAJU, presidido por el juez César Raúl Jiménez, continúa siendo un espacio de reflexión crítica sobre los derechos sociales, enfocado en fortalecer la justicia social y proteger a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Escribe Patricia Ramírez / Inter Press Service – Una de las metas de México en la 16 Conferencia de las Partes (COP16) sobre Biodiversidad, que acoge la ciudad colombiana de Cali, se relaciona con mantener la trazabilidad de los organismos genéticamente modificados. Un debate que involucra desde el maíz nativo hasta la protección de los recursos genéticos de los países desarrollados.
Lejos de esta ciudad colombiana, un surco de apenas cinco centímetros parte la tierra y abre un camino. Un grupo de semillas se depositan a una distancia proporcional y el campesino las cubre de nuevo con la tierra. Entre los dos y tres meses siguientes crecerá la milpa, después saldrá la mazorca. El maíz será blanco, amarillo, rosa, rojo, morado, azul o negro; todo depende de la semilla escogida por el agricultor, así como del clima, la región y la técnica.
Cultivar maíz en México es una actividad primaria de la que dependen miles de personas.
El gobierno federal estima que un mexicano consume un promedio de 196,4 kilos por persona al año, principalmente blanco y en tortilla. Más allá de la gastronomía, la economía y la seguridad alimentaria, también es cultura e historia. Si en el país existen más de 60 variedades de maíces nativos es porque la selección de semillas proviene de un conocimiento de la agricultura de los pueblos originarios que se ha heredado por generaciones.
El problema es que las alteraciones climáticas, los monocultivos de la industria y la modificación genética mediante la introducción del maíz transgénico son factores que ponen en riesgo esta diversidad.
¿Qué ha hecho México?
Para acudir a la COP16, que se desarrolla en Cali desde el lunes 21 y hasta el 1 de noviembre, la delegación mexicana elaboró un plan de 48 metas con miras a 2030 para lograr la conservación. Una de ellas se enfoca en la trazabilidad de los organismos genéticamente modificados, centrada únicamente en identificar dónde está el maíz transgénico.
El objetivo principal es rastrear todo su recorrido por la cadena de suministro para mantenerlo fuera de los sistemas agrícolas y el consumo entre la población. Un punto que se relaciona con una de las conversaciones más relevantes para los Estados parte en esta COP16 de Biodiversidad: los recursos genéticos.
Agricultor en las milpas. Imagen: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Un tema de la COP16
Para entender lo que ocurre en la COP16 es necesario echar un vistazo dos años atrás a la COP15, en Canadá, cuando surgió el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica con cuatro objetivos para 2050 y 23 metas para 2030 enfocados en conservar la biodiversidad del mundo.
Para llegar a la COP16 los países se comprometieron a elaborar sus metas basadas en el Marco Mundial para que cada país tuviera un plan de acción completo. Sin embargo, de las 196 naciones, solo 35 presentaron dichos planes, lo que representa apenas 17 % del total. México forma parte de este exiguo porcentaje.
“Creo que habrá una llamada de atención al relativamente poco cumplimiento de los países con el compromiso de subir las metas”, explicó unos días antes de la COP16 en una entrevista Andrea Cruz Angón, directora de Cooperación en Biodiversidad, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Para México se trató de una labor de casi dos mil horas con más de 200 servidores y servidoras públicas. Una de ellas es Adelita San Vicente Tello, directora general de recursos naturales y biodiversidad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat).
San Vicente Tello no solo ha sido parte de este proceso, también tiene experiencia en la investigación sobre el maíz nativo y participó en los decretos que prohibieron el maíz transgénico en el recién concluido sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-octubre 2024). Uno en diciembre de 2020 y otro en febrero de 2023.
Estos dos decretos presidenciales prohíben el uso de la semilla de transgénicos para las siembras agrícolas. “Esta prohibición evita que el maíz transgénico contamine a los maíces nativos de México y ponga en riesgo su biodiversidad”, señaló el gobierno en un comunicado oficial.
“Desde el primer decreto vimos que la trazabilidad es un tema complejo porque los cargamentos de maíz que llegan a México se dispersan y no sabemos realmente a dónde está llegando el maíz genéticamente modificado. Se importa y tiene su permiso de autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pero no sabemos su seguimiento”, explicó San Vicente Tello en una entrevista.
Con los decretos de prohibición, se estableció un etiquetado de esa Comisión que indica que el maíz transgénico importado no debe destinarse para consumo humano. Entre los problemas estudiados con los transgénicos está la contaminación genética de la biodiversidad. Un discurso que ha sido negado por Estados Unidos, país del que México importa maíz transgénico, y algunos especialistas.
La nueva presidenta del país, Claudia Sheibaum, también ha seguido la política del sexenio anterior. Desde el inicio de su mandato incluyó en el número 62 de sus 100 compromisos que la soberanía alimentaria sería un eje de la política para el campo.
“Garantizaremos la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos, desde la producción hasta el consumo”, señaló en la toma de posesión el 1 de octubre.
Distribución del maíz nativo mexicano. Infografía: Leticia Luna Tlatelpa / Conabio
La postura de México
En los primeros días de la COP16, la delegación mexicana estuvo presente en conversaciones relacionadas con el financiamiento climático, la conservación de los bosques y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas, de acuerdo con información compartida por Sermanat y Conabio mediante sus redes sociales.
Para esta publicación se pidió más información a ambas dependencias respecto a las metas de trazabilidad. Al cierre de edición, no hubo respuesta.
Sin embargo, la directora San Vicente Tello, de Sermanat, apuntó que uno de los grandes debates de la COP16 de Biodiversidad se relaciona con los sistemas de secuencia digitales (DSI, en inglés) de los recursos genéticos, que son conjunto de datos que almacenan y transmiten información del ADN de la diversidad biológica sin que sea necesario el acceso físico.
Para la funcionaria, este es “el oro verde de las tecnologías en ascenso”.
“Lo que está debate en la COP es si esas secuencias van a tener un mecanismo de Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios (ABS) porque esos bancos genéticos son libres, están abiertos a países desarrollados que acceden a la secuencia digital y, no es que de ahí puedan generar vida, pero sí se obtiene información muy valiosa con la posibilidad de patentar esa información”, indicó San Vicente Tello.
La investigadora trabajó en la meta 13 relacionada con el acceso a recursos genéticos de la biodiversidad, que tiene sus antecedentes en el Protocolo de Nagoya, mismo que busca impulsar la soberanía de los países sobre sus recursos genéticos para propiciar la conservación y no los intereses particulares de terceros.
“México ha donado al mundo muchos recursos genéticos, es la base de muchas tecnologías y queremos que se reconozca… Hay una postura muy clara en términos de que como país megadiverso se requiere trazabilidad, saber de dónde se sacó esa secuencia y, en la medida de lo posible, establecer condiciones ABS de participación justa y equitativa”, agregó San Vicente.
Diversidad de maíces nativos. Imagen: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Las voces de las comunidades campesinas
Mientras la COP16 de Biodiversidad ocurre, al occidente de México, en Jalisco, uno de los principales estados productores, más de 100 familias rurales que integran la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (Rasa) se preparan para el intercambio libre de semillas de maíz que organizan cada noviembre desde hace 20 años.
Uno de sus principales impulsores es Jaime Morales, pequeño agricultor ecológico e investigador de la red.
“Nosotros desde el principio apostamos por el intercambio libre de semillas. Tenemos un centro de formación en Ixtlahuacán de los Membrillos con un fondo de semillas locales que lo hemos ido mejorando. Conservamos semillas locales de maíz”, explicó Morales.
Para estas comunidades de campesinos el conservar la diversidad del maíz no es nuevo. Han estado listos desde antes de los decretos y las negociaciones entre países. Y consideran que hablar de conservación en la agricultura tiene otras preguntas sobre la regulación de las industrias agrícolas y sus impactos ambientales. Un tema que aún está pendiente en los diálogos internacionales.
“Lo que me parece mucho más grave es el avance de los grandes cultivos agroindustriales como el aguacate, el agave o los invernaderos de frutos rojos porque están acabando con la agricultura del maíz. No importa si el maíz es híbrido o nativo, (las grandes industrias) están acabando con todo tipo de agricultura porque llegan, ocupan, rentan las tierras por 20 años…”, señaló Morales.
Sin embargo, para Morales, la defensa del maíz nativo no será posible si recae sólo en los agricultores. Para lograrlo es necesaria la participación de los consumidores. “La contaminación de la agrobiodiversidad del maíz en México también es un asunto de los consumidores y lo tienen que pelear ellos”, apunta el agricultor investigador de RASA.
En un país donde el consumo promedio de maíz es de 196,4 kilos per cápita al año, la conversación deberá trascender la COP16 de Biodiversidad.
Inter Press Service – Una experta en derechos humanos de las Naciones Unidas planteó, ante la Asamblea General de la organización, que las instituciones y los países actualicen las medidas para proteger ante las nuevas tecnologías los datos personales y la privacidad, en un informe divulgado este jueves 24.
Las nuevas tecnologías “siempre han sido grandes compañeras en nuestra búsqueda de desarrollo y progreso, pero también generan una serie de riesgos inherentes a su uso y evolución”, advirtió Ana Brian Nougrères, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad.
La jurista uruguaya dijo que el eje de la propuesta es actualizar los “Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales”, propuestos por la Asamblea General en su resolución 45/95 del 14 de diciembre de 1990.
Brian Nougrères expuso que internet, las redes sociales digitales, la recopilación internacional de datos (big data), la computación en la nube, la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, la realidad virtual y las neurotecnologías plantean nuevos desafíos para proteger los datos personales y la privacidad.
Una decena de avances tecnológicos de la mayor importancia no se habían producido cuando la Asamblea General aprobó su resolución de 1990, señaló la experta, que actúa en el conjunto de relatores independientes bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre ellos mencionó el surgimiento y la popularización de Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales digitales, la computación en la nube, y los macrodatos que permiten realizar análisis sofisticados y adoptar decisiones sobre la base del procesamiento de grandes cantidades de datos.
También señaló a la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual, los vehículos autónomos, y las neurotecnologías que permiten conocer minuciosamente el cerebro y obtener información neuronal de las personas, datos extremadamente sensibles según destacó Brian Nougrères.
Se refirió al ciberespacio como “el escenario en que convivimos millones de personas en el mundo”, para subrayar que “la realidad socio-tecnológica actual no era la que existía cuando se emitieron las primeras regulaciones sobre la protección de datos personales”.
Por ello, los Estados y las instituciones deben revisar las leyes nacionales que toquen esas materias sensibles, armonizar los documentos de procesamiento de datos, modernizar conceptos e incorporar un enfoque de derechos humanos, para salvaguardar el derecho a la privacidad y proteger los datos de las personas.
Debe atenderse un conjunto de principios, según la especialista, tales como legalidad, proporcionalidad, no discriminación, la protección especial de datos sensibles y de los niños, la confidencialidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ejemplo, quienes desarrollan inteligencia artificial deben ser transparentes con relación a cómo se tratan los datos (cómo se recopilan, almacenan y utilizan), y con relación a la forma en que se toman las decisiones basadas en la inteligencia artificial, su confiabilidad, y la información.
Las personas afectadas por las decisiones tomadas a partir de la inteligencia artificial “merecen una explicación clara, sencilla, completa, veraz y comprensible de la motivación de esa decisión y, en ese sentido, el principio de explicabilidad es de cardinal importancia”, según Brian Nougrères.
Finalmente, la relatora pidió la inclusión de una cláusula humanitaria.
Los Estados deberán “adoptarán medidas especiales sobre el procesamiento de datos personales para facilitar y apoyar la acción humanitaria destinada a proteger y ayudar a las personas vulnerables en el contexto de conflictos armados, violencia, desastres naturales o situaciones de emergencia”, propuso la responsable.
Escribe Alexander Campos / Inter Press Service – El instrumento de los bancos de hábitat en Colombia acumula casos de éxito y se proyecta como una herramienta innovadora para la conservación a nivel nacional. Sin embargo, su juventud ha encontrado trabas para operadores y otros actores interesados, así como preocupaciones acerca de su enfoque económico.
Corrían los años sesenta cuando Abraham Serna adquirió en Támesis, Antioquia, una tierra que por distante y alta requería de “llegar en globo”. Era, por supuesto, una forma cómica de presentar su finca, que a lomo de mula y caballo estaba a seis o siete horas desde el pueblo y en la que, como muchos colonos de la época, desarrolló un proyecto ganadero que implicó convertir el monte virgen en el potrero para las bestias.
Así lo hizo y mantuvo hasta principios de los años noventa, cuando la incursión guerrillera obligó a la familia a desplazarse por seguridad.
El Globo, esa finca de 360 hectáreas que recuerda lo recóndito de los proyectos rurales en Colombia, lo tenebroso del conflicto armado para las familias campesinas y lo perjudiciales que resultan ciertas actividades productivas para el medio ambiente, es a día de hoy uno de los más importantes exponentes de un esquema de financiación climática que crece en el país: los bancos de hábitat.
Voces críticas, como la organización Censat Agua Viva, cuestionan este enfoque, en tanto puede transmitir la idea de que las actividades productivas dañinas son admisibles bajo la premisa de una compensación, aunque esta no aborde los problemas subyacentes en la monetización de los servicios ecosistémicos.
A día de hoy, el proceso de instituir y desarrollar un banco de hábitat involucra a compañías obligadas a compensar, al Estado, a pequeños propietarios de tierras y a empresas operadoras.
Funciona así: el dueño de un predio decide dedicarlo a la conservación, un operador lo registra ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, y las empresas negocian los cupos para cumplir con sus obligaciones ambientales.
Estas empresas incluyen cierta cantidad de cupos del Banco de Hábitat en el plan de compensaciones que deben presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y, según se cumplen las metas pactadas en este, se realizan los desembolsos al operador.
De otro predio ganadero, esta vez en La Guajira, surgió el Banco de Hábitat Serranía del Perijá – Montes de Oca, en el que se restringió la entrada para caza y tala y se iniciaron labores de restauración del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más degradados en el país y del que, según estimaciones, restan apenas 720.000 hectáreas de 8 millones originales.
Samuel Casseres, cofundador y director científico de la Fundación Batis, parte del Consorcio BH que opera este Banco de Hábitat, nos explicó que el mecanismo destaca entre otros instrumentos de financiación climática por al menos varios factores.
En primer lugar, existe un mercado obligatorio, dentro del cual los bancos de hábitat son autorizados para que las empresas lleven a cabo sus compensaciones ambientales o inversiones forzosas, asegurando un grupo de potenciales compradores.
Además, se trata de proyectos a largo plazo, diseñados para durar entre 20 y 30 años, lo que garantiza procesos efectivos de restauración y conservación.
Finalmente, involucra a operadores expertos en servicios ecosistémicos, quienes firman contratos con los propietarios de los terrenos, negociando distintos métodos y frecuencias de pago. Esto genera una serie de garantías técnicas, jurídicas y económicas,
Por otra parte, el precio de los cupos se negocia entre la empresa obligada a compensar y el operador del banco de hábitat, lo que elimina la intermediación y la volatilidad que existe con instrumentos como los bonos de carbono.
Estos factores obedecen a las particularidades del sistema de licenciamiento ambiental colombiano, según nos dijo Francisco Gómez, director técnico de Terrasos, el mayor operador de bancos de hábitat en el país y responsable de estructurar el piloto del instrumento, ubicado en San Martín de los Llanos, Meta, que se lanzó en 2017 como proyecto pionero en Latinoamérica.
Una evolución evidente, pero opaca
La entrada sobre este instrumento en la página web del Ministerio de Ambiente, asegura a día de hoy: “A 2020, Colombia cuenta con dos bancos de Hábitat uno en el Meta y otro en Antioquia (sic)».
Mientras tanto, datos del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), actualizados el 3 de mayo de 2024, reportan 18 bancos de hábitat desarrollados por cinco operadores en nueve departamentos. En total, se cuentan 43 categorías ecosistémicas que se encuentran en fases de conservación, preservación o restauración.
Sin embargo, tras ponernos en contacto con los operadores, encontramos que uno de ellos ya no desarrolla el banco de hábitat que registró, lo que por parte del Ministerio de Ambiente señala una falla en el monitoreo o en la presentación de los datos. Utilizando las páginas web de los cuatro operadores restantes, corroboramos que los otros 17 bancos se encuentran activos.
Esta revisión dejó entrever que son los operadores los que ofrecen información más actualizada y completa sobre sus proyectos. Por ejemplo, en sus propios mapas estas organizaciones presentan el total de hectáreas y los cupos emitidos en cada banco. En el caso del Consorcio BH, se puede consultar incluso el número de cupos aún disponibles.
Esta misma carencia de información se refleja también en la falta de informes sobre la implementación de los primeros bancos de hábitat.
El propio Ministerio de Ambiente, consultado para este artículo, expresó que la información que tiene sobre implementación y funcionamiento radica en “los informes de monitoreo y seguimiento que el gestor del Banco de Hábitat presenta a la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, según lo establecido en la resolución 1051 de 2017”.
Si bien es cierto que buena parte de los 17 proyectos activos se aprobaron entre 2022 y 2023, el primer banco se lanzó en 2017. Siete años después, no existe un informe o evaluación sobre el número de predios que han aplicado para registrarse, los cupos emitidos, las hectáreas protegidas o las empresas que han optado por este mecanismo para realizar la compensación ambiental.
A través de la ingeniera Daniela Mendoza Olarte, profesional de Censat Agua Viva, obtuvimos una evaluación, realizada por el Área de Selvas y Biodiversidad y el Área de Conflictos Mineros de la organización, sobre los riesgos que constituyen los vacíos de información en cuanto a herramientas de financiación climática:
“La especulación con tierras de alto valor ambiental es un riesgo crítico, ya que las áreas rurales con ecosistemas valiosos y esenciales para la vida podrían ser vistas más como una oportunidad económica que como espacios de conservación justa y autónoma […] Sin mecanismos de control robustos y transparentes, los bancos de hábitat no sólo pueden facilitar la aprobación de proyectos dañinos, sino que podrían debilitar aún más los procesos de evaluación y consulta que deberían garantizar los derechos de los pueblos sobre sus territorios”, se indica.
El riesgo de la especulación fue señalado incluso por Mariana Sarmiento, gerente de Terrasos. Basta notar que, mientras la institucionalidad aparece rezagada en términos de información, los operadores de bancos de hábitat desafían los posibles límites del instrumento.
Tanto Terrasos como el Consorcio BH, por ejemplo, adelantan propuestas para registrar bancos de hábitat en predios de titulación colectiva de comunidades afrodescendientes e indígenas. Ambas, iniciativas que evidencian uno de los estímulos más relevantes para los propietarios en este esquema de conservación y, a la vez, uno de sus mayores peligros: la garantía de tenencia de la tierra.
Oportunidades y temores
En una ventana de innovación mayúscula, los bancos de hábitat fueron el escenario de la estructuración del mercado voluntario de créditos de biodiversidad.
Un Tebu (Terrasos Biodiversity Unit), por ejemplo, representa 10 metros cuadrados de ecosistemas conservados durante 30 años, y su primer exponente fue, justamente, el bosque de niebla preservado en el predio de Támesis que antes fuera aquella finca ganadera a la que había que llegar en globo.
Este relicto es hogar de especies amenazadas como el loro orejiamarillo y el oso de anteojos.
Recientemente, el programa Conexión Jaguar de la empresa ISA adquirió 1650 créditos de este banco de hábitat (correspondientes a 16.250 metros cuadrados de El Globo), demostrando que el instrumento conviene a empresas que buscan incluir este tipo de iniciativas en estrategias de sostenibilidad corporativa.
Según Mariana Sarmiento, la estructura instalada para los bancos de hábitat es un buen canal para la inversión en conservación gracias a este tipo de créditos.
Este nuevo frente, sin embargo, no hace parte ya del mercado obligatorio de compensación ambiental, sino que se abre a un mercado voluntario, sostenido entre actores privados, que cuenta con detractores.
Esto, debido a que asemeja el modelo de comercialización de bonos azules o bonos de carbono, dentro del cual ciertos proyectos han resultado cuestionados por ser abusivos con las comunidades o presentar irregularidades en su funcionamiento y resultados.
Este tipo de soluciones, incluso, ha llegado a ser descrito como “capitalismo verde, que despoja pueblos y territorios, para profundizar el modelo extractivista”, en palabras de la profesora e investigadora Catalina Toro, directora del Grupo Derecho y Política Ambiental de la Universidad Nacional.
Por otra parte, que los bancos de hábitat puedan emitir bonos de biodiversidad genera preguntas sobre posibles cruces o doble contabilidad de los cupos emitidos. Según aseguraron los operadores entrevistados, tanto los cupos que se venden en el mercado obligatorio, como los del mercado voluntario, gozan de georreferenciación y trazabilidad.
Así mismo, el Ministerio de Ambiente aseguró que las acciones dentro de los bancos de hábitat “deben estar claramente diferenciadas espacialmente, para evitar la doble contabilidad debido a la superposición de actividades”.
Normativa y expectativas
Los bancos de hábitat se reglamentaron a través de la Resolución 1051 del 2017 y, desde entonces, sólo se publicó, en 2022, una guía para este tipo de compensaciones. La ministra Susana Muhammad anunció que durante este mes se emitiría una nueva reglamentación para la aplicación de este instrumento.
El equipo de prensa del Ministerio de Ambiente nos aseguró que la nueva normativa se empezó a socializar en la Feria de Economías para la Vida, que se llevó a cabo entre el 2 y 4 de octubre.
El borrador de la resolución se publicó como proyecto en consulta entre el 10 y el 25 de octubre, e incluye una mayor especificidad en cuanto a las etapas de registro de los bancos de hábitat. Además introduce formalmente el concepto de “cupos”, detalla las posibles fuentes de ingreso y establece el plazo mínimo de duración de los proyectos en 20 años.
Aunque fijar dicha duración responde a uno de los reclamos de los operadores en cuanto a la estabilidad de las iniciativas, según las experiencias de operación todavía queda camino por recorrer en la reglamentación de los Bancos de Hábitat.J
Para Gómez, de Terrasos, la normatividad debería incluir “salvaguardas sociales y ambientales. Vimos casos en el mercado de carbono de proyectos mal estructurados con las comunidades, donde estas no fueron informadas plenamente, donde la información fue escasa (si no mentirosa), donde las responsabilidades no quedaron claras, donde los intermediarios ganaban sumas exorbitantes que no tenían ningún sentido para el tipo de negocio que estaba ocurriendo”.
Además, varios operadores coincidieron en que la naturaleza de mercado que tiene este instrumento ha chocado con los procesos habituales de registro que tiene la ANLA.
Por ejemplo, al recibir una propuesta de compensación que incluye cierta cantidad de cupos de un banco de hábitat, la autoridad ambiental bloquea la totalidad de los cupos, por lo que no permite que se usen en una propuesta de otra empresa. Sin embargo, la venta no se efectúa hasta el visto bueno de la ANLA, por lo que este procedimiento interfiere en la lógica de oferta y demanda.
Henry Contreras, gerente de HC Asesorías, operador de tres bancos de hábitat ubicados en Cundinamarca y Tolima, aseguró que hace falta una sensibilización más profunda sobre el instrumento, pues a día de hoy no existe un ecosistema favorable para la conservación, especialmente en materia de ordenamiento territorial y valorización de los predios.
“Si usted tiene un metro cuadrado por valor de 20 millones de pesos, pero esa zona se declara reserva forestal, ya no vale eso, sino que vale menos. Y mucho menos. No son cifras reales, pero si vale 20 millones el metro cuadrado y lo declara reserva, se le vuelven tres millones. Sucede en todo el país, y ahí se ve que no hay realmente un incentivo a la conservación para los propietarios de los predios”, sostuvo Contreras.
Asimismo, Casseres señaló que durante la operación se ha encontrado con que actores secundarios, pero necesarios para el funcionamiento de los bancos de hábitat, no están enterados del instrumento o no lo entienden, lo que en su caso ha significado un conflicto para conseguir el aseguramiento del proyecto:
“Las aseguradoras no respaldan estos procesos de ninguna forma. Ha sido bastante complejo. El banco es a 30 años, y ellas lo máximo que firman es a un año. Debería existir la garantía de estos seguros principalmente por lo que se refiere a cambio climático y asuntos externos que se salen de las manos. A pesar de que nosotros tenemos planes de contingencia, que se evalúan riesgos y se toman las medidas necesarias, hay cosas que eventualmente salen de cualquier posibilidad y podrían comprometer el proyecto”, indicó el director científico de la Fundación Batis.
Entre dichos asuntos, finalmente, cabe anotar que en todos los departamentos en los que funcionan actualmente los bancos de hábitat, se ha reportado presencia de actores armados ilegales en lo corrido de este año, por lo cual el funcionamiento del instrumento a largo plazo implica garantías de seguridad para la población rural y la presencia y el control estatal en los territorios que apuestan por la conservación.
De hecho, la falta de control territorial es muestra latente de una falla que, según Censat Aguaviva, existe en la concepción de soluciones basadas en la naturaleza como los bancos de hábitat, que aparecen “como una solución ante un Estado ineficiente en la gestión ambiental”.
