Redacción Economis

Escándalo $LIBRA: acusado lanzó un fideicomiso para despegar a Milei de la causa

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En un intento por mitigar el escándalo del criptoactivo $LIBRA, el “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado “The Libra Trust”. La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.

La Agencia Noticias Argentinas, citando un informe del periodista Hugo Alconada Mon para LA NACION, la página web del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.

La jugada judicial y el despegue de Milei

El lanzamiento del portal fue una clara estrategia judicial. Se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon evaluara un pedido de la demanda colectiva (“class action”) para congelar los fondos de Davis.

El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará “con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”, sin detallar sus roles, buscando desligar al Presidente (quien apoyó el token en redes sociales en febrero) de las graves acusaciones.

Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una “auténtica fábrica de fraude” en el mercado cripto.

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Capacitación en Iguazú: agilidad y marketing turístico marcaron el cierre de IncaTECH

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El Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial (INCADE) realizó en Puerto Iguazú el cierre anual de IncaTECH Dinámico 2025, con una capacitación abierta sobre metodologías ágiles y marketing digital destinada a emprendedores y referentes del sector turístico. El encuentro se desarrolló el 20 de noviembre en el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel Amerian, con acceso gratuito y acompañamiento institucional del sector empresarial y turístico local.

La iniciativa consolida el objetivo del instituto de expandir la formación profesional y la transformación digital hacia los principales polos productivos de Misiones, en un contexto donde la competitividad del turismo exige innovación, planificación y adopción de herramientas tecnológicas.

Puerto Iguazú como laboratorio para la innovación turística

El evento —realizado el miércoles 20 de noviembre a las 10:00— reunió a emprendedores, empresarios y actores del ecosistema turístico, quienes accedieron a una capacitación estructurada en dos ejes centrales para la economía del sector: agilidad organizacional y marketing digital.

La elección de Puerto Iguazú no fue casual. El destino, sede de las Cataratas del Iguazú —una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo—, compite diariamente con plazas internacionales altamente profesionalizadas. En ese marco, la actualización en metodologías y herramientas digitales surge como un componente determinante para sostener el crecimiento y la calidad del servicio.

Las exposiciones estuvieron a cargo de dos referentes: C.P. Silvia Cabrera, rectora del INCADE, Líder Mentor y Scrum Máster, quien abordó la aplicación de metodologías ágiles en equipos de trabajo y proyectos. Lic. Gerardo Romero, director y planner de Agencia Domino, quien desarrolló estrategias de marketing digital orientadas a optimizar la visibilidad, reputación y competitividad del sector turístico.

IncaTECH Dinámico 2025: nueve ediciones, presencia territorial y una apuesta sostenida por la innovación

La jornada en Iguazú fue la novena edición del ciclo IncaTECH Dinámico 2025, una propuesta del INCADE que recorrió distintas localidades de Misiones durante el año. El objetivo: democratizar el acceso al conocimiento, acercar soluciones tecnológicas y fortalecer capacidades en emprendedores y pymes.

El cierre contó con el acompañamiento de: el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú, el Iguazú Convention Bureau, y la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones (CaMEM).

Con esta acción, el INCADE reafirma una línea de trabajo basada en la formación continua, el emprendedurismo y la transformación digital. El instituto sostiene un modelo pedagógico centrado en la innovación, la tecnología y la creación de proyectos propios, elementos clave para fortalecer los sectores productivos de la región.

Oferta académica 2026: nuevas carreras y formación para la economía digital

En paralelo al cierre del ciclo, el INCADE anunció la apertura de inscripciones 2026 para sus tecnicaturas superiores, orientadas a sectores estratégicos de la economía del conocimiento:

  • Administración Digital de Empresas
  • Programación e Innovación Tecnológica
  • Marketing y Publicidad Digital
  • Gestión de Negocios Internacionales
  • Administración de Recursos Humanos
  • Diseño Gráfico Digital (nueva carrera)

Los interesados pueden obtener más información a través de las redes sociales del instituto o en www.incade.edu.ar.

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Cada día mueren 11 mujeres por violencia de género en América Latina

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Inter Press Service – El año pasado al menos 3828 mujeres fueron víctimas de femicidio en la región latinoamericana y caribeña, lo que representa 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día, indicó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De esas muertes, 3814 se registraron en 17 países de América Latina, y 14 en nueve países y territorios del Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal.

El acumulado en cinco años registra al menos 19 254 femicidios, de acuerdo con el reporte divulgado este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“La violencia femicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Agregó que “la prevención y eliminación del femicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente de la Década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”.

Con ello hizo referencia al acuerdo establecido en el Compromiso de Tlatelolco, aprobado en la 16.ª Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en agosto en México.

En ese documento los Estados de la región aprobaron impulsar leyes, políticas y planes para revenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género, reiterando que su expresión más extrema es el feminicidio.

En la región, la mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas, y el reporte de la OIG subraya que con esos crímenes se afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, pero igualmente “se impacta a las comunidades y se limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”.

El reporte de la Cepal se divulgó con motivo de la celebración este martes 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abre 16 días de activismo contra la violencia de género.

Indica que no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial, pero el seguimiento de los datos nacionales muestra con claridad que la violencia feminicida persiste en la región.

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio, 12 registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100 000 mujeres. La tasa más elevada se observó en Honduras, con 4,3 casos por cada 100 000 mujeres.

Luego están Guatemala (1,9 casos por cada 100 000 mujeres) y República Dominicana (1,5 casos por cada 100.000 mujeres), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia, todos con una tasa de 1,4 casos por cada 100 000 mujeres, y Chile presentó la tasa más baja: 0,4 casos por cada 100 000 mujeres.

En el Caribe, de los nueve países que informaron, solo Suriname, Jamaica, Barbados, Belice, Granada y San Vicente y las Granadinas registraron casos en 2024.

Según información proporcionada en 2024 por ocho países (Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay), la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %), seguido por el de las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

No obstante, la violencia feminicida amenaza a las mujeres de todas las edades. En los mismos países, en 2024 se registraron 78 casos de feminicidios de niñas menores de 14 años, y 89 de mujeres mayores de 60 años.

De igual forma, en 2024 se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio en los 10 países que proveen esta información. Se trata de hijos, hijas y otras personas dependientes de las víctimas.

También el año pasado 14 países registraron 5502 femicidios frustrados, lo que evidencia la progresión de conductas violentas que pueden culminar en el asesinato.

Ello confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal, y la respuesta institucional oportuna para prevenir todas las formas de violencia feminicida.

“Fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales es esencial para prevenir la violencia por razón de género. La persistencia de estos crímenes en la región nos exige respuestas oportunas y acelerar las transformaciones necesarias con sentido de urgencia”, plantea la Cepal.

El reporte indica que la región registra avances normativos para enfrentar la violencia en el ámbito digital contra mujeres y niñas, la cual incluye conductas como el ciberacoso, la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, el acceso ilegal a información personal y la violencia y el acoso político.

Esta última forma “afecta especialmente a las mujeres que desempeñan cargos públicos roles de liderazgo, entre ellas, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas”.

En América Latina 20 países han incorporado el delito de feminicidio en sus ordenamientos jurídicos.

En algunos casos se lo ha tipificado como delito penal específico: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En otros, como Argentina, Cuba y Puerto Rico, se lo ha incorporado como circunstancia agravante del homicidio.

Finalmente, la Cepal insta a avanzar en al menos tres ámbitos sobre esa materia: marco normativo, institucionalidad, participación y fortalecimiento de capacidades estatales; financiamiento y cooperación; y sistemas de información, comunicación, tecnología, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

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Comenzó el juicio contra los dirigentes sindicales Gurina y Sánchez por el acampe docente de 2024

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El Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas inició el juicio oral contra los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez, imputados por Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte a raíz del acampe realizado en la avenida Uruguay durante el conflicto salarial de 2024. La causa fue impulsada tras denuncias de comerciantes de la zona, que aseguraron haber sufrido perjuicios económicos durante la protesta.

El proceso, dirigido por la jueza Marcela Leiva, marca un precedente institucional clave para el debate sobre los límites del derecho a la protesta, el impacto económico de las manifestaciones y el rol de los sindicatos en un contexto social atravesado por reclamos salariales y deterioro del poder adquisitivo.

El origen de la causa y la acusación: protestas, cortes y denuncias comerciales

La investigación fue iniciada por la fiscal de Instrucción Nº 7, Patricia Inés Clerici, quien imputó a Gurina y Sánchez por los delitos de Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte, luego de que el acampe docente instalara 15 carpas y concentrara a más de 500 manifestantes en la avenida Uruguay durante varios días.

Comerciantes del corredor denunciaron baja de ventas, afectación del tránsito y dificultades operativas para el transporte urbano. En ese marco, la fiscalía solicitó agregar el testimonio del gerente de la empresa Tipoka como prueba. La defensa se opuso y planteó que “el Ministerio Público incumplió con los plazos en el ofrecimiento de pruebas”.

En la audiencia inicial de este lunes se leyó el requerimiento de elevación a juicio y se acordó incorporar parte de la prueba testimonial por lectura, citando únicamente a cuatro testigos, entre ellos dos policías de Misiones.

Previo al inicio formal del debate, la fiscal María Laura Álvarez propuso conceder una probation, medida que ambos dirigentes rechazaron. Por ello el juicio continúa. Los imputados están representados por Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga.

Gurina negó responsabilidad penal: “No somos culpables de nada, sólo pedíamos salario digno. Se juzga a una sindicalista en una época donde se mira mal a los sindicalistas”.

Sánchez, con 20 años de docencia, sostuvo que las acciones fueron colectivas: “El derecho a la protesta es constitucional”.

Ambos optaron por no responder preguntas.

Primeros testigos: crisis docente, asambleas y la continuidad de un conflicto que se escaló tras el 1 de junio

Los primeros testimonios evidenciaron el trasfondo económico y sindical del conflicto.

Carlos Lezcano: “La desesperación hacía imposible pensar en términos de ilegalidad”

El docente Carlos Lezcano afirmó que el deterioro salarial fue el detonante: Desde octubre de 2023 “empezó el ajuste al sector docente”. Señaló una “transferencia de recursos de las escuelas públicas al sector privado”. Aseguró que una maestra de grado cobra 618 mil pesos y tiene una obra social “que no funciona”. Describió que en la inscripción para la Policía se anotaron 5.000 jóvenes, mientras que “los profesorados están vacíos”.

Sobre la protesta, precisó que la asamblea del puente Garupá decidió movilizarse hacia la avenida Uruguay y acompañar la protesta policial que ya cortaba el tránsito.

Consultado sobre la ilegalidad del corte, sostuvo: “Había docentes que no podían comprarle un yogur a un hijo. La desesperación hacía imposible pensar en esos términos”.

Lezcano también recordó que el conflicto se agravó tras la fallida reunión con el Ministerio de Hacienda el 1 de junio, y que el acta firmada el 7 de junio “no compensó la inflación”.

Estela Genesini: “Nunca se consiguió nada sin protestar”

En segundo término declaró Estela Genesini, secretaria general de UDNAM.

Sostuvo que la protesta tenía objetivos salariales y también de denuncia institucional: “Nunca se consiguió nada sin protestar”.

Recordó que antes del conflicto cobraban 250 mil pesos con FONID, frente a los 450 mil posteriores a las medidas.

Describió el clima social del acampe: Docentes con décadas sin adherirse a paros se sumaron. La comunidad llevó alimentos. Muchos maestros comían allí y cargaban viandas para sus familias. Las decisiones se tomaban “siempre en asambleas”, no en mesas con el Gobierno.

Además, mencionó que presentó denuncias administrativas contra Miguel Sedoff y Gilson Berger, por supuestas irregularidades vinculadas al ámbito educativo.

Un juicio que reabre el debate sobre protesta, economía y legitimidad sindical

El avance del juicio se da en un momento donde el rol de los sindicatos es objeto de controversias políticas y donde los conflictos salariales del sector docente se profundizaron por pérdida del poder adquisitivo, inflación y tensiones con el Ministerio de Hacienda.

La jueza Marcela Leiva dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30, cuando declararán cuatro testigos —entre ellos dos policías— y luego se escucharán los alegatos.

Gurina y Sánchez pidieron su sobreseimiento y reiteraron que las acciones fueron colectivas y decididas en asambleas.

El proceso podría sentar criterio sobre la responsabilidad penal de dirigentes sindicales en protestas masivas, un tema central para la regulación de la conflictividad laboral y para la futura relación entre sindicatos, Estado y poder judicial.

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Milei encabezó la Entrega de Sables a las Fuerzas Armadas

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El presidente Javier Milei encabezó la ceremonia anual de Entrega de Sables a los 35 nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas promovidos este 2025. Lo hizo en un acto exprés que duró poco menos de diez minutos, en el que no tomó la palabra a diferencia de la edición de 2024.

Desde el Salón Blanco de Casa Rosada, el mandatario protagonizó la ceremonia de ascensos en compañía del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y de su sucesor, el teniente general Carlos Alberto Presti, en traje de jefe del Estado Mayor del Ejército, quien liderará la cartera a partir del 10 de diciembre. 

A un costado, siguieron de pie el breve acto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

La ceremonia incluyó la asistencia del jefe de Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac.

Tras la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera recibieron los sables blancos que portan sus nombres y la firma del mandatario el Almirante Carlos María Allievi; el teniente general Carlos Presti; el vicealmirante Juan Carlos Core, de la Armada; el general de brigada Héctor Cesar Tornero, del Ejército Argentino; y el general de brigada Pablo Depalo, del Ejército Argentino. 

Asimismo, de la Armada Argentina, fueron condecorados el vicealmirante Juan Carlos Romay, y los contraalmirantes Pablo Javier Barbarich; Román Enrique Olivero; Jorge Javier Raimondo; Osvaldo Raúl Chiñi; Maximiliano Mangiaterra; Guillermo Alberto Prada; Eduardo Ignacio Llambi; Gustavo Omar Gaona y Omar Eduardo Daniel Balbo. 

Correspondiente al Ejército Argentino el mandatario entregó sables a los generales de división Carlos Alberto Carugno; Oscar Santiago Zarich; Jorge Alberto Puebla; Roberto Martín Baroni; Roberto Pedro Cardoso; Carlos Horacio Martín; Esteban Guillermo Ledesma Cuoto; Ricardo Felipe Fresta; Julián Andrés Massi Filippa; Pablo Javier Rolando; Gonzalo Rodríguez Espada; Pablo Alberto Filippini yJorge Mariano López Stanic.

Por su parte, los integrantes de la Fuera Aérea que fueron ascendidos son: el brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde y los brigadieres Gonzalo Javier Toloza; Guillermo Alejandro Dignani; Lucas Victorino Carol Lugones; Adolfo Alejandro Heretich; Mariano Patrosso y Alejandro Cristian Giltin.

Presti pasaría a disponibilidad para asumir en el Ministerio de Defensa

Tras la ceremonia de Entrega de Sables que encabezó Javier Milei en el salón Blanco de Casa Rosada, una importante voz del entorno del teniente general Carlos Presti confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que pedirá el pase a disponibilidad de su cargo al frente del Ejército Argentino para asumir al Poder Ejecutivo. 

Presti pedirá el paso a disponibilidad, en una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera, sin renunciar a las fuerzas, indicaron a NA. Desde el entorno del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, se trata de un movimiento reglamentado en el que por un período de tiempo está eximido temporalmente de sus funciones habituales. Sin embargo, debe permanecer localizable y disponible.

Tras recibir la condecoración que formaliza el ascenso en el Salón Blanco de Casa Rosada, el futuro ministro de Defensa desfiló por el primer piso del Palacio de Gobierno para reunirse con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en los despachos que tiene en el primer piso. 

“Tiene muchísima experiencia y es experto en el tema por eso fue elegido. Me parece una estupidez lo que se plantea”, sostuvo un funcionario en sintonía a esta agencia. Lo cierto es que la aclaración llega luego de que varios referentes castrenses reclamaran la necesidad de que dé un paso al costado de la fuerza que lidera.

A raíz del anuncio, el ex ministro de Defensa Julio Martínez pidió reclamó el retiro de las Fuerzas Armadas al sostener que “hay artículos y leyes que así lo dicen, que no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones”. 

Aún no está prevista la jura del futuro funcionario que, según supo la Agencia Noticias Argentinas, tendrá lugar pasado el 10 de diciembre.

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