El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) confirmó que más de cincuenta marcas participarán de la séptima edición de MATEAR, que se realizará el sábado 29 de noviembre en el Parque Paraguayo de Posadas. Con entrada libre y gratuita, la feria reunirá a empresas, cooperativas y emprendimientos familiares que representan a una de las economías regionales más relevantes del NEA, fortaleciendo la promoción institucional del producto en vísperas del Día Nacional del Mate.
Un evento estratégico para la cadena yerbatera y el turismo provincial
La presentación oficial de MATEAR 2025 se realizó junto al Ministerio de Turismo de Misiones, en virtud de que la feria coincidirá en tiempo y espacio con la Feria de Turismo. Participaron los directores del INYM por Industria, Producción y Cooperativas —Gerardo López, Roberto Ferreyra y Carlos Czajkowski—, el ministro José María Arrúa y la subgerente de Promoción del Instituto, María Marta Oria.
Oria explicó que esta será la séptima edición de la feria y la segunda consecutiva que se hace en Posadas. “Tenemos más de treinta y seis empresas de la zona productora que van a mostrar, vender y degustar todo lo que se produce en esta región. Es una de las economías regionales más importantes del noreste argentino”, señaló.
La funcionaria destacó la diversidad del entramado productivo que estará presente en MATEAR, que abarca desde empresas de gran escala hasta emprendimientos jóvenes, familiares y cooperativos. “Vamos a tener más de cincuenta marcas de yerba. Hay empresas grandes, chicas, familiares, de todas las categorías y todas con sus variedades”, enfatizó.
El evento se desarrolla en un contexto estratégico: la yerba mate crece exclusivamente en Misiones y en el norte de Corrientes, y constituye uno de los complejos agroindustriales con mayor impacto económico y cultural de la región.
Oferta, actividades y enfoque de promoción: el corazón de MATEAR 2025
La feria abrirá al público el sábado 29 de noviembre desde las 18 horas, con entrada gratuita, en el Parque Paraguayo. Las empresas y cooperativas exhibirán productos tradicionales y líneas especiales: suaves, compuestas, saborizadas, barbacuá, agroecológicas, orgánicas, biodinámicas, para tereré o certificadas de manera participativa.
Además, la propuesta incluye: Patio matero y degustaciones permanentes. Charlas con sommelier de yerba mate, tanto en el stand de Turismo como en el escenario principal. Actividades sensoriales para el público. Complementos materos, gastronomía y artesanías. Música en vivo, con la presentación del grupo Tunami
Según Oria, el enfoque del INYM es integral: “Es una muestra muy importante para nosotros. El Instituto trabaja en toda la cadena productiva y culmina con la promoción, que en este caso es el gran evento del INYM”.
El organismo además ofrece espacios sin costo para empresas, cooperativas y privados que deseen exhibir y comercializar productos. Como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional del sector.
La feria también forma parte de los festejos por el Día Nacional del Mate (30 de noviembre), instituido en homenaje a Andrés Guacurarí y Artigas.
Por Mario Osava / Inter Press Service – La exuberancia de la Amazonia y la masiva participación indígena no fueron suficientes para reconciliar la humanidad con la naturaleza en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la convención climática mundial en la ciudad de Belém, en el norte amazónico de Brasil.
No se logró aprobar como era lo esperado una hoja de ruta para la reducción de los combustibles fósiles. Las 29 resoluciones de la COP30 ni siquiera mencionan ese factor clave de la crisis climática, responsable de cerca de 68 % de los gases del efecto invernadero, según las Naciones Unidas.
Hubo decisiones positivas, como triplicar el financiamiento de la adaptación al cambio climático hasta 2035, indicadores para monitorear esa adaptación, la creación futura de un mecanismo institucional para promover una transición climática justa y medidas como un acelerador global de implementación para apoyar los países en el cumplimiento de sus metas.
Pero “soñábamos con muchos resultados más”, admitió la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, aplaudida durante varios minutos en su discurso de clausura el sábado 22, en que reconoció que la cumbre tuvo «avances modestos».
Un “paso relevante” fue reconocer la importancia de los pueblos indígenas y tradicionales en la lucha climática, destacó.
“Pero la COP termina sin que los gobiernos del mundo, que tanto insisten en defender que este es un proceso liderado por las Partes de la Convención, dieran muestra de falta de ambición e incluso, interés, por el llamado a la acción urgente”, señaló la “Declaración de los Pueblos Indígenas de la Amazonia en respuesta a los resultados de la COP30”.
La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, emocionada en la plenaria conclusiva de la COP30, el 22 de noviembre, cuando admitió «avances modestos» en la cumbre y la necesidad de seguir en la lucha climática. Imagen: Ueslei Marcelino / COP30
La demanda de protagonismo
“La respuesta somos nosotros” es la consigna con que las nueve afiliadas a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) concluyen el balance de la conferencia que tuvo lugar en Belém, del 10 al 22 de noviembre, prorrogada por un día en un intento frustrado de ampliar los consensos.
La Coica articula asociaciones de los ocho países que comparten el bioma amazónico, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, además del territorio de la Guayana Francesa. Afirma representar 511 pueblos indígenas, entre ellos 66 Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (Piaci).
El balance empieza por saludar el reconocimiento de los derechos territoriales de los indígenas en el documento más político de la COP30, pero lamenta su insuficiencia en asegurar la protección, incluso por la ausencia del tema en “la parte operativa” de las resoluciones.
También saluda el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, en inglés), una iniciativa brasileña que ya captó 6700 millones de dólares en aportes gubernamentales, por destinar 20 % de las utilidades a los pueblos indígenas.
Pero considera esa remuneración “desproporcionadamente pequeña frente al papel que cumplimos en la protección de los bosques”. Además, quieren a sus tierras “libres de petróleo, gas, minería y monocultivos, especialmente los territorios Piaci”.
Avances insatisfactorios identifican los indígenas amazónicos en varios temas discutidos en la COP30. En el financiamiento climático reclaman acceso directo, tanto para mitigación como la adaptación a los cambios.
Es que reclaman un protagonismo imposible en el mundo como está institucionalizado actualmente. Querían, por ejemplo, la copresidencia de la COP30, además de la participación propia y directa en las negociaciones.
Indígenas brasileñas celebran la demarcación de cuatro territorios indígenas por parte del gobierno, en el marco de la COP30. Otras áreas fueron identificadas como indígenas en el proceso de demarcación, luego de algunos años de derechos indígenas bloqueados por un gobierno de extrema derecha. Imagen: Ueslei Marcelino / COP30
Participación, no solo presencia
Las nueve organizaciones amazónicas agradecieron los gobiernos de Brasil, Colombia y Panamá por incluir indígenas en sus delegaciones oficiales en la COP30.
La organización de la conferencia acreditó a más de 900 representantes indígenas de todo el mundo, con acceso a la Zona Azul, donde tuvieron lugar las negociaciones y eventos oficiales, según uno de los lideres brasileños, Kleber Karipuna.
Otros 3500 estuvieron en la llamada Aldea COP30, un campamento instalado para ellos en Belém, y participaron en varias manifestaciones por la demarcación de territorios indígenas y mayor participación en las decisiones.
En una de ellas, indígenas y activistas sociales forzaron la entrada en la Zona Azul, la noche del 11 de noviembre, con actos de violencia contenidos por agentes de seguridad. Protestaban contra su exclusión de las negociaciones.
El trasfondo es la convicción de que el mundo institucional “no reconoce nuestro papel fundamental en la mitigación y adaptación al cambio climático”, como sostiene la declaración de la Coica. “La presencia no es participación plena y efectiva”, constatan los indígenas amazónicos.
“Como titulares de derechos y actores fundamentales de la acción climática necesitamos acceso oportuno a la información, participación directa en los espacios de negociación, reconocimiento de nuestras estructuras propias de gobernanza, y la incorporación generalizada de negociadores indígenas en las delegaciones oficiales”, demandan en su declaración.
Se quejan de que la presidencia brasileña de la COP30 no les aseguró “un diálogo sustantivo y continuo” ni se hizo eco de sus prioridades y propuestas, como había propuesto antes de que comenzase la cumbre el día 10 y que se cerró el sábado 22, un día después de lo pautado para sacar adelante el limitado paquete de acuerdos.
Reunión plenaria conclusiva de la COP30, el 22 de noviembre, en que los indígenas no lograron su objetivo de participar con voz propia dentro de las negociaciones. Imagen: Rafa Neddermeyer / COP30
Más que guardianes
No se trata solo de demarcar los territorios indígenas, reconocidos como los que mejor protegen la naturaleza contra la deforestación, los incendios y otras formas de destrucción, como la extracción ilegal de madera y minerales.
Durante la COP30 el gobierno brasileño homologó cuatro tierras indígenas (como se llaman los resguardos en Brasil), declaró como indígenas otras diez áreas y avanzó en los pasos iniciales de la demarcación de otras 24 áreas.
Atendió así al reclamo de los pueblos originarios por la aceleración en el proceso de demarcación. Brasil tiene 535 tierras indígenas demarcadas y 289 en distintas etapas del proceso de demarcación, según el Instituto Socioambiental, que tiene una amplia base de datos sobre el tema.
La población indígena, según el censo de 2022, se limita a 1,7 millones de personas, 0,8 % de los 213 millones de habitantes de Brasil.
Esas cifras resultan del genocidio sufrido por la población originaria, tal como ocurrió en todo el mundo, donde suman entre 370 millones y 500 millones distribuidos en 90 países, según las Naciones Unidas.
En América Latina había cerca de 45 millones de indígenas en 2010, correspondiente a solo 8,3 % de la población total. Ese porcentaje alcanza 62,2 % en Bolivia, 41 % en Guatemala, 24 % en Perú y 15,1 % en México, países donde más sobrevivieron al genocidio colonial, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Pese a la ínfima minoría disfrutan de una fuerte legitimidad en las cuestiones ambientales y climáticas, por su convivencia con la naturaleza, generalmente en armonía.
El casi exterminio que sufrieron en muchos países, como Brasil y Estados Unidos, acompañó la destrucción de la naturaleza, en la guerra impuesta por la expansión económica y de la civilización occidental hacia el oeste, en el caso de los dos países.
Pueblos originarios, a los que se sumaron las comunidades tradicionales, y la naturaleza sufrieron el mismo proceso exterminador. “Salvajes” y la selva eran obstáculos al progreso económico.
Un vuelco en esa marcha ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, con la puesta en marcha de la vigencia de los derechos humanos, de la diversidad en todas las dimensiones y del ambientalismo, acentuado luego por la emergencia climática.
Ahora que la humanidad trata de reconciliarse con la naturaleza en rebelión, los indígenas aparecen como los mediadores. La simple presencia en las COP en un papel simbólico o como guardianes de los bosques es insuficiente, quieren participar en las decisiones.
“Persiste una falta de comprensión entre sistemas de conocimiento indígena y conocimientos tradicionales, conceptos distintos y con implicancias distintas, incluso jurídicas”, advierten las organizaciones indígenas amazónicas.
“Los sistemas de conocimiento indígena incluyen nuestra relación con el territorio, las tierras y las aguas, nuestra gobernanza y espiritualidad, y todo ello resulta en la conservación de nuestros territorios y en nuestra resiliencia, por lo que deben ser reconocidos en su totalidad, no fragmentados ni reducidos a un componente técnico de adaptación”, concluyen.
En la Amazonia, los indígenas hicieron más que conservación, ya que “domesticaron” los bosques en muchos sitios, con fertilización del suelo reflejada en la llamada tierra negra y mayor productividad vegetal, apunta un grupo de investigadores del brasileño Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia en un artículo que revisa varios estudios recientes.
Esos estudios concluyen que la Amazonia tuvo probablemente una población que ascendía a 10 millones de indígenas cuando llegaron los colonizadores, el triple o cuádruplo de la población rural actual. Uno de los investigadores cree que posiblemente alcanzaron 20 millones, basado en las transformaciones que promovieron en el paisaje amazónico.
Economía habilita excepcionalmente a Alliance One para integrar el cupo de tabaco hacia EE.UU. en el ciclo 2025/2026
La Secretaría de Agricultura modificó la Resolución 200/2025 para incorporar a Alliance One Tobacco Argentina S.A. al listado de empresas habilitadas para exportar dentro del contingente arancelario de tabaco hacia Estados Unidos.
La medida, formalizada mediante la Resolución 235/2025, permitirá asegurar la plena utilización del cupo anual de 10.750 toneladas, negociado bilateralmente desde 1995, y evitar así operaciones extradós con aranceles prohibitivos del 350% + 10% ad valorem.
Un cambio clave para reforzar el uso del cupo preferencial
La Resolución 235/2025, firmada el 20 de noviembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial, sustituye el artículo 1° de la Resolución 200/2025 con el objetivo de incorporar a Alliance One Tobacco Argentina S.A. al registro de empresas habilitadas para participar del contingente arancelario de tabaco hacia Estados Unidos durante el ciclo comercial 13 de septiembre de 2025 – 12 de septiembre de 2026.
La decisión responde a la presentación extemporánea realizada por la compañía, que solicitó una autorización excepcional luego de haber quedado fuera del período formal de inscripción. El expediente EX-2025-99613400 dejó constancia de que la firma participa del contingente desde su creación y posee trayectoria comprobada en el comercio exterior tabacalero, lo que fue ponderado por la autoridad de aplicación.
Además, el sector en su conjunto avaló la incorporación: según la resolución, todas las demás empresas integrantes del contingente prestaron “expresa conformidad” para habilitar el ingreso de Alliance One en el ciclo 2025/2026.
La medida se sustenta en un dato clave: el cupo fue considerado “no crítico”, dado que en el último ciclo se utilizó apenas el 8% del total disponible, lo que otorga margen operativo sin afectar la participación de los demás exportadores.
“Es deber de la Autoridad de Aplicación asegurar la mayor utilización posible de los contingentes arancelarios agroindustriales que debe tutelar”, sostiene el texto oficial.
Antecedentes normativos y fundamentos institucionales
El contingente anual de 10.750 toneladas fue establecido por el Memorándum de Entendimiento firmado en Ginebra el 9 de agosto de 1995, durante la Ronda Uruguay del GATT. Allí, los Estados Unidos asignaron a la Argentina un cupo preferencial cuya utilización depende de la inscripción previa de las empresas en el Registro de Exportadores de Tabaco.
La reglamentación argentina, vigente desde la Resolución 17/2018 y prorrogada por la Resolución 6/2023 hasta septiembre de 2026, no distribuye cuotas por empresa, sino que funciona como un régimen abierto para garantizar que el tabaco exportado con preferencia arancelaria sea originario de la Argentina.
Ese detalle jurídico fue decisivo en el caso de Alliance One: su incorporación no afecta la cuota parte de ningún actor, sino que amplía el universo de firmas habilitadas a utilizar el cupo, cuyo aprovechamiento pleno viene siendo históricamente bajo.
Otro elemento de peso regulatorio es el impacto del arancel extradós: fuera del contingente, las exportaciones de tabaco hacia Estados Unidos enfrentan un 350% ad valorem, más un adicional del 10%, un nivel calificado como “prohibitivo” y que vuelve estratégica la inclusión de todas las firmas con capacidad exportadora.
Nuevo listado oficial de empresas habilitadas
Con la modificación aplicada por la Resolución 235/2025, el ciclo 2025/2026 queda conformado por el siguiente listado de empresas habilitadas, según el Anexo IF-2025-128275279-APN-SSMAEII#MEC:
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. (CUIT 30-51829368-7)
Bonpland Leaf S.A. (CUIT 30-69331273-2)
Comercial Industrial Misionera Argentina S.A. (CUIT 30-51141558-2)
CTM Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda. (CUIT 30-60757294-8)
Coop. de Productores Tabacaleros Salta Ltda. (CUIT 30-54838738-4)
Alliance One Tobacco Argentina S.A. (CUIT 30-56243143-4)
Todas con vigencia del 13/09/2025 al 12/09/2026.
Impacto sectorial y proyecciones
La incorporación de Alliance One podría impulsar una mayor utilización del contingente bilateral, con impacto potencial en tres dimensiones:
Competitividad exportadora
El uso del cupo permite acceder al mercado estadounidense sin afrontar aranceles superiores al 350%, lo que mejora significativamente la rentabilidad de la exportación.
Certidumbre comercial
La reinscripción de una firma con trayectoria refuerza la señal de continuidad institucional del régimen tabacalero argentino y facilita previsibilidad a compradores internacionales.
Dinámica federal del sector
Las empresas habilitadas operan en provincias tabacaleras clave —Misiones, Salta, Jujuy—, por lo que la decisión tiene impacto directo en cadenas locales, cooperativas y productores.
La medida ya se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, conforme al artículo 2° de la resolución.
El Gobierno ratifica prórrogas y habilita la adjudicación del Puente Santo Tomé–São Borja, cómo sigue la transición del corredor fronterizo clave para el Mercosur
El Gobierno nacional formalizó, mediante el Decreto 833/2025 publicado este 25 de noviembre, una serie de decisiones estratégicas para garantizar la continuidad operativa del Puente Internacional Santo Tomé–São Borja y avanzar en la transición hacia un nuevo modelo de concesión binacional. La medida ratifica dos prórrogas del contrato vigente con Mercovía S.A., aprueba la adjudicación del futuro contrato a CS Infra S.A. y redefine la representación argentina en la Comisión Mixta Argentino-Brasileña (COMAB).
Se trata del principal paso institucional de la última década en uno de los corredores logísticos más relevantes para el comercio regional, clave para el tránsito de cargas entre Argentina, Brasil y el eje central del Mercosur.
Un decreto para ordenar la transición: prórrogas, adjudicación y cambios institucionales
El Decreto 833/2025 ratifica formalmente la 6ª Adenda (25 de agosto de 2025) y la 7ª Adenda al Contrato Internacional de Concesión firmado originalmente en 1996, que prorrogan la operación de Mercovía S.A. entre el 29 de agosto y el 28 de octubre de 2025, y luego por un período adicional acordado entre ambos Estados. El objetivo es evitar la interrupción del servicio en el Centro Unificado de Frontera y en la operación del puente binacional, cuyo contrato original vencía el 29 de agosto de 2025.
El decreto también aprueba la adjudicación a CS Infra S.A., seleccionada por la COMAB tras evaluar las propuestas del proceso licitatorio internacional iniciado bajo el Pliego N° 01/2025. Según el Acta N° 112 del 31 de julio de 2025, fue la única oferta válida, y superó técnicamente la presentada por Plus Byte S.R.L., desestimada por incumplimiento del Anexo 5 del pliego.
Por otra parte, el Gobierno modifica el artículo 4° del Decreto 383/1996 y faculta al Ministerio del Interior para proponer los representantes argentinos ante la COMAB, otorgándole un rol central en la gestión del corredor fronterizo. El Ministerio de Economía continuará como asistente técnico en materia de obras públicas e infraestructura.
Tres décadas de concesión, múltiples adendas y una transición compleja
El vínculo jurídico del puente se remonta al Acuerdo de 1989, aprobado por la Ley 23.772, mediante el cual Argentina y Brasil crearon la COMAB y definieron el marco para la construcción y explotación de la vinculación vial. En 1996, el Decreto 383 adjudicó la concesión al entonces consorcio IMPREGILO-IGLYS-CIGLA-CONVAP (hoy Mercovía S.A.) por 25 años.
Desde 2021, ante el vencimiento del plazo, ambos países fueron encadenando prórrogas sucesivas:
19/07/2021: Acuerdo de Prórroga inicial (365 días + opción 365).
19/08/2021: 2ª Adenda (ratificada por Decreto 723/2021).
23/08/2022: 3ª Adenda (tras nuevo canje de notas).
08/08/2023: 4ª Adenda (ratificada por Decreto 581/2024).
28/08/2024: 5ª Adenda (nueva prórroga de 365 días).
25/08/2025: 6ª Adenda —prórroga hasta el 28/10/2025—.
2025: 7ª Adenda —nueva prórroga acordada por ambos Estados para garantizar la continuidad del servicio—.
El 26 de agosto de 2025 entró en vigor un nuevo Acuerdo por Canje de Notas que habilitó una extensión “precaria y transitoria” por 31 días (29/08-29/09/2025), con posibilidad de 90 días adicionales si fuera necesario.
En paralelo, la COMAB avanzó en el proceso licitatorio internacional para una nueva concesión integral que abarcará operación, modernización, mantenimiento y gestión del Centro Unificado de Frontera.
Qué implica el decreto para el corredor fronterizo
El Decreto 833/2025 tiene efectos directos en tres planos:
Continuidad operativa garantizada
La ratificación de las adendas evita la interrupción del servicio —crítica para el tránsito fronterizo— y ordena la transición entre Mercovía S.A. y el nuevo concesionario.
Avance hacia un nuevo modelo de concesión
La aprobación de la adjudicación a CS Infra S.A. habilita la firma formal del contrato, que deberá realizarse bajo las condiciones del Pliego COMAB N° 01/2025.
El Gobierno autoriza explícitamente a la Delegación Argentina a rubricar el documento.
Reconfiguración institucional
El traspaso de la representación ante la COMAB al Ministerio del Interior reposiciona al área en la agenda de infraestructura estratégica, mientras que Economía queda como soporte técnico.
Esto implica un alineamiento administrativo con el resto de los organismos que gestionan pasos fronterizos y obras de conectividad.
Qué puede ocurrir en los próximos meses
Con la transición ya validada por decreto, los pasos siguientes son: Firma del contrato con CS Infra S.A.Asunción efectiva del nuevo concesionario (aplazada al 2 de diciembre de 2025 según Resolución COMAB N° 4). Implementación del cronograma de modernización y mejoras previsto en el pliego. Cierre definitivo de la concesión histórica de Mercovía S.A., con obligaciones específicas de colaboración establecidas en las adendas.
El puente Santo Tomé–São Borja es uno de los principales corredores logísticos de Corrientes y Río Grande do Sul. Su regulación, eficiencia y continuidad operativa impactan directamente en el comercio bilateral y en el movimiento regional de cargas hacia los puertos atlánticos.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) retoma hoy, martes, el juicio por la Causa Cuadernos con un cambio clave en el cronograma: la suma de una audiencia semanal más. En esta etapa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás 85 imputados escucharán el detalle de la acusación de la Fiscalía, centrada en la figura de la asociación ilícita.
Según la Agencia Noticias Argentinas, la reanudación del debate, que seguirá siendo virtual, se enfocará en la lectura del requerimiento de elevación, donde se explica el engranaje delictivo que funcionó entre 2003 y 2015.
La acusación de la Fiscalía
La acusación que pesa sobre la expresidenta es la de haber sido la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, se le atribuyen 204 hechos de cohecho pasivo (recibir coimas), que representan una suma superior a los 10.400.000 dólares.
El requerimiento de elevación, cuyo texto se continuará leyendo hoy, sostiene:
“Desde sus albores la investigación se centró en la conformación de una asociación ilícita integrada por las más altas esferas estatales de la República Argentina.”
El fiscal federal Carlos Stornelli argumenta que existió un “sistema de recaudación de dinero” donde los funcionarios públicos y los empresarios obtuvieron beneficios recíprocos: los funcionarios obtenían dinero y garantizaban su permanencia, mientras que los privados recibían promesas y beneficios concretos en contratos con la Administración Pública Nacional.
El cronograma de diciembre
El Tribunal, integrado por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, seguirá con la lectura de la acusación de la “causa madre” hasta el 2 de diciembre.
Posteriormente, el jueves 4 de diciembre se iniciará la lectura del expediente conexo, conocido como “la Camarita”, donde las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción) y José López posibilitaron desentrañar la cartelización de la obra pública y los pagos que iban del 10 al 30 por ciento. Finalmente, el 18 de diciembre se leerá la investigación concentrada en los Corredores Viales.
