Redacción Economis

Nuevas herramientas para la atención del hígado

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Para el tratamiento de la enfermedad del hígado graso han sido elaboradas nuevas guías que permiten mejoras en el cuidado de los pacientes con esteatosis hepática por disfunción metabólica. Desde hace cinco años no se actualizaban estas guías.

En la elaboración de este material participan los médicos Dr. Eduardo Fassio, Dr. Fernando Barreyro,  Dr. Adrián Narváez, Dr. Sebastián Ferretti, Dra. Andrea Odzak  y Dra. Melisa Dirchwolf.

El Dr. Barreyro  hepatólogo misionero, forma parte del equipo de la SAHE que preparó las guías.

Una gran experiencia compartida por los profesionales a cargo y por las instituciones que acompañaron la presentación en la ciudad de Buenos Aires.

Estas normas actualizan la nomenclatura, la tamización, la estratificación y el manejo terapéutico.

Todas cosas muy importantes para la atención del paciente con  esteatosis hepática por disfunción metabólica.

Desde las últimas guías del año 2020 se ha avanzado en el tratamiento y en los fármacos que se utilizan.

En el trabajo se indica cómo  tamizar el hígado graso, cómo buscarlo y cuáles son los grupos de riesgo. También se habla de la estratificación, qué pacientes tienen esteatosis hepática o hígado graso y cuáles tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad.

 El material se considera de ayuda para tomar decisiones clínicas y terapéuticas.

Para todas las especialidades médicas

Las guías están dirigidas no solamente a los hepatólogos, sino a todos los médicos en general. Gastroenterólogos, endocrinólogos, diabetólogos, clínicos y médicos de todas las áreas, nutricionistas, médicos que manejan pacientes bariátricos o que tienen obesidad. También la enfermedad hepática asociada al alcohol.

De ahí la importancia de su difusión para que los profesionales las conozcan. Pueden acceder a ellas a través de la Sociedad Argentina de Hepagología.

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Caputo anunció una baja de retenciones al agro para impulsar exportaciones

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El Gobierno redujo retenciones al agro, baja de alícuotas para granos y subproductos en busca de mayor competitividad exportadora

El Gobierno nacional anunció una baja permanente en los derechos de exportación aplicados a las cadenas de granos y subproductos, una medida que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó como “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”. Las reducciones alcanzan a soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y derivados, y forman parte del objetivo central del Ejecutivo de avanzar hacia un esquema de menor presión impositiva sobre el complejo agroexportador, responsable del 60% de las ventas externas del país.

La decisión se integra en la estrategia oficial de mejorar la competitividad, acelerar la generación de divisas y consolidar el crecimiento del sector en un contexto de ajuste macroeconómico y recomposición de incentivos productivos.

Las nuevas alícuotas: recortes en soja, granos finos y gruesos, y subproductos

En el anuncio, Caputo detalló las bajas que regirán a partir de la decisión oficial:

  • Soja: de 26% a 24%
  • Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
  • Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
  • Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
  • Girasol: de 5,5% a 4,5%

El ministro señaló que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, y que el Gobierno “seguirá haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible, en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

El Ejecutivo enmarca la baja en una política de alivio fiscal progresivo, que busca mejorar el margen de rentabilidad de los productores, consolidar la industrialización de origen agropecuario y fortalecer el posicionamiento internacional de los principales complejos exportadores del país.

Contexto económico: por qué el Gobierno insiste en bajar retenciones

El Ministerio de Economía fundamentó el recorte en la necesidad de impulsar un sector que aporta aproximadamente el 60% de las exportaciones totales. Según el mensaje oficial, la reducción apunta a mejorar la competitividad internacional del agro, fomentar una mayor inversión productiva, acelerar la entrada de divisas, y estimular la actividad económica en las economías regionales.

La decisión se registra en un escenario de consolidación del programa de ajuste fiscal y desregulación económica, donde el Gobierno sostiene que un esquema impositivo más leve favorecerá el crecimiento del agro y su derrame en el mercado laboral y la producción industrial asociada.

El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, afirmó Caputo, retomando el mensaje central del Ejecutivo.

Impacto esperado y reacciones del sector agropecuario

El anuncio fue recibido en el sector como una señal alineada con las demandas históricas del campo, que viene reclamando desde hace años la eliminación total de los derechos de exportación.

La baja de alícuotas genera expectativas sobre mejoras en los precios recibidos por el productor, mayor liquidez para inversiones en tecnología y semillas, incentivos para aumentar el área sembrada, y mayor competitividad para la industria aceitera y molinera.

El efecto regional también será significativo, dado que la cadena agroindustrial tiene fuerte presencia territorial en la región pampeana y en provincias con actividad cerealera, oleaginosa y de subproductos.

Sin embargo, analistas del sector plantean que el impacto dependerá de la evolución simultánea de otros factores de la macroeconomía —tipo de cambio, costos logísticos, precios internacionales y tasas de financiamiento— que siguen condicionando las decisiones de inversión y comercialización.

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Importaciones de consumo superan los USD 8.300 millones y desplazan a la industria nacional

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Récord histórico de importaciones de bienes de consumo, Argentina superó los USD 8.300 millones entre enero y septiembre

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 8.376 millones en los primeros nueve meses de 2025, el nivel más alto desde que existen registros, según un informe del Centro CEPA. El monto supera en USD 1.693 millones el récord previo de 2018 y consolida una dinámica que combina apertura importadora, aumento de empresas que compran en el exterior y retrocesos en la producción industrial nacional

Un salto del 25,3% y mayor peso en el total importado

Entre enero y septiembre de 2025, las importaciones de bienes de consumo crecieron 25,3% respecto del máximo de 2018. Solo en septiembre, el monto importado fue de USD 1.157 millones.

En términos relativos, estos bienes representaron el 14,6% del total importado, lo que implica un incremento de 4,1 puntos porcentuales frente al mismo período de 2023. Esta proporción confirma una tendencia de mayor peso de productos terminados en la estructura de importaciones nacionales.

El informe del Centro CEPA no solo cuantifica el aumento histórico, sino que también analiza la composición sectorial, el comportamiento empresarial y el efecto sobre la matriz productiva local.

Sectores con mayor crecimiento: electrodomésticos, transporte liviano, indumentaria y alimentos

El rubro Electrodomésticos, baterías y lámparas lideró la expansión con un aumento del 217,7% frente a 2023, representando 8,4% del total importado.
Le siguió Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un alza del 69,3% y participación del 8,4%.

Otros sectores que acompañaron el salto importador: Prendas de vestir: +99,2% vs 2023 (participación del 6,3%). Productos alimenticios: +49,4% vs 2023 (16,4% del total, el más alto del conjunto). Marroquinería: +21,3% vs 2023.

Esta dinámica supone una recomposición de los canales de abastecimiento del mercado interno, con mayor peso de productos terminados importados en rubros tradicionalmente abastecidos por la industria nacional.

Explosión de empresas importadoras y reconfiguración del mercado

Entre enero y septiembre de 2025 se sumaron 9.235 nuevas empresas importadoras, un crecimiento del 70% respecto de 2023.

Los sectores con mayores incrementos de firmas fueron: Productos de caucho y plástico: +2.490 nuevas empresas. Marroquinería: +1.524 nuevas firmas. Prendas de vestir: +1.391 empresas. Electrodomésticos, baterías y lámparas: +1.069 nuevas importadoras.

Este aumento masivo de empresas operando en comercio exterior revela un cambio profundo en la estructura competitiva y anticipa una mayor presión sobre la industria local, que enfrenta importaciones más numerosas y diversificadas.

Quiénes lideran las importaciones de cada sector

El informe identifica a las compañías que concentran los mayores volúmenes:

Electrodomésticos, baterías y lámparas. PILISAR S.A. (Bosch): 14% del total importado, con crecimiento del 395% vs 2023. VISUAR S.A.. FRÁVEGA: 6% del total, con un incremento del 3.162% vs 2023. WHIRLPOOL: 6%.

Motos, bicicletas y equipos de transporte. Honda Motor: 18% del total, con un crecimiento del 43% vs 2023.

Prendas de vestir. TAC Argentina S.A. (Zara): 10%. Adidas Argentina S.A.: 10%. Puma Sports Argentina S.A.: 4%.

Productos alimenticios. Nestlé Argentina S.A.: 7% del total.

Marroquinería. Adidas Argentina S.A.: 15% del total, con una suba del 392% vs 2023.

Estos datos exhiben la concentración sectorial y la creciente participación de grandes multinacionales en la provisión de bienes importados al mercado doméstico.

Industria nacional en retroceso: sectores claves muestran caídas mientras importaciones se disparan

El informe advierte que el aumento récord de importaciones coincide con un deterioro de la producción local en varios segmentos. Mientras las importaciones de electrodomésticos crecieron 217,7%, la producción nacional de aparatos de informática, televisión y comunicaciones cayó 25,7%. Las importaciones de prendas de vestir subieron 61,8%, mientras que la producción de productos textiles se contrajo 18,9%. En alimentos y bebidas, la producción local cayó 0,2%, frente al auge importador del 49,4%. La producción de marroquinería se retrajo 26,8%, mientras sus importaciones crecieron 21,3%.

El contraste entre importaciones y producción local refleja un proceso de desplazamiento del producto nacional, con impacto directo en empleo, capacidad instalada y estructura industrial.

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El Gobierno reordena la estructura del Estado, claves del Decreto 866/2025

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El Gobierno redefinió la estructura del Estado, fuerte reordenamiento de ministerios, organismos y competencias

En un decreto de amplia alcance, el Poder Ejecutivo dispuso una profunda reconfiguración de la administración pública nacional. El Decreto 866/2025, firmado el 6 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial, modifica el esquema organizativo del Estado, suprime áreas completas, crea nuevas dependencias e introduce cambios en los objetivos, la dependencia jerárquica y el ámbito de actuación de múltiples organismos clave.
La medida entra en vigencia desde el día de su dictado, un dato institucional central porque habilita su aplicación inmediata.

Reordenamiento estructural: ajustes en Jefatura de Gabinete, Interior, Economía y Salud

El Gobierno justificó los cambios en la necesidad de “optimizar la gestión de gobierno”, según el texto oficial. Para ello readecua el organigrama aprobado originalmente por el Decreto 50/2019, incorporando las modificaciones de una serie de decretos previos (658/25, 793/25 y 825/25).

Supresión y reconfiguración de áreas

El decreto elimina la Secretaría de Comunicación y Medios, cuya supresión aparece en los artículos 1 y 7, impactando tanto en el organigrama como en los objetivos de la administración pública.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete recibe una reorganización completa de sus áreas. La nueva estructura incorpora: Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. Secretaría de Asuntos Estratégicos. La Secretaría Ejecutiva. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. También la Secretaría de Turismo y Ambiente. Y la Secretaría de Comunicación y Prensa

Cada una de ellas con sus respectivas subsecretarías, incluidas áreas de análisis, planificación, innovación, turismo, ambiente y medios públicos.

Los anexos oficiales precisan además que la Jefatura de Gabinete tendrá bajo su órbita organismos descentralizados como la Agencia de Acceso a la Información Pública, AABE, CONICET, CONAE, el ENACOM y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros.

Ingreso del Ministerio del Interior al nuevo organigrama

El decreto incorpora en el organigrama central el Ministerio del Interior como Apartado VI. Entre sus dependencias se destacan: Secretaría de Interior, con áreas de asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y la Subsecretaría del INAI. Y Secretaría de Provincias y Municipios, con subsecretarías específicas para provincias y municipios.

En los organismos descentralizados bajo Interior se incorporan el RENAPER, la Comisión Nacional Antidopaje y el ENARD, según la planilla del Anexo III.

Cambios profundos en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía es uno de los que recibe la mayor reorganización interna. Se redefinen:

  • Secretaría Legal y Administrativa
  • Secretaría de Política Económica
  • Secretaría de Hacienda
  • Secretaría de Finanzas
  • Secretaría de Energía
  • Secretaría de Minería
  • Secretaría de Coordinación de Producción
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
  • Secretaría de Obras Públicas
  • Secretaría de Transporte
  • Secretaría de Asuntos Nucleares

El anexo precisa decenas de organismos que pasarán a actuar bajo su órbita, entre ellos:

  • INDEC, CNV, SENASA, INASE, INTA, INV, ARCA, ANPYN, ENRE, ENARGAS, INTI, INPI, INIDEP, INA, ORSEP, TTN, DNV, ANAC, CNRT, ANSV, ORSNA, CNEA, entre muchos otros.
  • Además, empresas estratégicas como Energía Argentina S.A., Entidad Binacional Yacyretá, Aerolíneas Argentinas, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina S.A. e YPF S.A. (en el marco del art. 15 de la Ley 26.741) quedan incluidas en la estructura jurisdiccional del ministerio.

Reestructuración del Ministerio de Salud

El decreto también redefine la estructura del Ministerio de Salud, reorganizando: La Secretaría de Gestión Administrativa. La Secretaría de Gestión Sanitaria. Y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina

Se detallan nuevas subsecretarías vinculadas a planificación sanitaria, vigilancia epidemiológica, fiscalización y prevención de consumo de drogas.

Impacto administrativo, político y presupuestario: el alcance de la reorganización

Transferencias, vigencia inmediata y adecuaciones en curso

El artículo 21 del decreto establece un movimiento significativo:
se transfieren de Interior a la Jefatura de Gabinete todas las unidades, bienes, personal y créditos presupuestarios de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, con excepción de Deportes.

Además, se mantienen transitoriamente las estructuras de nivel inferior a Subsecretaría (art. 22). Las erogaciones se atenderán con los créditos vigentes hasta que se formalicen las adecuaciones presupuestarias (art. 23). La vigencia es inmediata desde el 6 de diciembre de 2025 (art. 24).

Motivación institucional

El Ejecutivo sostiene que la reorganización busca adecuar el funcionamiento del Estado a las reformas de la Ley de Ministerios y a procesos previos de transformación administrativa. Incluyendo la incorporación del INAI a la Jefatura de Gabinete (Decreto 438/25). La adecuación del organigrama y los objetivos estratégicos de gobierno. La intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y de la Oficina Nacional de Presupuesto en la estructuración final del decreto.

Proyecciones y efectos sectoriales

La reorganización afecta a:

Organismos regulatorios clave (ENACOM, ENRE, ENARGAS, CNV, ANAC, CNRT).

Empresas públicas estratégicas (Energía Argentina, Yacyretá, Aerolíneas Argentinas, AySA, ARSAT).

Institutos científicos y tecnológicos (CONICET, CNEA, INTA, INTI, INIDEP).

Áreas críticas del Estado nacional: transporte, energía, minería, agricultura, estadísticas, obras públicas, seguridad nuclear, ambientes y comunicación.

Los cambios podrían reconfigurar la coordinación entre sectores, modificar la gobernanza de empresas públicas y ajustar el papel de los reguladores nacionales.

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Parques Nacionales prohíbe el fuego hasta abril de 2026 en cinco parques patagónicos por riesgo extremo

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La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso una prohibición estricta del uso del fuego en los parques Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026. La medida, establecida mediante la Resolución 390/2025, responde al agravamiento de las condiciones meteorológicas en la Patagonia y parte de la región centro, donde se proyecta un nivel alto de riesgo ígneo para la temporada estival, según los informes técnicos incorporados al expediente.

La decisión se enmarca en un contexto de emergencias declaradas por las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y refuerza el esquema nacional de prevención ante la escalada de incendios forestales.

Emergencias provinciales, riesgo ígneo extremo y revisión de normas vigentes

La resolución cita como antecedente inmediato el análisis técnico contenido en el documento IF-2025-132612063-APN-DLIFYE#APNAC, elaborado por la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, que advierte que “la región patagónica presenta un nivel alto de riesgo de incendios” para los próximos meses.
En paralelo, las provincias atravesadas por los focos más críticos —Neuquén, Río Negro y Chubut— declararon la emergencia ígnea mediante los Decretos Provinciales 198/2025, 1.004/2025 y 1.392/2025, respectivamente.

Frente a ese escenario, la APN resolvió dejar sin efecto la Resolución 126/2025, que regulaba el uso del fuego bajo autorizaciones específicas. La nueva norma señala que dicha estructura “corresponde ser reemplazada a efectos de adoptar medidas preventivas de carácter urgente”.

El Directorio fundamentó esta revisión en la necesidad de “distinguir las situaciones de acuerdo con cada Área Protegida tomando como base la situación ígnea, la evolución del Índice de Peligro de Incendios y condiciones particulares del entorno”.

Asimismo, la APN reafirmó la vigencia del marco normativo establecido por la Resolución 210/2006 respecto del procedimiento obligatorio para quemas prescriptas.

Medidas adoptadas: prohibición total, excepciones limitadas y refuerzo de controles

Prohibición del uso del fuego en zonas críticas

El artículo 2 de la resolución establece: “Prohíbase el uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, a partir del dictado de la presente y hasta el 30 de abril de 2026”.

La única excepción aplica a instalaciones específicas para cocción de alimentos dentro de campamentos organizados administrados por prestadores turísticos habilitados.

En el caso del Parque Nacional Los Arrayanes, la APN aclara que, al no contar con Intendente propio, las instrucciones administrativas recaen en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Regulación en el resto de las áreas protegidas

En todas las demás áreas de APN, cualquier solicitud de quema deberá contar con intervención favorable de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, siguiendo lo establecido en la Resolución 210/2006.

Régimen sancionatorio y denuncias penales

La resolución refuerza el marco contravencional derivado de la Ley 22.351 y del Decreto 300/2022. El artículo 4 es explícito:

“Acreditada la responsabilidad en la producción de tales desastres, se aplicará la sanción máxima establecida por la normativa vigente, además de la denuncia penal pertinente.”

Se trata de un mensaje institucional fuerte frente a prácticas que derivan en incendios de origen antrópico, históricamente predominantes en la región.

Instrucciones operativas y comunicación a prestadores turísticos

El Directorio instruyó a las intendencias de los parques afectados y a la Dirección Regional Sur a “comunicar a los prestadores turísticos habilitados la situación meteorológica y a maximizar los controles correspondientes” (artículo 5).
La estacionalidad del turismo en la Patagonia aumenta la necesidad de alertas preventivas dirigidas a concesionarios y visitantes.

Presión sobre el turismo, riesgos ambientales y coordinación federal

La decisión tendrá impacto en:

Actividad turística estival. La restricción afecta a algunos de los destinos más visitados del país durante el verano, donde el uso del fuego —particularmente en fogones y áreas de acampe— forma parte de la experiencia del visitante.
La APN preserva la operatividad turística bajo concesionarios autorizados, pero eleva la carga de control y responsabilidad para los prestadores.

Operación de concesiones y permisos. Las concesiones dentro de parques deberán adecuar sus protocolos diarios, reforzar señalización y garantizar infraestructura segura para fogones habilitados.

Coordinación interjurisdiccional. La medida se integra con los decretos provinciales de emergencia ígnea y los procedimientos nacionales de prevención. Aumenta la presión sobre los sistemas de respuesta locales, especialmente en parques con estructuras descentralizadas.

Responsabilidad penal y administrativa. El refuerzo en sanciones y en la obligación de denunciar penalmente apunta a desincentivar la causal humana, principal origen de incendios en temporadas previas.

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