Ley de financiamiento político: Ganan medios digitales, pierden los gremios
El Senado aprobó el financiamiento de los partidos políticos por 48 votos a favor y 2 negativos. El artículo 2 que habilitaba el aporte de los sindicatos fue la única diferencia entre la mayoría y la minoría.
El aporte de los sindicatos se voto por separado, el dictamen de mayoría no alcanzó los 37 votos necesarios para su aprobación. Fue entonces cuando la mayoría se sumo al dictamen de minoría (que no contemplaba el aporte de los sindicatos) para evitar la caída de la iniciativa. Por 42 votos contra 7 se rechazó que los gremios aporten a las campañas electorales.
El proyecto que tuvo media sanción, modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera (PJ – Catamarca) en calidad de miembro informante explicó los alcances de la iniciativa destacando que “hemos encontrado un proyecto por consenso”.
Uno de los artículos más polémicos en los debates previos era el tema de los medios digitales de producción nacional, tema al que desde las filas del oficialismo estaban renuentes debido a que Cambiemos prefería destinar toda su publicidad electoral a las plataformas internacionales Facebook y Google, por lo que consideraban que cada uno debía tener “libre elección de donde promocionar la propagan electoral”. Sin embargo, el Senado aprobó hoy la Ley con respaldo a los medios digitales.
Dicho esto, la Ley obliga a girar el 60% de los recursos públicos destinados a publicidad digital a sitios periodísticos digitales generadores de contenido, un pedido de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y la Asociación de periodismo Digital (APD) para compensar las pérdidas millonarias por la migración de la publicidad a motores de búsqueda como Google y Facebook, que reproducen contenidos de terceros, casi no contratan empleados en el país y esquivan el pago de impuestos.
“Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados, sino la idea de dar transparencia y trazabilidad; de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde, y el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó”, celebró el peronista Dalmacio Mera, quien tuvo la tarea de negociar la ley desde noviembre, despacho por despacho.
Entre los puntos principales Mera mencionó que “entendíamos que era necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, también realizar un proceso más riguroso, especifico y transparente de fiscalización patrimonial”.
Mera aseguró que “se ha reformado el sistema de publicidad audiovisual en defensa de los trabajadores de la prensa, de los contenidos que se publiciten y hemos intentado poner exigencias a la pauta en redes sociales”.
Resaltó que “con Diputados hemos consensuado que es necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, con el tope del 2% para que ninguna fuerza pueda ser cooptada o necesite de dicho aporte, también la incorporación del aporte en especies que no estaba contemplado en la legislación anterior”.
El senador se explayó sobre la incorporación de la propuesta de la Comisión de Banca de la Mujer acerca de que “los fondos que reciben los partidos en concepto de capacitación, el 30%, sea destinado a la formación política de todas las mujeres dentro del partido”.
La habilitación para que los sindicatos también puedan ser aportantes (algo prohibido en la normativa vigente) fue la gran diferencia. En este punto, Mera sostuvo que “el senador neuquino Guillermo Pereyra planteó la posibilidad de que los sindicatos aporten y estamos de acuerdo que donde puedan aportar las empresas puedan aportar los sindicatos”.
El senador Fernando “Pino” Solanas, titular del bloque Frente Progresista-UNEN, defendió el dictamen de minoría de la senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, que no está de acuerdo con los aportes de privados a las campañas electorales, y señaló que “esta es una ley fundamental relacionada con la calidad de la democracia, y el proyecto de la mayoría es un proyecto peligroso porque estamos en una vuelta degradante de la democracia y conlleva la privatización de la política”.
El senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto (PJ) aseguró que el tema electoral y su financiamiento “tiene un trasfondo en los problemas que tienen los partidos en sus respectivas rendiciones de cuenta”. En la defensa del voto por el dictamen de mayoría, que habilita la participación de los privados y de los sindicatos, sostuvo que “hay en el sistema electoral mucha hipocresía: se gastan recursos ingentes y luego los números no cierran. Y hay un riesgo mucho más grave, que agobia a muchos países latinoamericanos, que es el financiamiento por parte de organizaciones delictivas”:
Pichetto afirmó que “en la Argentina, aun cuando no se diga con precisión y con fuerza, el riesgo es que el financiamiento oscuro de las campañas políticas pueda ser realizado por el narcotráfico”. En cuanto a los probables aportes de los gremios, dijo que la experiencia concreta es que “los sindicatos nunca aportan” y que no pueden recurrir al dinero de las obras sociales porque está prohibido por ley y en ese caso “estarían cometiendo un delito”. También reconoció que “quizás no se trate de la mejor ley pero es el comienzo de un sistema que debe ser más transparente, bancarizado y evitar inconvenientes en los aportantes”.
El senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR) reconoció que el tema en debate “es importante y trascendente para la propia política”. En ese punto destacó que “venimos de una reforma que cumple 10 años y es un gran avance el aporte de las empresas o personas jurídicas privadas en un tope del 2% y transparentar el aporte esto es una bocanada de aire fresco para el propio elector”.
Naidenoff destacó que la iniciativa también “es un alivio para los propios partidos porque cuando uno avanza con la bancarización y se termina el depósito anónimo y el aporte del dinero en efectivo donde está el riesgo del narcotráfico y de la plata sucio”. También subrayó que “tenemos una disidencia con el dictamen de mayoría que es el aporte de los sindicatos”.
Luego de esto se votó por unanimidad la modificación de la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
