Redacción Economis

Misiones refuerza la alerta temprana de incendios con IA, drones y vigilancia 360°

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Misiones consolidó y amplió un Sistema de Torres de Vigilancia para Alerta Temprana de Incendios Forestales que combina videovigilancia 360°, analítica con inteligencia artificial, drones y equipamiento específico para detectar humo en tiempo real y activar respuestas inmediatas. La iniciativa, presentada en Posadas el viernes 16 de enero de 2026, refuerza la capacidad de detección, monitoreo y reacción ante focos ígneos, reduce los tiempos de intervención y fortalece la protección del bosque nativo y de las áreas naturales protegidas. Por alcance, precisión y articulación operativa, el esquema posiciona a la provincia a la vanguardia del país en prevención.

Detección visual de humo en tiempo real: precisión, rapidez y cobertura territorial

El sistema se apoya en torres de aproximadamente 40 metros de altura equipadas con cámaras inteligentes que monitorean de manera continua grandes extensiones del territorio. A diferencia de los focos térmicos satelitales, la detección visual del humo eleva el grado de certeza sobre incendios activos y permite verificación directa del área afectada, con impacto inmediato en la reducción de tiempos de respuesta.

Cada torre dispone de tres cámaras fijas de 120° y una cámara PTZ (rotación, inclinación y zoom). La analítica de video con inteligencia artificial procesa las imágenes en tiempo real y, ante una alerta, la PTZ focaliza el evento. Luego, se programa un vuelo autónomo de dron para aproximarse al foco, tomar coordenadas y fotografías y anticipar a las brigadas el tipo de vegetación y la magnitud del evento. En un ensayo con quema controlada, la detección se produjo dos horas antes que la alerta satelital.

El despliegue inicial comprende tres torres estratégicas:

  • Parque Provincial de la Sierra (zona sur, primera en activarse),
  • Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí (zona centro),
  • Ruta Nacional 101, en el Parque Provincial Urugua-í (zona norte).

Cada torre alcanza 30 kilómetros de cobertura visual. En conjunto, el sistema monitorea unas 849.000 hectáreas, de las cuales más de 460.540 hectáreas corresponden a bosque nativo, equivalente a casi el 30% de la superficie provincial.

Durante la presentación inicial, el gobernador Hugo Passalacqua destacó el salto tecnológico y su carácter distintivo: “Somos la única provincia del país con este sistema; ni la Nación cuenta con un esquema de alerta temprana de estas características. Tenemos que estar orgullosos los misioneros de ser los únicos en tener algo así”.

Articulación operativa y respuesta inmediata: menos daño, menos recursos

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, explicó que el objetivo central es intervenir antes de que los focos tomen gran envergadura y complementar las alertas existentes con mayor precisión: “Al ver una imagen en vivo del terreno, eliminamos la duda de si una señal de calor es realmente un incendio, ya que el humo es un indicador directo de fuego activo. La detección es más rápida porque el sistema funciona en tiempo real”. La vigilancia continua también cubre parques provinciales sin presencia humana constante.

Confirmada una alerta, el sistema notifica de inmediato al equipo más cercano: Bomberos de la Policía de Misiones, Bomberos Voluntarios, brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego o guardaparques. El primer arribo evalúa la situación y coordina refuerzos, integrando drones, móviles y comunicaciones en tiempo real. Esta lógica reduce costos operativos y minimiza el impacto ambiental al atacar el fuego en etapas tempranas.

En la misma línea, el ministro de Ecología, Martín Recamán, subrayó que la detección temprana es el núcleo de la prevención: intervenir rápido requiere menos recursos y reduce daños. El sistema de torres se inscribe así en una planificación sostenida de inversión con foco en anticipación y eficiencia.

Inversión en equipamiento y logística: prevención con capacidad de despliegue

El fortalecimiento tecnológico se complementa con equipamiento operativo para guardaparques, brigadistas y equipos de emergencia. Se incorporaron 15 equipos de protección personal ignífugos, 30 palas corazón, 30 rastrillos segadores, 30 herramientas tipo pulaski, 30 batefuegos, 30 machetes y 30 mochilas forestales para transporte de agua en zonas de difícil acceso.

Además, se sumaron cinco equipos de ataque rápido Firechief de 500 litros, 16 neumáticos de repuesto para la flota vehicular, una PC completa y un equipo celular para la central operativa, con el objetivo de robustecer el monitoreo, la logística y la atención de denuncias ambientales.

Al cierre, Passalacqua reconoció el trabajo del Plan Provincial de Manejo del Fuego, brigadistas, guardaparques y equipos de emergencia, y reforzó el mensaje de corresponsabilidad: “Desde el Estado hacemos todo lo posible… Pero la prevención también es una responsabilidad colectiva”.

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Puente San Javier–Porto Xavier, avanzan los pasos técnicos para iniciar la obra binacional

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Misiones y autoridades del sur de Brasil avanzaron en una reunión binacional clave para poner en marcha la fase operativa del puente internacional San Javier–Porto Xavier, una obra ya aprobada que ingresa ahora en la etapa técnica y administrativa previa al inicio de los trabajos. El encuentro marcó un punto de inflexión: dejó atrás el plano de los anuncios y se concentró en los procedimientos concretos —ambientales, territoriales y logísticos— necesarios para pasar a la ejecución de un proyecto estratégico para la integración regional, el comercio y el desarrollo local.

De la planificación a la ejecución: una agenda técnica decisiva

La reunión permitió ordenar una agenda técnica y administrativa orientada a destrabar los últimos pasos antes del inicio de obra. El puente, que será financiado por el gobierno de Brasil, se consolidó a lo largo de los años mediante gestiones sostenidas, agendas bilaterales y trabajo institucional entre el Gobierno de Misiones, los municipios involucrados y organismos del país vecino. Este nuevo avance responde al impulso del Estado misionero y de los intendentes de la provincia, que mantuvieron activo el proyecto y promovieron de manera constante las instancias necesarias para alcanzar esta etapa de concreción.

Participaron del encuentro el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori; el jefe de Asesores del gobernador Hugo Passalacqua, Eduardo Morales Lezica; los intendentes de San Javier y Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin; y autoridades locales y provinciales, entre ellos el viceintendente de San Javier, Víctor Rafael Cabrera; el concejal Duilio Sosa; asesores del Ejecutivo y representantes de Vialidad. Por el lado brasileño, asistió el secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.

También estuvieron presentes representantes del consorcio empresario vinculado al proyecto, encabezado por Rivoli Costruttora, empresa de capitales italianos que lidera el conjunto de cinco firmas seleccionadas por el gobierno brasileño para ejecutar la obra. La participación de los equipos técnicos permitió delinear el trabajo conjunto en territorio y organizar las próximas instancias operativas.

Puntos técnicos: licencias ambientales, relocalizaciones y accesos

Durante el encuentro se abordaron los ejes técnicos que permitirán pasar de la planificación al inicio efectivo de obra. Entre los puntos centrales figuraron el avance de los trámites de licenciamiento ambiental, la definición de áreas sensibles y los procesos de relocalización, así como la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto.

En particular, se analizó la situación de los terrenos involucrados, con foco en sectores destinados a áreas aduaneras y de servicios. Allí será necesario avanzar en relevamientos, delimitaciones y eventuales procesos de indemnización. De acuerdo con los primeros estudios, el área afectada comprende a un grupo acotado de familias asentadas en zonas de expansión urbana, lo que obliga a articular mecanismos de relocalización y compensación dentro de los marcos técnicos y administrativos correspondientes.

Asimismo, se puso en común el estado de los trámites ambientales en Brasil, donde ya se trabaja sobre estudios y protocolos desarrollados en instancias anteriores del proyecto. Esta base técnica previa optimiza tiempos y acorta etapas, con impacto directo en el calendario general de la obra. En paralelo, se avanzó en criterios de coordinación institucional para ordenar procedimientos entre ambos países.

Impacto regional y expectativas: conectividad, empleo y logística

El ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, destacó el avance del proyecto y expresó su optimismo respecto al inicio próximo de las obras. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, tanto del lado argentino como del brasileño. Fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó.

En la misma línea, subrayó que “se genera una enorme expectativa, porque el impacto no será solo directo sobre el comercio, sino también indirecto, a partir del crecimiento de nuevas dinámicas logísticas que resultan clave para consolidar y potenciar toda la región. Es sin dudas un avance importante para San Javier y toda la provincia será beneficiada”.

El puente San Javier–Porto Xavier es considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo económico y turístico. Además de mejorar la conectividad entre Misiones y el estado de Río Grande do Sul, el viaducto se proyecta como una nueva vía para el intercambio comercial, la circulación de personas y la articulación logística entre ambos países. La actual fase técnica consolida un proceso con múltiples etapas previas —estudios, gestiones diplomáticas y acuerdos institucionales— y enfoca los próximos pasos en profundizar estudios, ordenar procedimientos ambientales y administrativos y establecer un esquema de trabajo coordinado que permita materializar la obra tras años de planificación.

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El Gobierno adopta la definición de bioinsumos del Mercosur y refuerza la integración agropecuaria

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El Ministerio de Economía formalizó la incorporación de la definición de bioinsumos de uso agropecuario aprobada por el Mercosur, en línea con el proceso de integración regional. La medida busca unificar criterios técnicos, facilitar el comercio intrazona y dar previsibilidad regulatoria a un segmento clave para la producción agropecuaria y la innovación biotecnológica.

El Gobierno nacional incorporó al ordenamiento jurídico argentino la Resolución N° 4/25 del Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur, que establece una definición común de bioinsumos de uso agropecuario para los Estados Parte. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 26/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 14 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero.

La norma se inscribe en el marco del Tratado de Asunción, aprobado por la Ley 23.981, y del Protocolo de Ouro Preto, aprobado por la Ley 24.560, que regulan la estructura institucional y el carácter obligatorio de las normas del Mercosur. Con esta medida, la Argentina avanza en la armonización normativa regional en un sector estratégico para la producción, el comercio y la sustentabilidad del agro.

Qué establece la resolución y por qué es clave para el sector agropecuario

La Resolución 26/2026 incorpora formalmente la Resolución GMC N° 4 del 24 de abril de 2025, que define como bioinsumo agropecuario a “todo insumo de origen biológico, que haya sido producido, derive o consista en microorganismos o macroorganismos, destinado a ser utilizado en actividades agropecuarias”.

El texto aclara que el concepto de macroorganismos incluye hongos macroscópicos, animales y vegetales, y establece que esta definición no contradice las definiciones nacionales vigentes, permitiendo interpretaciones más amplias por parte de cada Estado Parte. Además, la norma será aplicable al comercio intrazona y a las importaciones extrazona, ampliando su impacto regulatorio.

Desde el punto de vista institucional, la resolución se apoya en los artículos 2°, 9°, 15, 20, 38 y 42 del Protocolo de Ouro Preto, que establecen la obligatoriedad de las normas del Mercosur y su incorporación al derecho interno. Asimismo, se sustenta en la Decisión CMC N° 20/02, que habilita la incorporación administrativa de aquellas normas que no requieren tratamiento legislativo.

Integración regional, comercio y previsibilidad normativa

La incorporación de esta definición común responde a un objetivo estratégico: facilitar el comercio regional de bioinsumos, promover su desarrollo y fomentar el intercambio de conocimientos entre los países del Mercosur. En términos prácticos, unificar criterios reduce asimetrías regulatorias, brinda mayor previsibilidad a productores y empresas, y sienta bases comunes para futuras regulaciones técnicas y sanitarias.

La normativa entrará en vigor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, y los Estados Parte deberán indicar, en el ámbito del Subgrupo de Trabajo N° 8 “Agricultura”, los organismos nacionales competentes para su implementación. Según la resolución del GMC, la incorporación debía concretarse antes del 19 de abril de 2026, plazo que la Argentina cumplió con esta medida.

Para el sector agropecuario, la decisión tiene impacto directo en actividades vinculadas a la producción sustentable, la biotecnología aplicada al agro y el comercio regional, en un contexto donde los bioinsumos ganan peso como alternativa a insumos tradicionales y como herramienta para mejorar la competitividad y el perfil ambiental de la producción.

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Misiones prorroga el pago anual del Inmobiliario y mantiene descuentos de hasta 40%

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El Gobierno de Misiones resolvió prorrogar hasta el 10 de febrero de 2026 el vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario, con el objetivo de sostener beneficios fiscales de hasta el 40% para las familias que opten por esta modalidad. La medida fue informada por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales y se inscribe en una estrategia de alivio fiscal orientada a atenuar la carga tributaria sobre los hogares misioneros en el inicio del año.

El anuncio tiene impacto directo en la economía doméstica y en la recaudación provincial, al extender el plazo para acceder a descuentos significativos en un tributo patrimonial clave. En términos prácticos, la prórroga amplía la ventana de decisión para los contribuyentes, mejora la previsibilidad financiera de las familias y refuerza una señal política de acompañamiento en un contexto de restricción del ingreso disponible.

Alivio fiscal y extensión de plazos: qué cambia para los contribuyentes

Según comunicó el mandatario provincial, el vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026 se extiende hasta el 10 de febrero, manteniendo descuentos de hasta el 40% para quienes cancelen en una sola cuota. La decisión busca facilitar el acceso a los beneficios y evitar que limitaciones de liquidez a comienzos de año dejen a los hogares fuera del esquema de bonificaciones.

El propio Hugo Passalacqua expresó: “Informo que vamos a seguir acompañando a las familias misioneras con medidas de alivio fiscal: prorrogamos hasta el 10 de febrero el vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026, para que puedan acceder a descuentos de hasta el 40%”. La definición ratifica una política de estímulo al cumplimiento voluntario y de premio al pago anticipado, instrumentos habituales para sostener recaudación sin incrementar alícuotas.

Contexto económico e institucional de la medida

La prórroga se encuadra en un enfoque de administración tributaria que prioriza el impacto distributivo y la capacidad de pago de los contribuyentes. En el plano institucional, extender vencimientos con bonificaciones preserva la certidumbre normativa y evita cambios de reglas, al tiempo que mejora la tasa de adhesión al pago anual.

Desde el punto de vista fiscal, el esquema combina ingresos adelantados con menor presión efectiva sobre los hogares, lo que puede traducirse en mejores niveles de cumplimiento y reducción de morosidad. Para la provincia, sostener el pago anual con descuentos permite planificar flujos y ordenar la ejecución presupuestaria del primer trimestre.

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Energía redefine subsidios y cambia los consumos base de luz y gas según región

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía dio un paso decisivo en la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) al dictar la Resolución 13/2026, que redefine los consumos base de electricidad según zonas bioambientales, formaliza la gestión operativa del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y delega amplias facultades técnicas y operativas para la administración del régimen. La medida, publicada el 16 de enero de 2026, tiene impacto directo en las facturas de electricidad, gas natural, gas propano por redes y GLP en garrafas, y busca corregir inequidades territoriales, mejorar la focalización del gasto público y reforzar los mecanismos de control y transparencia.

Un nuevo esquema de subsidios con foco territorial y control patrimonial

La resolución se inscribe en el proceso de reestructuración de los subsidios energéticos iniciado por el Decreto 465/2024, que estableció una transición hacia un esquema que refleje los costos reales de la energía, promueva la eficiencia energética y garantice el acceso al consumo indispensable de los hogares vulnerables. Ese período transitorio, iniciado el 1 de junio de 2024, fue prorrogado hasta el 9 de julio de 2026 y concluyó formalmente con la creación del régimen unificado de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mediante el Decreto 943/2025.

Con la Resolución 13/2026, la Secretaría de Energía instruyó a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético a asumir la gestión integral del ReSEF, que se conforma a partir de la información del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y permite la actualización de datos mediante declaraciones juradas, tanto por medios digitales como de manera presencial a través de ANSES. El objetivo es administrar el padrón de beneficiarios, instrumentar criterios de inclusión y exclusión, aplicar indicadores de exteriorización patrimonial y operar los mecanismos de revisión y control, incluyendo las plataformas Mi Argentina y Trámites a Distancia (TAD).

En ese marco, la resolución delega en la Subsecretaría facultades para definir y aplicar indicadores de capacidad económica, realizar cruces de información con bases de ANSES, ARCA y SINTyS, y coordinar acciones con entes reguladores nacionales y autoridades provinciales, todo ello bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Consumos base diferenciales: el NEA y NOA logran un reconocimiento bioclimático

Uno de los ejes centrales de la norma es la introducción de consumos base diferenciales de electricidad según zonas bioambientales, en línea con el artículo 4° del Decreto 943/2025 y a partir de los aportes recibidos en la consulta pública convocada por la Resolución 484/2025. Provincias del NEA y NOA habían advertido que los parámetros promedio nacionales no reflejaban la realidad de regiones con temperaturas extremas, donde el consumo eléctrico asociado a climatización, agua y conservación de alimentos constituye una demanda inelástica.

Con base en análisis técnicos de CAMMESA y en la norma IRAM 11603:2012, la resolución fijó nuevos umbrales para los meses de verano (enero, febrero y diciembre):

  • Zonas “Muy cálido” (Ia y Ib): 550 kWh/mes
  • Zonas “Cálido” (IIa y IIb): 370 kWh/mes
  • Resto del país: 300 kWh/mes

En los meses de mayo a agosto, el consumo base se mantiene en 300 kWh/mes para todas las zonas, mientras que en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre se fija en 150 kWh/mes. Según la Secretaría, este esquema responde al principio de equidad horizontal, al reconocer diferencias objetivas y verificables entre regiones sin eliminar los topes ni desnaturalizar la focalización del subsidio.

Gas, garrafas y el fin de la Tarifa Social Federal

En materia de gas, la resolución mantiene los bloques de consumo base de gas natural establecidos en las Resoluciones 686/2022 y 91/2024, que ya contemplan criterios geográficos y estacionales, y extiende esos parámetros al gas propano indiluido por redes. Para ello, se definió la correspondencia entre categorías: los usuarios R1 de gas propano se asimilan a los volúmenes de la categoría R23 de gas natural, y los R2 a los de la categoría R34, conforme al anexo técnico aprobado.

Asimismo, se instruyó la migración del Programa Hogar al régimen SEF en un plazo máximo de seis meses, incluyendo la determinación del consumo base indispensable de GLP en garrafas de 10 kilos, la forma de percepción del beneficio y la instrumentación de pagos mediante entidades financieras o billeteras digitales interoperables. En paralelo, se dispuso que, al momento de aplicarse el SEF a gas natural y gas propano por redes, cesará la Tarifa Social Federal de Gas, vigente desde 2016.

Impacto en facturas y escenarios posibles

La resolución establece que el nuevo régimen SEF impactará en las facturas de electricidad, gas natural y gas propano por redes a partir de la publicación de la norma y de los precios mayoristas (PEST, Precio Anualizado Uniforme y precio de gas propano redes) que resulten aplicables. En términos prácticos, esto implica una reconfiguración del esquema de subsidios con efectos distributivos diferenciados según región, consumo y situación patrimonial del hogar.

Para los usuarios del NEA y NOA, la incorporación de consumos base más altos en verano representa un alivio relativo frente a escenarios de calor extremo. Para el Estado nacional, el desafío pasa por sostener la focalización, evitar filtraciones hacia hogares con capacidad de pago y contener el impacto fiscal. En ese equilibrio se juega la aceptación social del nuevo esquema y su viabilidad en un contexto de revisión integral del gasto en energía.

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