Osvaldo Giordano

Presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. . Padre de Vicu, Java y Caro. Autor de @unavacuna contra la decadencia.

El reloj electoral

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La reducción de la inflación es un logro que se sigue consolidando. Despejar riesgos de una nueva crisis y recuperar previsibilidad es una fuente de alivio, pero también genera el contexto propicio para que ganen terreno otras aspiraciones. Dentro de ellas, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo se viene instalando como el objetivo más prioritario y urgente.

Las evidencias muestran que el deterioro del empleo y las remuneraciones es un fenómeno de muy larga data. El último ciclo negativo arranca asociado con la aceleración de la inflación en 2018. En lo que va del gobierno de Milei, el proceso no se detuvo. El deterioro se manifiesta, por un lado, a través de una caída en los empleos y las remuneraciones de los asalariados formales, parcialmente compensada por aumentos en el empleo por cuenta propia formal (monotributo). Por el otro, porque los componentes más dinámicos del mercado de trabajo son el empleo asalariado informal y, fundamentalmente, el empleo por cuenta propia informal. Es decir, el fenómeno no se exterioriza cuantitativamente en aumentos del desempleo, sino cualitativamente en una nueva caída en la calidad de los empleos.

La debilidad en materia laboral introduce un factor de incertidumbre en el plano político. Planteada de manera simplificada, la incógnita es dilucidar cómo la población pondera los contundentes logros en materia de estabilidad frente a la falta de resultados a la hora de revertir el deterioro del mercado de trabajo.

Es obvio que la inflación continúa ocupando un lugar importante entre las preocupaciones de la población, pero también que ya no tiene el peso excluyente que tuvo durante los momentos más críticos. La incógnita es dimensionar la tolerancia frente a la degradación del mercado de trabajo. No tanto porque sea considerada un fenómeno nuevo, sino porque no se perciben síntomas de reversión.

Es imposible formular pronósticos sobre la lectura que hará la población de esta situación y cómo puede llegar a plasmarse en sus preferencias frente a las elecciones del año próximo. Pero la posibilidad de que se esté sobreestimando la valoración de la estabilidad y subestimando el malestar que genera la falta de resolución de los problemas laborales introduce un factor de incertidumbre y perturbación en la transición electoral.

Los riesgos de que esto pueda derivar en una derrota del oficialismo y, a partir de ella, en una reversión del rumbo económico tienen impactos crecientes sobre los mercados financieros. Un indicio de cómo las decisiones incorporan este riesgo es la sostenida y vigorosa demanda de dólares por parte de las personas humanas. Si, a medida que avance el cronograma electoral, las incertidumbres sobre el resultado se acentúan, sus impactos financieros, especialmente sobre el mercado cambiario, van a generar desafíos difíciles de administrar.

Se achica la caja de herramientas

Para revertir el largo y profundo deterioro del mercado de trabajo se necesita acelerar el proceso de reformas estructurales y disponer de tiempo para avanzar en su implementación y hacer visibles sus resultados. Además, la mayoría de las reformas pendientes son técnicamente complejas y políticamente sensibles. Esto colisiona con el hecho de que, cuanto más avance el calendario electoral, mayores serán los incentivos para postergar decisiones cuyos beneficios no son inmediatos.

Mucho de lo pendiente depende de procesos políticos complejos que atraviesan simultáneamente las finanzas nacionales y provinciales. Por eso, la relación con los gobernadores tiene una importancia especial. La eliminación de los impuestos más distorsivos, la corrección de ineficiencias derivadas de superposiciones de funciones entre niveles de gobierno y la resolución de la crisis del sistema previsional difícilmente puedan resolverse de manera consistente mediante decisiones unilaterales. Es imprescindible la construcción de complejos acuerdos entre niveles de gobierno.

El desafío es aprovechar el tiempo que queda antes de que la competencia electoral ocupe definitivamente el centro de la escena. Presentar agendas y construir acuerdos ahora puede permitir avanzar en algunas cuestiones y, sobre todo, dar una señal de que se está dejando mejor preparado el terreno para retomar con más vigor el proceso transformador una vez superadas las elecciones.

El crédito como puente

No haber terminado de configurar el régimen monetario, cambiario y financiero es también un factor muy limitante de los instrumentos disponibles. Si se hubiese institucionalizado el bimonetarismo con un esquema “a la peruana”, la expansión del crédito estaría jugando un rol crucial tanto como apoyo a las empresas en proceso de reconversión —que son la mayoría— como factor dinamizador de la inversión y el consumo.

En este tema, el calendario también introduce crecientes presiones. A medida que se avanza en el cronograma electoral aumentan las probabilidades de que se difieran para el próximo gobierno la completa y definitiva eliminación del cepo y de las restricciones a los movimientos de capitales, el otorgamiento de curso legal al dólar y el establecimiento de la plena convertibilidad del peso.

Aun con estas limitaciones, hay márgenes de acción y recientes decisiones van en el sentido de darle impulso a la recuperación del crédito. Flexibilizar prudencialmente las normas que restringen el uso de los depósitos en dólares para otorgar préstamos en la misma moneda es un paso importante en este sentido. Con la misma orientación opera la decisión de usar una pequeña fracción de los recursos administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para fondear a los bancos que ofrezcan créditos hipotecarios. Esta es una vía efectiva para aprovechar la capacidad que tiene el sistema bancario para administrar este tipo de créditos, que permitirán dinamizar un sector con capacidad ociosa y que es intensivo en mano de obra.

Pero, para dar consistencia y potencia a esta estrategia, es imprescindible tomar acciones tendientes a que baje el nivel y la volatilidad de la tasa de interés, aun cuando esto impacte en el tipo de cambio y eventualmente en los índices de precios. En otras palabras, adoptar una política financiera que priorice la estabilidad y moderación de las tasas de interés por sobre el objetivo de mantener bajo control el tipo de cambio.

El calendario electoral comenzó a presionar. Dado lo mucho que se juega en las elecciones del año próximo, es previsible que lo siga haciendo con creciente intensidad. La mejor estrategia para abordar el desafío combina pragmatismo para lograr una ajustada ponderación entre los objetivos de estabilización y de recuperación del empleo y las remuneraciones, y habilidad política para formar alianzas que permitan sostener el proceso de reformas.

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Eliminar impuestos distorsivos llevará más de una década

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El debate sobre el sistema tributario parte de dos premisas centrales. La primera es que resulta prioritario y urgente avanzar en un ordenamiento integral. No es posible crecer de manera sostenida con una estructura impositiva que le quita competitividad a la producción y desalienta la inversión. Son muchos los temas a resolver, pero el más importante es eliminar los impuestos más distorsivos: derechos de exportación, impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales que gravan las ventas. Estos tributos deben ser la prioridad, aunque removerlos no es sencillo: en conjunto generan más de 7% del PBI de recaudación y son pilares del financiamiento de los tres niveles de gobierno.

La segunda premisa es que el ordenamiento tributario no puede hacerse a costa de poner en riesgo el equilibrio fiscal. Después de años de desorden macroeconómico, establecer alivios tributarios sin financiamiento sería muy contraproducente. La solvencia fiscal también es una condición indispensable para crecer de manera sostenida y, por lo tanto, es necesario encontrar una forma de compensar la pérdida de ingresos que generaría la eliminación de los impuestos más distorsivos.

La idea prevaleciente, dados estos puntos de partida, es que para eliminar los impuestos más distorsivos previamente hay que reducir el gasto público, de manera de compensar las pérdidas de ingresos. Esto impone una estrategia de “gradualismo tributario”. El planteo recibe adhesiones desde muy diversos sectores.

Lamentablemente, la estrategia colisiona con la dinámica y la situación que muestran las finanzas públicas. El gasto público se redujo sustancialmente respecto del nivel que tenía en 2023. Aun cuando el esfuerzo fue inédito, apenas alcanzó para lograr un muy estrecho equilibrio fiscal. No es que se hizo poco, sino que el descalabro fiscal es enorme y con secuelas que perduran por mucho tiempo. De cara al futuro, es muy difícil y poco probable concretar nuevas bajas que alcancen las dimensiones necesarias para generar el espacio que permita compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la eliminación de los impuestos distorsivos.

Por el contrario, en algunos rubros del gasto público es previsible que las futuras reducciones sean de magnitudes más pequeñas y que lleve tiempo materializarlas. Pero lo más limitante es que hay componentes del gasto con tendencia creciente. El caso más importante es el gasto previsional, que ocupa una proporción muy grande del presupuesto nacional y de 13 provincias. Mientras se siga posponiendo la reforma previsional, habrá que desplegar un gran esfuerzo de austeridad para evitar que, debido a la dinámica creciente de las erogaciones previsionales, el gasto público total aumente por arriba de la inflación. Conclusión: un planteo realista es asumir que las futuras bajas del gasto público serán, en el mejor de los casos, modestas.

La otra vía es apelar a que el crecimiento económico amplíe la base imponible, aumente la recaudación total y, si el gasto público se mantiene estable, se vaya generando el espacio para ir reduciendo gradualmente los impuestos más distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal. El planteo lleva a evaluar cuán larga y viable es esta transición.

Una simulación simplificada permite aproximar respuestas. Un escenario optimista es asumir un crecimiento real sostenido del 3,3% anual. Hay que tener en cuenta que nunca, en la historia reciente, la Argentina creció de manera sostenida a ese ritmo, entre otras razones porque los impuestos distorsivos que se plantea eliminar se lo impiden. Pero, aun así, para el nivel nacional sería necesario acumular 11 años de crecimiento sostenido para compensar las pérdidas de recursos que genera la eliminación de las retenciones y el impuesto al cheque. Suponiendo que se prioriza eliminar primero las retenciones, los productores agropecuarios tendrán que esperar casi 4 años para que se termine de eliminar este resistido tributo, mientras que para liberar las transferencias bancarias de imposiciones se necesitarán otros 7 años más.

Cuando se baja al nivel de las provincias, el panorama es más disperso y, en general, más desafiante. Suponiendo que las provincias congelan el gasto público y destinan todo el aumento de la coparticipación derivado del crecimiento económico a compensar la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, en todas las jurisdicciones más grandes se necesita bastante más que una década. Aproximadamente 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.

Con la austeridad fiscal no alcanza

Estas simulaciones no cuestionan la conveniencia de sostener y profundizar la prudencia fiscal. Por el contrario, el principal mensaje es que, aun así, no alcanza para eliminar en plazos razonables los impuestos que más dañan la competitividad. A la austeridad en la administración del gasto hay que sumarle audacia y creatividad en la reforma tributaria. Mejorando la recaudación de los buenos impuestos se puede avanzar mucho más rápido en la eliminación de los malos impuestos.

En los tributos que gravan las ventas se da el caso más importante e ilustrativo. Es una aberración que, por un mismo hecho imponible, el contribuyente esté obligado a pagar tres tributos: IVA, Ingresos Brutos y tasa municipal. Avanzar hacia un esquema tipo “Súper IVA” permitiría recaudar lo mismo con un impuesto más neutral, transparente y fácil de controlar. Un IVA bien diseñado ayuda a reducir la evasión, simplificar la administración y evitar daños sobre la competitividad. Bajo la misma lógica, se podrían eliminar rápidamente los derechos de exportación sin pérdidas de ingresos, cobrando mejor el impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Naturalmente, reformas de estas características requieren acuerdos políticos complejos y un arduo trabajo técnico. Pero es la manera de evitar repetir fracasos como ocurrió con el Consenso Fiscal de 2017. La falla no estuvo en la falta de voluntad política para cumplirlo, sino en su diseño apegado a la lógica del gradualismo. Suponer que la economía crezca de manera de compensar las pérdidas que genere la baja de impuestos es, como lo demostró esa experiencia, una apuesta muy arriesgada.

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¿Listos para el despegue?

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De la mano de un impresionante ajuste del gasto público, el 2024 terminó con tónicas favorables en la mayoría de los indicadores económicos y sociales. El que más atención acapara es la reducción en la inflación. La situación crítica a la que se había llegado en diciembre del 2023, contrasta con el 2,7% de variación en los precios al consumidor en diciembre del 2024. Junto con la baja de la inflación, y luego de unos primeros meses de fuerte licuación, los ingresos de la población (salarios y jubilaciones) acumulan varios meses de recuperación. En relación a la producción, si bien las situaciones son muy dispersas entre sectores, en general también prevalece la recuperación como tendencia.

Este cuadro de situación explica la sensación de alivio y esperanza que prevalece en gran parte de la población. Un progreso enorme respecto a pesimismo e incertidumbre reinante hace un año. En un país que acumula varias décadas de decadencia, la meta para el 2025 es darle continuidad a este proceso al ritmo más alto posible. ¿Será el año del despegue?

Para lograrlo es fundamental continuar con la estricta austeridad fiscal y una delicada administración de la política cambiaria y monetaria. Pero también es imprescindible simultáneamente darle integralidad y velocidad al proceso de reformas estructurales. Se trata de una tarea titánica ya que es enorme la cantidad de malas decisiones que se tomaron en las últimas décadas y que hay que rectificar para construir mejores instituciones.

Para despegar hay que pasar del ajuste, al ordenamiento del Estado. Los logros del 2024 son consecuencia principalmente de una sustancial y generalizada reducción del gasto público y, gracias a ello, una ruptura de los déficits crónicos. Para que esto sea la base del despegue es necesario agregar factores cualitativos. En particular, mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Estado, eliminar burocracia y malos impuestos y revisar regulaciones.

Son muchos los escollos que hay que superar. A esto hay que agregar que la política económica estará fuertemente condicionada por las elecciones de medio término. Seguramente las negociaciones en el Congreso serán aún más complejas que las del año pasado. Pero lo más importante es que para el gobierno pocos temas son más decisivo que aprovechar la oportunidad que dan las elecciones para ampliar poder en el Congreso. 

Como lidiar con la política

Por un lado, el contexto político induce a que el gobierno tome decisiones de política económica que lleven a darle continuidad al proceso de reducción de la inflación y mantener la recuperación de los ingresos y la producción. Llegar a las elecciones con estas tendencias es clave. Pero, por el otro, la gestión Milei tiene que encontrar la manera de sostener el proceso de reformas en condiciones de amplia minoría en el Congreso y con sectores de la oposición que seguramente tendrá menos predisposición a colaborar.

En el 2025, con una elección en octubre muy importante, compatibilizar política con economia será muy difícil. Frente a ello hay dos tipos de riesgos. El primero es caer en el inmovilismo, esto es esperar a que pasen las elecciones para recién después abordar las reformas que necesita Argentina. El otro, es caer en el simplismo de minimizar las dificultades adicionales que plantean las elecciones. Lo cierto es que se necesitará mucha pericia para darle continuidad al programa que viene impulsando el gobierno en el marco de las limitaciones políticas que agregan las elecciones de medio término.  

El problema más urgente es dar respuestas, aunque sean parciales, a los problemas de competitividad que enfrentan muchos sectores de la producción nacional. Máxime cuando seguirá aumentado la presión por el lado de la apreciación cambiaria y se presenta un contexto internacional plagado de incertidumbres, donde no se descarta que se sumen factores adversos. 

La manera genuina de dar respuesta a los reclamos legítimos de quienes producen en la Argentina es eliminando malos impuestos y burocracia y mejorando la calidad del gasto público y las regulaciones. Para lograrlo, las batallas que hay que dar son muchas y variadas. Se necesita mucha habilidad, innovación, audacia y firmeza para vencer inercias e intereses profundamente petrificados.

No olvidar que somos un país federal

Que se apliquen muy malos impuestos y que la calidad de los servicios que ofrece el Estado sea deficiente en la mayoría de los casos está asociado a la caótica superposición entre Nación, provincias y municipios. No es exagerado afirmar que una de las principales fuentes de distorsiones que erosionan la competitividad de la producción nacional es la desconfiguracion del federalismo. 

Esto implica que hay mejoras sobre la gestión pública que las pueden (y deben) hacer cada nivel de gobierno de manera aislada. Pero la mayoría de las soluciones, que además son las principales a ejecutar, no podrán ser llevadas adelante si no media un ordenamiento en la distribución de funciones y potestades tributarias entre los tres niveles. 

Mientras se mantenga el estado de desconfiguracion actual siempre está latente el riesgo de que los avances en un nivel de gobierno no sean acompañados o, peor aún, sean anulados por empeoramientos en otros niveles de gobierno. El ejemplo de algunos municipios que aumenta las tasas municipales y provincias que aumentan Ingresos Brutos y Sellos demuestran que esto ya está ocurriendo. Es inconducente tomar decisiones como si la Argentina tuviera una organización unitaria. 

La reducción en los Derechos de Exportación que dispuso el gobierno ejemplifica el problema. Para los productores es un modesto alivio, para el Estado Nacional un enorme esfuerzo ya que tienen que evitar que no se erosione el equilibrio fiscal, pero para las provincias un incremento en sus ingresos no programado (por la mayor recaudación de impuestos coparticipables e impuestos provinciales que genera la reducción de las retenciones). La experiencia muestra que una acción coordinada entre niveles de gobierno permitiría ser más consistente y audaz frente al desafío de eliminar los impuestos más distorsivos.  

El 2025 puede ser el año del despegue. Para ello es clave sostener el proceso de reformas aun en un contexto político más complejo. Pero incluso más importante es que las elecciones den como resultado una distribución del poder más proclive a las reformas y particularmente a un escenario político más favorable que el actual a la suscripción de un acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación y las provincias que ordene el federalismo. 

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Tiempo para la esperanza, paciencia para la euforia

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Terminó un año que nunca pensamos que podíamos llegar a vivir. La orientación, profundidad y velocidad de los cambios son inéditos. Lo novedoso del experimento alimenta las expectativas de que esta vez el resultado sea distinto a frustrantes experiencias pasadas. Pero también operan factores que generan incertidumbre. Una vorágine de anuncios y decisiones sobre una realidad profundamente degradada hacen muy difícil trazar un análisis objetivo y sereno. Es fácil caer en extremos simplistas y muy complicado desarrollar una evaluación objetiva. 

El comienzo del nuevo año es un momento pertinente para trazar un inventario que pondere y dimensione progresos, debilidades y desafíos pendientes. En especial, identificar todo lo que falta para que este intenso y sacrificado año que termina sea recordado en el futuro como el punto de partida de un proceso que nos sacó de la decadencia y no, como ya nos ocurrió varias veces en el pasado, otra oportunidad perdida.

Un primer punto para valorar del 2024 es que muchas de las políticas desplegadas y debatidas encuadran en lo que el IERAL viene estudiando y proponiendo desde hace casi medio siglo. Decisivamente importante es la administración responsable del presupuesto público. Se trata de un hecho inédito -como lo destacamos en Novedades Económicas- tanto por la magnitud del ajuste fiscal aplicado, como porque se basó integralmente en reducción del gasto público. Sobre este proceso se pueden y deben hacer múltiples advertencias en relación a los métodos rudimentarios aplicados para lograrlo y la baja sostenibilidad de los recortes aplicados en varios rubros. Pero todo esto –sin dudas importante de cara al futuro- queda en un segundo plano cuando se vislumbra que la experiencia alcanzó para poner en evidencia que el principal factor que explica la larga decadencia argentina es la mala organización y funcionamiento del Estado. 

La principal conclusión es que el equilibrio fiscal es un instrumento muy poderoso. Incluso más potente de lo que suponíamos quienes estábamos convencidos de que era imprescindible erradicar la muy arraigada propensión a siempre gastar por encima de los ingresos. El impacto más inmediato, visible y ponderado del equilibrio fiscal es que permitió bajar la inflación. Pero también la estabilidad tiene un impacto no menos importante que es transparentar el cúmulo de distorsiones acumuladas. Como la marea, mientras que la alta inflación tapa los problemas, la estabilidad los explicita. 

De esta manera queda más claro el hecho que el éxito del programa económico depende tanto del plan de estabilización como de las reformas estructurales. Ambos componentes son imprescindibles. No es posible avanzar con reformas en un contexto de alta inestabilidad, pero la estabilidad no garantiza desarrollo si no se ejecuta un ambicioso plan de reformas estructurales. La única manera de capitalizar el enorme esfuerzo desplegado por gran parte de la sociedad a lo largo del 2024 es adoptando con decisión y audacia transformaciones institucionales.

Por eso en el balance también entra con signo positivo el avance en reformas estructurales en diferentes áreas. No fue un proceso lineal, integral, ni exento de vaivenes. Pero el resultado es que a lo largo del año se fueron abordando factores que determinan el mal funcionamiento de la economía. Sin quitarle importancia ni méritos a los avances, una evaluación objetiva lleva a alertar que son más las transformaciones que faltan que la que ya se instrumentaron. Esto no es consecuencia de que se hizo poco en el 2024, sino que la acumulación de malas decisiones en el pasado es enorme. 

En materia de reformas enfrentamos desafíos de dimensiones ciclópeas. Esto lleva a destacar la, demasiado olvidada, firma del Acta de Mayo. No sólo por el hecho político de que el presidente y casi la totalidad de los gobernadores acordaron una agenda sustanciosa de reformas. También porque el Acta contiene, como nunca había ocurrido en el pasado, la identificación de las transformaciones que la Argentina necesita para salir de la decadencia. Una evaluación rápida alcanza para cotejar que, salvo por cuestiones formales o de matices, se plantean buena parte de las reformas que desde hace mucho tiempo el IERAL viene señalando como políticas prioritarias.

Lamentablemente la distancia entre haber acordado un listado de reformas y haberlas instrumentado es muy grande. Por eso es clave ponderar en su justo valor el Acta y sostener una actitud activa para mantener su vigencia. La estabilización y el Acta -como prueba de la voluntad para abordar las reformas pendientes- son la base de la esperanza. La enorme complejidad que demanda su implementación la razón para no caer en la tentación de la euforia.

Los riesgos de la euforia

Juegan a favor de la euforia la inflación en baja, los mercados financieros con tendencias muy favorables, los ingresos y la producción en recuperación y el alivio en la situación social. En sentido contrario opera el creciente estrés que genera la apreciación del tipo de cambio sobre muchos sectores de la producción nacional. 

No es una situación que ocurra por primera vez en la Argentina, pero es la primera vez que se da con equilibrio fiscal y con la presencia de un enorme potencial exportador de hidrocarburos y minería. La principal consecuencia es que, a diferencia del pasado, es poco probable que el desenlace sea una crisis derivada de una mega devaluación. Pero que sean bajas las probabilidades de un final traumático no debería llevar a minimizar el problema. Particularmente porque la débil competitividad de muchos sectores pone límites a la generación de empleos de calidad.

Pululan las áreas donde hay oportunidades para mejorar la competitividad de la producción interna y, por esa vía, dinamizar el empleo. Pero, la mayoría y principales transformaciones demandan un gran esfuerzo técnico y político. Las dificultades se potencian porque en el 2025 se combina un oficialismo en minoría extrema y la proximidad de las elecciones. Esto no justifica perder las esperanzas, pero alerta de que frente a las enormes dificultades que subyacen en la desafiante agenda de transformación  pendiente es muy riesgoso caer en la euforia. 

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