Silvia Abaca

Periodista.

Y la inflación?? Y Candela??

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Tranquilos. Está todo bajo control.

Lo dicen los decimales.

2,9%. Número prolijo. Peinadito. Domesticado. Casi simpático.

Un numerito que entra cómodo en una placa de TV mientras afuera el changuito hace terapia intensiva.

Eso sí: pequeño detalle técnico. Es el sexto mes consecutivo con inflación en alza, en medio del ajuste más grande en décadas. Dos años largos de motosierra, salarios licuados, jubilaciones exprimidas y consumo en coma inducido… pero la inflación, caprichosa, insiste.

Raro experimento: enfriás la economía, frenás la actividad, multiplicás despidos… y los precios no obedecen.

Quizás el mercado no leyó el PowerPoint.

Y no, no hubo ningún “nuevo índice revolucionario”.

Se sigue con la base 2004. 2004.

Cuando los smartphones eran ciencia ficción y el alquiler no equivalía a medio sueldo. Pero claro, si el consumo promedio se mide con una canasta que no dialoga con la Argentina real, el número puede verse más amable que la góndola.

No se bajan los precios: se administra la foto.

Mientras tanto, el otro índice —el que no tiene hashtag— sube sin maquillaje: el desempleo. Despidos en el Estado, despidos en privados, suspensiones, cierres. El salario real en caída libre. Pero tranquilos, porque el Excel sonríe.

Y como frutilla del postre, la reforma laboral.

Porque si el sueldo pierde contra la inflación, la solución no es fortalecerlo: es hacerlo más flexible. Más fácil de despedir. Más barato de reemplazar. Más dócil. Es casi poético: salarios más débiles para una inflación que no cede.

Lo curioso es la amnesia selectiva. Hubo una época en que sectores hoy oficialistas desconfiaban activamente del INDEC y armaban su “IPC Congreso” porque el número oficial no les cerraba. Cuestionar estadísticas era un acto de transparencia republicana.

Ahora, si dudás, sos conspirativo.

La pregunta, entonces, no es “¿Y la inflación?”.

La pregunta es: ¿cuánta realidad puede esconder un decimal?

Porque mientras el índice se calcula con base 2004, el alquiler se paga en 2026.

Mientras el Gobierno festeja el 2,9%, el salario pierde contra el 269% acumulado.

Mientras se habla de estabilidad, el empleo se precariza.

Y cuando ajuste, inflación y reforma laboral avanzan juntos, ya no es herencia.

Es diseño.

Así que sí, preguntemos:

¿Y la inflación?

Está ahí.

Y no se va a ir preguntando por Candela.

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El “Ministerio de la Verdad”: propaganda oficial en tiempos de ajuste

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George Orwell lo escribió con claridad brutal en 1984: el Ministerio de la Verdad no existe para decir la verdad, sino para fabricarla. Su función es reescribir el pasado, ordenar el presente y disciplinar el pensamiento. Bajo el eufemismo de “oficina de respuesta oficial”, el Gobierno nacional parece haber tomado nota —no como advertencia, sino como manual— y montó un dispositivo que poco tiene que ver con la información pública y mucho con la propaganda oficial.

No se trata de comunicar políticas ni de rendir cuentas: se trata de controlar el relato, desmentir a conveniencia y blindar al poder frente a cualquier cuestionamiento. Un Ministerio de la Verdad en versión local, más burdo que sofisticado, pero no por eso menos peligroso. Porque cuando el Estado deja de informar para empezar a vigilar el discurso, la democracia entra en zona de riesgo.

La lógica es simple y conocida: cuando la realidad incomoda, se la niega; cuando los datos contradicen el relato, se los desacredita; cuando el conflicto social emerge, se lo reduce a una “operación”. La oficina no informa: corrige. No explica: impone una versión oficial. Y lo hace con recursos públicos (aunque el gobierno diga que no implica nuevas erogaciones), pero al servicio de un proyecto político que necesita ocultar las consecuencias de su propio programa.

En 1984, Orwell sintetiza esta operación con una consigna escalofriante: “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.” Ese mismo mecanismo de inversión del sentido atraviesa hoy la comunicación oficial: el ajuste es presentado como orden, el recorte como eficiencia, la crueldad como sinceramiento. No es un exceso retórico ni un error comunicacional: es una estrategia deliberada de poder.

En un contexto de licuación de salarios, recortes a las provincias, desfinanciamiento de áreas sensibles y creciente conflictividad social, el principal problema del Gobierno no es la “desinformación”: es la realidad misma. Por eso necesita un aparato que la maquille, la relativice o directamente la niegue. No hay vocación pedagógica ni transparencia institucional; hay temor a que la verdad circule sin control.

El método es tosco pero eficaz: comunicados exprés, lenguaje agresivo, descalificación sistemática de periodistas, organizaciones sociales y dirigentes opositores. En clave orwelliana, toda crítica es sospechosa y todo disenso es traición. El debate público se degrada, la palabra se empobrece y la política se vacía de contenido democrático.

Nada de esto es casual. Orwell lo entendió con lucidez histórica: los gobiernos que necesitan vigilar el lenguaje son aquellos que ya no pueden sostener sus políticas en la experiencia concreta de la sociedad. Cuando la economía no cierra, cuando el tejido social se rompe y las promesas se derrumban, la respuesta no es corregir el rumbo sino reforzar la propaganda.

Pero la verdad no se administra desde una oficina ni se cancela con comunicados oficiales. Se impone en la vida cotidiana: en los salarios que no alcanzan, en las provincias asfixiadas, en los incendios sin recursos, en los hospitales sin insumos, en las escuelas sin presupuesto. Ningún Ministerio de la Verdad puede borrar eso.

Llamar a este dispositivo “oficina de respuesta” es un insulto a la inteligencia colectiva. Es, en los hechos, un Ministerio de la Verdad que busca reemplazar la realidad por relato y la política por marketing autoritario. Y como escribió Orwell (o se le atribuye), en una advertencia que hoy suena inquietantemente actual:

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.”

Por eso, frente a este intento de disciplinar la palabra y domesticar el pensamiento, la única respuesta posible es más crítica, más organización y más verdad circulando por fuera del control del poder. Porque cuando un gobierno pretende decidir qué es verdad y qué no, lo que está en juego no es la comunicación: es la libertad misma.

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Provincias al límite: ajuste nacional, salarios congelados, servicios que se degradan y un superávit que es un dibujo

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El ajuste impulsado por el gobierno nacional dejó de ser una discusión macroeconómica para convertirse en una crisis concreta en las provincias. La decisión de recortar, demorar o directamente eliminar transferencias y programas nacionales tiene efectos inmediatos: salarios congelados, servicios públicos degradados y una creciente incapacidad estatal para responder a emergencias sociales y ambientales.

Desde el inicio de este gobierno,las provincias enfrentan una caída real de los recursos nacionales. La coparticipación federal se derrumbó en términos reales como consecuencia de la inflación y la recesión, mientras que las transferencias no automáticas fueron prácticamente desmanteladas. A esto se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba una parte sustantiva del salario de los y las docentes en todo el país, y el recorte de programas educativos y sanitarios que sostenían presupuestos provinciales.

Corrientes es un caso paradigmático. En la provincia, docentes, trabajadores de la salud y empleados estatales no reciben aumentos salariales, con ingresos que pierden poder adquisitivo mes a mes. La causa es clara: el Estado nacional dejó de enviar fondos específicos y redujo drásticamente su aporte al sostenimiento de las provincias, trasladando el ajuste directamente a los salarios.

La misma situación se replica en Chaco, donde la recomposición salarial docente quedó virtualmente congelada; en La Rioja, que denunció la quita de fondos nacionales y el incumplimiento de compromisos asumidos; y en Santa Cruz, donde la paralización total de la obra pública nacional destruye empleo y afecta ingresos provinciales. En Misiones, Formosa y Santiago del Estero, la caída real de la coparticipación y la desaparición de programas federales profundizan desigualdades estructurales.

El desfinanciamiento nacional también se expresa con crudeza frente a las emergencias ambientales. En Chubut, los incendios forestales que avanzan sobre miles de hectáreas volvieron a dejar en evidencia la ausencia del Estado nacional. El recorte del presupuesto destinado al Plan Nacional de Manejo del Fuego, la subejecución de partidas específicas y la falta de envío de recursos logísticos y humanos dejaron a la provincia prácticamente sola frente a la catástrofe.

La reducción de fondos nacionales implica menos brigadistas, menos equipamiento, menos medios aéreos y menor capacidad de prevención. No se trata de un fenómeno natural inevitable, sino del resultado directo de una política deliberada de desinversión estatal. Mientras el gobierno nacional pregona el “achicamiento”, el fuego avanza y las comunidades quedan expuestas.

Lo que ocurre en Corrientes, Chubut y en el conjunto de las provincias no es desorden ni herencia, es una decisión política consciente. El gobierno nacional elige no enviar los fondos que corresponden, desmantelar políticas públicas y retirarse de sus responsabilidades constitucionales. El resultado es un país con salarios pulverizados, territorios incendiados y Estados provinciales debilitados a propósito.

No hay federalismo posible cuando la Nación ajusta desde el centro y descarga el costo sobre docentes, trabajadores estatales y comunidades enteras. El “equilibrio fiscal” que se proclama se sostiene sobre sueldos congelados, escuelas sin recursos y provincias abandonadas frente al fuego. Ese no es un plan de gobierno: es una política de daño.

Negar fondos es gobernar por asfixia. Y gobernar por asfixia es elegir quién pierde: pierden los trabajadores, pierde el ambiente, pierden las provincias y pierde la democracia.

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El presidente baila sobre las llamas

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El presidente baila. La escena es literal: en un teatro de Mar del Plata, Javier Milei sube al escenario con Fátima Florez —su ex novia, o su supuesta novia, o su partenaire en esta ficción sentimental permanente— mientras las cámaras celebran el gesto como si fuera una travesura simpática. La política convertida en cuadro musical, la jefatura de Estado reducida a espectáculo.

Y mientras tanto, la Patagonia —ese sur que es paisaje, comunidad, economía y memoria— arde. No en metáfora. Arde en decenas de miles de hectáreas quemadas, en humo que invade pueblos enteros, en animales calcinados, en familias evacuadas, en brigadistas exhaustos que ponen el cuerpo allí donde el Estado debería llegar antes, mejor y con recursos.

La simultaneidad no es casual ni anecdótica: es un programa. El gobierno de Milei eligió el show permanente, la provocación y la farándula como forma de ejercer el poder. Eligió recortar, desfinanciar y desentenderse. Eligió convertir la comunicación en distracción constante mientras lo real —el territorio, la vida, el ambiente— se consume en silencio.

Los incendios no son un castigo natural ni un fenómeno aislado. Son el resultado de años de desmonte, especulación inmobiliaria, cambios en el uso del suelo y una crisis climática estructural, agravados hoy por un Estado nacional deliberadamente debilitado. La Patagonia que arde es también la Patagonia codiciada: tierras, recursos estratégicos, corredores turísticos y logísticos. Cada incendio deja cenizas para las comunidades y oportunidades de negocio para unos pocos.

Los datos son contundentes. En la región andino-patagónica se quemaron decenas de miles de hectáreas en pocos meses, multiplicando varias veces las cifras de temporadas anteriores. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió recortes brutales: presupuesto licuado por la inflación, fondos subejecutados, precarización laboral y despidos en áreas clave como Parques Nacionales. La “motosierra” no distingue entre gasto superfluo y políticas esenciales para proteger vidas, bienes comunes y soberanía territorial.

Frente a este abandono, incluso el Congreso intenta reaccionar. Por iniciativa de diputadas y diputados patagónicos de Unión por la Patria, el 9 de enero se presentó un proyecto de Emergencia por los incendios, con el objetivo de habilitar recursos extraordinarios para la prevención, el combate del fuego y la asistencia a las poblaciones afectadas. Desde entonces, el bloque reclama que el tema sea tratado en sesiones extraordinarias.

“Milei tiene que escuchar: no hay más tiempo en la Patagonia”, advirtió Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, señalando además que los gobernadores patagónicos se sumaron al reclamo. El Ejecutivo, hasta ahora, elige no escuchar. No habilita el debate, no prioriza la emergencia, no asume la responsabilidad que le cabe.

Ese silencio no es neutro: es una decisión política. Mientras el presidente baila, el Congreso pide tratar la emergencia y las provincias reclaman recursos. Mientras el espectáculo ocupa la escena, las comunidades se organizan solas, los brigadistas trabajan al límite y el territorio se quema.

La ceniza no se disimula con coreografías. Se mete en los pulmones, en el agua, en la economía regional, en la vida cotidiana. Las comunidades mapuche ven arder territorios ancestrales. Los trabajadores del fuego saben que el cuerpo es el último recurso cuando el Estado se retira. La Patagonia no necesita un presidente de escenario: necesita presencia estatal, planificación, inversión y cuidado.

El cierre es inevitable. Lo que hoy se quema no es solo un bosque: se quema la idea misma de responsabilidad pública, de comunidad nacional y de futuro compartido. Y lo que hoy baila no es solo un presidente: es un proyecto político que desprecia el ambiente, vacía al Estado y gobierna desde el espectáculo mientras el país arde.

Cuando el fuego se apague —porque siempre se apaga, aunque deje ruinas— no quedará la música ni el aplauso fácil. Quedará una pregunta política insoslayable: ¿quién gobernaba mientras la Patagonia se incendiaba? Y la respuesta será tan visible como las cenizas que hoy cubren el sur argentino.

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Milei, Trump, Davos y las advertencias que vienen de Auschwitz

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El ingreso de Javier Milei al llamado “Consejo de la Paz” impulsado por Donald Trump no es un gesto aislado ni meramente simbólico: confirma una arquitectura de alineamientos internacionales en la que convergen la alt-right estadounidense, los libertarios europeos, el sionismo ultra, los think tanks antiestatales y la nueva derecha financiera global. Ese campo comparte —más que una doctrina coherente— una pulsión: la demolición de la institucionalidad democrática, el vaciamiento del Estado en favor de corporaciones y fondos, la guerra cultural permanente y un desprecio reaccionario por los consensos internacionales nacidos de la posguerra.

La escena de Milei en Davos fue la puesta en público de esa apuesta: una arenga contra “el colectivismo”, un elogio casi religioso del mercado y una negación explícita de los dispositivos que sostuvieron durante décadas el pacto democrático occidental: derechos, regulación, seguridad social, ciencia, educación pública. La paradoja mayor: que el discurso anti-Estado se pronunciara en el foro donde los estados y las corporaciones negocian, justamente, los términos concretos de la gobernanza global.

En la misma semana en que se invocan estas novedades de la geopolítica reaccionaria, el 27 de enero vuelve a traer a la memoria la liberación de Auschwitz. No como efeméride distante, sino como recordatorio de que la crisis económica, la humillación social, el nacionalismo identitario y la desdemocratización pueden cristalizar —y cristalizaron históricamente— en formas de violencia masiva, exterminio y disciplinamiento extremo. Fue el Ejército Rojo quien abrió las puertas del campo: no lo hizo el mercado, no lo hizo la “mano invisible”, lo hicieron soldados que arrastraban sobre sus espaldas el costo material y humano de frenar al nazismo en Stalingrado y Kursk. La victoria antifascista fue estatal, militar y política; nunca un fenómeno “libertario”.

Hoy, el negacionismo mutó. En lugar de negar el gas Zyklon B, niega la historia, niega el Estado como garante de derechos, niega la desigualdad como tema político, niega el propio concepto de humanidad compartida. Se presenta como “libertad”. En realidad, vuelve a instalar la idea del “descartable”, la noción de que algunos merecen derechos y otros apenas sobrevivencia, que hay quienes pueden vivir sin Estado porque cuentan con capital, contactos o apellido. En su versión más extrema, esa lógica termina justificando guerras punitivas, muros, deportaciones, encarcelamientos masivos y la privatización del mundo.

Milei no llega solo a esos espacios. Llega en nombre de un proyecto que en Argentina se traduce en empobrecimiento súbito, pérdida salarial, desregulación del trabajo, privatización simbólica del sentido común y represión a las resistencias sociales. Nada de eso es neutro, y nada es inconexo con Trump, con Netanyahu, con Meloni, con Vox y con el ecosistema de laboratorios ideológicos que hace rato experimenta con democracias degradadas y sociedades fragmentadas.

Recordar Auschwitz el 27 de enero no es un ejercicio museístico. Es mirar el presente con la conciencia de que los fascismos no vuelven idénticos, pero vuelven cuando se combinan crisis económicas, resentimiento social y discursos que reducen la vida a mercancía. Y que vuelven cuando el mundo mira para otro lado mientras se desarman los pocos diques que impiden que la barbarie se convierta en política de Estado.

La historia también enseña otra cosa: los fascismos no se derrotan con silencios ni con tecnicismos. Se derrotan con organización, con claridad política y con la negativa a naturalizar la desigualdad como destino. En los años 30, el fascismo avanzó mientras las democracias discutían modales; cuando finalmente entendieron de qué se trataba, ya había cámaras de gas y millones de muertos.

Recordar Auschwitz es advertir que la barbarie no aparece de un día para el otro: se ensaya, se legitima, se vota, se aplaude y se financia. Y que cuando llega, llega con leyes, con jueces, con mercado y con propaganda. Milei, Trump y esa constelación reaccionaria global no hablan de “paz”: hablan de disciplinar al débil, desmantelar al Estado y dejar que el mercado decida quién vive bien, quién sobrevive y quién sobra.

Contra eso no alcanza la retórica ni la nostalgia democrática: hace falta voluntad para confrontar. Porque si algo enseñó Auschwitz es que la humanidad puede caer muy bajo cuando se la deja sola frente a la ley del más fuerte. Y que la única paz digna es la que garantiza derechos, igualdad y memoria. Todo lo demás es la previa al desastre.

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