Silvia Abaca

Periodista.

Una película de ladrones

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Hay algo en Manuel Adorni que remite inevitablemente a esas películas de robos donde todo parece haber salido perfecto… hasta que aparece “ese” personaje.

El golpe fue limpio, el plan impecable, nadie dejó huellas. El jefe de la banda, siempre calmo, da la orden clave: “Nadie gasta un peso durante un año. Desaparecemos. Nos enfriamos”. Silencio. Asentimientos. Profesionalismo.

El golpe fue limpio, dijimos:  Ajuste fiscal quirúrgico, licuación de ingresos, motosierra aplicada con precisión sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público.

Pero, como en todo plan perfecto siempre hay una falla, sino, no habría película. Y entonces aparece él. El que no puede evitarlo. El que a la semana se muestra con un reloj nuevo y carisimo, un vuelo privado, unas vacaciones demasiado visibles, una casa en un country y un departamento de lujo. Es el que no entiende —o no le importa— que el problema no es lo que se hizo, sino lo rápido que se lo exhibe.

Ahí empieza el verdadero suspenso: no por el robo, sino por cuánto van a tardar en caer.

Porque en toda banda hay códigos. Hay silencios. Hay momentos para hablar… y momentos para no decir absolutamente nada. Pero siempre, siempre, aparece alguien que confunde micrófono con impunidad y vocería con stand up involuntario.

El problema ya no es el hecho. Es la vocación de relato.

Lo fascinante no es el desliz en sí, sino la insistencia. Como si cada declaración fuera una nueva compra innecesaria, una nueva luz encendida en medio de la noche, un “miren acá” cuando la consigna era exactamente la contraria.

Y así, lo que parecía un plan perfecto empieza a parecerse peligrosamente a esas historias donde no hace falta un gran detective: alcanza con esperar a que alguien hable de más.

Porque si algo enseñan esas películas, es que las caídas no siempre vienen de afuera.

A veces, vienen con conferencia de prensa.

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A 50 años del Golpe de Estado: La memoria en disputa frente al negacionismo

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A medio siglo del golpe cívico-militar, la Argentina no solo recuerda: enfrenta una disputa abierta por el sentido de su historia y de su presente.

El 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni un “error”. Fue un plan sistemático de exterminio al servicio de un proyecto económico que necesitó del terror para disciplinar a la sociedad y garantizar privilegios para unos pocos. Treinta mil desaparecidas y desaparecidos son la evidencia brutal de ese modelo.

Hoy, a 50 años, ese mismo entramado de poder intenta avanzar sobre uno de los consensos más profundos de la democracia argentina. El negacionismo ya no es marginal: se expresa desde el gobierno, se legitima en discursos oficiales y busca relativizar el terrorismo de Estado bajo la excusa de “revisar la historia”.

Pero esa ofensiva no se limita a lo discursivo. También se traduce en decisiones concretas: el desfinanciamiento y vaciamiento de políticas públicas de memoria, el debilitamiento de programas de derechos humanos, el abandono de sitios donde funcionaron centros clandestinos y las señales que ponen en riesgo la continuidad de los procesos de verdad y justicia. Sin esas herramientas, la memoria corre el riesgo de ser reducida a un gesto vacío.

Sin embargo, la sociedad argentina vuelve a marcar un límite. No solo en las calles, sino también en la opinión pública: distintas encuestas muestran que el consenso en torno a la condena al terrorismo de Estado se mantiene firme y que los intentos de relativizarlo no encuentran respaldo mayoritario. Lejos de consolidarse, el discurso negacionista choca con una memoria social profundamente arraigada.

Esa memoria se expresa, se multiplica y se hace cuerpo en cada rincón del país. También en los espacios más populares. Como en Club Atlético Banfield, donde recientemente se rindió homenaje a sus hinchas detenidos-desaparecidos por la dictadura. Un gesto que no es sólo recuerdo: es una toma de posición frente al intento de borrar, relativizar o silenciar.

Y también en las calles: marchas de antorchas en La Boca y San Telmo, donde la memoria volvió a iluminar la noche. O en todo el país, donde miles de mujeres bordaron pañuelos con los nombres de las y los desaparecidos, tejiendo memoria colectiva, identidad y resistencia.

Porque la dictadura no solo persiguió militantes: persiguió trabajadores, estudiantes, profesionales, vecinos, hinchas. Persiguió pueblo.

Frente a eso, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo sigue siendo faro. Y la búsqueda de las nietas y los nietos apropiados continúa, porque cada identidad recuperada es una derrota del terror y una victoria de la verdad.

Y hay algo que empieza a quedar claro: lejos de imponer un nuevo sentido común, el intento de instalar el negacionismo encuentra límites en la sociedad. Cada acto de memoria, cada movilización, cada homenaje —en las canchas, en los barrios, en las plazas— expresa que esa batalla cultural no está ganada por el poder, sino en disputa. Y, cada vez más, es un síntoma de que la están perdiendo.

A 50 años, la memoria no es un ritual: es una trinchera.

Nunca Más no es una consigna vacía. Es un límite político y moral que la Argentina decidió construir —y que hoy más que nunca hay que sostener.

Porque la memoria no es sólo pasado: es acción presente.

Es en la calle, en la organización y en la lucha colectiva donde se defiende.

A 50 años, más que nunca: memoria, verdad y justicia… y el pueblo en movimiento para que el Nunca Más sea para siempre.

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La casta viaja en avión presidencial

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En medio del ajuste más duro de las últimas décadas, mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, el gobierno que llegó prometiendo terminar con la “casta” vuelve a quedar atrapado en sus propias contradicciones. La austeridad parece ser un mandato exclusivo para la sociedad. Para quienes gobiernan, en cambio, las reglas parecen ser otras.

El episodio más reciente tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viajó a Estados Unidos como parte de una comitiva oficial acompañado por su esposa, que no es funcionaria pública ni tenía ninguna responsabilidad institucional en la misión. El viaje se realizó en el avión presidencial, es decir, con recursos del Estado.

La explicación oficial fue tan simple como provocadora: se estaba “deslomando” y quiso que lo acompañara. En cualquier contexto la justificación sería difícil de defender, pero en una Argentina atravesada por la recesión, la caída del consumo, el deterioro salarial y el crecimiento del desempleo, el episodio adquiere otra dimensión. Porque mientras el gobierno exige sacrificios permanentes a la sociedad, sus propios funcionarios parecen moverse con una lógica de privilegios que recuerda demasiado a aquello que decían combatir.

El problema, sin embargo, no se limita a un asiento en un avión oficial. Lo que empieza a quedar expuesto es un patrón más amplio: el uso del Estado y del poder para fines que poco tienen que ver con el interés público.

En los últimos días también volvieron a encenderse las alarmas por el caso de la criptomoneda $Libra, un proyecto que fue promovido en el ecosistema libertario y que terminó en denuncias de estafa tras dejar pérdidas millonarias. La novedad es que comenzaron a circular documentos y registros que vinculan directamente al presidente Javier Milei, a su hermana y a Santiago Caputo con la promoción del activo digital en etapas tempranas.

Aunque desde el gobierno intentan minimizar el asunto, el episodio alimenta sospechas sobre la relación entre política, promoción financiera y negocios privados en un entorno donde el marketing ideológico muchas veces se mezcla con apuestas especulativas de alto riesgo.

A ese clima se suman los viajes presidenciales que cada tanto generan controversia. Ahora fue a España para participar de un foro cripto-libertario, sin agenda institucional formal y con un fuerte componente político y personal. No es la primera vez que ocurre: varias giras internacionales del presidente han estado rodeadas de cuestionamientos por su carácter partidario o por su escasa relación con intereses concretos del país.

El contraste con la situación económica interna resulta inevitable. Mientras se multiplican los viajes, los gestos de alineamiento ideológico y las controversias, la economía real atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. La inflación sigue golpeando el bolsillo de los trabajadores, la recesión provoca cierres de empresas y suspensiones laborales, y el entramado industrial argentino se deteriora a un ritmo alarmante.

Cada vez más sectores hablan abiertamente de industricidio: fábricas que apagan máquinas, pymes que no pueden sostenerse y un mercado interno devastado por el ajuste.

En ese escenario, la imagen de funcionarios viajando con familiares en aviones oficiales, o en aviones privados, como es el caso de Adorni (otra vez), sin poder justificar el gasto, de criptomonedas promocionadas desde el universo político que terminan en escándalos financieros y de giras presidenciales con componentes personales o partidarios construye una postal incómoda para el discurso libertario.

Porque el gobierno que prometía terminar con los privilegios de la política empieza a reproducirlos con una naturalidad sorprendente.

Al final, la escena que emerge es bastante más simple de lo que el relato oficial intenta explicar: mientras la sociedad viaja en colectivo hacia el ajuste, la nueva casta parece haber encontrado su lugar en el avión presidencial.

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Y la inflación?? Y Candela??

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Tranquilos. Está todo bajo control.

Lo dicen los decimales.

2,9%. Número prolijo. Peinadito. Domesticado. Casi simpático.

Un numerito que entra cómodo en una placa de TV mientras afuera el changuito hace terapia intensiva.

Eso sí: pequeño detalle técnico. Es el sexto mes consecutivo con inflación en alza, en medio del ajuste más grande en décadas. Dos años largos de motosierra, salarios licuados, jubilaciones exprimidas y consumo en coma inducido… pero la inflación, caprichosa, insiste.

Raro experimento: enfriás la economía, frenás la actividad, multiplicás despidos… y los precios no obedecen.

Quizás el mercado no leyó el PowerPoint.

Y no, no hubo ningún “nuevo índice revolucionario”.

Se sigue con la base 2004. 2004.

Cuando los smartphones eran ciencia ficción y el alquiler no equivalía a medio sueldo. Pero claro, si el consumo promedio se mide con una canasta que no dialoga con la Argentina real, el número puede verse más amable que la góndola.

No se bajan los precios: se administra la foto.

Mientras tanto, el otro índice —el que no tiene hashtag— sube sin maquillaje: el desempleo. Despidos en el Estado, despidos en privados, suspensiones, cierres. El salario real en caída libre. Pero tranquilos, porque el Excel sonríe.

Y como frutilla del postre, la reforma laboral.

Porque si el sueldo pierde contra la inflación, la solución no es fortalecerlo: es hacerlo más flexible. Más fácil de despedir. Más barato de reemplazar. Más dócil. Es casi poético: salarios más débiles para una inflación que no cede.

Lo curioso es la amnesia selectiva. Hubo una época en que sectores hoy oficialistas desconfiaban activamente del INDEC y armaban su “IPC Congreso” porque el número oficial no les cerraba. Cuestionar estadísticas era un acto de transparencia republicana.

Ahora, si dudás, sos conspirativo.

La pregunta, entonces, no es “¿Y la inflación?”.

La pregunta es: ¿cuánta realidad puede esconder un decimal?

Porque mientras el índice se calcula con base 2004, el alquiler se paga en 2026.

Mientras el Gobierno festeja el 2,9%, el salario pierde contra el 269% acumulado.

Mientras se habla de estabilidad, el empleo se precariza.

Y cuando ajuste, inflación y reforma laboral avanzan juntos, ya no es herencia.

Es diseño.

Así que sí, preguntemos:

¿Y la inflación?

Está ahí.

Y no se va a ir preguntando por Candela.

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El “Ministerio de la Verdad”: propaganda oficial en tiempos de ajuste

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George Orwell lo escribió con claridad brutal en 1984: el Ministerio de la Verdad no existe para decir la verdad, sino para fabricarla. Su función es reescribir el pasado, ordenar el presente y disciplinar el pensamiento. Bajo el eufemismo de “oficina de respuesta oficial”, el Gobierno nacional parece haber tomado nota —no como advertencia, sino como manual— y montó un dispositivo que poco tiene que ver con la información pública y mucho con la propaganda oficial.

No se trata de comunicar políticas ni de rendir cuentas: se trata de controlar el relato, desmentir a conveniencia y blindar al poder frente a cualquier cuestionamiento. Un Ministerio de la Verdad en versión local, más burdo que sofisticado, pero no por eso menos peligroso. Porque cuando el Estado deja de informar para empezar a vigilar el discurso, la democracia entra en zona de riesgo.

La lógica es simple y conocida: cuando la realidad incomoda, se la niega; cuando los datos contradicen el relato, se los desacredita; cuando el conflicto social emerge, se lo reduce a una “operación”. La oficina no informa: corrige. No explica: impone una versión oficial. Y lo hace con recursos públicos (aunque el gobierno diga que no implica nuevas erogaciones), pero al servicio de un proyecto político que necesita ocultar las consecuencias de su propio programa.

En 1984, Orwell sintetiza esta operación con una consigna escalofriante: “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.” Ese mismo mecanismo de inversión del sentido atraviesa hoy la comunicación oficial: el ajuste es presentado como orden, el recorte como eficiencia, la crueldad como sinceramiento. No es un exceso retórico ni un error comunicacional: es una estrategia deliberada de poder.

En un contexto de licuación de salarios, recortes a las provincias, desfinanciamiento de áreas sensibles y creciente conflictividad social, el principal problema del Gobierno no es la “desinformación”: es la realidad misma. Por eso necesita un aparato que la maquille, la relativice o directamente la niegue. No hay vocación pedagógica ni transparencia institucional; hay temor a que la verdad circule sin control.

El método es tosco pero eficaz: comunicados exprés, lenguaje agresivo, descalificación sistemática de periodistas, organizaciones sociales y dirigentes opositores. En clave orwelliana, toda crítica es sospechosa y todo disenso es traición. El debate público se degrada, la palabra se empobrece y la política se vacía de contenido democrático.

Nada de esto es casual. Orwell lo entendió con lucidez histórica: los gobiernos que necesitan vigilar el lenguaje son aquellos que ya no pueden sostener sus políticas en la experiencia concreta de la sociedad. Cuando la economía no cierra, cuando el tejido social se rompe y las promesas se derrumban, la respuesta no es corregir el rumbo sino reforzar la propaganda.

Pero la verdad no se administra desde una oficina ni se cancela con comunicados oficiales. Se impone en la vida cotidiana: en los salarios que no alcanzan, en las provincias asfixiadas, en los incendios sin recursos, en los hospitales sin insumos, en las escuelas sin presupuesto. Ningún Ministerio de la Verdad puede borrar eso.

Llamar a este dispositivo “oficina de respuesta” es un insulto a la inteligencia colectiva. Es, en los hechos, un Ministerio de la Verdad que busca reemplazar la realidad por relato y la política por marketing autoritario. Y como escribió Orwell (o se le atribuye), en una advertencia que hoy suena inquietantemente actual:

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.”

Por eso, frente a este intento de disciplinar la palabra y domesticar el pensamiento, la única respuesta posible es más crítica, más organización y más verdad circulando por fuera del control del poder. Porque cuando un gobierno pretende decidir qué es verdad y qué no, lo que está en juego no es la comunicación: es la libertad misma.

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