Silvia Abaca

Periodista.

El presidente baila sobre las llamas

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El presidente baila. La escena es literal: en un teatro de Mar del Plata, Javier Milei sube al escenario con Fátima Florez —su ex novia, o su supuesta novia, o su partenaire en esta ficción sentimental permanente— mientras las cámaras celebran el gesto como si fuera una travesura simpática. La política convertida en cuadro musical, la jefatura de Estado reducida a espectáculo.

Y mientras tanto, la Patagonia —ese sur que es paisaje, comunidad, economía y memoria— arde. No en metáfora. Arde en decenas de miles de hectáreas quemadas, en humo que invade pueblos enteros, en animales calcinados, en familias evacuadas, en brigadistas exhaustos que ponen el cuerpo allí donde el Estado debería llegar antes, mejor y con recursos.

La simultaneidad no es casual ni anecdótica: es un programa. El gobierno de Milei eligió el show permanente, la provocación y la farándula como forma de ejercer el poder. Eligió recortar, desfinanciar y desentenderse. Eligió convertir la comunicación en distracción constante mientras lo real —el territorio, la vida, el ambiente— se consume en silencio.

Los incendios no son un castigo natural ni un fenómeno aislado. Son el resultado de años de desmonte, especulación inmobiliaria, cambios en el uso del suelo y una crisis climática estructural, agravados hoy por un Estado nacional deliberadamente debilitado. La Patagonia que arde es también la Patagonia codiciada: tierras, recursos estratégicos, corredores turísticos y logísticos. Cada incendio deja cenizas para las comunidades y oportunidades de negocio para unos pocos.

Los datos son contundentes. En la región andino-patagónica se quemaron decenas de miles de hectáreas en pocos meses, multiplicando varias veces las cifras de temporadas anteriores. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió recortes brutales: presupuesto licuado por la inflación, fondos subejecutados, precarización laboral y despidos en áreas clave como Parques Nacionales. La “motosierra” no distingue entre gasto superfluo y políticas esenciales para proteger vidas, bienes comunes y soberanía territorial.

Frente a este abandono, incluso el Congreso intenta reaccionar. Por iniciativa de diputadas y diputados patagónicos de Unión por la Patria, el 9 de enero se presentó un proyecto de Emergencia por los incendios, con el objetivo de habilitar recursos extraordinarios para la prevención, el combate del fuego y la asistencia a las poblaciones afectadas. Desde entonces, el bloque reclama que el tema sea tratado en sesiones extraordinarias.

“Milei tiene que escuchar: no hay más tiempo en la Patagonia”, advirtió Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, señalando además que los gobernadores patagónicos se sumaron al reclamo. El Ejecutivo, hasta ahora, elige no escuchar. No habilita el debate, no prioriza la emergencia, no asume la responsabilidad que le cabe.

Ese silencio no es neutro: es una decisión política. Mientras el presidente baila, el Congreso pide tratar la emergencia y las provincias reclaman recursos. Mientras el espectáculo ocupa la escena, las comunidades se organizan solas, los brigadistas trabajan al límite y el territorio se quema.

La ceniza no se disimula con coreografías. Se mete en los pulmones, en el agua, en la economía regional, en la vida cotidiana. Las comunidades mapuche ven arder territorios ancestrales. Los trabajadores del fuego saben que el cuerpo es el último recurso cuando el Estado se retira. La Patagonia no necesita un presidente de escenario: necesita presencia estatal, planificación, inversión y cuidado.

El cierre es inevitable. Lo que hoy se quema no es solo un bosque: se quema la idea misma de responsabilidad pública, de comunidad nacional y de futuro compartido. Y lo que hoy baila no es solo un presidente: es un proyecto político que desprecia el ambiente, vacía al Estado y gobierna desde el espectáculo mientras el país arde.

Cuando el fuego se apague —porque siempre se apaga, aunque deje ruinas— no quedará la música ni el aplauso fácil. Quedará una pregunta política insoslayable: ¿quién gobernaba mientras la Patagonia se incendiaba? Y la respuesta será tan visible como las cenizas que hoy cubren el sur argentino.

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Milei, Trump, Davos y las advertencias que vienen de Auschwitz

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El ingreso de Javier Milei al llamado “Consejo de la Paz” impulsado por Donald Trump no es un gesto aislado ni meramente simbólico: confirma una arquitectura de alineamientos internacionales en la que convergen la alt-right estadounidense, los libertarios europeos, el sionismo ultra, los think tanks antiestatales y la nueva derecha financiera global. Ese campo comparte —más que una doctrina coherente— una pulsión: la demolición de la institucionalidad democrática, el vaciamiento del Estado en favor de corporaciones y fondos, la guerra cultural permanente y un desprecio reaccionario por los consensos internacionales nacidos de la posguerra.

La escena de Milei en Davos fue la puesta en público de esa apuesta: una arenga contra “el colectivismo”, un elogio casi religioso del mercado y una negación explícita de los dispositivos que sostuvieron durante décadas el pacto democrático occidental: derechos, regulación, seguridad social, ciencia, educación pública. La paradoja mayor: que el discurso anti-Estado se pronunciara en el foro donde los estados y las corporaciones negocian, justamente, los términos concretos de la gobernanza global.

En la misma semana en que se invocan estas novedades de la geopolítica reaccionaria, el 27 de enero vuelve a traer a la memoria la liberación de Auschwitz. No como efeméride distante, sino como recordatorio de que la crisis económica, la humillación social, el nacionalismo identitario y la desdemocratización pueden cristalizar —y cristalizaron históricamente— en formas de violencia masiva, exterminio y disciplinamiento extremo. Fue el Ejército Rojo quien abrió las puertas del campo: no lo hizo el mercado, no lo hizo la “mano invisible”, lo hicieron soldados que arrastraban sobre sus espaldas el costo material y humano de frenar al nazismo en Stalingrado y Kursk. La victoria antifascista fue estatal, militar y política; nunca un fenómeno “libertario”.

Hoy, el negacionismo mutó. En lugar de negar el gas Zyklon B, niega la historia, niega el Estado como garante de derechos, niega la desigualdad como tema político, niega el propio concepto de humanidad compartida. Se presenta como “libertad”. En realidad, vuelve a instalar la idea del “descartable”, la noción de que algunos merecen derechos y otros apenas sobrevivencia, que hay quienes pueden vivir sin Estado porque cuentan con capital, contactos o apellido. En su versión más extrema, esa lógica termina justificando guerras punitivas, muros, deportaciones, encarcelamientos masivos y la privatización del mundo.

Milei no llega solo a esos espacios. Llega en nombre de un proyecto que en Argentina se traduce en empobrecimiento súbito, pérdida salarial, desregulación del trabajo, privatización simbólica del sentido común y represión a las resistencias sociales. Nada de eso es neutro, y nada es inconexo con Trump, con Netanyahu, con Meloni, con Vox y con el ecosistema de laboratorios ideológicos que hace rato experimenta con democracias degradadas y sociedades fragmentadas.

Recordar Auschwitz el 27 de enero no es un ejercicio museístico. Es mirar el presente con la conciencia de que los fascismos no vuelven idénticos, pero vuelven cuando se combinan crisis económicas, resentimiento social y discursos que reducen la vida a mercancía. Y que vuelven cuando el mundo mira para otro lado mientras se desarman los pocos diques que impiden que la barbarie se convierta en política de Estado.

La historia también enseña otra cosa: los fascismos no se derrotan con silencios ni con tecnicismos. Se derrotan con organización, con claridad política y con la negativa a naturalizar la desigualdad como destino. En los años 30, el fascismo avanzó mientras las democracias discutían modales; cuando finalmente entendieron de qué se trataba, ya había cámaras de gas y millones de muertos.

Recordar Auschwitz es advertir que la barbarie no aparece de un día para el otro: se ensaya, se legitima, se vota, se aplaude y se financia. Y que cuando llega, llega con leyes, con jueces, con mercado y con propaganda. Milei, Trump y esa constelación reaccionaria global no hablan de “paz”: hablan de disciplinar al débil, desmantelar al Estado y dejar que el mercado decida quién vive bien, quién sobrevive y quién sobra.

Contra eso no alcanza la retórica ni la nostalgia democrática: hace falta voluntad para confrontar. Porque si algo enseñó Auschwitz es que la humanidad puede caer muy bajo cuando se la deja sola frente a la ley del más fuerte. Y que la única paz digna es la que garantiza derechos, igualdad y memoria. Todo lo demás es la previa al desastre.

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Venezuela y el derecho a decidir su propio destino

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Hablar de Venezuela exige, antes que nada, un ejercicio de honestidad política y moral. Durante años, el debate internacional estuvo dominado por consignas simplificadoras, etiquetas funcionales y relatos construidos desde afuera, casi siempre al servicio de intereses geopolíticos ajenos a la vida real de millones de personas.

En ese ruido permanente, el pueblo venezolano fue sistemáticamente borrado: reducido a cifra estadística, convertido en excusa diplomática o señalado como amenaza. Rara vez reconocido como lo que es: un sujeto histórico que resiste.

Y, sin embargo, Venezuela sigue viva en su gente.

Vive en quienes cada día sostienen la vida en condiciones adversas. En trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la inflación y la incertidumbre. En madres, abuelas y jóvenes que organizaron la existencia cotidiana con una mezcla de ingenio, solidaridad y dignidad. Vive en los barrios, en las comunidades, en la cultura popular que no se apaga, en la decisión de quedarse y también en la de migrar sin romper el lazo con la tierra propia, porque no todos los migrantes son los que vemos festejar en el Obelisco. Esa resistencia no es una consigna: es una práctica diaria.

Durante años, una de las herramientas más violentas para deshumanizar a Venezuela fue la construcción de una narrativa que presentó al país como un “Estado criminal”, dominado por un supuesto Cartel de los Soles. Esa etiqueta operó como un dispositivo político: justificó sanciones económicas, aislamiento internacional y castigos colectivos que nunca golpearon a los sectores acomodados, sino directamente al pueblo.

Por eso no es un dato menor que, recientemente, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos haya dejado de sostener que el llamado Cartel de los Soles exista como una organización criminal real y estructurada, comparable a los grandes cárteles del narcotráfico de la región. Que hoy se reconozca —aunque sea de manera implícita— que se trató de una construcción sin sustento jurídico sólido expone algo más profundo: la fragilidad de un relato que durante años fue utilizado para legitimar el asedio a un país entero.

Este reconocimiento no niega los problemas reales de Venezuela. No absuelve errores, tensiones internas ni desafíos pendientes. Pero sí derrumba una coartada. Porque cuando se desmonta la ficción del “Estado narco”, queda al desnudo lo que realmente ocurrió: el uso del castigo económico y político como forma de disciplinamiento, con consecuencias devastadoras sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Las sanciones no son abstractas. Tienen rostro. Son menos medicamentos, menos insumos, más dificultades para producir, para importar alimentos, para sostener servicios básicos. Son salarios pulverizados y proyectos truncos. Y, aun así, el pueblo venezolano resistió. No se quebró. No desapareció. No se resignó a la narrativa que otros escribieron para él.

Resistió porque existe una memoria histórica de luchas populares. Porque hay organización social, identidad colectiva y conciencia política. Porque, incluso bajo presión extrema, Venezuela siguió apostando a resolver sus conflictos sin tutela extranjera. Porque el pueblo entendió que ninguna sanción “humanitaria” puede justificar la carencia, ni ningún bloqueo puede presentarse como defensa de la democracia.

Hoy, cuando algunas de las narrativas más agresivas empiezan a resquebrajarse, es imprescindible decirlo con claridad: las sanciones contra Venezuela no fueron un error, fueron una decisión política consciente, y su objetivo nunca fue proteger derechos humanos, sino forzar un cambio de régimen a cualquier costo. El costo lo pagó el pueblo.

Por eso, no hay salida para Venezuela desde el castigo externo ni desde el intervencionismo encubierto. No hay futuro posible mientras se siga usando al pueblo como rehén de disputas geopolíticas. La autodeterminación no es un eslogan: es una condición básica para la dignidad de los pueblos.

Venezuela no es un expediente judicial, ni un laboratorio de sanciones, ni un titular armado en Washington. Venezuela es su pueblo. Y ese pueblo, pese a todo, sigue resistiendo, viviendo y defendiendo su derecho a decidir su propio destino.

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Balance de fin de año: la mentira como política de gobierno

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Al finalizar el año, el gobierno de Javier Milei intenta imponer un balance triunfalista basado en una narrativa cuidadosamente construida. Según el relato oficial, la Argentina estaba “al borde de la hiperinflación”, el ajuste era inevitable y la desaceleración posterior de los precios constituye un éxito incuestionable. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos muestra otra realidad: decisiones políticas concretas que agravaron la crisis social, una fuerte transferencia de ingresos y una estrategia sistemática de distorsión de la verdad para eludir responsabilidades.

La mentira no aparece como un desliz ocasional, sino como un método de gobierno.

Inflación: el pico fue una decisión política

Argentina no llegó a la hiperinflación en 2023 como dijo Milei. La inflación era muy elevada, sin duda, pero no existían las condiciones técnicas ni económicas que definen un proceso hiperinflacionario. Esa afirmación, repetida hasta el cansancio por Milei y su gabinete, cumplió una función política clara: exagerar la herencia para justificar un shock de ajuste sin precedentes.

El dato que el gobierno omite deliberadamente es central: el mayor salto inflacionario se produjo en diciembre de 2023, cuando Javier Milei ya había asumido la Presidencia. Ese mes, los precios se dispararon como consecuencia directa de una devaluación superior al 100%, combinada con la liberación de precios regulados y el inicio de los tarifazos. No fue una fatalidad heredada: fue una decisión política consciente, tomada en nombre del llamado “sinceramiento” económico.

El oficialismo incorporó luego ese pico inflacionario —provocado por sus propias medidas— al paquete de la “herencia recibida”, y se atribuyó como mérito la desaceleración posterior. Primero provocó el shock, después celebró la comparación contra el daño autoinfligido.

Desaceleración sin recuperación

Es cierto que la inflación se desaceleró con el correr de los meses. Pero esa desaceleración ocurrió sobre un piso social devastado. Los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos populares quedaron muy por detrás del aumento de precios acumulado tras la devaluación inicial. La inflación bajó, pero el poder adquisitivo no se recuperó.

El ajuste operó fundamentalmente a través de la licuación de ingresos. Jubilados que perdieron capacidad de compra mes tras mes, trabajadores formales con paritarias a la baja, trabajadores informales directamente expulsados del consumo básico. La inflación dejó de correr, pero el daño ya estaba hecho.

Pobreza y empleo: el uso político de los números

El gobierno celebró cifras de pobreza en descenso, pero evita explicar cómo se construyen esos datos y qué esconden. La baja estadística no implica una mejora estructural de las condiciones de vida. El empleo no crece, cada vez se precariza más, con altos niveles de informalidad y salarios deprimidos. La pobreza por ingresos puede reducirse marginalmente, mientras se consolida una pobreza estructural más profunda, con menos derechos, menos protección social y mayor vulnerabilidad.

Una vez más, el patrón se repite: usar indicadores parciales para construir un relato de éxito, mientras se ignoran las consecuencias de largo plazo del ajuste. Y encima con una inflación que no logran controlar por más que “dibujen” los números.

El relato como sustituto de la gestión

La mentira como política de gobierno no se limita a la economía. Atraviesa la política exterior, donde se anuncian apoyos y alianzas que no se traducen en beneficios concretos; y el plano institucional, donde se desacredita sistemáticamente a periodistas, opositores, sindicatos y organizaciones sociales para deslegitimar cualquier crítica.

Gobernar, para Milei, parece reducirse a ganar la batalla del relato, no a resolver los problemas reales. Cuando los datos no convienen, se reinterpretan. Cuando las consecuencias son evidentes, se niegan. Cuando la responsabilidad es propia, se la adjudica al pasado.

Balance final

El balance de fin de año no admite ambigüedades: el gobierno de Javier Milei eligió mentir. Eligió falsear la herencia, ocultar el impacto de sus propias decisiones y presentar como éxito lo que en realidad fue una brutal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. La inflación de diciembre de 2023 no fue un accidente ni una fatalidad: fue el punto de partida deliberado de un programa que licuó salarios, jubilaciones y derechos.

La mentira dejó de ser un recurso discursivo para convertirse en arquitectura de gobierno. Se miente para justificar el ajuste, se miente para disciplinar socialmente, se miente para naturalizar el empobrecimiento y se miente para clausurar cualquier discusión democrática sobre alternativas posibles. El relato libertario no busca explicar la realidad: busca imponer resignación.

Frente a un gobierno que gobierna a fuerza de engaño, provocación y violencia simbólica, decir la verdad se vuelve un acto político. Nombrar las consecuencias del ajuste, señalar a los responsables y disputar el sentido común no es una cuestión retórica: es una tarea urgente. Porque cuando la mentira se institucionaliza, la democracia se vacía, y el costo lo paga —otra vez— el pueblo argentino.

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La soberbia es mala consejera

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Las últimas actuaciones del oficialismo en el Congreso no pueden leerse como episodios aislados ni como simples errores de cálculo parlamentario. Lo que se observa, con creciente nitidez, es el costo político de una estrategia basada en la imposición, el desprecio por los consensos y una confianza desmedida en la capacidad de disciplinamiento. Cuando la soberbia reemplaza a la política, el resultado suele ser el mismo: retrocesos, fracturas y pérdida de control de la agenda.

La primera señal fue clara en la Cámara de Diputados. El Gobierno logró aprobar en general el Presupuesto, pero sufrió una derrota significativa al rechazarse el capítulo 11, donde se concentraban algunos de los puntos más sensibles del ajuste: la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, entre otros. A pesar de negociaciones de último momento, promesas a gobernadores y presiones internas, el oficialismo no consiguió los votos necesarios. El mensaje fue inequívoco: hay límites que ni siquiera los aliados están dispuestos a cruzar. “Este presupuesto no nos sirve”, se lamentó en privado el presidente.

Lejos de leer esa votación como una advertencia, el Ejecutivo insistió con la misma lógica en el Senado. El resultado fue inmediato. Senadores que hasta ahora habían acompañado al Gobierno se rebelaron contra el estilo de conducción de Patricia Bullrich, cuestionando el método de “latigazos” y dejando en claro que sin presupuesto aprobado en condiciones aceptables no habrá reforma laboral. La decisión de postergar el tratamiento hasta febrero no es solo una dilación técnica: es un gesto político de autonomía y, sobre todo, de hartazgo. A todo esto se sumó la masiva movilización de la CGT, que no pasó sin pena ni gloria y dejó preparado el terreno para oponerse a una reforma que va contra los derechos de los trabajadores y no generará nuevos puestos de trabajo, según lo reconocen en el propio gobierno.

Desde distintos sectores del Congreso, incluso entre quienes no se identifican con la oposición dura, la lectura es coincidente. Legisladores y asesores parlamentarios señalan que el Gobierno subestima el funcionamiento real del sistema institucional, creyendo que la épica del ajuste y la confrontación permanente alcanza para ordenar voluntades. “No alcanza con tener razón en Twitter para ganar una votación”, deslizó un senador dialoguista. Otro fue más directo: “La firmeza sin negociación es solo soberbia”. “Se terminó la espuma del triunfo electoral”, dijo el diputado Agustín Rossi.

Analistas políticos advierten que el problema no es únicamente aritmético, sino estratégico. Un gobierno que no tiene mayoría propia en el  parlamento, necesita ampliar consensos, no reducirlos. Sin embargo, la Casa Rosada, como es su costumbre, parece apostar a una dinámica de desgaste: forzar votaciones, exponer a los aliados, tensionar hasta el límite. Esa lógica puede servir en el corto plazo para marcar posiciones, pero erosiona rápidamente el capital político necesario para sostener reformas estructurales.

El caso de la reforma laboral es paradigmático. Presentada como uno de los pilares del programa económico, hoy aparece empantanada no solo por la resistencia opositora, sino por la desconfianza de quienes deberían garantizar su aprobación. Sin acuerdos previos, sin un presupuesto que ordene expectativas y con un estilo de conducción verticalista, el proyecto de reforma laboral quedó en suspenso. No por conspiraciones externas, sino por errores propios.

En política, la soberbia suele confundirse con determinación. Pero cuando el gobierno cree que gobernar es imponer y no persuadir, termina aislándose incluso de sus propios socios. Esta semana en el Congreso dejó una lección que la historia argentina ya enseñó más de una vez: sin diálogo, sin escucha y sin respeto por la dinámica institucional, la gobernabilidad se vuelve frágil.

Lo ocurrido en el Congreso no es una anécdota ni una conspiración opositora: es el resultado directo de un estilo de gobierno que confunde autoridad con prepotencia y convicción con arrogancia. La derrota parcial en Diputados y la rebelión en el Senado son dos caras de un mismo problema: un Ejecutivo que cree que puede avanzar sin construir acuerdos reales.

Gobernar no es arrasar, ni disciplinar a fuerza de amenazas simbólicas o castigos presupuestarios. Mucho menos en un sistema institucional que exige negociación permanente. Cuando incluso los aliados comienzan a decir basta, el problema deja de ser numérico y pasa a ser político. Y cuando los propios empiezan a rebelarse, la soberbia deja de ser un rasgo de estilo para convertirse en un factor de ingobernabilidad.

El oficialismo enfrenta hoy una encrucijada clara: o revisa su lógica de confrontación permanente o seguirá acumulando derrotas, aun teniendo la iniciativa y la agenda. Porque en política, como vuelve a demostrar esta semana, la soberbia no solo es una mala consejera: suele ser el prólogo del fracaso.

El oficialismo todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para eso debería asumir algo elemental: la soberbia no es una estrategia, es un obstáculo. Y en el Congreso, como en la política en general, suele ser una muy mala consejera.

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