Silvia Abaca

Periodista.

La Argentina de los relatos instantáneos

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Mientras Javier Milei aprovechaba el Día de la Bandera para presentar a Manuel Belgrano como una suerte de precursor libertario, una parte importante de los argentinos seguía haciendo malabares para pagar la tarjeta, comprar alimentos o sostener un pequeño comercio que vende cada vez menos.

No se trata solamente de una discusión histórica.

Porque cuando el gobierno intenta convertir a Belgrano en un profeta del libre mercado no está hablando del pasado: está intentando apropiarse del presente.

La batalla es por el sentido.

Belgrano ya no es Belgrano.

San Martín ya no es San Martín.

La historia deja de ser un campo de estudio para convertirse en un arsenal de citas útiles para justificar un proyecto político.

Y sin embargo, el problema más profundo no es la reinterpretación histórica.

Es que vivimos en una época donde los hechos tienen cada vez menos importancia.

La reciente operación sobre la supuesta muerte de Jorge Messi volvió a demostrarlo.

Un rumor surgido de las usinas digitales de la derecha se expandió por redes sociales, atravesó medios de comunicación, llegó a programas de televisión y terminó siendo repetido por figuras públicas que no verificaron absolutamente nada. Entre ellas, Florencia Peña.

La noticia era falsa.

Pero para cuando la verdad apareció, la mentira ya había recorrido el país.

No fue un accidente.

Fue una radiografía de época.

La información ya no circula para explicar la realidad.

Circula para producir efectos.

Lo importante no es que algo sea cierto.

Lo importante es que sea viral.

Y cuanto más indignación, miedo o enojo produzca, mejor.

La misma lógica atraviesa la política argentina desde hace años.

La condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner fueron presentadas como el triunfo definitivo de la República. Sin embargo, lejos de terminar allí, comenzó una nueva etapa.

Ahora aparecen filtraciones permanentes, amenazas de endurecimiento de condiciones, especulaciones sobre cárceles comunes, restricciones y castigos ejemplificadores.

No alcanza con condenar.

Hay que humillar.

No alcanza con excluir.

Hay que disciplinar.

La figura de Cristina sigue ocupando un lugar central en el sistema político argentino precisamente porque continúa representando algo que una parte importante del poder económico, mediático y judicial necesita derrotar simbólicamente.

Lo que está en juego no es una persona.

Es la posibilidad de transmitir una advertencia.

Que nadie vuelva a intentar cuestionar determinados privilegios.

Que nadie vuelva a discutir determinadas relaciones de poder.

Que nadie vuelva a construir una mayoría política capaz de disputar la distribución de la riqueza.

El mensaje es claro.

Y está dirigido a toda la dirigencia política.

Mientras tanto, la economía sigue siendo presentada como el gran éxito del gobierno.

Los números macroeconómicos mejoran.

La inflación desciende.

El equilibrio fiscal se transforma en una bandera.

Los mercados sonríen.

Pero basta caminar algunas cuadras para encontrar otra realidad.

Comercios vacíos.

PyMEs en dificultades y que cierran con la consiguiente desocupación.

Trabajadores que llegan al día veinte sin dinero.

Jubilados que eligen qué medicamento dejar de comprar.

Profesionales con dos o tres empleos para sostener ingresos que hace pocos años alcanzaban con uno.

La macro festeja.

La micro sobrevive.

Y esa contradicción debería generar un enorme desgaste político.

Sin embargo, ocurre a medias.

O al menos no ocurre con la velocidad que muchos quisieran.

Entonces aparece la pregunta incómoda.

¿Por qué la ultraderecha sigue ganando elecciones incluso cuando buena parte de la sociedad vive peor?

Porque las elecciones ya no se definen únicamente por la economía.

Se definen por el sentido común.

Durante décadas el campo nacional y popular asumió que las personas votaban principalmente según sus intereses materiales.

La realidad mostró algo diferente.

Las personas también votan identidades.

Votan emociones.

Votan pertenencias.

Votan miedos.

Votan frustraciones.

Votan broncas.

Y sobre todo votan relatos que les permitan darle una explicación sencilla a problemas complejos.

La derecha contemporánea comprendió esto mucho antes que sus adversarios.

Por eso construye enemigos.

Los movimientos sociales.

Las universidades.

Los sindicatos y los sindicalistas.

Los organismos de derechos humanos.

Los periodistas críticos.

Los artistas.

Los científicos.

El feminismo.

Siempre existe alguien a quien responsabilizar.

Y cuando la realidad contradice el relato, simplemente se produce otro relato.

Más rápido.

Más agresivo.

Más emocional.

En ese esquema, Manuel Adorni ya ni siquiera necesita ocupar diariamente el atril de la vocería presidencial. Su paso por ese lugar cumplió una función fundamental para el proyecto libertario: naturalizar una forma de comunicación basada en la provocación permanente, la simplificación extrema y la deslegitimación sistemática del adversario.

Hoy, desde la Jefatura de Gabinete, continúa formando parte de una maquinaria comunicacional que ya no depende de una sola persona.

El método quedó instalado.

Las redes amplifican.

Los influencers reproducen.

Los medios aliados legitiman.

Los algoritmos premian.

Y la realidad queda muchas veces atrapada detrás de esa enorme fábrica de percepciones.

Las denuncias, contradicciones y polémicas que periódicamente rodean a Adorni y a otros funcionarios tampoco son un dato menor. Muchas veces apenas alcanzan a ocupar algunos titulares antes de ser reemplazadas por una nueva controversia.

Todo dura horas.

Nada permanece.

Y ahí aparece otro fenómeno central para comprender esta época.

La saturación.

La política convertida en una cinta transportadora de polémicas.

Cada día surge una nueva discusión, una nueva provocación, una nueva denuncia, una nueva cortina de humo.

La velocidad es tan grande que resulta imposible procesarlo todo.

Y mientras la opinión pública corre detrás de cada episodio, las decisiones estratégicas avanzan.

Nos pasan elefantes por delante de los ojos.

La discusión sobre el futuro del Río Paraná y la Hidrovía es uno de los ejemplos más evidentes. Estamos hablando de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, una herramienta clave para la soberanía económica y el desarrollo nacional.

Sin embargo, decisiones de enorme trascendencia quedan relegadas a espacios especializados mientras la conversación pública es absorbida por la polémica del día, el tuit de la hora o la provocación de turno.

No es casual.

La política espectáculo tiene una ventaja extraordinaria para quienes gobiernan.

Convierte lo urgente en permanente y vuelve invisible lo importante.

Cuando la sociedad está mirando fuegos artificiales, las transformaciones profundas avanzan sin demasiada resistencia.

Y cuando finalmente se advierten sus consecuencias, muchas veces ya es tarde para impedirlas.

Por eso la discusión central de la Argentina actual no es solamente económica.

Es cultural.

Es una disputa por la verdad.

Por la memoria.

Por la historia.

Por el sentido común.

Por la capacidad de distinguir entre información y propaganda.

Entre debate y operación.

Entre política y espectáculo.

Porque mientras una parte del país sigue discutiendo datos, otra parte está construyendo emociones.

Y hasta ahora, las emociones vienen ganando.

Tal vez allí se encuentre una de las claves de nuestro tiempo.

No nos gobiernan solamente con ajuste.

No nos gobiernan solamente con decretos.

No nos gobiernan solamente con relatos.

También nos gobiernan administrando nuestra atención.

Decidiendo qué vemos.

Qué discutimos.

Qué nos indigna.

Y, sobre todo, qué dejamos de mirar.

Porque mientras el país debate la polémica del día, los elefantes siguen pasando.

Y casi nadie parece dispuesto a hablar de ellos.

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La crueldad y la coartada

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Hay gobiernos que intentan resolver problemas. Y hay gobiernos que parecen necesitar culpables.

La semana pasada dejó dos escenas que, a primera vista, no tienen relación entre sí. Por un lado, cientos de miles de personas desfilan en el Polideportivo Gatica de Avellaneda despidiendo al Indio Solari en una de las manifestaciones populares más conmovedoras de los últimos años. Por el otro, Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, intentando explicar inconsistencias patrimoniales que ya no ocupan solamente las páginas de los diarios sino también despachos judiciales y pasillos del Congreso.

Sin embargo, ambas escenas revelan una misma lógica política.

Durante días, dirigentes, comunicadores y militantes libertarios parecían esperar que el velatorio del Indio terminara mal. Que hubiera incidentes. Que aparecieran imágenes de caos. Que alguien pudiera responsabilizar a Axel Kicillof, a Máximo Kirchner o al kirchnerismo en general. Que se apareciera otro “muerto” que pudiera ser tapa.

No se trataba de comprender un fenómeno cultural ni de acompañar el dolor de cientos de miles de personas. Parecía tratarse de otra cosa: la expectativa de encontrar una nueva excusa para alimentar la maquinaria del odio.

Pero los incidentes no llegaron. El pueblo despidió a uno de sus artistas más queridos con respeto, emoción y una organización que desarmó los pronósticos más agoreros.

Y entonces el interés desapareció.

La crueldad política tiene esa característica: necesita permanentemente que algo salga mal. Necesita enemigos. Necesita culpables. Necesita convertir cada acontecimiento social en una oportunidad para señalar con el dedo.

Tal vez por eso algunos deseaban el fracaso de aquella despedida. Porque representaba algo que el oficialismo no comprende del todo y muchas veces desprecia: una comunidad construida desde abajo, una identidad popular imposible de controlar, ordenar o convertir en mercancía política.

La misma lógica, pero en sentido contrario, aparece hoy en torno a Manuel Adorni.

No estamos hablando de un asesor secundario ni de un funcionario perdido en algún rincón del Estado. Estamos hablando del jefe de Gabinete de la Nación. Del funcionario encargado de coordinar la administración pública y de rendir cuentas ante el Congreso.

Las investigaciones periodísticas publicadas en los últimos días abrieron interrogantes sobre la evolución de su patrimonio, las criptomonedas utilizadas para justificar parte de ese crecimiento y las explicaciones posteriores vinculadas a una herencia familiar. A partir de allí, la Justicia avanzó con medidas para reconstruir el origen de esos bienes y verificar la consistencia de la información presentada.

No corresponde anticipar culpabilidades. Para eso existen los jueces, los fiscales y las pruebas.

Pero sí corresponde señalar una evidencia política.

El gobierno que construyó buena parte de su identidad alrededor de la transparencia y de la denuncia permanente contra “la casta” parece haber perdido súbitamente el entusiasmo por las explicaciones cuando las preguntas alcanzan a uno de los propios.

Las mismas voces que durante años exigieron condenas inmediatas frente a cualquier denuncia contra dirigentes opositores ahora reclaman prudencia, paciencia y comprensión.

La sospecha ya no alcanza.

La duda ya no basta.

Las preguntas ya no son bienvenidas.

La fuerza de Javier Milei no nació solamente de una propuesta económica. Nació también de una promesa moral. La promesa de que habría una vara para todos. De que los privilegios se terminarían. De que las explicaciones que antes parecían inadmisibles dejarían de ser aceptadas por el simple hecho de provenir del poder.

Por eso el caso Adorni genera ruido incluso entre quienes acompañaron al oficialismo. No porque exista una condena ni una certeza judicial definitiva, sino porque reaparecen mecanismos demasiado conocidos: rectificaciones tardías, explicaciones cambiantes, respaldos incondicionales y una resistencia creciente a rendir cuentas.

Y existe además un problema político que el oficialismo difícilmente pueda esquivar.

Durante la campaña legislativa de 2025, La Libertad Avanza eligió una consigna tan simple como contundente: “Adorni es Milei”.

No era una frase casual. Buscaba transmitir que el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete no era un funcionario más, sino una expresión directa del proyecto político encabezado por el Presidente.

Por eso resulta difícil presentar hoy el caso como una cuestión individual.

Si Adorni era Milei cuando se pedían votos, también lo es cuando aparecen preguntas incómodas.

Y si Milei decidió convertirlo en uno de los rostros centrales de su proyecto político, resulta inevitable que las explicaciones pendientes del jefe de Gabinete terminen proyectándose sobre el propio gobierno.

Más aún cuando fue el propio Adorni quien compareció ante la Cámara de Diputados, a fines de abril, para brindar su informe de gestión y ofrecer explicaciones que hoy aparecen severamente cuestionadas por la información que fue surgiendo posteriormente.

Mientras tanto, en el Congreso avanzan iniciativas para interpelarlo e incluso sectores opositores analizan la posibilidad de impulsar una moción de censura y eyectarlo del cargo, mecanismo previsto en la Constitución Nacional. El problema dejó de ser una controversia periodística para convertirse en una cuestión institucional.

Y alrededor del caso empiezan a multiplicarse otras interpretaciones. Algunos observadores sostienen que la exposición permanente de Adorni también expresa tensiones internas dentro del propio universo libertario. Otros creen que la centralidad del tema contribuye a desplazar de la agenda asuntos que golpean cotidianamente a millones de argentinos: la caída del consumo, el deterioro de los ingresos, la recesión, el empleo y las consecuencias sociales del ajuste.

Tal vez ambas cosas sean ciertas.

Pero incluso si así fuera, nada modifica la cuestión de fondo.

La pregunta ya no es solamente qué ocurrió con las criptomonedas, las declaraciones juradas o la herencia.

La pregunta es por qué quienes hicieron de la transparencia una bandera consideran ahora que pedir explicaciones constituye una agresión política.

Y la respuesta parece encontrarse en la misma lógica que atravesó el velatorio del Indio.

Para los adversarios, la sospecha equivale a condena.

Para los propios, la sospecha exige comprensión.

Para unos, el escarnio público.

Para otros, el beneficio infinito de la duda.

No es una contradicción.

Es un método.

La crueldad para los otros.

La indulgencia para los propios.

La condena anticipada para los adversarios.

La presunción eterna para los aliados.

El problema para Milei no es solamente Adorni.

El problema es que los gobiernos pueden sobrevivir a una denuncia, a una investigación o incluso a un escándalo.

Lo que rara vez sobreviven es a la pérdida de autoridad moral.

Porque cuando la vara deja de medir conductas y empieza a medir pertenencias, la promesa de cambio se convierte apenas en un cambio de nombres.

Y cuando el fracaso ajeno se convierte en una esperanza mientras las explicaciones propias se vuelven innecesarias, la política deja de ser una herramienta para transformar la realidad.

Se transforma en algo mucho más peligroso: una maquinaria dedicada a producir impunidad para unos y castigo para otros.

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Cuando la violencia no empieza con el femicidio

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Once años después de la primera movilización de Ni Una Menos, la Argentina vuelve a enfrentarse a una realidad incómoda. Mientras desde el Gobierno nacional se relativiza la violencia de género, se eliminan áreas específicas del Estado y se cuestiona la existencia misma de desigualdades estructurales entre varones y mujeres, los femicidios continúan ocurriendo.

Los nombres cambian. El dolor permanece

En los últimos días, dos casos conmocionaron al país. En Córdoba, Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue hallada asesinada tras varios días de búsqueda. En Misiones, Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, apareció sin vida en Eldorado después de permanecer desaparecida durante más de una semana. Dos historias atravesadas por la misma pregunta que vuelve a repetirse cada vez que una mujer o una adolescente es asesinada: ¿qué falló antes?

La pregunta resulta especialmente pertinente en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, un movimiento que nació para denunciar que los femicidios no son hechos aislados ni tragedias individuales, sino la expresión más extrema de una violencia que se construye y reproduce mucho antes de llegar al crimen.

Los datos muestran que el problema dista de haber desaparecido. Según el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, de la ciudad de Rosario, que realiza un monitoreo permanente de casos en todo el país, durante 2025 se registraron 291 femicidios, lesbicidios y trans/travesticidios en Argentina. La tasa nacional alcanza las 1,27 víctimas cada 100.000 mujeres y, en promedio, ocurre un femicidio cada 30 horas.

Las cifras, por sí solas, desmienten cualquier intento de presentar la violencia de género como una problemática superada o como una construcción ideológica sin correlato en la realidad. Detrás de cada número hay una historia interrumpida, una familia devastada y una cadena de responsabilidades que rara vez se limita al agresor.

Porque la violencia no empieza con el femicidio

Empieza mucho antes. En las relaciones de control. En las amenazas ignoradas. En las denuncias que no reciben respuestas adecuadas. En los discursos que buscan minimizar el problema. Y también en las nuevas formas de hostigamiento que proliferan en los entornos digitales.

Una reciente investigación publicada por “Economis”, de la provincia de Misiones, analizó cómo mujeres periodistas, militantes, activistas, dirigentas políticas y referentas sociales son objeto de campañas de agresión, insultos y amenazas destinadas a expulsarlas del debate público. No se trata únicamente de ataques individuales. Se trata de mecanismos de disciplinamiento que buscan silenciar voces, restringir la participación y reforzar desigualdades históricas.

La violencia digital y la violencia física no son fenómenos idénticos, pero tampoco son compartimentos estancos. Ambas forman parte de una misma cultura que naturaliza la agresión hacia las mujeres cuando ocupan espacios de visibilidad, decisión o protagonismo social.

Por eso resulta imposible analizar el contexto actual sin observar el papel del Estado nacional. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el feminismo se convirtió en uno de los principales blancos discursivos del oficialismo. El cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la reducción o eliminación de programas específicos y la insistencia en negar la existencia de violencias estructurales forman parte de una orientación política explícita.

La discusión no pasa por defender una estructura burocrática determinada. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando se debilitan las herramientas destinadas a prevenir, asistir y acompañar situaciones de violencia mientras las estadísticas continúan mostrando víctimas?

Negar un problema no lo resuelve

Pero tampoco alcanza con señalar al Poder Ejecutivo. Cada femicidio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Las familias de las víctimas suelen repetir la misma sensación: las respuestas llegaron tarde. Las búsquedas se demoraron. Las alertas fueron subestimadas. Las denuncias no alcanzaron para activar mecanismos eficaces de protección.

Las controversias alrededor de la investigación por el asesinato de Agostina Vega también reflejan esas tensiones. Mientras distintos sectores reclamaban que el caso fuera investigado con perspectiva de género, el fiscal interviniente, Raúl Garzón, sostuvo públicamente que no existían elementos para considerarlo un femicidio. Sus declaraciones generaron cuestionamientos y reavivaron un debate recurrente sobre la necesidad de incorporar una mirada integral en la investigación de los crímenes contra mujeres y adolescentes. En medio de la conmoción social, parte de la discusión pública pareció concentrarse incluso en reconocer la labor del perro que participó en el hallazgo del cuerpo. “Hay que darle una medalla”, dijo el funcionario. Sin restar valor al trabajo realizado durante la búsqueda, el episodio dejó al descubierto una incomodidad persistente: la dificultad de algunas instituciones para abordar la dimensión social y estructural de las violencias que afectan a mujeres y niñas.

La discusión sobre si determinados casos deben o no ser considerados femicidios no es meramente jurídica. También expresa una disputa política y cultural sobre cómo se interpreta la violencia contra las mujeres. En un contexto donde desde el poder nacional se cuestiona la existencia misma de la violencia de género como fenómeno específico, esas definiciones adquieren una relevancia que excede los tribunales.

La Justicia suele mostrarse firme cuando el crimen ya ocurrió. El problema es que para entonces siempre es demasiado tarde.

Once años después de la primera marcha de Ni Una Menos, la pregunta ya no es si la violencia de género existe. Las estadísticas, los expedientes judiciales y los nombres de las víctimas responden por sí solos.

La verdadera discusión es qué sociedad se construye cuando, frente a esa realidad, se desmantelan políticas públicas, se relativizan las violencias específicas que sufren las mujeres y se naturalizan discursos de odio que encuentran en las redes sociales un amplificador permanente.

Agostina y Dulce ya no están. Sus nombres se suman a una lista que continúa creciendo. Una lista que recuerda que la violencia no empieza con el femicidio, pero tampoco termina con una condena judicial.

Porque cuando una adolescente aparece asesinada, la discusión pública no debería centrarse en cómo nombrar el problema para que deje de existir. La tarea pendiente sigue siendo evitar que vuelva a ocurrir.

Y porque, once años después, Ni Una Menos sigue siendo mucho más que una consigna. Sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina.

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De Próspera a Buenos Aires: las nuevas fronteras del experimento tecnolibertario

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Mientras Honduras enfrenta una disputa política, judicial e internacional por Próspera, una ciudad privada instalada en la isla de Roatán, en Argentina comienzan a aparecer debates que remiten a una pregunta similar: ¿hasta dónde puede avanzar la transferencia de funciones estatales en nombre de la inversión, la innovación tecnológica y la eficiencia económica?

A primera vista, ambos procesos parecen inconexos. Próspera es una ciudad-empresa construida bajo el paraguas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) hondureñas. Argentina, en cambio, discute regímenes especiales de inversión, reformas societarias, desregulación económica y nuevas herramientas tecnológicas para la gestión pública, como los gemelos digitales sociales. Sin embargo, detrás de estos fenómenos emerge un conjunto de ideas que gana influencia en distintos lugares del mundo y que tiene entre sus principales referentes a empresarios tecnológicos como Peter Thiel.

El laboratorio hondureño

Próspera fue presentada como una experiencia destinada a atraer inversiones mediante reglas propias, baja carga impositiva, seguridad jurídica reforzada y amplios márgenes de autonomía administrativa. Sus promotores la describen como una plataforma para la innovación económica. Sus detractores la consideran un experimento que pone en tensión principios básicos de soberanía y control democrático.

La controversia escaló cuando el gobierno hondureño impulsó la derogación de las ZEDE y la Corte Suprema declaró inconstitucionales los mecanismos que les dieron origen. Los inversores respondieron con reclamos internacionales multimillonarios, abriendo un conflicto que excede el caso hondureño y plantea una discusión global: ¿qué sucede cuando un Estado intenta recuperar competencias previamente cedidas o limitar privilegios otorgados a grandes inversores?

La pregunta no es menor. Cuando las reglas especiales quedan blindadas mediante compromisos de largo plazo, arbitrajes internacionales o marcos regulatorios excepcionales, surge inevitablemente una discusión sobre soberanía: quién decide, bajo qué reglas y con qué margen para modificar el rumbo elegido.

De las ciudades flotantes a las ciudades privadas

Para comprender el origen de estas iniciativas es necesario remontarse a un conjunto de ideas desarrolladas en sectores del ecosistema tecnológico estadounidense.

Entre ellas se encuentra el llamado seasteading, una propuesta impulsada por empresarios e intelectuales libertarios que imaginan la construcción de ciudades flotantes en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de los Estados nacionales. Según sus defensores, estos espacios permitirían experimentar con nuevos modelos de organización política y económica. Para sus críticos, representan intentos de escapar a regulaciones democráticas, obligaciones fiscales y controles públicos.

Aunque la mayoría de los proyectos de seasteading nunca logró consolidarse, muchas de las ideas que los inspiraron encontraron expresiones más viables. Las llamadas charter cities o ciudades estatutarias, las zonas económicas especiales y experiencias como Próspera son vistas por diversos analistas como herederas de esa misma búsqueda: crear territorios con reglas diferenciadas para atraer inversiones y ensayar nuevas formas de gobernanza.

Peter Thiel y la nueva utopía tecnológica

En ese universo ideológico sobresale Peter Thiel, fundador de PayPal, uno de los primeros inversores de Facebook y una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico.

Thiel ha respaldado durante años iniciativas vinculadas al seasteading, las ciudades autónomas y diversos proyectos orientados a reducir la intervención estatal en áreas consideradas estratégicas. Más que un empresario, se ha convertido en uno de los principales articuladores de una corriente de pensamiento que combina innovación tecnológica, desregulación económica y cuestionamientos a la capacidad de los Estados nacionales para gestionar sociedades cada vez más complejas.

Su influencia excede ampliamente el ámbito de los negocios. Empresas vinculadas a su entorno participan en sectores sensibles como inteligencia artificial, análisis masivo de datos, defensa, vigilancia y seguridad.

La reciente presencia de Thiel en Argentina despertó interés más allá del mundo empresarial. Un perfil publicado por The New York Times lo describió jugando un torneo de ajedrez en el barrio porteño de Almagro pocas horas después de reunirse con el presidente Javier Milei. El episodio, anecdótico en apariencia, refleja el creciente interés del empresario por el país.

Según el mismo artículo, Thiel analiza a la Argentina como una apuesta de largo plazo en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y riesgos asociados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. También atribuyó al empresario una pregunta formulada al propio Milei que resulta reveladora: cómo garantizar que las transformaciones impulsadas por el actual gobierno sobrevivan más allá de un mandato presidencial.

El desembarco argentino

La presencia de Thiel coincide con una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: regímenes especiales para atraer inversiones, proyectos de reforma societaria, programas de digitalización estatal y acuerdos vinculados al uso de inteligencia artificial en la administración pública.

Sería incorrecto afirmar que estas iniciativas reproducen el modelo hondureño. Las diferencias jurídicas e institucionales son evidentes. Sin embargo, la comparación resulta útil para observar una tendencia común: la construcción de espacios normativos cada vez más excepcionales para determinados actores económicos y tecnológicos.

Los defensores de estos mecanismos sostienen que ningún país puede atraer inversiones de largo plazo sin ofrecer reglas previsibles y protección frente a cambios abruptos de orientación política. Sus críticos advierten que existe una diferencia entre garantizar seguridad jurídica y limitar la capacidad futura de los gobiernos para modificar regulaciones, redefinir políticas públicas o intervenir en sectores estratégicos cuando las circunstancias lo requieren.

La discusión sobre la soberanía

La experiencia de Próspera funciona como un laboratorio para observar estas tensiones. Lo que comenzó como un experimento de innovación institucional terminó convirtiéndose en una disputa sobre los límites de la autonomía privada frente a la autoridad estatal.

La discusión adquiere una dimensión adicional en una época en la que las grandes corporaciones tecnológicas concentran recursos económicos, capacidades de procesamiento de datos y herramientas de inteligencia artificial que históricamente estuvieron reservadas a los Estados.

Por eso el debate no gira únicamente en torno a impuestos, inversiones o crecimiento económico. Lo que está en juego es la distribución del poder de decisión entre instituciones democráticas, mercados globales y plataformas tecnológicas.

Una pregunta abierta

Tal vez la principal enseñanza del caso Próspera no sea la posibilidad de que aparezcan ciudades privadas en otros países. La lección más relevante podría ser otra: las discusiones sobre soberanía ya no pasan solamente por fronteras, ejércitos o recursos naturales.

Cada vez más, se desarrollan en el terreno de los datos, los marcos regulatorios, los arbitrajes internacionales y las tecnologías que organizan la vida económica y social.

En ese contexto, la presencia de figuras como Peter Thiel en Argentina, el impulso a nuevas formas de regulación económica y el creciente protagonismo de herramientas tecnológicas en la gestión pública invitan a formular una pregunta que todavía no tiene respuesta.

¿Estamos frente a una estrategia para atraer inversiones y modernizar la economía o ante los primeros pasos de una transformación más profunda en la relación entre Estado, mercado y soberanía?

La experiencia hondureña muestra que esa discusión, lejos de ser futurista, ya comenzó.

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El Gran Hermano de Milei: los riesgos detrás de los gemelos digitales sociales

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l Gobierno apuesta a sistemas de simulación social basados en inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos. El antecedente de Holanda, donde la Justicia frenó una herramienta similar por afectar la privacidad, y el pedido de información pública presentado por Agustín Rossi abren interrogantes sobre los límites democráticos de la iniciativa.

El gobierno de Javier Milei presentó los llamados “gemelos digitales sociales” como una herramienta de modernización del Estado. La expresión suena futurista, innovadora e incluso atractiva para quienes imaginan una gestión pública más eficiente. Sin embargo, detrás del lenguaje tecnológico emerge un debate mucho más profundo: ¿qué ocurre cuando un gobierno con escasa tolerancia a la crítica y una marcada concentración de poder adquiere herramientas capaces de observar, modelar y anticipar el comportamiento de millones de personas?

Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema real construida a partir de grandes volúmenes de información. En la industria se utiliza para simular el funcionamiento de fábricas, redes energéticas o cadenas logísticas. Aplicado a la sociedad, el concepto adquiere otra dimensión. Significa construir modelos digitales alimentados por datos económicos, sociales, demográficos y territoriales que permitan analizar comportamientos colectivos y proyectar escenarios futuros.

Sobre el papel, la idea parece razonable. Los defensores de estas herramientas sostienen que permiten diseñar mejores políticas públicas, prever crisis, optimizar recursos y evaluar el impacto potencial de distintas decisiones gubernamentales antes de implementarlas.

Pero la misma tecnología que permite planificar también puede utilizarse para vigilar.

La historia demuestra que ninguna herramienta de acumulación masiva de información permanece neutral cuando queda en manos de gobiernos con vocación de control. Y el problema no radica exclusivamente en la tecnología, sino en el contexto político en el que se desarrolla.

Desde su llegada al poder, Javier Milei construyó una narrativa que divide a la sociedad entre aliados y enemigos. Periodistas, científicos, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, movimientos feministas, artistas e incluso gobernadores han sido objeto de ataques sistemáticos desde las más altas esferas del Estado. La crítica política dejó de ser concebida como una práctica inherente a la democracia para convertirse, según el discurso oficial, en una amenaza a combatir.

En ese marco, resulta inevitable preguntarse cuáles serán los límites de sistemas capaces de procesar enormes cantidades de datos sobre la vida social.

Los defensores del proyecto responderán que la información será anonimizada y que existirán protocolos de protección. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. La experiencia internacional demuestra que la acumulación de datos genera inevitablemente tensiones entre eficiencia estatal y derechos individuales.

Los antecedentes sobran.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en los Países Bajos. En 2020, el Tribunal de La Haya declaró ilegal el sistema SyRI (System Risk Indication), una plataforma estatal diseñada para cruzar grandes bases de datos públicas con el objetivo de detectar posibles fraudes en programas sociales, beneficios fiscales y otras prestaciones estatales.

La justicia neerlandesa concluyó que el sistema vulneraba el derecho a la privacidad protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El fallo advirtió que la utilización de algoritmos para elaborar perfiles de riesgo sobre los ciudadanos carecía de suficientes garantías democráticas y de mecanismos adecuados de control y transparencia.

La decisión marcó un precedente internacional. Por primera vez, un tribunal frenó una herramienta de vigilancia algorítmica estatal al considerar que los riesgos para los derechos fundamentales superaban los beneficios prometidos por la administración pública.

La enseñanza es clara: incluso en democracias consolidadas, los sistemas de análisis masivo de datos pueden derivar en prácticas incompatibles con las libertades individuales cuando no existen controles rigurosos.

La pregunta que surge entonces es inevitable. Si una democracia como la neerlandesa consideró necesario poner límites judiciales a este tipo de tecnologías, ¿qué garantías ofrece un gobierno como el argentino, que concentra decisiones, descalifica permanentemente a quienes piensan distinto y mantiene una relación cada vez más conflictiva con los mecanismos de control institucional?

Las dudas ya comenzaron a trasladarse al terreno político.

El diputado nacional Agustín Rossi presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Entre otros puntos, solicitó información sobre los organismos involucrados, las fuentes de datos que serán utilizadas, los criterios de procesamiento de la información y los mecanismos previstos para proteger la privacidad de la ciudadanía.

El planteo resulta pertinente. Si el Estado avanza en la construcción de herramientas capaces de modelar dinámicas sociales mediante el procesamiento masivo de información, la transparencia debería ser una condición básica y no una concesión excepcional.

¿Qué datos se utilizarán? ¿Quiénes tendrán acceso a ellos? ¿Qué empresas participarán del desarrollo? ¿Qué organismos independientes auditarán el sistema? ¿Existirán mecanismos para evitar sesgos, discriminaciones o usos políticos de la información? Hasta el momento, las respuestas son escasas.

Y precisamente allí radica el principal problema.

La discusión no debería centrarse únicamente en algoritmos, inteligencia artificial o capacidad computacional. El verdadero debate es democrático. Las tecnologías nunca son neutrales. Reflejan los intereses, prioridades y objetivos de quienes las diseñan y administran.

Por eso, cuando un gobierno acumula información sobre la sociedad, la cuestión central no es qué puede hacer la herramienta, sino qué puede hacer el poder con ella.

La paradoja resulta difícil de ignorar. Una administración que se presenta como defensora de la libertad individual avanza simultáneamente hacia mecanismos que amplían la capacidad estatal de observar, registrar, analizar y predecir conductas colectivas. La libertad parece ser un principio irrenunciable cuando se trata del mercado, pero bastante más flexible cuando se trata de los datos de los ciudadanos.

No se trata de rechazar el avance tecnológico ni de promover visiones conspirativas. Sería absurdo desconocer el potencial de estas herramientas para mejorar políticas públicas. Sin embargo, también sería irresponsable ignorar los riesgos que implican cuando son impulsadas por gobiernos que muestran escasa vocación por la transparencia y el control institucional.

La experiencia internacional enseña que la frontera entre planificación y vigilancia puede ser mucho más delgada de lo que sugieren los discursos oficiales.

Por eso el interrogante central sigue abierto.

¿Estamos frente a una herramienta para construir mejores políticas públicas o ante el primer paso hacia una forma más sofisticada de monitoreo social?

George Orwell imaginó un Estado capaz de vigilar cada movimiento de sus ciudadanos a través de pantallas omnipresentes. Ocho décadas después, ya no hacen falta cámaras en cada esquina ni televisores que observen desde el living.

Alcanza con los datos.

Y el problema nunca fue la tecnología.

El problema siempre fue quién la controla.

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