Silvia Abaca

Periodista.

La independencia en liquidación

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¿Casualidad o definición política? Apenas veinticuatro horas después de encabezar los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, Javier Milei sostuvo que la Argentina “solamente produce dulce de leche y biromes” para justificar la apertura irrestricta de las importaciones. Más que un exabrupto, la frase pareció resumir una idea de país.

No describe a la Argentina. Describe el horizonte al que conduce un modelo económico que desalienta la producción, debilita la industria y resigna soberanía.

¿Qué se conmemora realmente cada 9 de Julio? ¿Una fecha del calendario o la decisión de un pueblo de construir su propio destino?

La independencia declarada en Tucumán en 1816 no fue solamente la ruptura con la Corona española. Fue la afirmación de un proyecto político que aspiraba a una Nación capaz de decidir por sí misma, de producir su riqueza y de sostener con trabajo propio su libertad.

No es casual que Manuel Belgrano, mucho antes de crear la bandera, fuera uno de los pensadores económicos más lúcidos del Río de la Plata. Defendía el desarrollo de la agricultura, el impulso de la industria y sostenía que las materias primas debían transformarse en el país para generar empleo y riqueza. Advertía que las naciones prósperas eran aquellas que agregaban valor a su producción y no se resignaban a exportar materias primas para importar manufacturas. Más de dos siglos después, esa enseñanza conserva una vigencia asombrosa.

Porque la Argentina no produce solamente dulce de leche y biromes. Produce reactores nucleares, satélites, maquinaria agrícola, medicamentos, software, biotecnología, tecnología médica, conocimiento científico y alimentos con alto valor agregado. Todo eso existe gracias al trabajo acumulado de generaciones de obreros, científicos, docentes, investigadores, técnicos, universidades públicas, cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

Y hay una ironía que el propio Presidente parece haber pasado por alto.

La birome, convertida por Milei en símbolo de la producción nacional, dejó de fabricarse en la Argentina hacia fines de la década de 1990, cuando BIC concentró su producción regional principalmente en Brasil y México y mantuvo en nuestro país únicamente sus operaciones comerciales. Aquella decisión fue consecuencia de un proceso de apertura económica y desindustrialización impulsado durante la convertibilidad. Sin proponérselo, Milei eligió como ejemplo un producto cuya fabricación desapareció del país como resultado de políticas muy parecidas a las que hoy reivindica.

Los números tampoco acompañan el relato oficial. La Unión Industrial Argentina advirtió que la actividad industrial volvió a caer en mayo y acumula un año de estancamiento. La producción retrocedió tanto en la comparación interanual como respecto del mes anterior, mientras la entidad alertó sobre la persistente debilidad de la demanda interna y el impacto que tiene el aumento de las importaciones sobre la industria nacional. Detrás de esos indicadores hay fábricas que trabajan por debajo de su capacidad, pymes que bajan sus persianas, trabajadores que pierden su empleo y conocimientos que el país tardó décadas en construir. No es una discusión ideológica. Es el costo concreto de un modelo económico que debilita la capacidad nacional de producir.

Cada vez más economistas advierten sobre el riesgo de consolidar una economía crecientemente primarizada: un país que exporta recursos naturales sin transformar, pierde peso industrial, genera empleo de menor calidad y depende cada vez más de la tecnología producida por otros. En otras palabras, una economía que resigna soberanía en nombre de una supuesta eficiencia del mercado.

Arturo Jauretche llamaba “zonceras” a aquellas ideas que lograban convencer a los argentinos de desconfiar de sí mismos y de creer que todo lo nacional era necesariamente inferior. No se refería solamente a prejuicios culturales. Hablaba de construcciones ideológicas que terminaban justificando políticas contrarias al interés nacional. Presentar a la Argentina como un país incapaz de producir otra cosa que dulce de leche y biromes parece inscribirse en esa lógica: instalar que el desarrollo industrial es una ilusión y que el único destino posible consiste en importar lo que otros fabrican.

Raúl Scalabrini Ortiz fue todavía más lejos. Sostuvo que la dependencia económica termina condicionando inevitablemente la soberanía política. Cuando un país pierde el control de su producción, de sus recursos estratégicos y de las decisiones sobre su economía, también pierde capacidad para decidir libremente su destino.

En la misma línea, Arturo Enrique Sampay entendía que la independencia política sólo podía sostenerse sobre una organización económica orientada al bien común. La Constitución de 1949 expresó esa convicción: la libertad de una Nación no podía reducirse a una declaración formal si los resortes fundamentales de la economía quedaban subordinados a intereses ajenos.

Nadie discute la necesidad de comerciar con el mundo. La Argentina siempre lo hizo y debe seguir haciéndolo. La verdadera discusión es otra: ¿desde qué lugar nos insertamos en ese mundo? ¿Como un país que exporta ciencia, tecnología, industria, conocimiento y trabajo argentino, o como uno que vende materias primas e importa cada vez más bienes elaborados?

Esa es la discusión que la frase presidencial pretendió simplificar.

Quizás dentro de algunos años nadie recuerde aquella declaración sobre el dulce de leche y las biromes. Lo que sí recordaremos será si la Argentina siguió cerrando fábricas o volvió a abrirlas; si continuó expulsando científicos, técnicos y trabajadores calificados o recuperó la decisión de invertir en su propio desarrollo; si aceptó resignarse a un papel periférico o volvió a creer en sus capacidades.

La independencia no se liquida de un día para otro. Se liquida cuando una Nación deja de creer en su capacidad para producir, investigar, innovar y agregar valor. Cuando acepta que otros fabriquen mientras ella apenas exporta lo que la naturaleza le dio.

Doscientos diez años después de la Declaración de la Independencia, esa sigue siendo la discusión de fondo. No sobre el dulce de leche ni sobre las biromes. Sobre el país que queremos construir. Porque la soberanía no se declama: se ejerce. Y la independencia no se celebra solamente cada 9 de Julio; se defiende todos los días, con trabajo, con industria, con ciencia, con educación y con la decisión política de que la Argentina vuelva a creer en sí misma.

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La pedagogía de la crueldad

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Hay frases que resumen una época. Cuando el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que frente al aumento del gas las familias deberán “tratar de abrigarse más”, no cometió un error comunicacional ni una imprudencia. Puso en palabras la esencia de un modelo de gobierno que ha decidido convertir la crueldad en política de Estado.

No se trata solamente del gas. Tampoco de la electricidad, el agua o los alimentos que aumentan mientras los salarios y las jubilaciones continúan perdiendo poder adquisitivo. La frase sintetiza una forma de concebir la sociedad: quien no puede pagar, que se arregle como pueda. El Estado deja de garantizar derechos para convertirse en un simple espectador del mercado.

La misma lógica atraviesa los despidos masivos en organismos estratégicos como el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica. No es un ajuste administrativo. Es el desmantelamiento deliberado de capacidades científicas y tecnológicas construidas durante décadas, la expulsión de investigadores altamente calificados y la renuncia a un proyecto de desarrollo soberano.

La crueldad también se expresa cuando miles de personas con discapacidad deben volver a demostrar una y otra vez que necesitan una pensión para vivir; cuando los jubilados son sistemáticamente condenados a perder ingresos mientras se les responde con represión cada vez que reclaman; cuando el acceso a la salud, a los medicamentos o a los servicios públicos deja de ser un derecho para transformarse en un privilegio reservado a quienes pueden pagarlo.

Cada una de estas decisiones parece responder a un conflicto distinto. Sin embargo, todas forman parte de un mismo programa político. No gobiernan a pesar de la crueldad: gobiernan mediante la crueldad.

La historia argentina conoce de sobra los proyectos que utilizaron el miedo como herramienta de disciplinamiento social. La última dictadura cívico-militar recurrió al terrorismo de Estado para imponer un modelo económico de concentración y endeudamiento. Durante la década de 1990, el desempleo masivo operó como un mecanismo de control sobre el mundo del trabajo: millones aceptaban cualquier condición laboral porque sabían que detrás de ellos había otro dispuesto a ocupar su lugar. Cada etapa construyó sus propios instrumentos de disciplinamiento.

La diferencia del presente radica en que el castigo ya no se oculta: se exhibe. Se comunica. Se celebra. La humillación del otro se convierte en espectáculo y en mensaje político. La antropóloga Rita Segato denomina a este fenómeno “la pedagogía de la crueldad”: un proceso mediante el cual el sufrimiento de unos funciona como advertencia para el conjunto de la sociedad. La crueldad deja de perseguir únicamente a la víctima inmediata y se transforma en una lección dirigida a todos.

Algo similar advirtió Hannah Arendt al estudiar los regímenes autoritarios del siglo XX. La deshumanización comienza cuando determinados grupos dejan de ser considerados sujetos de derechos para convertirse en categorías descartables. El científico pasa a ser “la casta”; el jubilado, un costo fiscal; la persona con discapacidad, una sospechosa; el trabajador estatal, un privilegio a eliminar. Antes de atacar derechos, se despoja a las personas de su condición de semejantes.

La crueldad, además, necesita ser exhibida. No alcanza con despedir científicos; hay que ridiculizarlos. No basta con ajustar a los jubilados; hay que descalificar sus reclamos. No es suficiente revisar pensiones por discapacidad; hay que instalar previamente la sospecha de que quienes las perciben son potenciales estafadores. La humillación deja de ser un efecto colateral para convertirse en una herramienta de comunicación política.

El mensaje está dirigido a toda la sociedad: nadie está a salvo. Hoy son los investigadores, ayer fueron los trabajadores estatales, los docentes, los artistas, las organizaciones sociales o los jubilados. Mañana podrá ser cualquier otro sector. La construcción permanente de enemigos internos busca fragmentar a la sociedad para impedir que advierta que todos están siendo alcanzados por un mismo proceso de concentración económica y de transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos.

No sorprende, entonces, que el propio Javier Milei haya celebrado recientemente que su gobierno “logró hacer cosas que ni los militares lograron hacer”. Más allá de la polémica que provocó la frase, la comparación resulta reveladora porque expresa la voluntad de avanzar sobre derechos, instituciones y consensos construidos durante cuarenta años de democracia. No se trata de establecer equivalencias simplistas entre procesos históricos profundamente distintos, sino de advertir que el propio Presidente eligió a la dictadura como parámetro para medir la profundidad de sus reformas.

En ese marco también adquieren significado los gestos políticos. La inédita presencia de Milei en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada de ese país no constituye un simple acto protocolar. Expresa una concepción del mundo. Mientras puertas adentro se desmantelan organismos científicos, se debilitan capacidades estratégicas, se ajusta sobre jubilados, trabajadores y personas con discapacidad, puertas afuera se exhibe un alineamiento sin matices con los grandes centros del poder económico y político internacional.

No es casualidad. El proyecto económico necesita un Estado reducido a su mínima expresión, incapaz de regular mercados, proteger la producción nacional, impulsar la investigación científica o garantizar derechos sociales. Necesita también una sociedad resignada, individualista y convencida de que el sufrimiento propio y ajeno es una consecuencia natural del mérito o del fracaso personal.

Por eso el verdadero debate no pasa únicamente por una tarifa, un despido o una pensión. Lo que está en discusión es el modelo de país. Uno donde la ciencia sea considerada un gasto y no una inversión; donde la discapacidad despierte sospechas antes que solidaridad; donde envejecer signifique pobreza; donde la energía, el agua y el gas sean mercancías antes que derechos esenciales.

Gobernar es elegir. Este gobierno eligió que el mercado valga más que las personas, que el equilibrio fiscal pese más que la dignidad y que la obediencia sea más importante que la solidaridad.

Quizá por eso la frase “abríguense más” provocó tanta indignación. No porque hablara del frío, sino porque hablaba de un país. Un país donde el Estado ya no protege, sino que observa; donde el mercado reemplaza a la solidaridad; donde la crueldad deja de ser un exceso para convertirse en virtud política. Y cuando el propio Presidente reivindica haber avanzado donde —según sus palabras— “ni los militares lograron hacerlo”, el sentido de esas políticas aparece con mayor claridad. El daño ya no es solamente económico. Es moral, cultural y democrático. Porque cuando una sociedad termina aceptando el sufrimiento de los más vulnerables como algo natural, la crueldad deja de ser un método de gobierno para convertirse en una forma de organización social.

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Se fue Adorni, pero el modelo y los modales quedan

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La renuncia de Manuel Adorni, acorralado por las denuncias de corrupción que incluso trascendieron a la prensa internacional, representa un fuerte golpe político para el gobierno de Javier Milei. No porque el oficialismo haya decidido actuar con transparencia, sino porque el costo de sostenerlo se volvió demasiado alto. El relato de la superioridad moral terminó chocando con los hechos.

Sin embargo, sería un error creer que con la salida de Adorni termina el problema. Los funcionarios pasan; el modelo y los modales permanecen.

Adorni fue mucho más que un vocero y luego jefe de Gabinete. Fue la expresión más acabada de una forma de ejercer el poder: el agravio como método, la mentira como herramienta política, el desprecio por el debate democrático, la descalificación permanente de periodistas, opositores, universidades, científicos y todo aquel que se animara a cuestionar al Gobierno. La violencia verbal no fue un exceso personal: fue una política de Estado.

Tampoco la corrupción puede leerse como un hecho aislado. Cuando un gobierno concentra poder, debilita los organismos de control, desprecia las instituciones y convierte la ética pública en un eslogan, las condiciones para los abusos quedan servidas. La caída de Adorni no desnuda únicamente la conducta de un funcionario; expone las contradicciones de un proyecto que llegó prometiendo terminar con “la casta” mientras reproduce viejas prácticas con nuevos protagonistas.

El periódico londinense Financial Times calificó el caso como el escándalo de corrupción más perjudicial para la administración Milei hasta el momento, un reconocimiento internacional del deterioro de una imagen construida sobre la supuesta superioridad moral del oficialismo.

Pero el problema de fondo no es solamente institucional. El modelo que representa este gobierno tiene ganadores y perdedores muy claros. Mientras millones de argentinos ven deteriorarse sus ingresos, pierden el empleo, cierran pequeñas y medianas empresas y se desfinancian la salud, la educación y la ciencia, un puñado de grandes grupos económicos multiplica sus beneficios. La transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital concentrado no es un efecto colateral: es el núcleo del programa económico.

Por eso los sectores de mayor poder económico siguen respaldando al Gobierno aun cuando se acumulan los escándalos de corrupción. Lo que está en juego para ellos no es la permanencia de un funcionario, sino la continuidad de un proyecto basado en el ajuste sobre jubilados y trabajadores; la desregulación en beneficio de las corporaciones extractivistas y tecnofeudales; la privatización de empresas y recursos estratégicos; la apertura indiscriminada de la economía; el endeudamiento y una creciente pérdida de soberanía. Mientras ese rumbo permanezca intacto, los nombres propios serán apenas piezas reemplazables de un mismo engranaje.

Los grandes grupos económicos no están enamorados de Milei. Están enamorados de sus negocios. Están comprometidos con un programa de ajuste, desregulación, privatizaciones y concentración de la riqueza. Si Milei deja de ser funcional, buscarán otro rostro para administrar el mismo proyecto. Los nombres pueden cambiar; los intereses que representan, no.

Por eso la discusión de fondo no pasa por la caída de Adorni. Pasa por el país que se está construyendo. Porque Adorni se fue, pero el modelo de exclusión social, concentración económica y entrega del patrimonio nacional sigue en marcha. Y mientras ese modelo permanezca intacto, la salida de un funcionario será apenas un cambio de nombres, nunca un cambio de rumbo.

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La Argentina de los relatos instantáneos

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Mientras Javier Milei aprovechaba el Día de la Bandera para presentar a Manuel Belgrano como una suerte de precursor libertario, una parte importante de los argentinos seguía haciendo malabares para pagar la tarjeta, comprar alimentos o sostener un pequeño comercio que vende cada vez menos.

No se trata solamente de una discusión histórica.

Porque cuando el gobierno intenta convertir a Belgrano en un profeta del libre mercado no está hablando del pasado: está intentando apropiarse del presente.

La batalla es por el sentido.

Belgrano ya no es Belgrano.

San Martín ya no es San Martín.

La historia deja de ser un campo de estudio para convertirse en un arsenal de citas útiles para justificar un proyecto político.

Y sin embargo, el problema más profundo no es la reinterpretación histórica.

Es que vivimos en una época donde los hechos tienen cada vez menos importancia.

La reciente operación sobre la supuesta muerte de Jorge Messi volvió a demostrarlo.

Un rumor surgido de las usinas digitales de la derecha se expandió por redes sociales, atravesó medios de comunicación, llegó a programas de televisión y terminó siendo repetido por figuras públicas que no verificaron absolutamente nada. Entre ellas, Florencia Peña.

La noticia era falsa.

Pero para cuando la verdad apareció, la mentira ya había recorrido el país.

No fue un accidente.

Fue una radiografía de época.

La información ya no circula para explicar la realidad.

Circula para producir efectos.

Lo importante no es que algo sea cierto.

Lo importante es que sea viral.

Y cuanto más indignación, miedo o enojo produzca, mejor.

La misma lógica atraviesa la política argentina desde hace años.

La condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner fueron presentadas como el triunfo definitivo de la República. Sin embargo, lejos de terminar allí, comenzó una nueva etapa.

Ahora aparecen filtraciones permanentes, amenazas de endurecimiento de condiciones, especulaciones sobre cárceles comunes, restricciones y castigos ejemplificadores.

No alcanza con condenar.

Hay que humillar.

No alcanza con excluir.

Hay que disciplinar.

La figura de Cristina sigue ocupando un lugar central en el sistema político argentino precisamente porque continúa representando algo que una parte importante del poder económico, mediático y judicial necesita derrotar simbólicamente.

Lo que está en juego no es una persona.

Es la posibilidad de transmitir una advertencia.

Que nadie vuelva a intentar cuestionar determinados privilegios.

Que nadie vuelva a discutir determinadas relaciones de poder.

Que nadie vuelva a construir una mayoría política capaz de disputar la distribución de la riqueza.

El mensaje es claro.

Y está dirigido a toda la dirigencia política.

Mientras tanto, la economía sigue siendo presentada como el gran éxito del gobierno.

Los números macroeconómicos mejoran.

La inflación desciende.

El equilibrio fiscal se transforma en una bandera.

Los mercados sonríen.

Pero basta caminar algunas cuadras para encontrar otra realidad.

Comercios vacíos.

PyMEs en dificultades y que cierran con la consiguiente desocupación.

Trabajadores que llegan al día veinte sin dinero.

Jubilados que eligen qué medicamento dejar de comprar.

Profesionales con dos o tres empleos para sostener ingresos que hace pocos años alcanzaban con uno.

La macro festeja.

La micro sobrevive.

Y esa contradicción debería generar un enorme desgaste político.

Sin embargo, ocurre a medias.

O al menos no ocurre con la velocidad que muchos quisieran.

Entonces aparece la pregunta incómoda.

¿Por qué la ultraderecha sigue ganando elecciones incluso cuando buena parte de la sociedad vive peor?

Porque las elecciones ya no se definen únicamente por la economía.

Se definen por el sentido común.

Durante décadas el campo nacional y popular asumió que las personas votaban principalmente según sus intereses materiales.

La realidad mostró algo diferente.

Las personas también votan identidades.

Votan emociones.

Votan pertenencias.

Votan miedos.

Votan frustraciones.

Votan broncas.

Y sobre todo votan relatos que les permitan darle una explicación sencilla a problemas complejos.

La derecha contemporánea comprendió esto mucho antes que sus adversarios.

Por eso construye enemigos.

Los movimientos sociales.

Las universidades.

Los sindicatos y los sindicalistas.

Los organismos de derechos humanos.

Los periodistas críticos.

Los artistas.

Los científicos.

El feminismo.

Siempre existe alguien a quien responsabilizar.

Y cuando la realidad contradice el relato, simplemente se produce otro relato.

Más rápido.

Más agresivo.

Más emocional.

En ese esquema, Manuel Adorni ya ni siquiera necesita ocupar diariamente el atril de la vocería presidencial. Su paso por ese lugar cumplió una función fundamental para el proyecto libertario: naturalizar una forma de comunicación basada en la provocación permanente, la simplificación extrema y la deslegitimación sistemática del adversario.

Hoy, desde la Jefatura de Gabinete, continúa formando parte de una maquinaria comunicacional que ya no depende de una sola persona.

El método quedó instalado.

Las redes amplifican.

Los influencers reproducen.

Los medios aliados legitiman.

Los algoritmos premian.

Y la realidad queda muchas veces atrapada detrás de esa enorme fábrica de percepciones.

Las denuncias, contradicciones y polémicas que periódicamente rodean a Adorni y a otros funcionarios tampoco son un dato menor. Muchas veces apenas alcanzan a ocupar algunos titulares antes de ser reemplazadas por una nueva controversia.

Todo dura horas.

Nada permanece.

Y ahí aparece otro fenómeno central para comprender esta época.

La saturación.

La política convertida en una cinta transportadora de polémicas.

Cada día surge una nueva discusión, una nueva provocación, una nueva denuncia, una nueva cortina de humo.

La velocidad es tan grande que resulta imposible procesarlo todo.

Y mientras la opinión pública corre detrás de cada episodio, las decisiones estratégicas avanzan.

Nos pasan elefantes por delante de los ojos.

La discusión sobre el futuro del Río Paraná y la Hidrovía es uno de los ejemplos más evidentes. Estamos hablando de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, una herramienta clave para la soberanía económica y el desarrollo nacional.

Sin embargo, decisiones de enorme trascendencia quedan relegadas a espacios especializados mientras la conversación pública es absorbida por la polémica del día, el tuit de la hora o la provocación de turno.

No es casual.

La política espectáculo tiene una ventaja extraordinaria para quienes gobiernan.

Convierte lo urgente en permanente y vuelve invisible lo importante.

Cuando la sociedad está mirando fuegos artificiales, las transformaciones profundas avanzan sin demasiada resistencia.

Y cuando finalmente se advierten sus consecuencias, muchas veces ya es tarde para impedirlas.

Por eso la discusión central de la Argentina actual no es solamente económica.

Es cultural.

Es una disputa por la verdad.

Por la memoria.

Por la historia.

Por el sentido común.

Por la capacidad de distinguir entre información y propaganda.

Entre debate y operación.

Entre política y espectáculo.

Porque mientras una parte del país sigue discutiendo datos, otra parte está construyendo emociones.

Y hasta ahora, las emociones vienen ganando.

Tal vez allí se encuentre una de las claves de nuestro tiempo.

No nos gobiernan solamente con ajuste.

No nos gobiernan solamente con decretos.

No nos gobiernan solamente con relatos.

También nos gobiernan administrando nuestra atención.

Decidiendo qué vemos.

Qué discutimos.

Qué nos indigna.

Y, sobre todo, qué dejamos de mirar.

Porque mientras el país debate la polémica del día, los elefantes siguen pasando.

Y casi nadie parece dispuesto a hablar de ellos.

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La crueldad y la coartada

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Hay gobiernos que intentan resolver problemas. Y hay gobiernos que parecen necesitar culpables.

La semana pasada dejó dos escenas que, a primera vista, no tienen relación entre sí. Por un lado, cientos de miles de personas desfilan en el Polideportivo Gatica de Avellaneda despidiendo al Indio Solari en una de las manifestaciones populares más conmovedoras de los últimos años. Por el otro, Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, intentando explicar inconsistencias patrimoniales que ya no ocupan solamente las páginas de los diarios sino también despachos judiciales y pasillos del Congreso.

Sin embargo, ambas escenas revelan una misma lógica política.

Durante días, dirigentes, comunicadores y militantes libertarios parecían esperar que el velatorio del Indio terminara mal. Que hubiera incidentes. Que aparecieran imágenes de caos. Que alguien pudiera responsabilizar a Axel Kicillof, a Máximo Kirchner o al kirchnerismo en general. Que se apareciera otro “muerto” que pudiera ser tapa.

No se trataba de comprender un fenómeno cultural ni de acompañar el dolor de cientos de miles de personas. Parecía tratarse de otra cosa: la expectativa de encontrar una nueva excusa para alimentar la maquinaria del odio.

Pero los incidentes no llegaron. El pueblo despidió a uno de sus artistas más queridos con respeto, emoción y una organización que desarmó los pronósticos más agoreros.

Y entonces el interés desapareció.

La crueldad política tiene esa característica: necesita permanentemente que algo salga mal. Necesita enemigos. Necesita culpables. Necesita convertir cada acontecimiento social en una oportunidad para señalar con el dedo.

Tal vez por eso algunos deseaban el fracaso de aquella despedida. Porque representaba algo que el oficialismo no comprende del todo y muchas veces desprecia: una comunidad construida desde abajo, una identidad popular imposible de controlar, ordenar o convertir en mercancía política.

La misma lógica, pero en sentido contrario, aparece hoy en torno a Manuel Adorni.

No estamos hablando de un asesor secundario ni de un funcionario perdido en algún rincón del Estado. Estamos hablando del jefe de Gabinete de la Nación. Del funcionario encargado de coordinar la administración pública y de rendir cuentas ante el Congreso.

Las investigaciones periodísticas publicadas en los últimos días abrieron interrogantes sobre la evolución de su patrimonio, las criptomonedas utilizadas para justificar parte de ese crecimiento y las explicaciones posteriores vinculadas a una herencia familiar. A partir de allí, la Justicia avanzó con medidas para reconstruir el origen de esos bienes y verificar la consistencia de la información presentada.

No corresponde anticipar culpabilidades. Para eso existen los jueces, los fiscales y las pruebas.

Pero sí corresponde señalar una evidencia política.

El gobierno que construyó buena parte de su identidad alrededor de la transparencia y de la denuncia permanente contra “la casta” parece haber perdido súbitamente el entusiasmo por las explicaciones cuando las preguntas alcanzan a uno de los propios.

Las mismas voces que durante años exigieron condenas inmediatas frente a cualquier denuncia contra dirigentes opositores ahora reclaman prudencia, paciencia y comprensión.

La sospecha ya no alcanza.

La duda ya no basta.

Las preguntas ya no son bienvenidas.

La fuerza de Javier Milei no nació solamente de una propuesta económica. Nació también de una promesa moral. La promesa de que habría una vara para todos. De que los privilegios se terminarían. De que las explicaciones que antes parecían inadmisibles dejarían de ser aceptadas por el simple hecho de provenir del poder.

Por eso el caso Adorni genera ruido incluso entre quienes acompañaron al oficialismo. No porque exista una condena ni una certeza judicial definitiva, sino porque reaparecen mecanismos demasiado conocidos: rectificaciones tardías, explicaciones cambiantes, respaldos incondicionales y una resistencia creciente a rendir cuentas.

Y existe además un problema político que el oficialismo difícilmente pueda esquivar.

Durante la campaña legislativa de 2025, La Libertad Avanza eligió una consigna tan simple como contundente: “Adorni es Milei”.

No era una frase casual. Buscaba transmitir que el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete no era un funcionario más, sino una expresión directa del proyecto político encabezado por el Presidente.

Por eso resulta difícil presentar hoy el caso como una cuestión individual.

Si Adorni era Milei cuando se pedían votos, también lo es cuando aparecen preguntas incómodas.

Y si Milei decidió convertirlo en uno de los rostros centrales de su proyecto político, resulta inevitable que las explicaciones pendientes del jefe de Gabinete terminen proyectándose sobre el propio gobierno.

Más aún cuando fue el propio Adorni quien compareció ante la Cámara de Diputados, a fines de abril, para brindar su informe de gestión y ofrecer explicaciones que hoy aparecen severamente cuestionadas por la información que fue surgiendo posteriormente.

Mientras tanto, en el Congreso avanzan iniciativas para interpelarlo e incluso sectores opositores analizan la posibilidad de impulsar una moción de censura y eyectarlo del cargo, mecanismo previsto en la Constitución Nacional. El problema dejó de ser una controversia periodística para convertirse en una cuestión institucional.

Y alrededor del caso empiezan a multiplicarse otras interpretaciones. Algunos observadores sostienen que la exposición permanente de Adorni también expresa tensiones internas dentro del propio universo libertario. Otros creen que la centralidad del tema contribuye a desplazar de la agenda asuntos que golpean cotidianamente a millones de argentinos: la caída del consumo, el deterioro de los ingresos, la recesión, el empleo y las consecuencias sociales del ajuste.

Tal vez ambas cosas sean ciertas.

Pero incluso si así fuera, nada modifica la cuestión de fondo.

La pregunta ya no es solamente qué ocurrió con las criptomonedas, las declaraciones juradas o la herencia.

La pregunta es por qué quienes hicieron de la transparencia una bandera consideran ahora que pedir explicaciones constituye una agresión política.

Y la respuesta parece encontrarse en la misma lógica que atravesó el velatorio del Indio.

Para los adversarios, la sospecha equivale a condena.

Para los propios, la sospecha exige comprensión.

Para unos, el escarnio público.

Para otros, el beneficio infinito de la duda.

No es una contradicción.

Es un método.

La crueldad para los otros.

La indulgencia para los propios.

La condena anticipada para los adversarios.

La presunción eterna para los aliados.

El problema para Milei no es solamente Adorni.

El problema es que los gobiernos pueden sobrevivir a una denuncia, a una investigación o incluso a un escándalo.

Lo que rara vez sobreviven es a la pérdida de autoridad moral.

Porque cuando la vara deja de medir conductas y empieza a medir pertenencias, la promesa de cambio se convierte apenas en un cambio de nombres.

Y cuando el fracaso ajeno se convierte en una esperanza mientras las explicaciones propias se vuelven innecesarias, la política deja de ser una herramienta para transformar la realidad.

Se transforma en algo mucho más peligroso: una maquinaria dedicada a producir impunidad para unos y castigo para otros.

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