Silvia Abaca

Periodista.

Venezuela y el derecho a decidir su propio destino

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Hablar de Venezuela exige, antes que nada, un ejercicio de honestidad política y moral. Durante años, el debate internacional estuvo dominado por consignas simplificadoras, etiquetas funcionales y relatos construidos desde afuera, casi siempre al servicio de intereses geopolíticos ajenos a la vida real de millones de personas.

En ese ruido permanente, el pueblo venezolano fue sistemáticamente borrado: reducido a cifra estadística, convertido en excusa diplomática o señalado como amenaza. Rara vez reconocido como lo que es: un sujeto histórico que resiste.

Y, sin embargo, Venezuela sigue viva en su gente.

Vive en quienes cada día sostienen la vida en condiciones adversas. En trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la inflación y la incertidumbre. En madres, abuelas y jóvenes que organizaron la existencia cotidiana con una mezcla de ingenio, solidaridad y dignidad. Vive en los barrios, en las comunidades, en la cultura popular que no se apaga, en la decisión de quedarse y también en la de migrar sin romper el lazo con la tierra propia, porque no todos los migrantes son los que vemos festejar en el Obelisco. Esa resistencia no es una consigna: es una práctica diaria.

Durante años, una de las herramientas más violentas para deshumanizar a Venezuela fue la construcción de una narrativa que presentó al país como un “Estado criminal”, dominado por un supuesto Cartel de los Soles. Esa etiqueta operó como un dispositivo político: justificó sanciones económicas, aislamiento internacional y castigos colectivos que nunca golpearon a los sectores acomodados, sino directamente al pueblo.

Por eso no es un dato menor que, recientemente, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos haya dejado de sostener que el llamado Cartel de los Soles exista como una organización criminal real y estructurada, comparable a los grandes cárteles del narcotráfico de la región. Que hoy se reconozca —aunque sea de manera implícita— que se trató de una construcción sin sustento jurídico sólido expone algo más profundo: la fragilidad de un relato que durante años fue utilizado para legitimar el asedio a un país entero.

Este reconocimiento no niega los problemas reales de Venezuela. No absuelve errores, tensiones internas ni desafíos pendientes. Pero sí derrumba una coartada. Porque cuando se desmonta la ficción del “Estado narco”, queda al desnudo lo que realmente ocurrió: el uso del castigo económico y político como forma de disciplinamiento, con consecuencias devastadoras sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Las sanciones no son abstractas. Tienen rostro. Son menos medicamentos, menos insumos, más dificultades para producir, para importar alimentos, para sostener servicios básicos. Son salarios pulverizados y proyectos truncos. Y, aun así, el pueblo venezolano resistió. No se quebró. No desapareció. No se resignó a la narrativa que otros escribieron para él.

Resistió porque existe una memoria histórica de luchas populares. Porque hay organización social, identidad colectiva y conciencia política. Porque, incluso bajo presión extrema, Venezuela siguió apostando a resolver sus conflictos sin tutela extranjera. Porque el pueblo entendió que ninguna sanción “humanitaria” puede justificar la carencia, ni ningún bloqueo puede presentarse como defensa de la democracia.

Hoy, cuando algunas de las narrativas más agresivas empiezan a resquebrajarse, es imprescindible decirlo con claridad: las sanciones contra Venezuela no fueron un error, fueron una decisión política consciente, y su objetivo nunca fue proteger derechos humanos, sino forzar un cambio de régimen a cualquier costo. El costo lo pagó el pueblo.

Por eso, no hay salida para Venezuela desde el castigo externo ni desde el intervencionismo encubierto. No hay futuro posible mientras se siga usando al pueblo como rehén de disputas geopolíticas. La autodeterminación no es un eslogan: es una condición básica para la dignidad de los pueblos.

Venezuela no es un expediente judicial, ni un laboratorio de sanciones, ni un titular armado en Washington. Venezuela es su pueblo. Y ese pueblo, pese a todo, sigue resistiendo, viviendo y defendiendo su derecho a decidir su propio destino.

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Balance de fin de año: la mentira como política de gobierno

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Al finalizar el año, el gobierno de Javier Milei intenta imponer un balance triunfalista basado en una narrativa cuidadosamente construida. Según el relato oficial, la Argentina estaba “al borde de la hiperinflación”, el ajuste era inevitable y la desaceleración posterior de los precios constituye un éxito incuestionable. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos muestra otra realidad: decisiones políticas concretas que agravaron la crisis social, una fuerte transferencia de ingresos y una estrategia sistemática de distorsión de la verdad para eludir responsabilidades.

La mentira no aparece como un desliz ocasional, sino como un método de gobierno.

Inflación: el pico fue una decisión política

Argentina no llegó a la hiperinflación en 2023 como dijo Milei. La inflación era muy elevada, sin duda, pero no existían las condiciones técnicas ni económicas que definen un proceso hiperinflacionario. Esa afirmación, repetida hasta el cansancio por Milei y su gabinete, cumplió una función política clara: exagerar la herencia para justificar un shock de ajuste sin precedentes.

El dato que el gobierno omite deliberadamente es central: el mayor salto inflacionario se produjo en diciembre de 2023, cuando Javier Milei ya había asumido la Presidencia. Ese mes, los precios se dispararon como consecuencia directa de una devaluación superior al 100%, combinada con la liberación de precios regulados y el inicio de los tarifazos. No fue una fatalidad heredada: fue una decisión política consciente, tomada en nombre del llamado “sinceramiento” económico.

El oficialismo incorporó luego ese pico inflacionario —provocado por sus propias medidas— al paquete de la “herencia recibida”, y se atribuyó como mérito la desaceleración posterior. Primero provocó el shock, después celebró la comparación contra el daño autoinfligido.

Desaceleración sin recuperación

Es cierto que la inflación se desaceleró con el correr de los meses. Pero esa desaceleración ocurrió sobre un piso social devastado. Los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos populares quedaron muy por detrás del aumento de precios acumulado tras la devaluación inicial. La inflación bajó, pero el poder adquisitivo no se recuperó.

El ajuste operó fundamentalmente a través de la licuación de ingresos. Jubilados que perdieron capacidad de compra mes tras mes, trabajadores formales con paritarias a la baja, trabajadores informales directamente expulsados del consumo básico. La inflación dejó de correr, pero el daño ya estaba hecho.

Pobreza y empleo: el uso político de los números

El gobierno celebró cifras de pobreza en descenso, pero evita explicar cómo se construyen esos datos y qué esconden. La baja estadística no implica una mejora estructural de las condiciones de vida. El empleo no crece, cada vez se precariza más, con altos niveles de informalidad y salarios deprimidos. La pobreza por ingresos puede reducirse marginalmente, mientras se consolida una pobreza estructural más profunda, con menos derechos, menos protección social y mayor vulnerabilidad.

Una vez más, el patrón se repite: usar indicadores parciales para construir un relato de éxito, mientras se ignoran las consecuencias de largo plazo del ajuste. Y encima con una inflación que no logran controlar por más que “dibujen” los números.

El relato como sustituto de la gestión

La mentira como política de gobierno no se limita a la economía. Atraviesa la política exterior, donde se anuncian apoyos y alianzas que no se traducen en beneficios concretos; y el plano institucional, donde se desacredita sistemáticamente a periodistas, opositores, sindicatos y organizaciones sociales para deslegitimar cualquier crítica.

Gobernar, para Milei, parece reducirse a ganar la batalla del relato, no a resolver los problemas reales. Cuando los datos no convienen, se reinterpretan. Cuando las consecuencias son evidentes, se niegan. Cuando la responsabilidad es propia, se la adjudica al pasado.

Balance final

El balance de fin de año no admite ambigüedades: el gobierno de Javier Milei eligió mentir. Eligió falsear la herencia, ocultar el impacto de sus propias decisiones y presentar como éxito lo que en realidad fue una brutal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. La inflación de diciembre de 2023 no fue un accidente ni una fatalidad: fue el punto de partida deliberado de un programa que licuó salarios, jubilaciones y derechos.

La mentira dejó de ser un recurso discursivo para convertirse en arquitectura de gobierno. Se miente para justificar el ajuste, se miente para disciplinar socialmente, se miente para naturalizar el empobrecimiento y se miente para clausurar cualquier discusión democrática sobre alternativas posibles. El relato libertario no busca explicar la realidad: busca imponer resignación.

Frente a un gobierno que gobierna a fuerza de engaño, provocación y violencia simbólica, decir la verdad se vuelve un acto político. Nombrar las consecuencias del ajuste, señalar a los responsables y disputar el sentido común no es una cuestión retórica: es una tarea urgente. Porque cuando la mentira se institucionaliza, la democracia se vacía, y el costo lo paga —otra vez— el pueblo argentino.

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La soberbia es mala consejera

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Las últimas actuaciones del oficialismo en el Congreso no pueden leerse como episodios aislados ni como simples errores de cálculo parlamentario. Lo que se observa, con creciente nitidez, es el costo político de una estrategia basada en la imposición, el desprecio por los consensos y una confianza desmedida en la capacidad de disciplinamiento. Cuando la soberbia reemplaza a la política, el resultado suele ser el mismo: retrocesos, fracturas y pérdida de control de la agenda.

La primera señal fue clara en la Cámara de Diputados. El Gobierno logró aprobar en general el Presupuesto, pero sufrió una derrota significativa al rechazarse el capítulo 11, donde se concentraban algunos de los puntos más sensibles del ajuste: la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, entre otros. A pesar de negociaciones de último momento, promesas a gobernadores y presiones internas, el oficialismo no consiguió los votos necesarios. El mensaje fue inequívoco: hay límites que ni siquiera los aliados están dispuestos a cruzar. “Este presupuesto no nos sirve”, se lamentó en privado el presidente.

Lejos de leer esa votación como una advertencia, el Ejecutivo insistió con la misma lógica en el Senado. El resultado fue inmediato. Senadores que hasta ahora habían acompañado al Gobierno se rebelaron contra el estilo de conducción de Patricia Bullrich, cuestionando el método de “latigazos” y dejando en claro que sin presupuesto aprobado en condiciones aceptables no habrá reforma laboral. La decisión de postergar el tratamiento hasta febrero no es solo una dilación técnica: es un gesto político de autonomía y, sobre todo, de hartazgo. A todo esto se sumó la masiva movilización de la CGT, que no pasó sin pena ni gloria y dejó preparado el terreno para oponerse a una reforma que va contra los derechos de los trabajadores y no generará nuevos puestos de trabajo, según lo reconocen en el propio gobierno.

Desde distintos sectores del Congreso, incluso entre quienes no se identifican con la oposición dura, la lectura es coincidente. Legisladores y asesores parlamentarios señalan que el Gobierno subestima el funcionamiento real del sistema institucional, creyendo que la épica del ajuste y la confrontación permanente alcanza para ordenar voluntades. “No alcanza con tener razón en Twitter para ganar una votación”, deslizó un senador dialoguista. Otro fue más directo: “La firmeza sin negociación es solo soberbia”. “Se terminó la espuma del triunfo electoral”, dijo el diputado Agustín Rossi.

Analistas políticos advierten que el problema no es únicamente aritmético, sino estratégico. Un gobierno que no tiene mayoría propia en el  parlamento, necesita ampliar consensos, no reducirlos. Sin embargo, la Casa Rosada, como es su costumbre, parece apostar a una dinámica de desgaste: forzar votaciones, exponer a los aliados, tensionar hasta el límite. Esa lógica puede servir en el corto plazo para marcar posiciones, pero erosiona rápidamente el capital político necesario para sostener reformas estructurales.

El caso de la reforma laboral es paradigmático. Presentada como uno de los pilares del programa económico, hoy aparece empantanada no solo por la resistencia opositora, sino por la desconfianza de quienes deberían garantizar su aprobación. Sin acuerdos previos, sin un presupuesto que ordene expectativas y con un estilo de conducción verticalista, el proyecto de reforma laboral quedó en suspenso. No por conspiraciones externas, sino por errores propios.

En política, la soberbia suele confundirse con determinación. Pero cuando el gobierno cree que gobernar es imponer y no persuadir, termina aislándose incluso de sus propios socios. Esta semana en el Congreso dejó una lección que la historia argentina ya enseñó más de una vez: sin diálogo, sin escucha y sin respeto por la dinámica institucional, la gobernabilidad se vuelve frágil.

Lo ocurrido en el Congreso no es una anécdota ni una conspiración opositora: es el resultado directo de un estilo de gobierno que confunde autoridad con prepotencia y convicción con arrogancia. La derrota parcial en Diputados y la rebelión en el Senado son dos caras de un mismo problema: un Ejecutivo que cree que puede avanzar sin construir acuerdos reales.

Gobernar no es arrasar, ni disciplinar a fuerza de amenazas simbólicas o castigos presupuestarios. Mucho menos en un sistema institucional que exige negociación permanente. Cuando incluso los aliados comienzan a decir basta, el problema deja de ser numérico y pasa a ser político. Y cuando los propios empiezan a rebelarse, la soberbia deja de ser un rasgo de estilo para convertirse en un factor de ingobernabilidad.

El oficialismo enfrenta hoy una encrucijada clara: o revisa su lógica de confrontación permanente o seguirá acumulando derrotas, aun teniendo la iniciativa y la agenda. Porque en política, como vuelve a demostrar esta semana, la soberbia no solo es una mala consejera: suele ser el prólogo del fracaso.

El oficialismo todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para eso debería asumir algo elemental: la soberbia no es una estrategia, es un obstáculo. Y en el Congreso, como en la política en general, suele ser una muy mala consejera.

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Reforma laboral sin empleo: el propio gobierno admite el fracaso de su argumento

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La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue presentada como una pieza clave para combatir la informalidad y generar empleo registrado. Sin embargo, una reciente declaración del asesor laboral del Presidente, Julián De Diego —redactor del proyecto— dejó al descubierto una verdad que el oficialismo intenta ocultar: la reforma no va a crear trabajo formal. La admisión no solo desarma el principal argumento con el que se intentó legitimar el avance sobre derechos laborales, sino que obliga a replantear el verdadero sentido político de la iniciativa.

Lejos de tratarse de un desliz discursivo, el reconocimiento expone una coherencia interna del programa económico: el objetivo no es generar empleo, sino redefinir las condiciones en las que se trabaja, incluso aceptando que habrá menos protección, más precariedad y mayor transferencia de riesgos hacia los trabajadores.

El empleo no cae por derechos, cae por recesión

El proyecto oficial parte de un diagnóstico que no resiste el contraste con la evidencia empírica. No existe en la Argentina una relación demostrable entre derechos laborales y falta de empleo. Por el contrario, los períodos de mayor creación de trabajo registrado coincidieron con ciclos de crecimiento económico, expansión del mercado interno y políticas activas del Estado.

Según datos del INDEC, durante 2024 el salario real acumuló una caída superior al 20%, el consumo interno se desplomó y la actividad industrial y de la construcción registraron bajas de dos dígitos. En ese contexto, el desempleo volvió a crecer y la informalidad laboral se mantiene en torno al 40/45% de la población ocupada. No porque los derechos sean excesivos, sino porque la economía se contrajo violentamente.

La evidencia es clara: las empresas no contratan cuando no venden, no cuando existen convenios colectivos o indemnizaciones. Ninguna reforma laboral puede compensar una política económica que destruye demanda, asfixia a las pymes y paraliza la inversión productiva.

Flexibilización como política de ajuste

El propio asesor presidencial reconoce que la reforma no generará empleo. Esa frase, lejos de debilitar el proyecto, lo define con mayor precisión. La reforma laboral no es una política de empleo: es una política de ajuste.

La ampliación del período de prueba, el debilitamiento de las multas por trabajo no registrado, la desarticulación de la negociación colectiva y el ataque al rol sindical no apuntan a incorporar nuevos trabajadores al sistema formal, sino a abaratar despidos, disciplinar conflictos y reducir el poder de negociación del trabajo frente al capital.

En términos económicos, la reforma opera como una redistribución regresiva del ingreso: mejora la rentabilidad empresarial a costa de salarios más bajos, mayor inestabilidad y pérdida de derechos. En términos políticos, consolida un modelo que asume como natural la precariedad y renuncia explícitamente a la idea de desarrollo con inclusión.

El corrimiento deliberado del Estado

El reconocimiento oficial también expone otro aspecto central: el corrimiento del Estado de su responsabilidad histórica en la generación de empleo. En lugar de políticas de incentivo productivo, crédito, obra pública o fortalecimiento del mercado interno, el gobierno opta por intervenir exclusivamente sobre el eslabón más débil de la relación laboral.

La Argentina no enfrenta una “crisis de regulaciones”, sino una crisis de modelo económico. La informalidad no se explica por el exceso de derechos, sino por la persistencia de estructuras productivas débiles, la falta de planificación y la primarización de la economía. Ninguna de esas causas es abordada por la reforma.

Un cierre sin eufemismos

Que el propio redactor de la reforma admitiera que no habrá más empleo registrado debería cerrar definitivamente el debate público. Si no crea trabajo, si no reduce la informalidad y si no mejora las condiciones de vida, la pregunta ya no es técnica sino política.

La reforma laboral del gobierno de Milei no va a fracasar porque esté mal comunicada: fracasará porque no está pensada para resolver el problema del empleo, sino para consolidar un modelo económico que acepta el desempleo, la informalidad y la precarización como costos inevitables del ajuste.

Cuando un gobierno avanza sobre derechos sin siquiera prometer trabajo, lo que está en juego no es una modernización, sino una redefinición regresiva del contrato social. Y cuando esa admisión proviene del propio oficialismo, lo que queda al desnudo no es una contradicción, sino una decisión política consciente.

Empleo y modelo económico: lo que muestran los datos

Argentina, últimas décadas 
2003–2011      Crecimiento sostenido del PBI
Fuerte expansión del empleo registrado
Caída significativa del desempleo
Salario real en alza
Plena vigencia de convenios colectivos y derechos laborales
2016–2019      Ajuste fiscal y apertura económica
Caída del empleo industrial
Aumento de la informalidad
Salarios reales en retroceso
Intentos de flexibilización sin creación de empleo  
2024–2025  Recesión profunda
Derrumbe del consumo
Salario real con caída superior al 20%
Aumento del desempleo
Reforma laboral que el propio gobierno admite que no generará empleo  

Conclusión empírica: el empleo crece cuando crece la economía. La flexibilización sin crecimiento no genera trabajo: redistribuye pérdidas.

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Milei, Machado y la diplomacia de la sobreactuación: un viaje que revela improvisación, fragilidad política y una peligrosa confusión de prioridades

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El viaje de Javier Milei a Noruega para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz —en la que María Corina Machado fue premiada pero no asistió a la ceremonia— se convirtió en un caso paradigmático de cómo se están tomando decisiones de política exterior en la Argentina: con criterios personalistas, motivaciones ideológicas antes que estratégicas y una llamativa despreocupación por los costos institucionales. Más que un episodio aislado, lo ocurrido exhibe con crudeza los límites de una diplomacia hecha a contramano de los intereses del país.

Una política exterior que funciona como tribuna personal

La presencia de Milei en Oslo fue un gesto sobreactuado, sin sustento diplomático ni planificación. Se trató de un viaje con nula utilidad para la Argentina y motivado por un único objetivo: reforzar la narrativa internacional del presidente y su lugar dentro de una red de figuras y movimientos de derecha global.

No hubo acuerdos, no hubo iniciativas multilaterales, no hubo agenda económica. Hubo, en cambio, un claro mensaje: la política exterior se usa para consolidar identidades, no para resolver problemas.

La diplomacia, que debería ser un espacio de racionalidad estratégica, quedó reducida a un escenario donde Milei busca protagonismo, aun a costa de la credibilidad del Estado argentino.

Machado: reconocimiento global, pero un liderazgo contradictorio y frágil

El Premio Nobel de la Paz le dio a María Corina Machado un prestigio inmediato. Sin embargo, su trayectoria política presenta contradicciones profundas que no desaparecen por la premiación, y que Milei ignoró —o eligió ignorar— al alinear la política exterior argentina con ella.

Machado representa para algunos un símbolo internacional, pero no cuenta con una estructura política robusta en Venezuela; su discurso es altamente confrontativo y excluyente; sus alianzas internacionales son selectivas y responden a un eje ideológico rígido, no a una estrategia nacional. Sus propuestas económicas, de corte ultraliberal, suelen ser más voluntaristas que aplicables en su país y su figura, lejos de encarnar un consenso democrático amplio, profundiza la polarización.

Es decir: tiene visibilidad, pero carece de las condiciones mínimas para liderar un proceso de transición real. Su capital simbólico supera ampliamente su capacidad política efectiva. Milei decidió convertir ese liderazgo débil en una especie de brújula internacional queriendo posicionarse como el aliado más firme de los Estados Unidos en la región.

Un viaje que mostró improvisación y falta de criterio político básico

Que Machado no pudiera asistir era altamente previsible, aunque hay noticias que dicen que finalmente se hará presente en Oslo, con la ceremonia ya finalizada, en la que estuvo representada por su hija. Aun así, el presidente argentino insistió en viajar, lo que terminó exponiendo a la Argentina en una escena diplomática incómoda: un mandatario presente en una ceremonia centrada en una dirigente ausente, y sin nada que hacer allí más que cumplir con una narrativa que él mismo sobredimensionó.

Es un error que no comete un jefe de Estado con sentido estratégico. Revela falta de lectura diplomática, falta de previsión y falta de asesoramiento profesional o peor, la desestimación total de ese asesoramiento.

Milei eligió sumarse a la narrativa de Machado y reforzar la lógica de bloque ideológicos rígidos que poco aportan a la estabilidad regional. La decisión de viajar para respaldar a una figura cuya estrategia es objeto de críticas, incluso dentro de la propia oposición venezolana, revela la improvisación conceptual que guía la diplomacia del gobierno libertario.

Costos para la Argentina: desalineamiento, debilidad y pérdida de peso real

Mientras Milei acumula kilómetros, la política exterior argentina pierde terreno. Cada viaje sin retorno concreto genera un triple costo: costo de oportunidad, porque el tiempo presidencial no es infinito y se está usando mal; costo diplomático, porque la improvisación erosiona la confianza de aliados reales; costo estratégico, porque los recursos del Estado se destinan a aventuras sin impacto para la economía ni la gobernabilidad.

El problema no es solo que este viaje no sirvió para nada. El problema es que refuerza una tendencia: la Argentina está perdiendo densidad internacional justo cuando más necesita relaciones sólidas para enfrentar su crisis.

La Argentina está debilitando deliberadamente sus anclajes internacionales más relevantes. La desestimación de los BRICS como espacio estratégico —a contramano de la mayoría de los países emergentes— y el abandono del peso histórico que tuvo el país en el G20 reducen la gravitación internacional de la Argentina en un momento en que las alianzas son esenciales. La inclinación del gobierno a privilegiar vínculos con figuras aisladas de la derecha global, en lugar de con bloques económicos y políticos de escala real, le quita seriedad al posicionamiento externo del país y erosiona su capacidad de negociación.

Afinidad ideológica, debilidad política

No existe un vínculo que relacione a Milei y Machado y si existiera, no se sostiene en intereses nacionales, sino en coincidencias ideológicas duras que suelen terminar siendo un mal sustituto de la política real. Cuando un presidente alinea a su país detrás de líderes simbólicos, pero políticamente débiles, lo que hace es reducir la política exterior a gestos que no construyen ningún beneficio para la población.

La apuesta de Milei por Machado no solo fue exagerada, fue políticamente torpe. Y el resultado fue exactamente el que se podía anticipar: exposición innecesaria, falta de resultados y una nueva muestra de que la improvisación terminó convertida en método de gobierno.

Conclusión: una política exterior que se achica, se subordina y se desprofesionaliza

El episodio de Noruega sintetiza un problema mayor, la Argentina está gobernada por un presidente que confunde diplomacia con espectáculo, afinidad política con estrategia y protagonismo personal con defensa de los intereses nacionales.

María Corina Machado es una figura controversial, contradictoria, sin sustento. Javier Milei es un presidente que usa la política exterior como plataforma personal. Juntos producen una alianza que no es estratégica, ni funcional, ni beneficiosa. Es apenas un intercambio de visibilidad que deja a la Argentina peor posicionada.

El país necesita resultados, no gestos; estrategia, no impulsos; y una política exterior que piense en el futuro, no en la épica personal de su presidente.

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