El presidente Javier Milei firmó el Decreto 536/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que introduce una profunda modificación al Decreto 744/2004, reglamentario de la Ley 25.761 sobre desarmado de automotores y venta de autopartes. La reforma impulsa una digitalización completa del sistema, reemplazando trámites presenciales por gestiones electrónicas, con el objetivo de reducir costos, agilizar procesos y fortalecer los controles contra el comercio ilegal de autopartes.

La Ley 25.761, sancionada en 2003, estableció el marco legal para el desarmado de vehículos y la comercialización de piezas usadas, con el fin de ordenar el circuito de autopartes, garantizar su trazabilidad y prevenir delitos vinculados al robo de automotores. El Decreto 744/2004 reglamentó su aplicación, pero con el paso de los años sus procedimientos manuales y la falta de digitalización quedaron obsoletos.

Según el texto oficial, las modificaciones se enmarcan en el proceso de modernización administrativa y responden a la necesidad de “desalentar prácticas irregulares y prevenir delitos contra la propiedad”. Además, el Poder Ejecutivo subraya que los trámites presenciales “encarecían y dilataban los procesos de baja de vehículos, sin aportar valor adicional al control registral”.

Digitalización total: baja y desarme 100% online

La medida elimina la obligatoriedad de presentar documentación en soporte físico, incorporando el Certificado de Baja y Desarme en formato electrónico, que será emitido por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

El listado de piezas recuperables deberá cargarse de manera digital y con fotografías adjuntas, lo que permitirá una trazabilidad online en tiempo real. Las autopartes serán identificadas con códigos únicos asignados por la DNRPA, que podrán ser verificados por las fuerzas de seguridad y organismos de control.

Las compañías de seguros deberán exigir el Certificado de Baja y Desarme antes de pagar indemnizaciones por destrucción total o robo, mientras que las fuerzas policiales podrán notificar abandonos de vehículos en la vía pública y pedir su baja con recupero de piezas.

El decreto también faculta al Ministerio de Seguridad a elaborar un instructivo para inspecciones, con el fin de homogeneizar los controles sobre desarmaderos y comerciantes.

Registro Único y trazabilidad reforzada

El Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas será público y de acceso digital, permitiendo consultas online sobre establecimientos habilitados, validez de certificados y stock de piezas registradas. Además, se elimina la obligación de renovación anual de la inscripción, reemplazándola por un sistema de actualización periódica de la documentación.

El decreto incorpora un Anexo con un listado básico de 30 autopartes recuperables, que incluye componentes clave como motores semiarmados, cajas de velocidad, puertas, capots y radiadores.

La digitalización del régimen permitirá acortar tiempos de gestión, reducir costos operativos y mejorar el control sobre el circuito de autopartes, un sector históricamente vinculado al robo de vehículos. Según especialistas del sector, la reforma podría impactar positivamente en la competitividad de los desarmaderos legales y en la transparencia del mercado.

El Poder Ejecutivo estableció un plazo de 60 días para que la DNRPA y la Secretaría de Industria y Comercio adecuen sus sistemas, y anunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) controlará la situación fiscal de los actores del sector.

Con esta actualización, el Gobierno busca cerrar brechas normativas y tecnológicas que eran aprovechadas por el comercio ilegal, en una estrategia que combina desregulación, simplificación administrativa y fortalecimiento de la trazabilidad.