El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy que prepara un proyecto de ley para poder intervenir con las Fuerzas Armadas en el campo y desalojar a los campesinos Sin Tierra que ocupan haciendas improductivas o en litigio judicial para la reforma agraria.

El objetivo es retirar a los campesinos ocupantes de tierras en disputa y cuenta con el aval del bloque ruralista, uno de los más poderosos del Congreso de Brasil.

“Es una medida para decidir sobre la propiedad privada. Si el Congreso decide que la propiedad privada no vale nada, no la aprobará, pero confío en los 200 diputados miembros del bloque ruralista”, dijo Bolsonaro.

El anuncio tiene como uno de sus objetivos bloquear el accionar del Movimiento Sin Tierra (MST), el grupo social que pugna por la reforma agraria más grande del mundo y es aliado del líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante la campaña electoral, Bolsonaro dijo que la ocupación de tierras para la reforma agraria era un acto “terrorista”.

Y este nuevo anuncio llega luego de que Bolsonaro enviara un proyecto de ley para impedir abrir causas a militares y policías que actúen en intervenciones federales y cometan delitos, en las operaciones conocidas como Garantía de Ley y Orden.

Bolsonaro suspendió la intervención militar en Río de Janeiro que había decretado el ex presidente Michel Temer en 2018 justamente porque no había un marco jurídico para evitar que violaciones a derechos humanos y delitos en la lucha contra el crimen sean atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas.

Ahora, Bolsonaro pretende cumplir con parte de su firme base social, el agronegocio.

“Cuando los marginales invaden una propiedad rural, el juez determina el despejo pero los gobernadores no quieren usar su política para eso para no meterse en problemas. Los marginales invaden la hacienda, queman el ganado, depredan el patrimonio y salen impunes”, afirmó.

La intervención de las fuerzas armadas en conflictos rurales está prohibida en Brasil y el tema es de amplia polémica y alto costo político para los gobernadores, que comandan cada policía de los estados.

El caso más dramático fue en 1996 en Eldorado de Carajás, estado de Pará, Amazonia, cuando 19 trabajadores rurales que bloqueaban una ruta fueron asesinados por la policía.

A partir de esta masacre, que es recordada todos los años por el MST, las acciones para desalojar a ocupantes de una hacienda se realizan a la luz del día garantizando otro lugar físico para las familias campesinas.

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