Desde la consultora Analytica realizaron el siguiente informe político especial:

Argentina está a las puertas de un cambio político significativo: vuelve el peronismo. Pero vuelve con restricciones políticas no previstas. Ese cambio, a su vez, se da en un entorno internacional particular: en el mes de octubre, la región sudamericana se vio afectada por una ola de turbulencia e inestabilidad. Todas estas condiciones políticas pueden tener impacto sobre el perfil del gobierno electo.

1. Las elecciones del 27 de octubre en Argentina

El domingo hubo elecciones presidenciales, legislativas (50% de Diputados, 33% del Senado) y provinciales en algunos distritos, incluidas la provincia de Buenos Aires y la Ciudad homónima. La mayoría de las provincias ya habían adelantado sus elecciones de gobernador, con un saldo favorable a los candidatos del justicialismo. Tras las PASO del 11 de agosto que habían arrojado un resultado muy favorable para la fórmula Fernández – Fernández -47,8% a 31,8%- se esperaba una diferencia mayor. No fue tan así: de acuerdo con el escrutinio provisional Fernández obtuvo casi la misma cantidad de votos que en agosto -12,5 millones, 48,1%- mientras que Macri sumó más de 2 millones de votos -10,5 millones, 40,4%. Este aumento en el caudal electoral de Macri no hace al triunfo de Fernández menos contundente.

El Frente de Todos gana con casi la mitad de los votos y en 18 de 24 provincias; y va a tener dentro de su color político a la gran mayoría de los gobernadores (incluyendo las provincias de Buenos Aires y Santa Fe), mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y la primera minoría (con capacidad de alianzas con las fuerzas provinciales) en la Cámara de Diputados. La meritoria remontada electoral de Macri no cambia el hecho de que Alberto Fernández tendrá en sus manos los resortes de la gobernabilidad. Su desafío no será la posibilidad de una obstrucción opositora -probabilidad baja- sino mantener unidad y liderazgo dentro de su propia coalición. Hay dos sectores internos que pueden tener disensos programáticos o intereses distintos a los del presidente electo: los gobernadores provinciales y el kirchnerismo liderado por la Vicepresidenta electa, Cristina Fernández. En una primera etapa luce poco probable que haya cortocircuitos, ya que todos están en el mismo barco y enfrentando juntos una situación financiera crítica. El futuro puede ser otra cosa.

Lo que sí cambia el 40,4% logrado por Macri es el formato del acuerdo político y social que se propone el presidente electo, y las expectativas sobre la duración del gobierno de Fernández. Las PASO dejaron la sensación de un Cambiemos destruido y un emergente peronista hegemónico como en 2007; ahora, el mercado y el electorado creen que si Alberto Fernández no satisface las expectativas, Cambiemos podría volver en 2023. El no-peronismo demostró su fuerza electoral y Macri puede aspirar a ser el jefe de la nueva oposición. De hecho, si bien hay segundas líneas en gobiernos locales (Rodríguez Larreta, Vidal, los radicales mendocinos) el que logró la adhesión de los votantes fue Macri.

En lo inmediato, ahora el presidente electo deberá repensar el pacto político. La sucesión de un gobierno a otro será coordinada, y la convocatoria a un gran acuerdo dirigencial será una de las herramientas iniciales de Alberto Fernández para enfrentar a partir del 10 de diciembre un duro primer año de gobierno. Con el resultado de las PASO, la convocatoria a la “unidad nacional” lucía más sencilla: sentándose en una mesa con Lavagna, los gobernadores de todos los colores partidarios y algunos radicales ya había una foto del conjunto de la política. Con un Macri políticamente vivo, en cambio, la foto sin él no está completa. Pero Fernández pensaba en culpar a Macri de la crisis económica (de la “pesada herencia” a la “tierra arrasada”) y no en sumarlo a la mesa del consenso nacional. Probablemente Fernández ahora intente conformar un gabinete nacional más diverso y plural, y crear un consejo económico y social inspirado en la idea de Lavagna. No va a renunciar al método de la concertación política, aunque sus alcances tal vez terminen siendo un poco más módicos.

1. Cambio político en un entorno de cambios

El cambio político en Argentina es parte de un entorno regional de cambios. En Uruguay y allí los partidos conservadores se encuentran más cerca de volver al poder, tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Argentina tiene por primera vez desde los años 70 un panorama incierto sobre sus relaciones bilaterales con Brasil, su socio estratégico principal. Y la mayoría de los países sudamericanos -Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela- atraviesa turbulencias internas de diferente tipo.

-En Uruguay hubo elecciones el mismo día que en Argentina, el 27 de octubre, y todo indica que el Frente Amplio está a las puertas de perder el poder tras tres períodos consecutivos (Vázquez – Mujica – Vázquez). Daniel Martínez, el candidato del Frente, obtuvo 37,2% contra el 32,2% de Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, centroderecha). Solo 5 puntos de ventaja y van al ballotage en noviembre. El problema de Martínez es que las otras dos fuerzas relevantes de la elección del 27 ya declararon su apoyo a Lacalle y tienen un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Ernesto Talvi, del Partido Colorado (centroderecha) logró 13,9% y el general Guido Manini Rios (Cabildo Abierto, derecha nacionalista) obtuvo el 11,8%. Martínez deberá enfrentar un difícil ballotage ya que las otras tres fuerzas sumadas superan el 50%, y el acuerdo anunciado seguramente tendrá impacto.

-En Brasil se plantea el interrogante acerca de cómo coexistirán Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Al comienzo de la campaña el presidente brasileño apoyó abiertamente a Macri y declaró que en caso de una victoria del Frente de Todos podría revisar la relación con Argentina y el MERCOSUR. Luego se moderó y dijo que ningún resultado afectaría las relaciones. Pero recientemente volvió a la carga, con declaraciones muy duras en contra del presidente electo. Los Fernández, Alberto y Cristina, apoyan a Lula y piden su liberación de la cárcel; Lula es el principal adversario de Bolsonaro. El presidente brasileño habló de la posibilidad de excluir a Argentina del MERCOSUR, algo que no tiene sentido jurídico. Sin embargo, no hay que subestimar la gravedad de la situación potencial, ya que Brasil es el principal aliado comercial de la Argentina y un presidente brasileño podría producir daños. El otrora país coordinador del ciclo político regional renunció a ocupar ese rol.

Asimismo, la región se está viendo sacudida, al igual que otras partes del mundo, por manifestaciones y protestas sociales violentas. No pareciera haber un hilo conductor ideológico: los insatisfechos con el aumento del transporte en Chile, los indigenistas en Ecuador, el antichavismo venezolano y la derecha boliviana no tienen ni coordinación ni elementos en común. El único elemento transversal pareciera ser la disminución del ingreso y la frustración de las expectativas económicas. Los aumentos en el transporte o las tarifas han sido detonantes clásicos de las protestas sociales en la historia de América Latina; sobre todo, de las manifestaciones callejeras desorganizadas. La hipótesis de que esto podía tener algún tipo de origen coordinado en el exterior (Venezuela, por ejemplo) no muestra evidencia ni demasiada lógica.

-En Chile, modelo de estabilidad política, económica y social, con amplias alianzas internacionales, las manifestaciones sociales y protestas -tanto de carácter violento como pacífico- se originaron con el alza del precio del pasaje de subterráneo (Metrovías) en Santiago. Luego se extendieron a otros puntos del vecino país, abriéndose a otro tipo de demandas. Piñera, a modo de respuesta, habló de “guerra” y declaró el “estado de emergencia” primero en Santiago y a partir del domingo 20 de octubre en la mayor parte del país, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público, designando a un jefe militar -el general Javier Iturriaga- el frente del operativo. Fue la primera vez que sucede algo de estas características desde la democratización de 1990. El “estado de emergencia” es una herramienta de la “Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción” (Nº 18.415), introducida por la Constitución de 1980 y nunca derogada (ni utilizada). La izquierda política se opuso y denunció atropellos y represión; Bachelet terminó convocando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas, ya que se produjeron alrededor de 18 muertes durante los incidentes. Piñera terminó retrocediendo en la medida del aumento del metro y el estado de emergencia, y anunció medidas sociales compensatorias. Las protestas no son algo nuevo en Chile: las protestas estudiantiles y en contra del sistema privado de pensiones AFP ya habían sido sufridas tanto por Bachelet como por Piñera en su primer gobierno. Lo nuevo aquí fue la intensidad.

-En Ecuador el presidente Lenin Moreno anunció a principios de octubre una serie de medidas de ajuste del gasto público en dicho país, en el contexto de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional tras el crédito vigente. Entre las medidas que más impacto causó se cuenta la eliminación del subsidio a los combustibles, que derivó en un aumento del transporte público y los productos básicos. Las protestas escalaron cuando los movimientos indígenas nucleados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tomó partido. La intensidad de las manifestaciones y protestas, que incluyeron violencia, vandalismo saqueos y ataques a medios de comunicación –al igual que en Chile- y la toma de la sede del parlamento en Quito, generaron como respuesta, por parte del gobierno de Moreno, la declaración el 3 de octubre del “estado de excepción” a nivel nacional aplicable por 60 días. El 8 de octubre se sumó un toque de queda en la capital, Quito (Decreto Ejecutivo Nº 888), lugares aledaños y ubicaciones estratégicas, junto al cambio de sede de los poderes públicos a la ciudad de Guayaquil. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador decidió decretar también el Estado de Excepción para los territorios indígenas del país “ante la brutalidad y la falta de conciencia de la fuerza pública”. El 9 de octubre se suspendió la exportación de petróleo, ya que un centenar de pozos y el transporte del crudo (68% de la producción) habían sido afectados por las protestas; recién el pasado 20 de octubre se normalizó el comercio.

-En Bolivia el pasado domingo 20 de octubre se realizaron las elecciones presidenciales, con Evo Morales buscando su tercera reelección y siendo el candidato de la oposición el ex presidente Carlos Mesa Gisbert. Los resultados preliminares dieron a Morales ganador en primera vuelta, generando expresiones de protesta por parte de una oposición que denuncia fraude. Las protestas en las calles no han cesado. La Organización de Estados Americanos, observadora de las elecciones, apoya las denuncias de la oposición. El escrutinio definitivo decretó la victoria de Morales.

1. FODA del nuevo gobierno argentino

Los procesos políticos de América del Sur dan cuenta de una diversidad. Los análisis se han acostumbrado a dar cuentas de oleadas regionales y denominadores comunes ideológicos. Sin embargo, no hay demasiadas conclusiones que extraer al respecto. La política sufre en todas partes. Los gobiernos conservadores de Perú, Chile y Ecuador sufren crisis sociales y políticas, los presidentes socialistas de Bolivia y Venezuela enfrentan crisis institucionales, y en Argentina y Uruguay pierden los oficialismos de diferente color ideológico. El MERCOSUR, la iniciativa regionalista más estable de la región, enfrenta su mayor crisis potencial. Lo único en común en todos estas turbulencias simultáneas es que los países afectados enfrentan coyunturas socioeconómicas adversas que ponen presión sobre sus gobiernos. La variable económica sigue dominando.

En Argentina, el norte de Alberto Fernández será construir un peronismo de centro. Tal como dijo en el debate del 20 de octubre, un mix de recetas heterodoxas y ortodoxas. No va a romper con el kirchnerismo ni la propia coalición, ni buscará aliados por fuera como Menem. Su ministro de economía será la persona más moderada que encuentre dentro del conjunto de economistas que el Frente de Todos esté dispuesto a aceptar. Se propone estabilizar la macro y complementar con medidas más heterodoxas para incentivar la actividad. El kirchnerismo no va a interferir demasiado con la gestión de Alberto Fernández, ni pedirá muchos ministerios: Cristina lo puso ahí para que asuma el timonel de la crisis. Aunque ella se reserve la facultad de vetar nombres y los lugares del futuro, el presente es de Alberto Fernández.

La turbulencia política regional representa límites y oportunidades para Alberto Fernández. El límite es la alarma de la vulnerabilidad social: las violentas protestas en Chile y Ecuador como reacción a medidas de ajuste son un límite. Fernández no tiene vocación de ajustar, ya que su coalición va en sentido contrario, y además el contexto le advierte sobre ello. Cuando el FMI pida austeridad, Alberto Fernández va a utilizar a Chile y Ecuador como escudos. Hoy la política -kirchnerismo incluido- giró al centro pero las demandas sociales están ahí.

La oportunidad es el modelo político. En una región turbulenta y extravagante, que carece de liderazgo regional y cuyos gobiernos lucen inestables, un presidente de centroizquierda moderada al frente de una coalición sustentable y con metodología de pacto puede convertirse en un faro de razonabilidad política. Eso puede convertirse en un activo para un presidente que juega con cartas malas en el frente económico.

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