Cecilia Rojas, que pasó más de 13 años presa injustamente por un crimen que no cometió junto a la desaparecida Cristina Vázquez, acaba de conseguir un trabajo en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

Desde que salieron de la cárcel a fin del año pasado, Rojas y Vázquez se encontraron con un panorama desolador, pasaron buena parte de la juventud en prisión por un crimen que no cometieron, sin estudios y con grandes dificultades de reinserción. Ambas provienen de familias muy modestas.

Vázquez acordó trabajar con el padre Alberto Barros en Cáritas, donde le pagaban con un contrato del Estado, adscripta al Parque de la Salud. De todas formas, ganaba lo mínimo e indispensable para vivir en una pieza que no tenía ni heladera.

En cambio, Rojas estaba sobreviviendo ayudando en el local de reparación de computadoras de un amigo de la familia.

La mujer, que pasó más años que Vázquez en la cárcel y estuvo detenida en el Penal de Ezeiza, también estaba demandando alguna ayuda a un Estado que la perjudicó a través del incorrecto funcionamiento de su sistema judicial.

Demandas por daños y perjuicios

Vázquez y Rojas están presentando demandas contra el Estado misionero por ese hecho. En el caso de Rojas, la demanda ya fue presentada. En el caso de Vázquez, quien fue encontrada ahorcada el 26 de agosto pasado, la demanda está próxima a presentarse.

Por lo que pudo saber Economis, la presentación también incluirá un pedido para reformar la forma en que se aplica la prisión preventiva en la Justicia misionera.

El Pacto de San José de Costa Rica, al que adhirió la Argentina, indica que la preventiva no puede durar más de 2 años, extensible a 3 en causas excepcionales.

Pero Misiones, como otras provincias, aplican su propia interpretación de esos plazos y en muchos casos, los detenidos pasan mucho más de 3 años en esa condición ante la ley.