Cómo será la reducción de Ingresos Brutos a las exportaciones forestales que aplicará Misiones
La Provincia definió un esquema gradual de reducción del impuesto a los Ingresos Brutos que se aplica sobre las exportaciones forestales que tiene como eje beneficiar especialmente a las industrias madereras y en menor medida, a las pasteras que operan en Misiones.
La reducción del gravamen para las empresas exportadoras de madera irá de 3,50 y 3 por ciento a 0, mientras que para las exportaciones de pasta celulósica, irá de 7 y 6,50 por ciento a tres en un periodo de dos o tres años.
El nuevo esquema se conoció en la reunión de la Mesa Forestal, que presidió el martes el presidente Mauricio Macri, con el debut oficial del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, el ex presidente de la Sociedad Rural, que fue, en Misiones, donde comenzó a probarse el traje de ministro, cuando reunió a los empresarios forestales para comenzar a delinear el paquete de reformas que fue impulsado por el Presidente para mejorar la rentabilidad del sector. Etchevehere vino a Posadas en una sorpresiva misión cuando todavía el ministro era el eyectado Ricardo Buryaile.
Macri avaló el plan presentado por los forestales y presionó para que las provincias hagan concesiones al sector con el afán de que se concreten inversiones demoradas.
Pero en la práctica, en Misiones la competitividad no tiene que ver con los impuestos, sino con los costos de logística, que, paradójicamente no encuentran respuesta en la Nación, ya que el NEA sigue siendo postergado en obras de infraestructura y costos impositivos federales.
De hecho, la industria maderera, recibe un reintegro que equivale a lo que debe tributar de Ingresos Brutos, a cambio de sostener el empleo en las fábricas.
Pese a la anunciada rebaja, la industria pastera se siente “discriminada” –el ejecutivo de Arcor, firma controlante de Papel Misionero se quejó ante el Presidente- porque seguirán pagando un tres por ciento. Arauco, ex Alto Paraná, no tributa el total de los impuestos, sino un 3,5 por ciento por una “compensación verde” generado a través de la reserva San Jorge de 16.500 hectáreas. Sin embargo, en los últimos meses la Dirección General de Rentas había iniciado un proceso de revisión para determinar si la pastera chilena cumple con todos los parámetros de preservación ambiental.
La industria celulósica misionera también se quejó amargamente ante Macri por la ley de Insalubridad Laboral, que, en la práctica, no está vigente, ya que fue cuestionada en la Corte Suprema de Justicia, que todavía no determinó su validez plena. La ley protege al trabajador de la celulósica por la exposición a los químicos y restringe los horarios y tiempos de trabajo. Ante la queja empresaria, el Presidente fue lacónico: “Las inversiones se irán para Corrientes o Entre Ríos”.
Como su nombre lo indica, la ley sólo alcanza a las empresas de celulosa. La celulosa no es el sector que más empleo demanda. Su producción se vende en dólares, pero paga en pesos.
Entre enero y agosto de este año, la exportación de pasta para papel representó un 32,4% de las exportaciones misioneras, con un monto exportado que ascendió a US$ 90.580.438,67. Dicho producto, ha mostrado un incremento (con respecto al mismo periodo del año anterior) en monto y en volumen físico, del 17,4% y 33,6% respectivamente. Los datos de este año muestran una recuperación en dólares, ya que en 2016 había tenido una caída del 12,6 por ciento.
El impuesto a las exportaciones comenzó a aplicarse en 2006. Las exportaciones de pasta celulósica no variaron demasiado desde entonces y, en cambio, tuvieron un pico en 2010 de 179.551.000 dólares.
En cuanto a la madera, según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, entre enero y agosto de este año se exportó por 4.057.752 de dólares, lo que representa un incremento del 30,9% con respecto a los 2.693.819,17 dólares del mismo período del año anterior. Es decir, los vaivenes del mercado nada tienen que ver con el impuesto que se le cobra a la industria.
Los cambios en Misiones no son los más drásticos. Después de la presión presidencial, el gobernador aliado, Ricardo Colombi, anunció una “interpretación” de la letra de la Constitución correntina que permitirá el ingreso de nuevos compradores de tierras para forestar. Hasta ahora el artículo 61 de la constitución establecía incentivos para que “los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios”.
Con la interpretación de Colombi, habrá un “corredor” de 600 mil hectáreas disponible para compradores de cualquier nacionalidad.
Pese a la “traba constitucional”, Corrientes en el segundo distrito que mayor cantidad de tierras rurales y recursos naturales entregó a los capitales extranjeros. Misiones es la primera.
De las 7,2 millones de hectáreas de hectáreas productivas que tiene Corrientes, casi 1 millón de ellas están en manos de las transnacionales que manejan el 13,7% de toda esa superficie.
En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet también prometió eliminar la prohibición de exportar rollizos para abastecer a las pasteras. La ley provincial 9.759 prohíbe la exportación de troncos desde Entre Ríos a Uruguay con destino a la producción de las plantas de la ex Botnia. Pero la derogación de esa ley reduciría el rol de la industria maderera entrerriana a proveedor de materia prima sin valor agregado para pasteras contaminantes, sostiene la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
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