Ingresos Brutos

Misiones extiende medidas de alivio fiscal hasta diciembre y refuerza la baja de la presión tributaria

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El Gobierno de Misiones profundiza su estrategia de alivio tributario con la extensión hasta diciembre de 2026 de una serie de beneficios fiscales orientados a profesionales, empresas y contribuyentes que desarrollan actividad en la provincia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de dos herramientas clave: la bonificación del 30 por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia y la prórroga de la suspensión del artículo 9 de la Resolución General 18/10, vinculada al régimen de autorretención.

“Informo la extensión de las medidas de alivio fiscal hasta diciembre de 2026. Nuestro compromiso es seguir brindando previsibilidad y apoyo a quienes impulsan la economía”, expresó el mandatario provincial.

En ese marco, Passalacqua remarcó que los profesionales seguirán contando con una bonificación del 30 por ciento en Ingresos Brutos en todo el territorio provincial, una herramienta que apunta a reducir costos operativos y mejorar la competitividad de sectores independientes, especialmente en servicios, asesoramiento técnico, salud, arquitectura, ingeniería, abogacía y otras actividades liberales.

Además, se mantendrá suspendida hasta fin del próximo año la aplicación del artículo 9 de la Resolución General 18/10, lo que implica la continuidad de la pausa sobre el esquema de autorretención, una medida largamente reclamada por sectores empresariales y productivos por el impacto financiero que generaba sobre el capital de trabajo.

Se suma a la eliminación del pago a cuenta en los controles de ingreso

La decisión se enmarca en una política más amplia de reducción de presión tributaria que tuvo un punto central el pasado 1 de mayo, cuando Passalacqua anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes la eliminación del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los controles de ingreso a la provincia. La medida se tomó tras la inclusión de un artículo en el Presupuesto aprobado por la Legislatura, que lo autorizaba a mover las alícuotas y modificar políticas fiscales.

Posteriormente, la medida fue formalizada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, dejando sin efecto un régimen vigente desde 2007 que obligaba a anticipar tributos sobre productos y mercaderías que ingresaban al territorio misionero.

Ese esquema había sido cuestionado por distintos sectores comerciales e industriales por generar sobrecostos, afectar la competitividad y dificultar la operatoria de empresas que abastecen el mercado local.

La eliminación fue celebrada por la Confederación Económica de Misiones y por cámaras empresariales, que interpretaron la decisión como una señal concreta de acompañamiento en un escenario marcado por caída del consumo, menor actividad y fuerte deterioro de la recaudación.

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CAME destaca la suspensión del régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos en Misiones

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó la decisión del gobierno de Misiones de suspender el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos en controles fiscales de ruta, una medida por la que la entidad empresaria abogaba desde hacía tiempo.

A través del Decreto N° 713, firmado el 30 de abril de 2026 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo misionero instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del pago a cuenta de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente en los puestos de control fiscal en rutas provinciales.

La normativa que regía hasta entonces -instrumentada mediante las Resoluciones Generales N° 056/2007 y N° 44/2021 de la Dirección General de Rentas- establecía el cobro anticipado del tributo sobre mercaderías que ingresaban al territorio provincial, operaciones de compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito o en consignación, y servicios de transporte de cargas con origen en Misiones.

El decreto publicado este lunes reconoce que el actual contexto macroeconómico, caracterizado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa en la dinámica productiva y comercial de la provincia, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas.

Es por eso que cámaras empresarias de todo el país asociadas a CAME valoraron la decisión oficial como un paso concreto en la dirección correcta. “La medida evita burocracia y trastornos a empresas proveedoras que abastecen a la economía misionera y a empresas de todo el país, que debían inmovilizar capital por anticipos cuya recuperación resultaba, en la práctica, compleja y prolongada”, señala la entidad.

No obstante, desde el sector sostienen que la suspensión del cobro en ruta constituye un avance parcial, y que persiste la necesidad de abordar de manera integral la situación de los saldos a favor acumulados por contribuyentes a lo largo de los últimos años, cuya magnitud representa un pasivo significativo para el sistema tributario provincial.

En ese sentido, CAME espera que la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda establezca también mecanismos concretos y accesibles para la compensación o devolución de los créditos fiscales existentes, dotando al proceso de la transparencia y previsibilidad que el sector productivo reclama.

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La CEM celebró el fin del pago a cuenta de Ingresos Brutos

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La Confederación Económica de Misiones (CEM) expresó su beneplácito por la decisión del Gobierno provincial de flexibilizar y suspender el régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los ingresos a la provincia, una medida anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura de sesiones legislativas y ya oficializada en el Boletín Oficial.

A través de un comunicado institucional difundido este 4 de mayo, la entidad empresaria sostuvo que “tras años de gestiones”, el reconocimiento explícito del Gobierno sobre el impacto de la actual estructura de controles fiscales en zonas de ingreso a Misiones -popularmente denominada “aduana paralela”- representa un paso importante para la competitividad de las empresas misioneras.

“Desde la CEM valoramos que el Gobierno Provincial reconozca explícitamente que la actual estructura de controles fiscales en zonas de ingresos a la provincia representa un problema real para la competitividad de las empresas misioneras y que debe trabajar al respecto”, señalaron.

Sin embargo, la central empresaria remarcó que la suspensión por un período de 12 meses no resulta suficiente y reclamó que la medida se convierta en una política permanente y sostenida en el tiempo.

“Instamos a que esta medida se implemente de forma permanente y sostenida, no únicamente por el período de 12 meses como se anunció, ya que la inversión y el crecimiento de las pymes requieren de reglas claras y previsibilidad”, planteó la entidad.

La CEM también advirtió que la flexibilización del pago a cuenta no resuelve el problema estructural del sistema tributario provincial, especialmente en lo vinculado a la acumulación de saldos a favor de las empresas.

Desde la entidad explicaron que realizarán un seguimiento detallado de la implementación del nuevo esquema, con base en los datos reales aportados por sus asociados, para verificar si efectivamente se traduce en una mejora sustancial y no solamente en un cambio de procedimiento recaudatorio.

Además, la CEM pidió avanzar en una revisión más profunda del esquema impositivo provincial y propuso una articulación conjunta entre el sector privado y el Gobierno para construir un sistema más competitivo y favorable a la inversión.

Finalmente, la entidad reafirmó su voluntad de trabajar junto al Ejecutivo provincial en políticas sostenibles de largo plazo que permitan fortalecer al sector pyme y consolidar al sector privado como motor del desarrollo económico de Misiones.

La publicación del decreto y el respaldo institucional de la CEM marcan así un nuevo capítulo en una discusión histórica sobre la presión fiscal en la provincia, donde empresarios vienen reclamando desde hace años una reducción de costos financieros asociados a los controles tributarios sobre el ingreso de mercaderías.

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Misiones oficializó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en rutas

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El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la suspensión del régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a la provincia y sobre determinadas operaciones vinculadas al transporte de cargas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado el 30 de abril de 2026, y representa uno de los anuncios más esperados por el sector comercial e industrial, luego de que el gobernador Hugo Passalacqua lo anticipara el viernes pasado durante su discurso ante la Legislatura provincial.

Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.

Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.

La decisión instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del sistema previsto en las Resoluciones Generales 56/2007 y 44/2021, que regulaban el pago a cuenta en los puestos de control fiscal sobre rutas.

Hasta ahora, ese mecanismo obligaba a realizar adelantos de Ingresos Brutos sobre productos o mercaderías que ingresaban a Misiones para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito, consignación y también sobre la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el actual contexto macroeconómico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa sobre la dinámica productiva y comercial, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, el decreto sostiene que la operatoria vigente en los puestos de control fiscal, si bien constituye una herramienta válida de fiscalización, genera en determinadas circunstancias costos financieros y administrativos que terminan afectando la actividad económica.

Por eso, el Gobierno consideró necesario avanzar en una simplificación de procedimientos que reduzca la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria Misiones (ATM), sin resignar los objetivos de control y recaudación.

La norma remarca que se trata de una flexibilización transitoria, sin modificar la estructura normativa vigente, pero permitiendo una administración más eficiente de los recursos estatales y una fiscalización más focalizada en los sectores de mayor riesgo fiscal.

En la práctica, la medida implica el fin de uno de los reclamos históricos de comerciantes, industriales y transportistas, que cuestionaban el impacto financiero que generaban estos adelantos impositivos sobre el capital de trabajo, especialmente en un escenario de caída del consumo y retracción económica.

Durante su mensaje legislativo, Passalacqua había planteado la necesidad de sostener la actividad privada y aliviar cargas que afectan la competitividad provincial, en línea con otras herramientas como los programas Ahora y nuevas medidas de incentivo para el comercio y la producción.

El decreto faculta además tanto al Ministerio de Hacienda como a la Agencia Tributaria Misiones a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo esquema, que entró en vigencia de manera inmediata desde su publicación oficial.

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Eliminación de anticipos de IIBB: “No va a tener impacto en ventas ni en el consumo”

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La eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en los accesos a Misiones, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua y con vigencia desde el 1 de julio, comenzó a generar las primeras reacciones en el sector comercial. Desde Posadas, el empresario Fernando Vely planteó que la medida no tendrá un impacto directo en los precios en el corto plazo, aunque sí puede mejorar la operatoria entre proveedores y pymes.

En declaraciones a Radio Open 101.7, Vely —comerciante e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas— sostuvo que el cambio responde a un reclamo que el sector venía gestionando desde hace meses, pero llamó a moderar expectativas sobre sus efectos inmediatos.

Una reforma que desarma un esquema de casi dos décadas

La decisión del Gobierno provincial implica el fin del pago a cuenta de Ingresos Brutos en puestos de control como Centinela y El Arco, un sistema vigente desde 2007. La medida se aplicará durante 12 meses como prueba y alcanzará al 95% del padrón de contribuyentes.

Desde el Ejecutivo, se planteó como un paso hacia la simplificación tributaria: los controles quedarán limitados a la verificación documental, mientras que las grandes empresas continuarán con un esquema digital y mensual.

En términos operativos, la exclusión automática del pago a cuenta alcanza a unas 16.500 pymes, lo que modifica la relación fiscal en el ingreso de mercadería a la provincia.

Qué cambia: menos anticipos, pero impacto diferido

Desde la mirada empresaria, la principal modificación no está en el precio final, sino en la dinámica comercial. Vely explicó que el anticipo funcionaba como un costo que los proveedores trasladaban a los precios, aunque no siempre de manera uniforme.

Sin embargo, advirtió que el efecto de la eliminación no será inmediato. “Esto arranca recién en julio y muchas empresas ya hicieron sus compras de temporada”, señaló, aludiendo a la estacionalidad del comercio.

Según detalló, el impacto podría observarse recién en ciclos comerciales posteriores, como la temporada primavera-verano, cuando las nuevas condiciones fiscales comiencen a reflejarse en las listas de precios.

El Gobierno desactiva un eje de conflicto con el sector privado

La medida implica un movimiento político con impacto directo en la relación entre el Gobierno provincial y las cámaras empresarias, que cuestionaban el esquema de anticipos desde hace años.

Al eliminar el cobro en frontera, el Ejecutivo neutraliza uno de los principales reclamos del sector comercial y productivo, al tiempo que busca mejorar el clima para la inversión y la actividad.

En ese contexto, la respuesta empresaria combina respaldo con cautela. Vely reconoció que se trata de una “medida de fondo”, pero insistió en que el problema estructural sigue siendo la carga administrativa y la burocracia.

Alivio operativo más que baja de precios

De acuerdo con lo planteado por el comerciante, el principal beneficio será una mayor fluidez en la relación con proveedores, al eliminar gestiones y anticipos que generaban saldos a favor y tensiones comerciales.

También podría reducirse un recargo puntual —estimado en torno al 3%— en aquellos casos donde el anticipo era trasladado directamente al precio. Sin embargo, ese efecto dependerá de cada proveedor y de si estaba alcanzado por el régimen.

En términos generales, Vely descartó un impacto directo en el bolsillo del consumidor: “No va a tener un impacto en precios”, afirmó.

Uno de los puntos que emerge del análisis es la comparación con mercados cercanos como Corrientes o Chaco. Según el empresario, las diferencias de precios con proveedores de esas provincias estaban, en parte, vinculadas al esquema de anticipos.

La eliminación de ese costo podría contribuir a equiparar condiciones, en un contexto donde el comercio local compite no solo con otras jurisdicciones, sino también con el comercio electrónico.

La presión del e-commerce, según describió, obliga a los comercios a absorber costos para no perder competitividad, lo que limita la capacidad de trasladar cualquier ahorro al precio final.

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