Ingresos Brutos

Alivio fiscal para el turismo: Misiones baja Ingresos Brutos y libera de retenciones bancarias a las agencias

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El turismo misionero tendrá desde octubre un poco más de aire en uno de los lugares donde más se siente la presión cotidiana de los impuestos: la caja.

El Gobierno provincial decidió reducir del 5% al 3,5% la alícuota de Ingresos Brutos para profesionales independientes vinculados con la actividad turística y excluir a las agencias de viajes minoristas del régimen de retenciones bancarias. En este último caso, el beneficio alcanzará a una única cuenta declarada por cada agencia y tendrá una vigencia de tres meses, según la información oficial.

No se trata solamente de una rebaja de alícuota. Para una actividad atravesada por una cadena extensa de pequeños prestadores -guías, agentes, agencias y servicios asociados-, la disponibilidad inmediata de los ingresos es parte del capital de trabajo. Una retención bancaria no modifica la obligación tributaria final, pero sí inmoviliza recursos durante la operatoria diaria. La exclusión dispuesta para las agencias apunta precisamente sobre ese frente financiero.

El ministro de Turismo, José María Arrúa, encuadró las medidas dentro de las decisiones impulsadas por el gobernador Hugo Passalacqua para mejorar las condiciones de funcionamiento de la actividad. Según destacó, el objetivo es avanzar sobre respuestas concretas a los planteos del sector, más allá de las mesas de diálogo que no terminan traducidas en soluciones.

El contraste tiene, además, una cuota de ironía histórica. Mientras Misiones baja impuestos para darle competitividad al turismo, la Nación no brinda ninguna respuesta a los reclamos de los empresarios del sector. Entrar al país por el Tancredo Neves no se convierta en una excursión de cuatro horas. Esta semana el reclamo volvió a Buenos Aires de la mano del senador Martín Goerling, que reunió al sector privado de Iguazú con funcionarios nacionales para pedir que se agilice la frontera. La escena tiene un antecedente incómodo: Goerling formó parte de Cambiemos, el espacio que gobernó la Nación entre 2015 y 2019, cuando los empresarios de Iguazú ya planteaban prácticamente los mismos problemas. En 2018, Mauricio Macri escuchó personalmente esos reclamos, prometió un plan de modernización para la ciudad y su propio gobierno reconoció la necesidad de mejorar los controles fronterizos. Ocho años después, la discusión vuelve a empezar casi desde el mismo lugar.

Del 5% al 3,5% para los profesionales

La primera medida tiene impacto directo sobre los trabajadores independientes. A partir de octubre, la alícuota de Ingresos Brutos para las actividades profesionales alcanzadas pasará del 5% al 3,5%. La comunicación oficial incluye específicamente entre los beneficiarios del sector turístico a los guías y agentes profesionales que operan como personas humanas.

La diferencia equivale a una reducción de 1,5 puntos porcentuales de la alícuota o, vista sobre la carga anterior, una baja del 30%.

La decisión profundiza una política que Misiones viene aplicando sobre el trabajo profesional. En 2025, ATM había instrumentado una bonificación especial del 30% de Ingresos Brutos para profesionales matriculados, universo en el que ya estaban incluidos los guías turísticos. Ese esquema fue posteriormente prorrogado durante 2026.

Ahora, el paso de una alícuota del 5% al 3,5% consolida ese alivio en la carga efectiva para las actividades alcanzadas.

El segundo cambio apunta directamente al flujo financiero de las agencias de viajes minoristas. Durante tres meses quedarán exceptuadas de las retenciones bancarias, sobre una cuenta informada por cada empresa.

El efecto es diferente al de una reducción de impuestos, pero particularmente relevante para el funcionamiento cotidiano. Al evitar que una parte de los fondos sea retenida automáticamente cuando ingresa a la cuenta, las agencias podrán disponer de mayor liquidez para afrontar pagos, proveedores y otros costos operativos.

La medida oficial apunta precisamente a liberar recursos y mejorar la previsibilidad financiera de las empresas turísticas.

Una nueva pieza del esquema de alivio fiscal

Las decisiones sobre turismo no aparecen aisladas. Se incorporan a una secuencia de modificaciones tributarias que Misiones fue acelerando durante 2026 ante un escenario de menor actividad y presión sobre los márgenes empresarios.

Entre ellas estuvo la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos en los controles de ingreso a Misiones, un régimen que funcionaba desde 2007 y que obligaba a anticipar el impuesto sobre mercaderías que entraban a la provincia. También se prorrogó hasta diciembre el esquema de alivio para profesionales y se avanzó sobre mecanismos de retención y percepción.

ATM, además, elevó este año a $1.800 millones anuales el umbral de facturación para quedar obligado a actuar como agente de retención y percepción, reduciendo el universo de empresas comprendidas por ese régimen.

El hilo conductor es financiero: reducir anticipos, retenciones y saldos inmovilizados para dejar una porción mayor del capital dentro de las empresas y actividades profesionales.

En el turismo, ese movimiento adquiere una relevancia particular por la estructura del sector. No termina en hoteles o grandes operadores. Alrededor del visitante funcionan agencias, guías, gastronomía, transporte, comercio y una extensa red de servicios que captura parte del gasto turístico.

Por eso, la baja tributaria anunciada tiene una doble lectura. Representa un alivio puntual para quienes quedan alcanzados, pero también busca sostener la competitividad de una actividad que Misiones considera estratégica. La provincia resigna una parte de la presión fiscal inmediata con la expectativa de dejar más recursos circulando dentro de la propia economía.

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La recaudación de Misiones cae hasta 25% en términos reales y ATM profundiza el alivio fiscal a pymes

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La retracción de la economía comenzó a reflejarse con fuerza en los ingresos propios de Misiones. La Agencia Tributaria Misiones (ATM) registra una caída de entre 21% y 25% en términos reales de la recaudación, pese a mostrar un incremento nominal cercano al 6%, en un escenario atravesado por la contracción de sectores centrales de la economía provincial como la industria, la yerba mate, la actividad forestal y la obra pública.

En ese contexto debutó ante la Legislatura el nuevo titular de ATM, Héctor Rubén Chesani, quien presentó las previsiones del organismo para el Presupuesto 2027 y detalló las medidas implementadas para aliviar la situación de pequeños contribuyentes y pymes.

La paradoja que enfrenta la administración tributaria es significativa: mientras se achica la recaudación en términos reales, la Provincia decidió reducir retenciones y percepciones que representan un costo fiscal estimado en $2.300 millones mensuales, al tiempo que ATM proyecta para 2027 un presupuesto 0,71% inferior al vigente.

Chesani, contador y funcionario con trayectoria dentro del organismo tributario provincial, asumió recientemente la conducción y anticipó una línea de continuidad con las políticas desarrolladas por ATM en consonancia con el Poder Ejecutivo.

“Estamos tratando de ver de qué manera se alivia la situación de los pequeños contribuyentes y especialmente de las pymes”, señaló.

El comportamiento de los ingresos tributarios expone el impacto que está teniendo la desaceleración económica sobre las cuentas provinciales.

Aunque en términos nominales la recaudación presenta un incremento de aproximadamente 6%, una vez descontada la inflación la evolución se transforma en una caída real que oscila entre 21% y 25%.

Detrás de esos números aparece la retracción de varias de las principales actividades económicas de Misiones.

La caída de la industria, la actividad yerbatera, el sector forestal y la obra pública no queda limitada a esas ramas sino que se transmite hacia proveedores, comercios, transportistas y empresas de servicios.

El impacto termina llegando en cascada a las pymes: menos producción implica menor facturación, menos empleo, menor consumo y, finalmente, una menor base sobre la cual recaudar impuestos provinciales.

El escenario representa un desafío adicional para ATM, debido a que los recursos propios tienen un peso considerable dentro de la estructura financiera provincial.

Un alivio fiscal de $2.300 millones por mes

Uno de los datos centrales aportados por Chesani fue la dimensión de las medidas implementadas para reducir retenciones y percepciones.

Según precisó, los cambios vinculados con las billeteras virtuales alcanzan aproximadamente a 90.000 contribuyentes u operaciones y representan para ATM un costo fiscal cercano a los $600 millones mensuales.

A esto se suma la modificación aplicada sobre las retenciones bancarias. En este segmento existen alrededor de 139.000 contribuyentes alcanzados por el beneficio, con un costo fiscal calculado en aproximadamente $1.700 millones mensuales.

En conjunto, ambas decisiones significan resignar unos $2.300 millones por mes, equivalentes a $27.600 millones si se proyectara ese monto durante doce meses en condiciones similares.

La decisión adquiere otra dimensión frente a la caída real de los ingresos: la Provincia resigna parte de su recaudación potencial en momentos en que sus propios recursos pierden poder adquisitivo.

Para Chesani, el objetivo es encontrar un equilibrio entre la necesidad de financiar al Estado y la situación que atraviesan empresas y familias, buscando además incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

El 98% quedó excluido del pago a cuenta

El nuevo titular de ATM también se refirió a los cambios introducidos en los mecanismos de control fiscal y en el esquema de pago a cuenta, uno de los puntos que históricamente generó cuestionamientos de sectores empresarios y profesionales.

De acuerdo con los números expuestos por el funcionario, sobre un universo de aproximadamente 30.001 contribuyentes, el 98% quedó excluido del régimen, por lo que apenas alrededor del 2% continúa alcanzado.

Chesani aseguró además que la flexibilización de estos mecanismos no provocó una disminución del universo registrado. Por el contrario, sostuvo que se incorporaron 811 contribuyentes.

El dato es utilizado por la nueva conducción como evidencia de que es posible reducir determinados mecanismos de percepción o anticipo sin que ello necesariamente derive en un deterioro del cumplimiento tributario.

Consultado sobre los cuestionamientos judiciales recibidos por el organismo y sobre si las nuevas medidas podían interpretarse como una autocrítica respecto de la política fiscal aplicada anteriormente, Chesani evitó esa definición.

Recordó que las controversias judiciales mencionadas todavía se encuentran en instancia cautelar y que no existe una sentencia definitiva de la Corte Suprema. Por ese motivo, explicó que el área jurídica de ATM continúa estudiando los planteos y que el organismo defenderá su posición.

Sin embargo, admitió que las últimas decisiones buscan adaptar el esquema tributario a la nueva realidad económica.

“Con las medidas que se están llevando a cabo, esa visión que se tiene de una presión tributaria se ha acomodado mucho a las realidades”, sostuvo.

Chesani también planteó que Misiones presenta una estructura económica particular por su ubicación entre Paraguay y Brasil y por la incidencia permanente de las asimetrías fronterizas sobre precios, consumo y comercio.

En ese sentido, aportó otro dato relevante: el comercio representa alrededor del 45% del impuesto determinado en la provincia.

La fuerte dependencia de esa actividad vuelve especialmente sensible la recaudación provincial frente a una caída del consumo.

Chesani reivindicó el peso que mantiene la recaudación propia dentro de las cuentas públicas provinciales.

Según indicó, los recursos propios representan aproximadamente el 30% de los ingresos del Estado misionero, lo que otorga a la Provincia un mayor margen de autonomía, pero también la expone directamente a las oscilaciones de su economía.

El funcionario destacó además el desempeño relativo de Misiones dentro de la región y señaló que, con datos acumulados hasta mayo de 2026, la provincia se ubicaba octava a nivel nacional en recaudación por Ingresos Brutos.

Para dimensionar las obligaciones que deben sostenerse con esos recursos, puso como ejemplo al sistema educativo. Para 2027 se proyectan aproximadamente 457.000 alumnos y un plantel de 35.000 docentes, considerando establecimientos estatales y de gestión privada sostenidos con fondos públicos.

El argumento de ATM es que la política tributaria debe buscar un equilibrio complejo: reducir la carga sobre una economía debilitada sin desfinanciar servicios esenciales.

ATM tendrá menos presupuesto en 2027

Ese escenario también tendrá su correlato dentro del propio organismo recaudador.

Chesani anticipó que ATM tendrá en 2027 un presupuesto 0,71% inferior al vigente durante 2026.

“El presupuesto previsto para el año que viene va a ser menor en un 0,71% de lo que hoy rige para el presente año”, explicó.

La reducción contrasta con el incremento nominal previsto para el Presupuesto General de la Provincia y plantea una exigencia adicional para la nueva conducción: administrar una estructura más ajustada mientras enfrenta una caída real de la recaudación y profundiza beneficios destinados al sector privado.

El flamante funcionario también fue consultado sobre los cuestionamientos de sectores profesionales ante una eventual modificación de los requisitos establecidos para conducir el organismo tributario.

Chesani evitó tomar posición y sostuvo que las administraciones fiscales del país adoptan diferentes modelos.

“Hoy hay muchas especialidades en el tema tributario. No significa que un contador o un abogado no tenga las condiciones para hacerse cargo de una dirección”, afirmó.

Consideró que se trata de una definición que corresponde al Poder Ejecutivo y evitó realizar una valoración personal sobre la controversia.

Su debut ante la Legislatura dejó planteado, sin embargo, el principal desafío de la nueva etapa de ATM: sostener una recaudación que pierde entre 21% y 25% en términos reales, en medio de una economía provincial afectada por la retracción de actividades centrales, mientras se resignan recursos para aliviar la situación financiera de pymes y pequeños contribuyentes.

El equilibrio será particularmente delicado. La recaudación propia representa cerca de tres de cada diez pesos que ingresan al Estado provincial, pero depende de una economía en la que la caída de la industria, la yerba, el sector forestal y la obra pública se transmite rápidamente hacia el resto del entramado empresarial. En ese escenario, recaudar sin profundizar la contracción económica aparece como uno de los principales desafíos fiscales de Misiones para 2027.

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Caputo prometió bajar impuestos, pero postergó la reforma integral para un segundo mandato de Milei

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno nacional proyecta reducir en otro punto la presión impositiva durante 2027, aunque aclaró que una reforma tributaria integral requerirá un acuerdo profundo con las provincias y quedará como uno de los grandes objetivos para un eventual segundo mandato de Javier Milei.

Durante su participación en el encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizado en Puerto Iguazú, Caputo reconoció que la Argentina arrastra una estructura tributaria “malísima”, atravesada por impuestos distorsivos en los tres niveles del Estado.

El ministro aseguró que la Nación ya redujo la presión tributaria en tres puntos desde el comienzo de la gestión libertaria, pero admitió que todavía persisten gravámenes que castigan la producción, la inversión y la formalidad.

Entre ellos apuntó especialmente contra Ingresos Brutos y las tasas municipales. Sin embargo, reconoció que las provincias construyeron una fuerte dependencia de esos recursos ante la inestabilidad de las transferencias nacionales y las recurrentes crisis fiscales.

“Le preguntás a cualquier gobernador y te va a decir que era la única forma de defenderse”, señaló. Según Caputo, los impuestos provinciales llegan a representar alrededor del 80 por ciento de los ingresos propios en muchas jurisdicciones.

Por esa razón, sostuvo que una reforma tributaria de fondo no podrá resolverse exclusivamente desde Buenos Aires. Será necesario sentar a la Nación y a las provincias en una misma mesa para redefinir la distribución de los recursos y reemplazar gradualmente los tributos más perjudiciales.

“La reforma de fondo va a requerir sentarnos con las provincias y hacer un cambio profundo. Eso va a llegar para el segundo mandato”, afirmó.

Mientras tanto, adelantó que el Gobierno continuará bajando impuestos en la medida en que el superávit fiscal lo permita. “El año que viene vamos a bajar un punto más”, prometió.

Caputo también defendió la recuperación desigual de los distintos sectores productivos. Rechazó que las distintas velocidades constituyan necesariamente un problema y las definió como una consecuencia natural de la reasignación de recursos que impulsa el programa económico.

El ministro recordó que el período de mayor caída industrial se produjo durante el último año y medio de la administración anterior, cuando la actividad fabril retrocedió catorce puntos en medio del desorden macroeconómico, la falta de precios de referencia y la brecha cambiaria.

Para explicar el potencial que, a su entender, permaneció desaprovechado, recurrió a una metáfora futbolística: la Argentina tenía a “Messi, Di María y Enzo Fernández en el banco de suplentes”.

En esa comparación ubicó a la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento, sectores que estuvieron condicionados durante años y que ahora comenzaron a ganar protagonismo.

“Energía y minería estaban pisadas. Ahora les das la posibilidad de surgir y van a arrancar”, planteó. Para Caputo, el crecimiento de esas actividades no perjudica al resto del entramado productivo, sino que aporta divisas, inversiones, empleo y mayor previsibilidad para toda la economía.

El ministro sostuvo que durante décadas el desempeño de las empresas estuvo sometido a la discrecionalidad del funcionario de turno, que decidía mediante permisos, cupos, regulaciones o acceso diferencial al mercado cambiario quién podía crecer y quién quedaba relegado.

La estrategia oficial, explicó, consiste en estabilizar primero la macroeconomía y permitir después que el mercado determine la asignación de recursos. “Es un proceso. Estamos reconstruyendo el país y esto es parte de la reconstrucción”, afirmó.

Caputo admitió que la transformación beneficiará más rápidamente a algunas actividades que a otras, pero insistió en que se trata de un movimiento inevitable dentro de una economía que abandona restricciones acumuladas durante años.

Otro de los ejes de la presentación fueron los vencimientos de deuda, que durante el próximo período alcanzarán los 23.000 millones de dólares.

Caputo buscó despejar las dudas sobre la capacidad de pago y aseguró que el programa financiero está cerrado con un año y medio de anticipación. Según destacó, se trataría de una situación inédita para la Argentina reciente.

“No tenemos necesidad de salir al mercado financiero internacional”, afirmó. El ministro aclaró que el Gobierno podrá refinanciar vencimientos, pero únicamente cuando encuentre condiciones convenientes y tasas suficientemente bajas.

Caputo reveló que el equipo económico recibió propuestas de financiamiento con costos hasta 200 puntos básicos inferiores a las condiciones disponibles en el mercado. “Hemos cerrado el financiamiento”, insistió.

La afirmación apunta a reducir la incertidumbre sobre los compromisos externos y a evitar que el calendario de deuda vuelva a condicionar el programa económico.

Mora, bancos y un límite al rescate estatal

El ministro también se refirió al aumento de la mora de familias y empresas. Lo describió como parte de un proceso de aprendizaje de un sistema financiero que, durante años, tuvo pocos incentivos para prestar al sector privado porque encontraba rentabilidad en el financiamiento al Estado.

Caputo rechazó de plano la posibilidad de utilizar recursos públicos para compensar a las entidades que otorgaron créditos de manera deficiente.

“No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, sostuvo. A su entender, rescatar a los bancos por una mala evaluación de sus clientes sería una medida “populista e inmoral”, tanto para quienes cumplen con sus obligaciones como para el conjunto de los contribuyentes.

El ministro aseguró que las entidades están respondiendo mediante refinanciaciones, extensión de plazos y reducción de tasas. Como ejemplo, señaló que el Banco Nación concretó más de 100.000 operaciones de refinanciamiento.

Para Caputo, esa conducta no responde solamente a una decisión de acompañamiento, sino también a la lógica del propio negocio bancario: refinanciar puede ser más conveniente que ejecutar una deuda o asumir una pérdida definitiva.

Aunque reconoció la existencia del problema, descartó que la mora represente una amenaza para la estabilidad financiera. Estimó que equivale aproximadamente a un punto del producto y remarcó que deberá resolverse entre las entidades y sus clientes.

“No es un problema sistémico. Es un problema que tiene que resolverse entre privados”, concluyó.

“Me importa tres pitos lo que digan”

Caputo también rechazó los pronósticos que anticipan un escenario de tensión económica y cambiaria durante el próximo año. Con una expresión poco habitual para un ministro de Economía, buscó quitarles dramatismo a las advertencias: “Me importa tres pitos lo que digan. Va a ser un año que no tendrá nada que ver con lo que se está diciendo. Va a ser súper tranquilo”.

De todos modos, aclaró que su responsabilidad no consiste solamente en confiar en el rumbo oficial, sino en preparar al Gobierno frente a las expectativas y los temores del mercado. “No importa lo que pienso yo, me preparo para lo que piensa la gente”, señaló.

El ministro afirmó que la Argentina llegará al próximo proceso electoral en una posición mucho más sólida que en 2025, especialmente en materia cambiaria. Como respaldo mencionó la acumulación de 15.000 millones de dólares de reservas y la disponibilidad del swap con China.

“Nos preparamos para el peor de los escenarios, pero no va a pasar”, aseguró.

Caputo reconoció que la oposición tiene capacidad para instalar incertidumbre y generar episodios de tensión. Sin embargo, consideró que el margen para provocar una crisis se reduce cuando las cuentas públicas, la emisión monetaria y el frente cambiario permanecen bajo control.

“La oposición es buena generando crisis, pero si tenés la macroeconomía en orden no es tan fácil desestabilizar”, sentenció. Para el ministro, el equilibrio fiscal y el fortalecimiento de las reservas funcionarán como las principales defensas ante cualquier intento de trasladar la disputa política al terreno financiero.

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Goerling apoyó el rumbo pero encendió una alerta: “Si la gente no siente beneficios, el riesgo de volver atrás siempre va a estar”

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El senador por Misiones Martín Goerling ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero introdujo una advertencia que atravesó buena parte de los debates del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú: la estabilidad macroeconómica no alcanzará para consolidar el cambio si sus resultados no llegan a la economía cotidiana.

Hay muchos sectores de la economía que la están pasando muy mal. Hay sectores que realmente no arrancan”, señaló el legislador durante un panel en el que se analizaron las reformas pendientes y la capacidad política de la Argentina para sostenerlas en el tiempo.

Goerling consideró que el país eligió un rumbo que debe mantenerse, aunque advirtió que el deterioro social puede alimentar otro giro del histórico péndulo argentino.

“Si la economía del día a día de la gente no empieza a sentir los beneficios, el riesgo de volver siempre va a estar, y es lo peor que nos puede pasar”, afirmó. 

Para el senador, todavía existe margen para desarrollar incentivos y políticas que permitan reactivar las actividades rezagadas antes de que el malestar se transforme en una demanda de regreso al esquema anterior.

Goerling también explicó su posición en el Senado frente al proyecto conocido como “super RIGI”, luego de que su negativa a firmar el dictamen fuera interpretada como un rechazo a la iniciativa.

“No dije que no al super RIGI. Venimos apoyando todas las reformas del RIGI”, aclaró. Según explicó, su decisión respondió a que todavía no estaban dadas las condiciones políticas para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto con posibilidades reales de aprobación.

El senador sostuvo que varios integrantes de la Cámara alta pretendían introducir modificaciones y que avanzar sin consensos suficientes podía conducir al rechazo de la propuesta. Eso, planteó, habría representado un retroceso mayor que continuar negociando.

“Lo peor que podía pasar era ir al recinto y que se rechazara el proyecto”, remarcó. Además, cualquier modificación obligaría a devolver la iniciativa a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

Entre los puntos en discusión mencionó la incorporación de un porcentaje de Compre Argentino, orientado a dar participación a la industria nacional dentro de los grandes proyectos de inversión. La propuesta evaluada contemplaba un piso del 20 por ciento, aunque persistían diferencias sobre la forma de calcularlo.

El debate consiste en evitar que ese porcentaje quede absorbido exclusivamente por la obra civil y garantizar que incluya bienes transables fabricados en el país. El objetivo es que los megaproyectos no funcionen como enclaves aislados, sino que permitan desarrollar una cadena argentina de proveedores.

Goerling aseguró que el tratamiento continuará y que su intención es construir una mayoría capaz de aprobar la iniciativa. En ese proceso, destacó los aportes realizados por entidades empresariales como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión Industrial Argentina.

El senador defendió la necesidad de que los cambios estructurales sean aprobados mediante leyes respaldadas por diferentes sectores políticos. Consideró que ese consenso constituye una garantía para las inversiones y reduce la posibilidad de que las reformas sean derogadas ante un cambio de gobierno.

“Cuando se fuerza una ley, después queda a tiro de que, si cambia el gobierno, lo primero que haga sea derogarla porque no le gustó en su momento”, explicó.

Para Goerling, una norma discutida, enriquecida con aportes y sostenida por una mayoría amplia ofrece mayor previsibilidad que una victoria parlamentaria ajustada. Esa lógica, afirmó, debería aplicarse tanto a las reformas económicas como a los cambios institucionales pendientes.

El senador señaló que la reforma del Banco Central será girada a la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside. Indicó que todavía espera que la Presidencia del Senado remita formalmente el expediente, pero anticipó su acompañamiento.

“Compartimos absolutamente la ley. Va a ser un antes y un después en la Argentina”, aseguró. También incluyó a la reforma previsional entre los grandes debates que deberá afrontar el Congreso, aunque reconoció la dificultad de alcanzar acuerdos en una materia con fuertes consecuencias fiscales y sociales.

Goerling planteó que las condiciones tributarias previstas para las grandes inversiones deberían convertirse, a largo plazo, en la regla general de la economía argentina.

“El RIGI es un régimen especial, pero eso debería ser toda la economía de la Argentina”, sostuvo. Mencionó como referencias una alícuota del 25 por ciento en el impuesto a las Ganancias y menores aranceles para importar bienes destinados a la producción.

Sin embargo, admitió que avanzar hacia ese escenario demandará tiempo después de años de desequilibrios fiscales, inflación y distorsiones acumuladas. En ese camino, insistió en que la reducción de impuestos debe estar respaldada por una disminución del gasto público.

El planteo no quedó limitado a la administración nacional. Goerling sostuvo que las provincias y los municipios también deben revisar sus estructuras y acompañar el esfuerzo fiscal.

En su provincia, el senador puso el foco sobre Ingresos Brutos, los anticipos fiscales y el sistema de pagos a cuenta que se aplica al ingreso de mercaderías. Consideró que ese entramado aumenta los costos, desalienta proyectos y coloca a Misiones en desventaja frente a otras jurisdicciones.

“Tenemos una de las presiones tributarias más altas del país. Ingresos Brutos es totalmente asfixiante y lo único que hace es expulsar la inversión”, cuestionó.

Goerling calificó el pago anticipado de Ingresos Brutos como una “aduana paralela” y afirmó que numerosas inversiones terminan radicándose en Corrientes debido a las diferencias impositivas. Frente a ese cuadro, reclamó que el Gobierno provincial reduzca estructuras y gastos para generar condiciones más competitivas.

“Nadie quiere venir a invertir a Misiones. El Gobierno debería incentivar la inversión para que vengan a invertir a la provincia más linda de la Argentina”, lanzó.

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La Comisión Arbitral fija qué intermediarios pueden aplicar el reparto especial del Convenio Multilateral

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La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 precisó el alcance del artículo 11, una norma clave para determinar cómo se distribuyen los ingresos brutos entre jurisdicciones cuando intervienen rematadores, comisionistas u otros intermediarios en la comercialización de bienes. La Resolución General 7/2026 busca cerrar zonas grises y establecer criterios verificables para definir quién puede utilizar este régimen especial y sobre qué ingresos.

El artículo 11 establece un esquema particular para estas operaciones: la jurisdicción donde están radicados los bienes puede atribuirse el 80% de los ingresos brutos originados por la operación, mientras que la jurisdicción donde está radicada la oficina central del intermediario concentra el 20% restante. La nueva resolución interpreta qué debe entenderse por “otros intermediarios” y delimita tanto los sujetos alcanzados como los ingresos que pueden someterse a esta distribución.

El criterio adoptado es concreto: quedan comprendidos quienes intervienen en la comercialización de bienes entre oferentes y demandantes sin adquirir la propiedad de esos bienes ni asumir su riesgo económico. En otras palabras, la aplicación del artículo 11 dependerá de que el contribuyente actúe efectivamente como intermediario y no como parte que compra, vende o asume el riesgo comercial de la mercadería.

La Comisión Arbitral introduce además una exigencia probatoria relevante. La condición de intermediario deberá acreditarse operación por operación mediante documentación que permita demostrar la relación jurídica o económica invocada. Entre los elementos que pueden respaldar esa condición aparecen contratos, facturación, órdenes de compra, notas de comisión y correspondencia comercial, además de otros instrumentos que resulten fehacientes.

El segundo eje de la resolución apunta directamente a la base sobre la cual se aplica el régimen especial. El 80/20 del artículo 11 no alcanzará a cualquier ingreso generado por una empresa que actúe como intermediaria, sino exclusivamente a las comisiones, honorarios u otras retribuciones fijas o variables que remuneren directamente la actividad de intermediación en la comercialización de bienes.

La precisión tiene impacto para empresas que combinan intermediación comercial con otras prestaciones. La resolución excluye expresamente los ingresos derivados de servicios, intangibles y derechos, por lo que esos conceptos no podrán ser incorporados al régimen especial simplemente porque hayan sido facturados por el mismo contribuyente o dentro de una operación comercial.

El criterio también alcanza a los servicios adicionales, complementarios o accesorios que sean facturados conjuntamente con la intermediación. Si una operación contiene este tipo de prestaciones, los ingresos correspondientes deberán atribuirse bajo el régimen general del artículo 2° del Convenio Multilateral o mediante el régimen especial que corresponda según la naturaleza de cada actividad.

La medida apunta así a una cuestión de fondo del sistema de distribución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: evitar que un régimen diseñado para una actividad específica termine aplicándose sobre ingresos que tienen una naturaleza económica diferente. La documentación deja de ser un elemento meramente formal y pasa a ocupar un lugar central para demostrar que existe una verdadera actividad de intermediación y cuál es exactamente la remuneración asociada a ella.

Para los contribuyentes alcanzados, el nuevo criterio plantea una solución práctica: separar y documentar adecuadamente los ingresos según la naturaleza de la prestación realizada. La trazabilidad de cada operación será determinante para sostener la aplicación del artículo 11 frente a los fiscos provinciales y evitar que servicios o prestaciones accesorias sean incluidos dentro de una distribución que la Comisión Arbitral reserva para la intermediación propiamente dicha.

La Resolución General 7/2026 será publicada en el Boletín Oficial y también incorporada al Ordenamiento Jurídico de las Normas de la Comisión Arbitral, dentro del apartado correspondiente al alcance subjetivo y objetivo del artículo 11 del Convenio Multilateral. Su alcance resulta especialmente relevante para comisionistas, operadores comerciales y otros intermediarios que distribuyen sus ingresos entre distintas jurisdicciones.

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