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Caputo destacó que las exportaciones pyme crecieron 32,6% en el primer cuatrimestre del 2026

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en el primer cuatrimestre del año 2026 las exportaciones de PyMEs sumaron US$3.557 millones y crecieron 32,6% con respecto al mismo período del año pasado.

De esta forma, alcanzaron el mayor nivel en 13 años, según el ministro.

“Todos los grandes rubros registraron crecimiento. Las exportaciones de Combustibles y Energía se incrementaron 101,1%, en tanto las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aumentaron 42,7%, 29,4% y 17,5%, respectivamente”, remarcó en un posteo en redes sociales.

Precisó que “por tamaño, las exportaciones de microempresas crecieron 61,9%las de pequeñas empresas 36,8% y las medianas empresas 23,3%”.

“Entre los principales destinos, se destacó el crecimiento de las exportaciones a EE.UU. (+103,5%), España (+62,9%), China (+47,7%), Uruguay (+14,8%) y Brasil (+10,1%)”, indicó el jefe del Palacio de Hacienda. 

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Misiones y la paradoja económica argentina: récord exportador con consumo en retroceso

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Hay una escena económica que resume con bastante precisión el momento actual de la Argentina y que, en Misiones, aparece con una nitidez pocas veces vista: mientras las exportaciones provinciales alcanzan niveles récord, el consumo interno sigue deprimido. Dicho de otro modo: la provincia vende más al mundo, pero vende menos puertas adentro. Y aunque a primera vista parezca una contradicción, en realidad se trata de uno de los rasgos más distintivos del nuevo esquema económico argentino.

Los datos son contundentes. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Misiones exportó por USD 155,5 millones, con un crecimiento interanual del 4,8% y alcanzando la mejor marca para ese período desde 2011. Más aún: se trata del segundo mejor primer cuatrimestre de los últimos veinticinco años

En paralelo, las ventas en supermercados de la provincia cayeron 4,3% real interanual en marzo y acumulan once meses consecutivos de retroceso. El acumulado del primer trimestre, además, muestra una baja del 8,5% respecto al mismo período del año anterior.

La convivencia de ambos fenómenos no es casual. Es, en gran medida, el resultado directo del modelo económico libertario que vive la Argentina desde la asunción de Milei a la presidencia. 

Durante años, la economía argentina estuvo estructurada alrededor del mercado interno: puja redistributiva vía salarios que, con volatilidades, acompañaba o incluso superaba el aumento de precios; expansión del consumo con planes de fomento o bien, vía emisión monetaria y crédito subsidiado y fuerte intervención estatal, entre otras cosas. 

Ese esquema generaba cierto dinamismo comercial interno, pero también una enorme fragilidad macroeconómica: déficit fiscal crónico, inflación descontrolada, escasez de divisas y recurrentes crisis cambiarias.

El programa económico actual modificó drásticamente esa lógica. El eje pasó a centrarse, de manera innegociable, en el equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura (en muchos casos, indiscriminada) de la economía, con fuerte apoyo en actividades productivas de alta demanda global como la energía, la minería y el agro. En ese contexto, las provincias se mueven de manera heterogénea: aquellas que cuentan con fuerte presencia de esos sectores comenzaron a mostrar un desempeño relativamente mejor que aquellas que no lo tienen pero, a la par, la mayoría de las provincias igualmente mejoraron su canasta exportadora, en parte por mejores precios, en parte por mayor demanda global y en parte por desregulaciones. Pero el boom del frente externo convive con una depresión del frente interno.

En el marco de una apertura comercial más fuerte, Misiones tiene características productivas que le permiten adaptarse mejor a esta nueva dinámica. Su matriz exportadora posee un importante componente agroindustrial y manufacturero. Las Manufacturas de Origen Agropecuario explicaron el 54,5% de las exportaciones provinciales en el primer cuatrimestre y crecieron 5,8% interanual, mientras que los Productos Primarios avanzaron 26,5%. Además, la provincia logró incrementar no solo el valor exportado sino también las cantidades vendidas: Misiones exportó 232.617 toneladas, el mayor volumen para un primer cuatrimestre desde 2006.

Esto último es particularmente relevante porque revela que no se trata solamente de un efecto precio o cambiario. Hay efectivamente más producción colocándose en mercados externos. Incluso hay otro dato que ayuda a entender por qué Misiones aparece relativamente fortalecida en el frente externo: la provincia exhibe el mayor precio promedio de exportación del NEA, con USD 669 por tonelada, muy por encima de Chaco, Corrientes y Formosa. Eso habla de una estructura exportadora con mayor valor agregado relativo, algo no menor en un contexto donde la competitividad ya no depende únicamente de un salto devaluatorio sino también de productividad, escala y diferenciación.

Sin embargo, mientras el sector exportador encuentra incentivos y oportunidades, el mercado interno continúa atravesando una fuerte contracción. Y aquí aparece el núcleo de la paradoja.

La estabilización macroeconómica en Argentina se produjo mediante un severo ajuste sobre los ingresos reales. El gobierno nacional, entre otras cosas, redujo drásticamente el gasto público y eliminó todo tipo de mecanismos expansivos para sostener el consumo. La inflación, aunque todavía elevada, comenzó a bajar, pero lo hizo luego de una licuación muy fuerte de salarios y jubilaciones. En otras palabras, el orden macroeconómico se reconstruyó a costa de una significativa caída del poder adquisitivo.

Ese proceso impacta directamente sobre el comercio minorista y particularmente sobre el otro indicador que conocimos esta semana: las ventas en supermercados que, aunque no reflejan el 100% del consumo minorista, ilustran una buena foto para entender la situación actual, ya que se trata de un indicador de consumo masivo que, a la vez, marca con buena precisión la pérdida de poder de compra. Cuando los hogares ajustan gastos, lo primero que ocurre es una reducción en compras no esenciales, sustitución de marcas y menor frecuencia de consumo. Los datos de Misiones muestran precisamente eso: por ejemplo, en marzo hubo una leve mejora en el rubro “Almacén”, que creció 4,1% interanual, pero fue su primer incremento en un año, mostrando así que venía sufriendo fuertes golpes; algo similar se ve para el caso de verduras y frutas, cuya suba de marzo fue relativamente aislada. 

A la par, consumos no esenciales (ejemplo: electrónica) muestran todavía significativas caídas. 

Esto muestra que el modelo económico vigente parece estar produciendo una reorganización estructural de la economía argentina, donde algunas variables macroeconómicas muestran mejoras al mismo tiempo que gran parte de la sociedad percibe deterioro económico. La pregunta que ya nos hicimos un millón de veces es si esto es sostenible en el tiempo.

Los más optimistas afirman que si la inflación continúa bajando y los salarios comienzan lentamente a recomponerse en términos reales, podría aparecer una recuperación gradual del mercado interno sin poner en riesgo el orden fiscal y monetario. En ese caso, el fortalecimiento exportador funcionaría como base para un crecimiento más sólido y menos dependiente de ciclos artificiales de consumo. Además, agregan un segundo factor: la capacidad del sector exportador de generar encadenamientos productivos y empleo de calidad

Pero lo más pesimistas, lejos de ver ese escenario, ven un escenario de inflación aún en niveles altos, un mercado basado en el “sálvense quien pueda”, abandono estatal al fomento al consumo y a la producción nacional y un crecimiento exportador concentrado en pocos actores económicos sin lograr derramar actividad hacia el resto de la economía.

En Misiones, este desafío es especialmente importante porque la provincia posee una estructura económica muy heterogénea. Conviven complejos exportadores dinámicos con un entramado comercial y de servicios fuertemente dependiente del consumo interno. Por eso, el éxito exportador por sí solo no alcanza para garantizar bienestar generalizado. Aun así, sería un error minimizar la relevancia del récord exportador actual. En una Argentina históricamente condicionada por la falta de dólares, que Misiones logre alcanzar su mejor desempeño exportador desde 2011 tiene un enorme valor estratégico. Más todavía considerando que lo hace con altos niveles de valor agregado relativo y liderando ampliamente las exportaciones del NEA.

La verdadera discusión, entonces, no debería ser exportaciones versus consumo, sino cómo construir una economía capaz de sostener ambas dimensiones simultáneamente. Argentina necesita dólares genuinos para estabilizarse, pero también necesita recomponer ingresos y demanda interna para evitar una fragmentación económica y social creciente.

Misiones hoy funciona casi como una síntesis del momento argentino: una provincia que muestra fortaleza productiva hacia afuera y debilidad comercial hacia adentro. Un territorio donde la macroeconomía empieza a ordenarse mientras gran parte de la microeconomía todavía sigue bajo tensión. Y quizás allí radique la principal enseñanza del presente económico nacional: estabilizar era condición necesaria, pero claramente todavía no alcanza para garantizar una recuperación integral.

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Comas: “Quizás sea el momento de ir hacia la disolución del INYM”

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Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.

El debate sobre la desregulación yerbatera en el Congreso de la Nación sumó un componente de alta densidad política y jurídica que trasciende la discusión coyuntural sobre los precios de “abandono” en la chacra. Durante el plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales en la Cámara de Diputados, la representación de la industria molinera de Corrientes elevó la apuesta: no solo defendió el retiro del Estado instrumentado por el DNU 70/23, sino que reclamó formalmente la disolución definitiva del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), apalancándose en un proyecto legislativo que busca erradicar lo que consideran una “maraña burocrática” inconstitucional.

La postura correntina, sintetizada en la exposición de Joaquín Comas —presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y exdirector del INYM entre 2022 y 2024—, introdujo un análisis sistémico sobre los ciclos de sobreoferta y la pérdida de competitividad geopolítica del NEA frente a Paraguay y Brasil.

La hipótesis de la coincidencia temporal y el ciclo biológico

Para los sectores concentrados de la molienda correntina, adjudicar la actual depresión de precios relativos a la vigencia del DNU 70/23 constituye un error de diagnóstico macroeconómico. Comas apeló a la teoría de los ciclos de commodities agrícolas para aislar la variable regulatoria del comportamiento del mercado:

“El decreto 70/23 no produjo el problema que hay hoy; lo produjo simplemente la oferta y la demanda. Son ciclos. El riesgo que corre todo productor es el que corre cualquier profesión; no podemos estar pidiendo a ‘papá Estado’ que nos empareje la cancha poniendo restricciones cuando nos va mal”.

De acuerdo con este análisis, el colapso del valor de la hoja verde responde a la maduración biológica de las inversiones realizadas entre 2018 y 2021. Estimulados por un ciclo de precios excepcionales, los productores implantaron aproximadamente 50.000 nuevas hectáreas en la región. Dado que la planta de yerba mate requiere entre 4 y 5 años para alcanzar su productividad plena, el pico de la sobreoferta estructural colisionó cronológicamente con la firma del decreto desregulador.

La batalla por el derecho de propiedad y el fantasma de la Resolución 170

El núcleo duro del argumento correntino se centró en la seguridad jurídica y la jerarquía constitucional, reflotando la polémica por la Resolución 170/21 del INYM. Dicha norma, diseñada bajo una matriz de protección al minifundio, limitaba las nuevas plantaciones a un máximo de 5 hectáreas por año por productor, bloqueando la expansión a gran escala de la industria integrada.

Desde la óptica de la molinería correntina, esa medida fue un quiebre institucional dictado por “trasnochados” que violó el artículo 14 de la Constitución Nacional (derecho a comerciar y ejercer industria lícita) y el derecho a la propiedad privada:

“¿Quién me puede venir a decir que en mi propiedad privada yo tengo que hacer lo que un instituto me diga, cuando se juntaron en un salón siete personas y armaron algo que no pasó ni por comisión?”.

Bajo esta lectura, la fijación de precios mínimos —que según Comas sistemáticamente terminaba en laudos nacionales incumplidos por la fuerza de la realidad física del mercado— y las trabas a la expansión corporativa transformaron al INYM en un esquema asfixiante que no resistía el test de constitucionalidad.

Subsidio cruzado y el “dumping” indirecto hacia Brasil y Paraguay

Uno de los aportes más críticos de la jornada fue la denuncia sobre las consecuencias geopolíticas de la regulación argentina. La industria molinera sostiene que el INYM operó durante un cuarto de siglo como una estructura de extracción de renta que financió su propia burocracia en lugar de generar valor genérico para el sector.

Costo de la estructura: Se estimó el presupuesto del organismo en una caja anual de entre $4.000 y $5.000 millones de pesos, fondeada de manera compulsiva a través de la tasa de fiscalización (estampillado) que paga la industria y que, marginalmente, se traslada al consumidor.

Déficit de inserción global: La crítica sectorial apunta a que, en 25 años, las misiones comerciales del organismo no lograron abrir mercados internacionales significativos, limitando el horizonte de absorción de los excedentes de stock.

El punto neurálgico del análisis de la industria es que las restricciones internas impuestas al productor y al molino argentino actuaron como un incentivo indirecto para el desarrollo agroindustrial de los países vecinos. Al encarecer artificialmente el costo de producción local y limitar la escala, el INYM se convirtió, según la visión correntina, en el “mejor promotor de la yerba mate de Brasil y de Paraguay”, cediendo terreno en el mercado global que recién ahora, tras la liberación del frente exportador, se intenta recuperar.

Hacia la disolución: El Proyecto Brambilla

La ofensiva de los molineros correntinos no quedó en la catarsis retórica. Comas instó al cuerpo legislativo a avanzar de forma definitiva en la liquidación de la estructura del instituto, solicitando el tratamiento del Proyecto de Ley 3161-D, presentado originalmente por la diputada (M.C.) Sofía Brambilla y respaldado por una veintena de legisladores.

Dicha iniciativa busca la derogación integral de los aspectos regulatorios remanentes de la Ley 25.564 y la liquidación de los activos del INYM, bajo la premisa de que los mercados imperfectos encuentran su equilibrio óptimo mediante la libre competencia y la depuración de inventarios, sin necesidad de un arbitraje estatal que fije precios sostén.

La sesión, coordinada por Strada y Basterra, dejó en claro la fosa ideológica que divide a la cadena: mientras las cooperativas de base y los colonos de Misiones observan en la desaparición del INYM la antesala de un proceso de concentración y éxodo rural, la gran industria integrada del norte de Corrientes lo interpreta como una emancipación corporativa indispensable para competir en el mercado internacionalizado del siglo XXI.

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Quatrin: “Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50%”

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Gustavo Quatrin, el gerente general de Playadito, participó de la audiencia en la Comisión de Economías Regionales en el Congreso Nacional esta mañana, lo hizo vía zoom porque a pesar de que su agenda le impedía estar en Buenos Aires, quería dar la cara y dar su mirada del asunto.

A través de una pantalla de Zoom. Gustavo Quatrin, CEO de la Cooperativa Liebig (Playadito), rompió el histórico ostracismo de la gran industria para plantar la postura del jugador número uno del mercado interno. Liebig, cabe recordar, desplazó el año pasado a Establecimiento Las Marías de un liderazgo de más de medio siglo, consolidándose como el estándar de oro del cooperativismo de gran escala.

Con la autoridad de quien timonea una estructura de 120 productores asociados y tres décadas de gestión ejecutiva, Quatrin ensayó una descarnada pero pragmática defensa del libre mercado: “Compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento. Pero dicho esto, entendemos que la solución está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”.

Para el ejecutivo, el actual hundimiento de los precios no es consecuencia directa de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino de un ciclo recurrente de sobreoferta estructural. Según su análisis, los mecanismos de regulación de la Ley 25.564 distorsionaron los incentivos en los años de vacas gordas, estimulando una sobreplantación que hoy satura los secaderos. Citando de forma punzante a un colega jurista, sentenció que la ley de creación del INYM “no solo no respeta la Constitución, sino que no respeta ni la ley de gravedad”, advirtiendo que reintroducir controles solo agravaría la fase recesiva del ciclo productivo.

“Es muy complejo para nosotros la situacion, escuchamos a todos los participantes, claramente compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, los mejores precios que se pagan perdieron contra finlaes del 2023, más del 50 por ciento”, admitió Quatrin, quien ya hace tres semanas les dijo lo mismo a productores en la reunión en el Ministerio del Agro, en Posadas.

“Pero dicho esto, después hay que hacer ajustes a muchas cosas que se dijeron. Nosotros entemdemos que la solución está en el mercado, no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar la materia prima”, señaló, provocando el aplauso de algunos presentes en el anexo del Congreso.

“Incluso (el Estado) tampoco (debe) involucrarse en detalles de cómo producir”, indicó. “No tengan dudas de que las industrias que tienen marcas en las góndolas son las más preocupadas de que el producto esté a la altura de los consumidores”, indicó.

“Está clara que estamos ante un período de sobreoferta que las exposiciones anteriores lo reafirman, cada 30 años pasamos de precios espectaculares a precios de abandono”, explicó. “No parece casualidad que cada 30 años se repite esta situación, en el medio tenemos unos precios espectaculares”, dijo.

“Ante una situación así (de bajos precios) le introducimos mecanismos de regulación, no tengo la menor duda de que vamos a agravar el problema”, afirmó.

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Mercado de capitales y agro: la CNV flexibiliza transferencias y acelera controles en una señal directa al negocio granario

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la Resolución General 1140/2026, introduciendo una rectificación normativa estratégica que habilita a los agentes del mercado de capitales a recibir fondos de clientes originados en actividades de corretaje de granos, forestales y agroindustriales desde cuentas corporativas específicas. Para el sector productivo de Misiones, la medida destraba el flujo de caja operativo hacia instrumentos de inversión y financiamiento bursátil, simplificando la triangulación financiera de las PyMEs del NEA.

La normativa subsana un vacío procedimental en los regímenes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Al convalidar que los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) Agro y los Agentes de Negociación (AN) transfieran saldos consolidados de sus operaciones comerciales garantizando la trazabilidad individual mediante CUIT, el regulador elimina la obligatoriedad de que cada productor primario deba estructurar transferencias espejo individuales desde cuentas a la vista. Simultáneamente, la CNV descentralizó las inscripciones del Registro de Auditores Externos directamente en su Subgerencia de Control, un paso burocrático que agilizará los balances auditados requeridos para la emisión de Obligaciones Negociables (ON) regionales.

Vía libre para el financiamiento bursátil del agro a través de los ALyC y agentes de corretaje

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó su normativa para permitir una operatoria más ágil y trazable en transferencias vinculadas al corretaje agropecuario y, al mismo tiempo, delegó facultades operativas para acelerar registros y controles dentro del mercado de capitales. Aunque el cambio parece técnico, tiene impacto concreto sobre cadenas exportadoras como la forestoindustria, la yerba mate y el negocio agroindustrial del NEA, donde el acceso al financiamiento y la velocidad de liquidación son variables críticas en un contexto de márgenes ajustados.

La Resolución General 1140/2026 introduce dos movimientos relevantes: por un lado, habilita mecanismos más flexibles para que intermediarios agropecuarios operen fondos destinados al mercado de capitales con trazabilidad validada; por otro, descentraliza decisiones administrativas dentro de la CNV para acelerar procesos regulatorios y registros.

Para Misiones, donde muchas empresas medianas enfrentan restricciones de escala y costos financieros más altos que en los grandes centros urbanos, la medida puede convertirse en un instrumento indirecto de mejora operativa.

El núcleo económico de la resolución está en la modificación del régimen de recepción de fondos para ALyC vinculados al negocio agroindustrial. La CNV habilita que los Agentes de Liquidación y Compensación especializados en actividades agropecuarias puedan recibir fondos desde cuentas específicas afectadas a operaciones de corretaje de granos y actividades agroindustriales, siempre que exista trazabilidad completa de origen.

Traducido al lenguaje empresario: el organismo busca reducir trabas operativas sin relajar controles antilavado.

La decisión tiene impacto sobre: operaciones de cobertura financiera del agro. Canalización de liquidez hacia instrumentos bursátiles. Agilidad en movimientos de capital de empresas agroindustriales. Y menores tiempos administrativos para operaciones vinculadas a exportación.

En economías regionales, donde la gestión de flujo de caja suele ser más volátil que en industrias urbanas, la velocidad de acreditación y aplicación de fondos tiene peso estratégico.

Para sectores exportadores del NEA, especialmente empresas forestales, tealera y yerbateras con vínculos comerciales internacionales, cualquier reducción de fricción financiera puede mejorar capacidad de cobertura cambiaria, administración de capital de trabajo y acceso a herramientas bursátiles.

Por qué el efecto puede sentirse distinto en Misiones

La economía misionera convive con un problema estructural: el costo de operar lejos de los centros financieros tradicionales.

Mientras empresas radicadas en Buenos Aires tienen acceso más directo a ALyCs, bancos de inversión y mercados de cobertura, las firmas del NEA suelen enfrentar: mayores costos de intermediación, menor profundidad financiera, menor acceso a instrumentos sofisticados, y menor velocidad operativa.

A eso se suma la condición fronteriza de Misiones. Las denominadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, impositivas y de costos respecto de Paraguay y Brasil— obligan a las empresas locales a trabajar con márgenes más estrechos y estructuras financieras más sensibles.

En ese contexto, cualquier mejora regulatoria que facilite operatorias legales, trazables y más rápidas puede tener un efecto más relevante en provincias periféricas que en los grandes centros económicos.

El movimiento de la CNV también dialoga con una tendencia más amplia del Gobierno nacional: desburocratizar circuitos financieros para ampliar la participación privada y acelerar el financiamiento productivo sin expansión del gasto público.

La resolución reconoce explícitamente las actividades de corretaje de granos y agroindustriales, un dato político no menor.

La agroindustria sigue siendo el principal generador de divisas del país y el Gobierno busca evitar cuellos regulatorios que ralenticen operaciones financieras vinculadas al comercio exterior.

Aunque Misiones no tiene el peso cerealero de la región pampeana, sí posee cadenas exportadoras sensibles al crédito y al capital operativo: Yerba mate: necesita financiamiento estacional para acopio e industrialización. Forestoindustria: requiere capital intensivo y plazos largos de recuperación. Té y tabaco: dependen de liquidez para exportación y cobertura de costos. Turismo receptivo: cada vez más vinculado a herramientas de pagos digitales y servicios financieros integrados.

La posibilidad de operar con mayor trazabilidad y menos capas administrativas podría facilitar esquemas financieros más dinámicos para empresas medianas regionales.

Una CNV más rápida y menos centralizada

La resolución también delega facultades técnicas a distintas gerencias internas de la CNV, especialmente en registros de auditores y controles societarios.

La lectura política es clara: el organismo intenta acelerar tiempos administrativos en un mercado que reclama menos burocracia.

Entre los cambios más relevantes aparecen: delegación de inscripción y cancelación de registros de auditores. Agilidad para reformas societarias menores. Más velocidad en autorizaciones técnicas. Y descentralización operativa dentro del regulador.

Para empresas del interior que buscan acceder al mercado de capitales, emitir obligaciones negociables o estructurar fideicomisos productivos, la demora regulatoria suele representar un costo oculto relevante.

La simplificación administrativa puede no generar impacto inmediato en el bolsillo del consumidor misionero, pero sí influir en el costo financiero empresario, especialmente en un escenario de tasas reales todavía elevadas.

La clave no estará solamente en la norma, sino en la capacidad del sistema financiero para incorporar efectivamente a empresas medianas del interior.

Misiones mantiene una economía exportadora con fuerte dependencia logística y costos estructurales altos. Si las reformas regulatorias derivan en mayor acceso a instrumentos financieros, menor burocracia y operaciones más ágiles, podrían mejorar competitividad regional sin necesidad de subsidios directos.

El interrogante de mediano plazo es otro: si el mercado de capitales argentino logrará federalizarse o si estas ventajas seguirán concentradas en operadores del AMBA. Para el NEA, la diferencia entre ambas opciones no es técnica. Es productiva.

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