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Cayó la producción de autos en julio, pero crecieron las exportaciones

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La producción automotriz tuvo un nuevo retroceso en julio pero la exportación de vehículos exhibió un crecimiento, sosteniendo la actividad ante el desplome productivo y comercial del mercado interno, de acuerdo a un relevamiento de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

El reporte, arrojó que durante el séptimo mes del año, las terminales automotrices radicadas en el país fabricaron un total de 31.189 vehículos, lo que implica un 15,8% menos respecto de junio y 16% por debajo del registro del mismo mes del año pasado (37.112 unidades).

Con esta nueva contracción, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 se ubicó en 235.847 unidades, marcando un retroceso del 18,0% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En lo que respecta a ventas mayoristas, las automotrices entregaron a la red de concesionarios 34.178 vehículos durante julio, lo que representa un volumen 22,4% menor frente a las 44.096 unidades que se comercializaron en junio.

En la comparación interanual, la contracción fue del 31,9% en relación con julio de 2025. De esta manera, el acumulado del lapso enero-julio cerró con 262.307 unidades, evidenciando una baja del 24,9% interanual.

Las exportaciones se consolidan como el motor de la actividad

La contracara de la coyuntura interna fue el desempeño de los envíos al exterior, que continúan ganando dinamismo. En julio se exportaron 23.377 vehículos, lo que representa un avance del 4,5% respecto de junio y una suba del 28,3% frente a julio de 2025.

En el balance acumulado de los primeros siete meses de 2026, el sector exportó 150.270 unidades, lo que se traduce en un incremento del 1,6% frente a los 147.879 vehículos exportados en igual período del año anterior.

Al analizar el escenario actual, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que “el comportamiento de julio refleja la fase de reacomodamiento que atraviesa la industria, donde la producción viene acomodando sus ritmos al volumen de stock de la cadena de valor y a la dinámica del mercado interno”.

En este marco, remarcó que “el verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador, que en julio mostró un crecimiento interanual del 28,3% y se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año”.

Para apuntalar este sendero de inserción internacional y ganar escala de producción global, Pérez Graziano consideró que “es indispensable profundizar la agenda de competitividad y generar más y mejores acuerdos con nuestros principales socios comerciales y nuevos mercados”.

Asimismo, agregó que “valoramos el impulso de medidas nacionales como la reducción de derechos de exportación, pero se requiere el acompañamiento de provincias y municipios mediante la rebaja de la presión impositiva local y provincial”. En esa línea, advirtió que “la acumulación de tasas y gravámenes genera un ‘costo argentino’ que resta competitividad exportadora”.

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Simplifican el Código Alimentario: menos trámites para importar insumos y más poder de control para el Senasa

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El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma del Código Alimentario Argentino (CAA) al publicar el Decreto 697/2026, una norma que busca reducir la burocracia en la importación de alimentos, ingredientes y aditivos, acelerar los procesos de autorización para la industria y concentrar en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) la mayor parte de las funciones operativas del sistema de control alimentario.

La medida forma parte de la estrategia de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei y modifica una serie de decretos vigentes desde hace décadas para adaptar el régimen sanitario a un esquema basado en el reconocimiento de certificaciones internacionales y en la simplificación de procedimientos administrativos.

Uno de los cambios más relevantes para la industria alimentaria es que los productos, aditivos, ingredientes, coadyuvantes tecnológicos y envases provenientes de países con sistemas sanitarios reconocidos por Argentina o que aplican las normas del Codex Alimentarius (FAO/OMS) ya no deberán atravesar el proceso de incorporación previa al Código Alimentario Argentino. Bastará con presentar la certificación correspondiente y una declaración jurada de importación, sin que la autoridad sanitaria pueda exigir requisitos adicionales.

Hasta ahora existía una diferencia regulatoria que permitía importar alimentos terminados elaborados con determinados insumos, mientras esos mismos ingredientes no podían ser utilizados por fabricantes argentinos sin atravesar largos procesos de aprobación. El Gobierno sostiene que esa asimetría perjudicaba la competitividad de la industria nacional y encarecía la incorporación de nuevas tecnologías y desarrollos productivos.

La reforma también introduce cambios en los plazos administrativos. Las autoridades sanitarias deberán responder los pedidos de autorización de nuevos productos en un máximo de 30 días y, si ese plazo vence sin resolución, las empresas podrán comenzar a comercializarlos utilizando el número de trámite hasta que se complete la aprobación definitiva. Asimismo, las solicitudes para incorporar nuevos ingredientes, procedimientos o tecnologías al Código Alimentario deberán resolverse en un plazo máximo de 60 días.

En materia de exportaciones, el decreto elimina requisitos adicionales impuestos por Argentina cuando el país de destino no los exige. Desde ahora, los alimentos destinados al mercado externo deberán cumplir únicamente con las normas sanitarias y comerciales establecidas por el comprador internacional, mientras que el Estado nacional emitirá los certificados correspondientes cuando sean requeridos.

Otra de las modificaciones estructurales consiste en el fortalecimiento del Senasa como autoridad operativa del sistema. El organismo concentrará el registro de productos alimentarios importados, la fiscalización de establecimientos, los controles higiénico-sanitarios, la administración de una base única nacional de datos, las inspecciones y la aplicación de sanciones por infracciones al Código Alimentario.

En paralelo, el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Gestión Sanitaria, conservará la rectoría normativa en materia de salud pública. Será el encargado, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de actualizar el Código Alimentario Argentino, incorporar nuevos alimentos y establecer criterios sanitarios, microbiológicos y toxicológicos.

La norma también modifica el régimen de importaciones. Los alimentos certificados por países incluidos en el listado reconocido por Argentina podrán ingresar mediante una declaración jurada acompañada por un certificado de libre venta o documento equivalente. Solo los productos provenientes de otros mercados deberán someterse al proceso completo de inscripción en los registros nacionales y a controles analíticos antes de su comercialización.

No obstante, el decreto mantiene la posibilidad de realizar controles preventivos cuando existan riesgos comprobados para la salud humana, animal o vegetal, cuando se detecten signos de deterioro de la mercadería o inconsistencias documentales durante el proceso de importación.

Otro cambio con impacto directo sobre trabajadores y empresas del sector es que los carnets de manipuladores de alimentos dejarán de tener vencimiento, aunque continuarán siendo emitidos por las autoridades sanitarias competentes y mantendrán validez en todo el territorio nacional.

Desde la perspectiva oficial, la reforma busca compatibilizar la protección de la salud pública con un sistema regulatorio más eficiente, reduciendo costos administrativos, eliminando duplicación de controles y facilitando tanto las importaciones de insumos como las exportaciones de alimentos argentinos.

El desafío ahora será que la simplificación administrativa no implique una disminución en los estándares de control sanitario. En ese sentido, el Gobierno apuesta a reemplazar procedimientos previos por mecanismos de fiscalización posteriores, apoyados en certificaciones internacionales reconocidas y en una mayor capacidad operativa del Senasa para supervisar el cumplimiento efectivo del Código Alimentario Argentino.

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En encuentro binacional, Sartori destacó el potencial de la hidrovía para impulsar las exportaciones de Misiones

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Durante la VIII Reunión Plenaria Binacional del Grupo Encarnación, el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, puso en valor las inversiones anunciadas en este encuentro para mejorar la navegación del Alto Paraná y remarcó el papel estratégico que tiene ese corredor fluvial para ampliar las posibilidades logísticas de Misiones, fortalecer el Puerto de Posadas y acompañar el crecimiento de la producción local.

La provincia participó este jueves del evento organizado por la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), que reunió a autoridades de ambos países para analizar las condiciones actuales de navegación y proyectar nuevas acciones sobre el tramo compartido del río. La agenda estuvo centrada en infraestructura, conectividad y alternativas para mejorar el intercambio regional.

En representación del gobernador Hugo Passalacqua, Sartori marcó la necesidad de avanzar con obras que permitan consolidar al Paraná como una vía estratégica para el traslado de cargas y la integración económica del noreste argentino. En ese marco, valoró especialmente la posibilidad de contar con mejores condiciones para el movimiento de embarcaciones de mayor porte.

El encuentro contó además con la presencia de los directores de Gestión de la COMIP, Juan Pablo Esteche y Enrique Guardo; el representante de la Cancillería Argentina, Guillermo Nilsen; su par de la Cancillería Paraguaya, Luis Bianchi; autoridades portuarias y de navegación; el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; enviados de la Gobernación de Itapúa y funcionarios de la ciudad de Encarnación.

Durante el plenario, Paraguay anunció la gestión de créditos ante el Banco Mundial destinados al balizamiento y al mejoramiento del sistema de dragado. Las intervenciones buscan optimizar las condiciones de circulación y facilitar el tránsito de embarcaciones con mayor capacidad de carga.

“Nuestro interés es que el río Paraná tenga una mayor fluidez en lo que respecta al tránsito de barcos. Estos anuncios representan una mejora importante para toda la navegación y permitirán potenciar el Puerto de Posadas, recientemente concesionado”, expresó Sartori.

El funcionario señaló que una vía fluvial más eficiente puede traducirse en menores costos de transporte y mayores alternativas para la salida de mercaderías, especialmente para una provincia cuya producción debe recorrer importantes distancias para llegar a los mercados.

“Garantizar el tránsito sobre la hidrovía nos permite exportar, sacar mucha producción y generar un impulso importante para la economía. Descongestionamos las rutas y posibilitamos trasladar mercadería a gran escala”, afirmó.

Sartori también vinculó esta infraestructura con las perspectivas de crecimiento de Misiones y con la posibilidad de ampliar la presencia de productos provinciales en el exterior. “Misiones se proyecta como un productor excepcional para el mercado mundial. Potenciar el Puerto de Posadas y trabajar en forma conjunta sobre la hidrovía del río Paraná representa una expectativa muy importante para la provincia”, sostuvo.

La discusión, en tanto, excedió las obras sobre el cauce y se inscribió en una agenda más amplia de integración comercial entre Argentina y Paraguay. Para Misiones, mejorar esa conexión significa contar con una alternativa complementaria al transporte terrestre y generar mejores condiciones para que empresas y productores puedan competir en destinos nacionales e internacionales.

¿Qué es la COMIP?

La Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP) fue creada en 1971 por Argentina y Paraguay con el objetivo de estudiar y coordinar el aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo compartido entre la confluencia con el río Paraguay y la desembocadura del río Iguazú.

Con el paso de las décadas, sus funciones se ampliaron e incorporaron cuestiones vinculadas con la navegación, el ambiente, la calidad del agua, los recursos pesqueros y el desarrollo de la vía fluvial, convirtiendo al organismo en un actor relevante para la planificación conjunta de ambos países.

La reunión permitió así consolidar una agenda común sobre el futuro del Alto Paraná, con especial atención en las condiciones necesarias para mejorar el transporte de carga.

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El Gobierno elimina el tope de valor para exportar por courier: buscan impulsar las ventas de pymes al exterior

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En una nueva señal de flexibilización del comercio exterior, el Gobierno nacional eliminó el límite de valor para las exportaciones realizadas a través del régimen de courier. La decisión, oficializada mediante la Resolución General 5883/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a reducir trabas administrativas y abrir una nueva ventana de oportunidades para pequeñas y medianas empresas, emprendedores y exportadores que buscan acceder a mercados internacionales sin recurrir a la operatoria tradicional.

La modificación responde a un pedido de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que solicitó adecuar la normativa vigente para eliminar el tope del valor FOB de las mercaderías exportadas mediante Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier). Hasta ahora, este régimen imponía un límite económico que restringía el uso de esta modalidad para operaciones de mayor valor agregado.

Con el cambio normativo, las exportaciones realizadas por courier ya no tendrán restricciones de valor. La medida representa un cambio relevante para empresas que comercializan productos tecnológicos, diseño, indumentaria, alimentos diferenciados, autopartes, insumos industriales o manufacturas de nicho, sectores donde las ventas internacionales suelen concretarse en envíos pequeños pero de alto valor unitario.

Desde ARCA explicaron que la decisión se inscribe dentro de una política orientada a facilitar el comercio internacional, simplificar procedimientos y disminuir costos burocráticos. El organismo sostiene que el objetivo es brindar mayor previsibilidad a los operadores, agilizar la logística y evitar demoras o costos inesperados para quienes utilizan este canal de exportación.

La resolución también introduce otras modificaciones operativas. En materia de importaciones simplificadas, cuando un pequeño envío esté alcanzado por la exención de derechos de importación y tasa de estadística prevista en el Decreto 1065/2024, ya no será obligatorio consignar la posición arancelaria de la mercadería, lo que simplifica el trámite para el usuario y reduce la carga documental.

Asimismo, los prestadores de servicios courier deberán conservar las constancias digitalizadas de entrega durante cinco años posteriores al plazo de prescripción de la acción fiscal, documentación que podrá ser requerida por la Dirección General de Aduanas en caso de fiscalizaciones.

La implementación de las nuevas disposiciones comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, aunque su aplicación operativa será gradual y seguirá el cronograma que ARCA publicará en el micrositio “Envíos Internacionales” de su página oficial.

La eliminación del tope de valor FOB tiene un impacto que trasciende lo estrictamente aduanero. En un contexto donde muchas pymes argentinas encuentran en el comercio electrónico internacional una vía para diversificar mercados y generar divisas, el courier se consolidó como una herramienta estratégica para exportaciones de baja escala y rápida entrega. Al remover esta limitación, el Gobierno busca ampliar el universo de operaciones posibles sin obligar a las empresas a migrar hacia procedimientos aduaneros más complejos y costosos.

Para provincias con fuerte presencia de economías regionales y empresas innovadoras, como Misiones, la medida podría facilitar la internacionalización de emprendimientos vinculados a alimentos especiales, productos forestales con valor agregado, diseño, software, artesanías o manufacturas diferenciadas. La posibilidad de enviar productos de mayor valor por un canal simplificado reduce barreras de ingreso a nuevos mercados y mejora la competitividad de firmas que, hasta ahora, encontraban en los costos logísticos y administrativos uno de los principales obstáculos para exportar.

La decisión se enmarca en la estrategia oficial de profundizar la apertura comercial y desburocratizar las operaciones de comercio exterior, con el objetivo de que más empresas argentinas puedan vender al mundo con menores costos operativos y mayor agilidad.

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ARCA extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para acreditar solvencia de operadores aduaneros

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió extender de manera excepcional la vigencia de la solvencia económica acreditada mediante garantías de actuación para los operadores de comercio exterior inscriptos en los Registros Especiales Aduaneros. La medida, oficializada a través de la Resolución General 5881/2026, busca evitar que la prórroga otorgada para la presentación de declaraciones juradas impositivas termine generando inconvenientes administrativos que afecten la continuidad de las operaciones de importación y exportación.

La decisión establece que las garantías de actuación mantendrán su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, otorgando un margen adicional para que despachantes de aduana, importadores, exportadores y demás operadores regularicen la documentación requerida sin poner en riesgo su habilitación dentro del sistema aduanero.

La medida responde directamente a la reciente extensión de los plazos para presentar las declaraciones juradas y, en su caso, abonar los saldos de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025. Dado que la acreditación de la solvencia económica depende de esa información tributaria y constituye uno de los requisitos para permanecer habilitado en los Registros Especiales Aduaneros, ARCA entendió necesario sincronizar ambos calendarios.

En la práctica, la resolución evita que empresas y operadores enfrenten una situación paradójica: quedar temporalmente impedidos de operar por no haber renovado una garantía cuya evaluación depende de documentación tributaria cuyo vencimiento también fue prorrogado por el propio organismo.

El sistema de Registros Especiales Aduaneros constituye uno de los pilares del comercio exterior argentino. Allí se encuentran inscriptos los sujetos habilitados para intervenir en operaciones aduaneras y su permanencia exige demostrar periódicamente solvencia económica, requisito que puede acreditarse mediante determinados indicadores patrimoniales o, en su defecto, a través de garantías de actuación.

Con esta prórroga excepcional, ARCA preserva la continuidad operativa del sistema mientras se completan los procesos de actualización fiscal. La medida también reduce el riesgo de interrupciones logísticas, evita costos administrativos innecesarios y brinda previsibilidad a un sector que depende de la continuidad de sus habilitaciones para cumplir contratos internacionales y sostener el flujo del comercio exterior.

Para las empresas exportadoras e importadoras, especialmente las pequeñas y medianas firmas que operan con estructuras administrativas más reducidas, la decisión representa un alivio operativo. La renovación de garantías suele implicar trámites con entidades financieras, aseguradoras o sociedades de garantía recíproca, además de la presentación de documentación contable y tributaria, procesos que ahora contarán con un plazo más amplio para completarse.

La resolución forma parte de una serie de adecuaciones normativas impulsadas por ARCA para armonizar los tiempos administrativos con las obligaciones fiscales y evitar que cuestiones meramente procedimentales afecten la actividad económica. En un contexto donde el Gobierno busca agilizar el comercio exterior y reducir cargas burocráticas, la coordinación entre los distintos vencimientos aparece como una herramienta para otorgar mayor previsibilidad a los operadores y mantener la fluidez de las operaciones aduaneras.

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