Tras un inicio tenso, con discusiones reglamentarias sobre la conducción del plenario y fuertes críticas al oficialista José Luis Espert -señalado por su rol al frente de la Comisión de Presupuesto-, la Cámara de Diputados logró avanzar con los dictámenes sobre el proyecto que declara la emergencia sanitaria pediátrica, impulsado en el marco del conflicto generado por el desfinanciamiento del hospital Garrahan.

El dictamen de mayoría fue firmado por 65 diputados, entre ellos, los misioneros Yamila Ruiz y Carlos Fernández, los de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, representantes salteños de Innovación Federal, y la radical Natalia Sarapura. La Libertad Avanza presentó un primer dictamen de minoría con 14 firmas, rechazando la propuesta. En tanto, un tercer despacho, con 10 firmas, fue presentado por legisladores de la UCR, la Coalición Cívica y la diputada del PRO Ana Clara Romero. Finalmente, el Frente de Izquierda también aportó su propio dictamen.

El proyecto de mayoría propone declarar la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud” por un año -originalmente se planteaban dos- “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”. Además, reconoce al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y establece que se debe garantizar su funcionamiento “pleno y sostenido”.

Uno de los puntos más sensibles del dictamen es la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el régimen de residencias médicas. Aunque este artículo fue respaldado por Unión por la Patria y Democracia para Siempre, no contó con el apoyo unánime de toda la coalición opositora, por lo que se espera que continúe la negociación de cara al recinto.

La iniciativa también dispone la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, vacunas, infraestructura y personal esencial destinado a la atención pediátrica. Además, se prevé una recomposición salarial inmediata para los trabajadores de la salud, incluidos los residentes, garantizando que sus ingresos no sean inferiores -en términos reales- a los de noviembre de 2023. El texto también contempla la exención del impuesto a las Ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras y guardias.

En cuanto al financiamiento, el dictamen autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y a utilizar reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Por otra parte, se crea una comisión de seguimiento y evaluación compuesta por representantes de ambas cámaras, del Ministerio de Salud, del COFESA y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

Durante el debate, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo fue el primer orador. “Estamos ante uno de los conflictos más emblemáticos del país”, sostuvo. Acusó al Gobierno de “mentir escandalosamente” y de “crear enfrentamientos entre trabajadores” con la resolución que, según dijo, “aún precariza más la situación de los residentes”. También cuestionó duramente al ministro Mario Lugones, a quien acusó de estar “desguazando la salud pública” y destacó que “el Garrahan es un emblema de lucha y resistencia”.

Desde Democracia para Siempre, Pablo Juliano destacó que “es un día importantísimo para el Congreso”. “Si a esta altura hay que seguir explicando lo que le están haciendo al Garrahan, es porque esto es un diálogo entre sordos y ciegos”, dijo. Valoró el agregado al dictamen que apunta a “retrotraer la resolución del Ministerio de Salud que lleva a los residentes a situaciones deplorables”.

El diputado del MID, Eduardo Falcone, coincidió en que el sistema de residencias se distorsionó, al pasar de una herramienta de formación a una de “mano de obra barata”. Planteó que el financiamiento del proyecto podría lograrse con “fuentes alternativas”, como la eliminación de las jubilaciones de privilegio, aunque reprochó a Espert que “en un año no se hizo ningún estudio sobre el ahorro fiscal de esa propuesta”.

La única voz de La Libertad Avanza fue la de Carolina Píparo, quien rechazó el proyecto y cuestionó el desempeño de las provincias en materia de salud: “Pasan las décadas y nadie se pregunta por qué los niños siguen viajando miles de kilómetros”, dijo, y acusó al populismo por la falta de recursos. Al defender la resolución ministerial, aseguró que “da la opción de mantener el sistema actual” y negó que precarice condiciones. Sin embargo, fue chiflada por los residentes presentes.

La radical Gabriela Brouwer de Koning, en cambio, expresó que el debate merece “una respuesta clara y urgente” ante una “situación crítica”. Destacó el rol estratégico del Garrahan como hospital de referencia y señaló que “no se trata de gastar más, sino de priorizar”. “Hay que reasignar recursos con responsabilidad fiscal”, afirmó.

Desde Encuentro Federal, Esteban Paulón fue categórico: “El presidente debería ir a conocer el Garrahan. No sabe ni dónde queda la calle Pichincha. No le interesa. Sin conocerlos, admitió que va a ser cruel con los ‘ñoquis del Garrahan’, que son profesionales que salvan vidas todos los días”.

Hacia el final del plenario, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, cuestionó duramente al diputado Espert. “Lamento que usted presida esta reunión y tenga tanto desprecio por el rol central de esta comisión”, expresó. “Pasó de no querer abrir la comisión a querer presidirla. Es parte de los vaivenes de su accionar político”.

La legisladora bonaerense advirtió que está “en riesgo el sistema público” de salud, defendió la vocación médica y criticó a La Libertad Avanza por “negar la historia del Garrahan”. “Ni siquiera el macrismo se había animado a tanto”, sentenció. Y concluyó con una disculpa: “Le pido perdón al Garrahan porque me da vergüenza ser parte de una comisión que buscó artilugios para no lograr este dictamen de mayoría”.