Un total de 153 personas, entre ellos cinco menores, fueron rescatadas en la localidad correntina de Juan Pujol, víctimas de explotación laboral en siete aserraderos, mientras que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores denunció que en otro establecimiento se detectaron más casos similares.

En los operativos llevados a cabo por Gendamería Nacional y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, entre otros organismos nacionales y provinciales, por orden de la justicia de la localidad de Paso de los Libres, se logró rescatar a 145 mayores de edad, cinco menores que fueron restituídos a sus progenitores, junto a dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya y uno brasileño.

Además en los procedimientos se incautaron 1.371.000 pesos argentinos, teléfonos celulares, computadoras y demás elementos de interés para la causa; mientras que ocho hombres y dos mujeres quedaron supeditados a la causa. La misma esta abierta en el juzgado de Paso de los Libres, atendido por el juez Gustavo Fresneda, con participación de la Fiscalía Federal a cargo de Fabián Martínez.

Por su parte, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) detectó indicios de explotación laboral en un establecimiento de producción forestal durante una fiscalización en la zona noreste de la provincia de Corrientes. Durante esos controles se habían encontrado cinco trabajadores “viviendo en condiciones muy precarias, en un colectivo viejo, sin agua potable ni energía eléctrica”, detalló a Télam, la titular del RENATRE en Corrientes, Mónica Arnaiz.

La funcionaria se refirió además a la cuestión salarial. “Ninguno de ellos sabía cuánto ganaba”, dijo de acuerdo a las declaraciones de los empleados, todos oriundos de la localidad misionera de Leandro N. Alem y agregó que el personal realizaba para la empresa forestal “tala de árboles y no les proveyeron ni ropa de trabajo ni elementos de seguridad para la labor”.

Explicó asimismo que “se realizó la denuncia penal ante un claro indicio de explotación laboral porque no sabían ni siquiera cuánto iban a ganar, están lejos de su lugar de origen y en condiciones muy precarias de vivienda.

Por otra parte, precisó que todo se enmarca en un procedimiento administrativo, “donde se le otorgan 15 días hábiles al empleador para regularizar la registración de los trabajadores y su situación de contratación”.

En el caso interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dependiente del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de explotación laboral.

La fiscalización se llevó a cabo el pasado lunes en una zona rural cercana a San Carlos, localidad distante a 350 kilómetros al este de la Capital provincial y en el límite con Misiones, en un establecimiento rural dedicado a la producción forestal.

Del control, tal como se hace habitualmente, participó personal del RENATRE y representantes de Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Posteriormente se realizó la denuncia penal.

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