Corrientes

Corrientes remata el frigorífico Muralla China: el proyecto que prometía exportar a termina en subasta por USD 5 millones

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El frigorífico La Muralla China, uno de los proyectos industriales más ambiciosos que recibió Corrientes en los últimos años, será rematado por orden judicial el próximo 8 de julio. La planta, ubicada en Riachuelo y desarrollada con capitales chinos para abastecer al mercado asiático, saldrá a subasta con una base superior a los 5 millones de dólares, tras una ejecución hipotecaria y una serie de reclamos laborales que aún permanecen abiertos.

La decisión marca el cierre definitivo de una experiencia que nació en 2019 con expectativas de convertirse en una plataforma exportadora de carne bovina hacia China, pero que nunca logró obtener la habilitación sanitaria necesaria para acceder al principal mercado que justificaba la inversión.

La subasta fue ordenada por el Juzgado Civil y Comercial N°11 de Corrientes, en el marco de una causa de ejecución hipotecaria iniciada por acreedores privados. El inmueble comprende cerca de 37 hectáreas ubicadas sobre la avenida San Héctor Valdivielso Sáez, en el municipio de Riachuelo.

La base fijada para el remate asciende a USD 5.018.071,23. En caso de no registrarse ofertas durante la primera hora, el valor se reducirá un 25%, hasta los USD 3,76 millones.

Además de la ejecución hipotecaria, sobre el frigorífico pesan otros ocho embargos vinculados a demandas laborales promovidas por ex trabajadores que reclaman salarios e indemnizaciones adeudadas.

Un proyecto pensado para exportar que nunca consiguió la habilitación

La historia de Muralla China resume buena parte de las dificultades que enfrentan las inversiones industriales orientadas a la exportación cuando dependen de autorizaciones estratégicas.

La planta fue inaugurada el 29 de octubre de 2019 por inversores chinos encabezados por Yi Zhuang. El plan de negocios estaba diseñado alrededor de un objetivo central: exportar carne vacuna al gigante asiático.

Sin embargo, la habilitación federal para acceder a China nunca llegó.

Durante casi cuatro años la empresa realizó gestiones ante los organismos sanitarios nacionales para obtener la autorización. Mientras tanto, la planta operó con mercados limitados, fundamentalmente Hong Kong y Brasil, destinos que resultaban insuficientes para sostener una estructura industrial de gran escala.

Fuentes vinculadas al frigorífico sostienen que el negocio se volvió inviable porque la operación estaba diseñada para una integración exportadora mucho más amplia.

“Con los anteriores dueños se exportaba a más de veinte mercados, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Chile, Unión Europea y países africanos. La lógica del negocio frigorífico es complementar destinos para colocar cada corte en el mercado más conveniente. Sin esa diversificación, la ecuación económica deja de cerrar”, explicaron personas que participaron de la operación de la planta.

Costos crecientes y pérdidas permanentes

La situación se agravó durante 2023.

Según relató en aquel momento el propio Yi Zhuang a los trabajadores, el frigorífico acumulaba pérdidas mensuales que se habían vuelto imposibles de sostener.

La faena rondaba las 4.000 cabezas mensuales, un volumen insuficiente para cubrir los costos de una instalación concebida para exportar.

Entre los principales problemas aparecían los gastos energéticos y de mantenimiento. Una de las últimas facturas eléctricas había pasado de 11 a 20 millones de pesos en apenas unos meses.

“La planta tiene calderas y equipamiento de gran porte que deben funcionar independientemente del volumen de producción. No es comparable con un matadero tradicional”, explicaban entonces fuentes cercanas a la empresa.

La imposibilidad de acceder al mercado chino terminó profundizando el desequilibrio financiero. Los mercados habilitados ofrecían oportunidades limitadas: Hong Kong absorbía principalmente menudencias y Brasil demandaba cortes específicos, sin capacidad para sostener el funcionamiento integral del establecimiento.

El cierre que dejó cien trabajadores sin empleo

La crisis llegó a su punto final en agosto de 2023.

El presidente de la compañía reunió a todo el personal y anunció el cierre de las operaciones. Días después comenzaron a enviarse los telegramas de despido.

Más de cien personas perdieron su fuente laboral, entre trabajadores permanentes y contratados temporarios.

La empresa afrontó indemnizaciones estimadas en alrededor de 14 millones de pesos, aunque posteriormente surgieron reclamos judiciales por diferencias salariales y compensaciones pendientes, que derivaron en los embargos que hoy continúan vigentes.

Una inversión que quedó a mitad de camino

La caída de Muralla China dejó una señal de alerta sobre las dificultades para consolidar proyectos exportadores de gran escala en el sector frigorífico.

La planta había sido concebida para aprovechar el crecimiento de la demanda china de carne vacuna, uno de los principales motores de la industria cárnica argentina durante la última década. Sin embargo, la falta de habilitación sanitaria, los cambios de contexto económico, la pandemia y el aumento de costos terminaron erosionando la viabilidad del emprendimiento.

Ahora, casi tres años después del cierre, el complejo industrial volverá al mercado, esta vez no como una apuesta de expansión exportadora sino como un activo judicializado que busca un nuevo dueño.

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Bomberos voluntarios: el Gobierno nacional ordena el registro y garantiza la vigencia institucional de las entidades hasta junio de 2027

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La Agencia Federal de Emergencias (AFE) formalizó la nómina de entidades con reconocimiento vigente dentro del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y estableció un nuevo esquema de certificación anual que tendrá validez entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

La medida, instrumentada mediante la Resolución 7/2026, no modifica el estatus legal de las asociaciones ya reconocidas, pero introduce un mecanismo uniforme para acreditar su situación institucional ante organismos nacionales, provinciales y municipales. Para cientos de cuarteles del interior argentino, donde la operatoria cotidiana depende en gran medida del acceso a subsidios públicos, exenciones impositivas y programas de equipamiento, la decisión aporta una herramienta de validación administrativa con impacto concreto en la gestión.

El nuevo esquema contempla la emisión de un Certificado de Vigencia del Reconocimiento e Inscripción, documento que permitirá demostrar de manera estandarizada la condición registral de cada entidad ante organismos estatales y privados.

Por qué importa para el entramado productivo

Aunque la resolución se inscribe dentro de la política de ordenamiento administrativo de la nueva Agencia Federal de Emergencias, sus efectos exceden al sistema bomberil.

En gran parte del interior productivo argentino, especialmente en provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, los cuerpos de bomberos voluntarios constituyen una infraestructura crítica para la actividad económica. Intervienen en incendios forestales, siniestros industriales, emergencias viales, contingencias climáticas y protección de establecimientos productivos.

La posibilidad de acreditar de manera inmediata su reconocimiento institucional resulta clave para sostener el acceso a recursos destinados a: Equipamiento operativo y vehículos especializados. Programas nacionales de fortalecimiento institucional. Beneficios tributarios y exenciones previstas por ley. Convenios con municipios, provincias y empresas privadas. Capacitaciones y programas de profesionalización.

La resolución también introduce un elemento relevante para la seguridad jurídica. El Gobierno aclaró que la inclusión en la nómina certifica la vigencia del reconocimiento, pero no implica una validación automática del cumplimiento de todas las obligaciones administrativas o de rendición de cuentas. Se trata de una diferenciación importante porque evita que atrasos documentales generen, por sí solos, la pérdida inmediata del reconocimiento institucional.

Una red estratégica para la economía regional

Las provincias del Nordeste concentran una extensa red de asociaciones de bomberos voluntarios que cumplen funciones esenciales en zonas rurales, forestales y fronterizas.

En Misiones, donde la actividad forestal, yerbatera, tealera y turística depende de una rápida capacidad de respuesta ante emergencias, los cuarteles operan como un complemento indispensable de la infraestructura pública.

Corrientes ofrece otro caso paradigmático. Tras los incendios rurales que afectaron grandes extensiones productivas en los últimos años, el fortalecimiento institucional de los cuerpos de bomberos pasó a ser un componente central de la estrategia de mitigación de riesgos para el sector agropecuario.

La nómina aprobada por la AFE incluye decenas de asociaciones correntinas, entre ellas las de Goya, Curuzú Cuatiá, Esquina, Paso de los Libres, Itá Ibaté, Chavarría y Colonia Liebig, que mantienen reconocimiento vigente dentro del registro nacional.

Para las economías regionales, la existencia de entidades regularizadas no es un detalle burocrático. Constituye un requisito para canalizar recursos públicos y privados destinados a prevención, respuesta y reconstrucción frente a eventos climáticos extremos, una variable cada vez más relevante para la competitividad territorial.

La creación de la Agencia Federal de Emergencias y el nuevo modelo de control

La resolución también refleja el proceso de reorganización institucional iniciado tras la creación de la Agencia Federal de Emergencias en 2025.

La AFE absorbió funciones vinculadas a la coordinación nacional de emergencias y a la supervisión del sistema de bomberos voluntarios, incorporando criterios de trazabilidad documental y actualización registral.

Uno de los aspectos más relevantes es que la certificación anual podrá ser revocada si surgen situaciones que afecten la condición registral de una entidad. El esquema apunta a combinar previsibilidad para las asociaciones con mayores mecanismos de control por parte del Estado.

Desde la óptica de la gestión pública, el objetivo es construir una base de datos homogénea y verificable que permita administrar con mayor precisión los subsidios y recursos destinados al sector.

La resolución no incrementa fondos ni crea nuevos programas de financiamiento, pero establece una condición previa para que esos recursos puedan distribuirse con mayor previsibilidad y control.

Para las entidades del NEA, la clave estará en mantener actualizada la información registral y aprovechar la nueva certificación como herramienta para acceder a beneficios, convenios y programas de inversión. En un contexto donde los riesgos climáticos ganan peso en la agenda productiva, la fortaleza institucional de los bomberos voluntarios deja de ser exclusivamente una cuestión de seguridad pública y pasa a formar parte de la infraestructura que sostiene la actividad económica regional.

Anexo Resolución 7/2026 by CristianMilciades

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Nación saldó deuda de $2.400 millones y se reanuda la Autovía de la ruta 12 en Corrientes

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó oficialmente que la obra de la Autovía de la Ruta Nacional 12 será reactivada de forma inmediata. Tras permanecer completamente paralizada desde marzo pasado debido a la interrupción de los giros de fondos federales, la empresa contratista volverá a desplegar sus operarios en la traza a partir del próximo 20 de junio.

“Lo que terminamos de acordar con la empresa constructora de la autovía de la Ruta 12 es que el día 20 de junio se va a estar comenzando con los primeros trabajos y el reacomodamiento de los equipos técnicos. Si Dios quiere, el 1 de julio ya la obra va a estar comenzando con fuerza“, precisó el mandatario provincial durante un contacto directo con la prensa de la capital.

Valdés adelantó que en las próximas jornadas se formalizará una presentación conjunta con los directivos de la firma para dar a conocer los detalles del nuevo plan de contingencia. “Vamos a estar haciendo el anuncio formal junto a la empresa”.

“Esta es una novedad porque, en principio, el nuevo cronograma establece un plazo de un año para la finalización definitiva de los trabajos“, remarcó el jefe de Estado, trayendo alivio a miles de usuarios que diariamente transitan por ese peligroso cuello de botella vial.

El titular del Ejecutivo recordó que la parálisis de la autovía se había convertido en el principal reclamo de la agenda local, un tema que fue eje central de las deliberaciones que mantuvo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en su última visita oficial a la provincia.

“Él entendió perfectamente la urgencia porque conoce el problema de primera mano; transitó la obra en persona, vio el estado de abandono en el que se encontraba y hoy acompaña activamente las gestiones de Corrientes, insistiendo ante las áreas correspondientes para que esta infraestructura se termine dentro del año fijado”, aseguró.

Deuda saldada con JCR y nuevo flujo de fondos federales

El destraba de la parálisis vial se consolidó a partir de una propuesta de ingeniería financiera formulada por la administración de Javier Milei para sanear el pasivo que ahogaba a la contratista.

Le han propuesto el pago de la deuda que ascendía a los $2.400 millones. En este momento, ese bache financiero que tenía la Nación con la empresa constructora ha sido completamente saldado, y en paralelo se les ha garantizado un flujo continuo de fondos mensuales para asegurar que la obra se termine en doce meses”, detalló Valdés.

En ese sentido, el gobernador hizo público su reconocimiento a los cuadros de conducción de la compañía a cargo de las tareas: “El pasado viernes mantuvimos un encuentro clave con el titular de JCR, a quien le agradecemos la predisposición y los canales de comunicación permanente que estamos teniendo”.

“Esta obra se había transformado en un verdadero dolor de cabeza para todos los correntinos; ahora esperamos que se cumpla de forma estricta con la palabra empeñada y con la firma que ha estampado el Gobierno nacional”, advirtió con firmeza institucional.

En otro tramo de sus declaraciones, Juan Pablo Valdés endureció su postura política y defendió con vehemencia la medida cautelar presentada por la Provincia ante la Justicia Federal respecto del nuevo esquema de concesiones viales previsto para el Corredor Belgrano y los accesos al puente interprovincial.

El mandatario buscó despejar lecturas ideológicas sobre el planteo judicial y aclaró que la acción no representa una declaración de guerra contra los procesos de privatización del Gobierno nacional: “Nosotros planteamos una medida cautelar no porque estemos en desacuerdo con la privatización del tramo, o porque pretendamos bloquear las obras de mantenimiento”, argumentó.

“Estamos en profundo desacuerdo porque arbitrariamente dejaron a la avenida 3 de Abril, desde la bajada misma del puente hasta el empalme con la Ruta 12, fuera de la zona de concesión vial“, denunció.

Para el gobernador, el diseño del pliego licitatorio centralista desconoce de forma flagrante la realidad urbana de la capital correntina y traslada un costo multimillonario a las arcas locales. “Creo que todos los que viven en la Capital, todos los que transitan diariamente el puente General Belgrano y conocen la trama urbana, saben perfectamente que la avenida 3 de Abril soporta exactamente el mismo tránsito pesado e internacional que soporta el resto del Corredor Belgrano“, graficó.

“Entonces (el Gobierno nacional) no puede pretender decir que el tránsito pesado mágicamente desaparece en una punta de la ciudad y reaparece misteriosamente en la otra punta, ignorando que esto le produce un daño patrimonial severo a la Municipalidad de Corrientes”, señaló.

Para Valdés, es un perjuicio económico enorme que “la Provincia y todos los correntinos tengan que acompañar al municipio el daño patrimonial; ni hablar del daño al asfalto que obliga a realizar obras de hormigón de gran espesor y las obras de desagüe que todavía le faltan a la 3 de Abril para dejar de sufrir las inundaciones cada vez que llueve”.

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“Los monocultivos no son bosques”: tribunal internacional declaró ecocidio al modelo forestal de Corrientes

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El debate sobre el modelo forestal en el nordeste argentino sumó un nuevo capítulo de fuerte contenido político, ambiental y simbólico. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó una sentencia en la que declara que la expansión de monocultivos industriales de pino y eucalipto en Corrientes constituye un ecocidio y una violación a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.

La resolución fue aprobada por la Asamblea de Jueces del organismo internacional tras analizar el caso durante su 13° Tribunal Local, realizado en noviembre de 2024. El documento sostiene que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones forestales exóticas alteró los ciclos hidrológicos, afectó humedales y pastizales, redujo poblaciones de fauna nativa y provocó desplazamientos de comunidades rurales.

Aunque el Tribunal no posee capacidad jurisdiccional vinculante sobre los Estados, sus fallos buscan generar incidencia política, jurídica y social en torno a conflictos ambientales de alcance global. En este caso, la sentencia coloca bajo cuestionamiento uno de los sectores productivos más relevantes de Corrientes y de buena parte del nordeste argentino. El fallo llega en un momento sensible en Misiones, donde los dirigentes libertarios aseguran que hay que cambiar el modelo productivo para incorporar soja y maíz para compensar la pérdida de la rentabilidad de la yerba mate ahogada por la desregulación que impuso el presidente Javier Milei.

Un fallo que apunta al Estado y al modelo forestal

La sentencia atribuye responsabilidad tanto al Estado nacional como al gobierno de Corrientes por haber promovido activamente la expansión forestal mediante subsidios e incentivos fiscales, al tiempo que -según sostiene el fallo- incumplieron sus obligaciones de control ambiental.

Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal rechaza expresamente la equiparación entre plantaciones industriales y bosques nativos. Según el documento, los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la complejidad ecológica de un bosque y no pueden ser considerados una herramienta suficiente para la mitigación del cambio climático.

En ese sentido, el fallo cuestiona también los mercados de carbono asociados a este tipo de emprendimientos forestales, a los que define como una “falsa solución” que beneficia principalmente a grandes grupos económicos. La resolución incorpora otro elemento novedoso: declara a los humedales y pastizales correntinos como sujetos de derechos.

Bajo esta perspectiva, estos ecosistemas poseen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, una concepción inspirada en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y en corrientes jurídicas que ganan espacio en varios países latinoamericanos.

El enfoque implica un cambio profundo respecto de la visión tradicional del derecho ambiental, que suele centrarse en la protección de recursos naturales para beneficio humano y no en el reconocimiento de derechos propios de los ecosistemas.

La sentencia vincula el caso correntino con un proceso similar analizado previamente en la región chilena del Biobío.

Las medidas que propone la sentencia

Principales recomendaciones del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

Eje Medida propuesta
Expansión forestal Moratoria inmediata a especies exóticas invasoras y pirófitas, especialmente pinos y eucaliptos.
Restauración ecológica Planes de restauración y regeneración con participación efectiva de las comunidades locales.
Modelo productivo Transición hacia esquemas agroecológicos compatibles con los ecosistemas nativos.
Marco legal Incorporación efectiva de los Derechos de la Naturaleza en la legislación interna.
Comunidades Garantía de acceso al agua, arraigo territorial y soberanía alimentaria para las poblaciones afectadas.
Trabajo Erradicación de situaciones de trabajo infantil y condiciones laborales calificadas como esclavas en la cadena forestoindustrial.

Fuente: Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

Según el Tribunal, existe un patrón común en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, donde la expansión de monocultivos forestales genera impactos sobre ecosistemas nativos, modifica la disponibilidad de agua y produce transformaciones socioeconómicas en comunidades rurales.

Durante la presentación del fallo participaron referentes ambientales de Argentina, Chile y Colombia, quienes coincidieron en señalar que el crecimiento de la demanda mundial de celulosa, papel y embalajes está acelerando la expansión de estas plantaciones industriales en América Latina.

Aunque la sentencia se refiere específicamente a Corrientes, el debate tiene especial relevancia para Misiones, una provincia donde la actividad forestal constituye uno de los principales complejos exportadores, con una fuerte presencia de plantaciones de pino y una industria integrada que abarca aserraderos, producción de tableros, pasta celulósica y biomasa.

El fallo reabre una discusión de fondo sobre cómo compatibilizar producción, generación de empleo, exportaciones y conservación ambiental en una región donde la actividad forestal representa una de las principales fuentes de inversión privada.

La tensión entre desarrollo económico y protección de los ecosistemas aparece, una vez más, como uno de los grandes desafíos para el futuro productivo del nordeste argentino.

Durante la presentación de la sentencia, Renata Nicora Chequin, Fiscal de la Tierra del Tribunal, bióloga e integrante de Defensores del Pastizal, señaló que la sentencia “no presenta solamente una sentencia, sino también el reclamo de un territorio, de la Naturaleza y de las comunidades que no pueden comparecer por sí mismas ante los sistemas tradicionales de justicia”.

Nicora Chequín explicó que “estamos ante una transformación profunda del paisaje y de las relaciones ecológicas y sociales en la provincia de Corrientes”. Asimismo, remarcó que la expansión de monocultivos forestales sobre humedales y pastizales “implica no sólo la muerte de la Naturaleza, alteraciones hidrológicas y degradación de suelos, sino también afectaciones directas a las comunidades campesinas”.

“La Naturaleza tiene derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas. Ninguna actividad productiva puede justificarse si destruye los procesos que sostienen la vida. Si mata y contamina, no es progreso”, afirmó. Y concluyó: “Defender la Naturaleza no es oponerse al futuro. Es defender la posibilidad misma de tener futuro”.

Desde los territorios afectados en Corrientes, Chochón Romero destacó la importancia de que las comunidades rurales puedan finalmente ser escuchadas: “Hasta hoy no llegan a oídos de los funcionarios las medidas que necesitamos. Siguen destruyendo nuestras plantas nativas y nuestros territorios para plantar forestaciones”.

En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.

Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, expresó solidaridad con las comunidades afectadas y afirmó que “no podemos permitir territorios ni personas de sacrificio”. También señaló que, aunque la sentencia representa una noticia importante, “el corazón sigue roto viendo cómo la situación empeora día tras día”.

Desde Chile, la activista Janny Figueroa advirtió que el caso de Corrientes refleja un patrón regional que lleva décadas profundizándose en territorios afectados por monocultivos forestales. “Esto es un ecocidio y también un etnocidio”, afirmó, recordando los impactos de los megaincendios en Biobío y denunciando que las comunidades continúan enfrentando desplazamiento, destrucción ambiental y abandono estatal.

La defensora colombiana América Niño también alertó sobre la expansión continental de este modelo extractivista. Relató cómo empresas forestales multinacionales reemplazaron bosques nativos por monocultivos de eucalipto y pino, provocando despojo territorial, criminalización y ruptura del tejido comunitario. “Este modelo transforma la relación de las comunidades con la tierra y convierte a quienes antes producían alimentos en asalariados de las empresas”, sostuvo.

Por su parte, el investigador Sergio Baffoni, de Environmental Paper Network, explicó que la expansión global de la industria papelera y de embalajes descartables está acelerando la destrucción de ecosistemas en América Latina. “Detrás de una caja de cartón hay apropiación de tierras, destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos”, afirmó. Según indicó, la demanda de celulosa y embalajes sigue creciendo rápidamente, profundizando las zonas de sacrificio forestal en la región.

Jacqueline Arriagada, jueza del Tribunal, activista y campesina chilena, recordó que el modelo forestal fue impuesto en Chile “a sangre y fuego” desde la década de 1970, con apoyo estatal sostenido. “Vivir estas formas de extractivismo de muerte para la biodiversidad y las culturas rurales es un drama enorme”, señaló, y destacó la importancia de fortalecer la articulación latinoamericana contra los monocultivos forestales.

Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale, juez del Tribunal, cuestionó el discurso empresarial que presenta las plantaciones industriales como “bosques”. “Un bosque es diversidad plena. Estas plantaciones son desiertos verdes”, afirmó. “Entrábamos a estas plantaciones y el silencio era atroz: no había pájaros ni animales, sólo clones de árboles diseñados para ser talados y exportados”. Viale también advirtió que los monocultivos “no vienen a salvarnos de la crisis climática”, sino que constituyen “zonas de sacrificio creadas para maximizar la ganancia de grandes corporaciones”.

Finalmente, Francesco Martone, coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, destacó que la sentencia “fortalece y consolida la resistencia al modelo forestal desde un enfoque basado en los Derechos de la Naturaleza”, y afirmó que el fallo busca generar “efectos concretos en los territorios” e incidir sobre gobiernos y empresas. “Cuando la sentencia afirma que los monocultivos no son bosques, lo hace en base a evidencia científica acumulada durante décadas de investigación y resistencias territoriales. Evidencia accesible a las empresas y al Estado, y aun así ignorada”.

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Una empresa ganadera correntina empezará a vender créditos por capturar carbono en los Esteros del Iberá

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Una firma correntina implementó un modelo productivo de vanguardia en un predio de 60.000 hectáreas ubicado en los Esteros del Iberá, un ecosistema de alta fragilidad ambiental compuesto por monte nativo, pajonales subtropicales y suelos arenosos. El objetivo de la compañía fue claro: aumentar la productividad sin comprometer la estabilidad biológica del entorno.

Se trata de Rincón de Corrientes, que para lograrlo reemplazó el esquema tradicional de cría por un sistema de manejo holístico, diseñado para optimizar el uso de los recursos naturales y regenerar los pastizales. El modelo se basa en una planificación precisa de los tiempos de pastoreo y descanso, permitiendo que la biomasa se transforme en materia orgánica y mejore la salud del suelo. Gracias a esta estrategia, consiguieron elevar sus niveles productivos en un ambiente extremadamente sensible y, al mismo tiempo, avanzar hacia la certificación internacional de captura de carbono.

El cambio de paradigma

En 2013, cuando el carbono todavía era un tema marginal dentro de la ganadería argentina, la empresa decidió adoptar el manejo holístico como respuesta a una necesidad concreta: mejorar la productividad mejorando el ambiente que sostenía al negocio. Eso implicó reorganizar el sistema, fijar objetivos comunes y abandonar el tradicional pastoreo continuo para pasar a un esquema rotativo.

La lógica era sencilla en teoría, aunque compleja en la práctica: otorgar tiempo de descanso a los pastizales para que las plantas se recuperen, desarrollen raíces profundas y transformen esa biomasa en carbono almacenado en el suelo. “Fotosíntesis que funciona, carbono que se acumula”, resumen dentro del proyecto.

“En ese momento, la sustentabilidad era algo aspiracional”, recuerdan desde la empresa. El punto de inflexión llegó cuando decidieron medir científicamente qué estaba ocurriendo debajo de la tierra.

El INTA validó la captura de carbono

El primer estudio de factibilidad para cuantificar captura de carbono se realizó cuando el mercado voluntario de bonos todavía estaba en una etapa incipiente y el crédito apenas valía un dólar. Económicamente no parecía atractivo, pero los resultados técnicos fueron contundentes.

El investigador Ditmar Kurtz, del INTA, confirmó que el manejo holístico permitía capturar carbono en pastizales subtropicales, un antecedente con muy pocos casos documentados a nivel mundial. Ese dato despertó el interés de una firma suiza especializada en proyectos ambientales. Para entonces, el valor del crédito ya había escalado a nueve dólares y el escenario comenzó a cambiar.

La alianza se formalizó con una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de créditos de carbono. El proyecto adoptó el estándar Verra —uno de los más reconocidos del mercado voluntario— y la metodología VM0042, específica para pastizales subtropicales y soluciones basadas en la naturaleza.

El proceso demandó años de trabajo, auditorías externas y verificaciones técnicas hasta alcanzar el registro oficial. “Es exigente porque estás vendiendo un crédito a una empresa que necesita compensar su huella. Tiene que ser muy serio”, explica Santiago Angelillo, administrador de la empresa. Esa rigurosidad, lejos de ser una barrera burocrática, es lo que otorga credibilidad y valor a los créditos generados.

Un proyecto pionero a escala regional

Actualmente, la iniciativa integra un proyecto agrupado que abarca unas 100.000 hectáreas distribuidas entre Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Santa Fe. Se trata de uno de los primeros proyectos ganaderos del mundo registrados bajo esta metodología, con antecedentes similares apenas en México, Australia y recientemente en Patagonia y Chile.

Las estimaciones indican que el sistema podría capturar alrededor de 27.337 toneladas de CO₂ equivalente por año durante las próximas dos décadas.

El precio de los créditos de carbono oscila hoy entre 15 y 30 dólares dentro del mercado voluntario. Sin embargo, Angelillo aclara que el verdadero valor del proyecto excede lo económico: “Lo importante no es el ingreso que puede generar la venta de créditos, sino la transformación de fondo que se genera en el sistema productivo”.

En esa transformación aparecen beneficios menos visibles pero centrales: suelos más vivos, mayor biodiversidad, mejor manejo del agua y fortalecimiento de las comunidades rurales.

Más allá del carbono

Según explica Angelillo, los primeros cuatro años de manejo holístico —con rotación y descanso de las especies forrajeras naturales— son los que concentran la mayor captura de carbono. La intensa sequía registrada durante los últimos tres años redujo los niveles proyectados, confirmando que los sistemas naturales no responden de manera lineal.

Aun así, la superficie bajo manejo holístico continúa expandiéndose dentro del establecimiento correntino y se espera que en los próximos tres años abarque la totalidad del campo.

Pero quizás el cambio más profundo no pueda medirse en toneladas de carbono ni en balances económicos. Angelillo destaca la transformación tradicional que atravesó el equipo de trabajo: nuevas formas de liderazgo, decisiones productivas atravesadas por criterios ambientales y una visión de largo plazo sobre un ecosistema extremadamente frágil.

“Estamos navegando en un mundo nuevo”, resume.

En el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, esa afirmación adquiere todavía más relevancia. La trazabilidad ambiental y las certificaciones verificadas por terceros dejaron de ser un diferencial para convertirse en una condición de acceso a los mercados más exigentes. Y en ese camino, Rincón de Corrientes comenzó a moverse antes que la mayoría.

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