La histórica empresa Celulosa Argentina, con planta ubicada en Capitán Bermúdez, atraviesa una de sus peores crisis: fue presentada una demanda judicial que solicita su quiebra, lo que genera creciente preocupación en el cordón industrial santafesino.

La solicitud fue realizada por Tecmaco Integral S.A., uno de los acreedores de la papelera, por una deuda impaga de 13 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de San Lorenzo, y podría desencadenar consecuencias significativas para la economía regional.

Sin embargo, la situación financiera de la compañía es aún más delicada. Según fuentes judiciales citadas por 11Noticias, Celulosa acumula cheques rechazados por más de 40 millones de pesos y no cumplió con el pago de sus Obligaciones Negociables en mayo, lo que agrava el escenario de cesación de pagos.

Desde el ámbito judicial, indicaron que “se agotaron las vías extrajudiciales”, y que el acreedor presentó título suficiente para avanzar con el pedido de quiebra, algo habitual en este tipo de situaciones de insolvencia.

La empresa ya fue notificada formalmente, y tendrá plazo para presentar su descargo una vez finalizada la feria judicial, que comienza este lunes y se extenderá por dos semanas.

Celulosa Argentina, una de las principales productoras de papel del país, había intentado evitar este desenlace: contrató a la firma VALO Columbus con el objetivo de reestructurar su deuda y recuperar sustentabilidad financiera. Pero los esfuerzos no habrían dado los resultados esperados.

Mientras tanto, también se agravan los conflictos laborales. Esta semana, trabajadores de vigilancia privada realizaron una protesta en la planta de Capitán Bermúdez por el atraso en el pago de sueldos y aguinaldos, lo que refleja el deterioro de la situación económica de la empresa y su impacto en los proveedores y empleados.

La incertidumbre crece en la región industrial, donde Celulosa representa una fuente de empleo clave y un actor histórico del entramado productivo. El futuro inmediato dependerá de lo que resuelva la justicia una vez que la empresa ejerza su derecho a defensa.