En la Argentina de hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, conviven dos realidades que parecen incompatibles pero que, sin embargo, se retroalimentan: el endeudamiento crónico y la persistencia de la pobreza, por un lado, y el uso de recursos públicos para gastos estratégicamente discutibles, como la compra de aviones militares usados, por el otro. Todo esto ocurre en un marco económico diseñado y ejecutado por su ministro de Economía, Luis Caputo, cuya política se apoya en un ajuste profundo, un endeudamiento creciente y una fuerte dependencia financiera externa.

La deuda argentina no es solo un problema contable: es un condicionante estructural que limita márgenes de decisión, subordina prioridades sociales y habilita la injerencia de actores externos en la política económica local. Con Caputo al mando de la economía —el mismo funcionario que definió el rumbo financiero durante el macrismo y fue arquitecto del regreso acelerado al endeudamiento internacional— cada renegociación, cada acuerdo y cada pago de intereses es dinero que no se destina a recomponer ingresos, fortalecer políticas públicas o reconstruir un aparato productivo que lleva años 0funcionando por debajo de su potencial.

Esa restricción se traduce en cifras sociales dramáticas. La pobreza se estabiliza en niveles que ya no pueden considerarse emergenciales sino sistémicos. Los ingresos reales caen, el empleo informal se expande y la desigualdad se profundiza. Bajo la lógica económica del gobierno de Milei, el ajuste es presentado como una virtud moral, pero en la práctica significa una precarización acelerada de las condiciones de vida de millones de personas. Y lejos de ser un fenómeno aislado, es la consecuencia directa de un modelo donde la deuda marca las prioridades y el costo recae siempre sobre los mismos sectores.

En paralelo, el Estado destina millones de dólares a la compra de aviones militares usados, una inversión que genera ruido incluso dentro del propio campo de defensa. Más allá del debate técnico sobre la necesidad o no de reequipamiento, el punto central es político: ¿cómo justificar desembolsos en armamento de segunda mano en un país que no logra garantizar condiciones básicas de vida para una parte creciente de su población? ¿Qué mensaje se envía cuando el gobierno de Milei invierte en hardware militar mientras recorta, retrasa o subfinancia áreas esenciales como salud, educación o investigación?

La fuga de capitales aparece como el otro gran agujero estructural. Argentina produce riqueza, pero no logra retenerla. Los excedentes se escapan al exterior año tras año, debilitando reservas, erosionando la moneda y forzando nuevos ciclos de endeudamiento. La política económica de Caputo no apunta a frenar este drenaje: por el contrario, alienta la desregulación financiera que facilita esos movimientos y consolida una economía dependiente de dólares que no produce, reforzando la subordinación a los mercados internacionales y a los organismos que dictan condiciones.

De este modo, la ecuación se vuelve circular: sin dólares propios, el país se endeuda; con deuda, se ajusta; con ajuste, cae el salario y aumenta la pobreza; con salarios deprimidos y expectativas negativas, se profundiza la fuga; y con la fuga, se incrementa la dependencia. Mientras tanto, se sostienen decisiones de gasto que no dialogan con las urgencias sociales.

Romper este esquema requiere un cambio de prioridades: fortalecer el mercado interno, reconstruir la capacidad estatal, regular los flujos financieros y orientar las inversiones hacia un desarrollo productivo que reduzca la vulnerabilidad externa. Sin eso, cualquier discusión sobre compras militares, acuerdos financieros o reformas estructurales seguirá ocurriendo en un país donde lo urgente siempre se impone sobre lo importante, y donde la pobreza funciona como marco permanente de todas las decisiones políticas.

La Argentina no está condenada a esta dinámica, pero sí condicionada por quienes deciden sostenerla. Y hoy ese rumbo —que combina endeudamiento, dependencia, ajuste y prioridades desconectadas de la realidad social— lleva la firma del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.