El gobierno de Javier Milei lleva adelante una profunda reestructuración del Estado Nacional. En línea con su promesa de campaña de achicar el gasto público y reducir la presencia estatal, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 se registró una pérdida neta de 45.513 empleos en el Sector Público Nacional, lo que representa una caída del 13,3% en la dotación total de personal.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales del INDEC, la mayor parte del ajuste se concentró en la administración centralizada, con 7.161 empleos menos, lo que equivale a una contracción del 22,1% en esa categoría. También hubo una reducción significativa en la administración descentralizada (-11.484 empleos) y en empresas y sociedades del Estado (-851 empleos).

El recorte no fue homogéneo. Entre las diez empresas y sociedades más afectadas, se destaca el Correo Argentino, que perdió 4.759 empleos. Le sigue la ex AFIP —actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— con 2.033 puestos menos. También se registraron despidos masivos en la Operadora Ferroviaria S.E. (-1.591), Aerolíneas Argentinas (-1.583), AySA (-1.493), el Conicet (-1.473), ANSES (-1.309), el Banco Nación (-1.160) y el ENACOM (-742).

En términos porcentuales, algunas entidades fueron directamente desmanteladas. Tal es el caso de la empresa Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, cuya plantilla fue reducida en un 100%. La Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam) perdió el 79% de su personal, y ENARSA Patagonia S.A., un actor clave en energía, redujo su plantilla en un 67%.

Uno de los datos más alarmantes surge del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que fue recortado en un 60%, y del Instituto Nacional del Cáncer, con una poda del 38%, afectando programas de prevención, acceso a medicamentos y tratamiento paliativo tanto para adultos como niños.

El informe del CEPA advierte sobre el impacto en sectores clave para el desarrollo nacional. Uno de los casos más simbólicos es la suspensión del proyecto CAREM-25, un reactor nuclear de diseño argentino promovido por la CNEA y el INVAP con potencial de exportación. La iniciativa fue paralizada junto a otros programas de alto contenido científico-tecnológico.

En comunicación, el recorte afectó no sólo al ENACOM, organismo que regulaba las telecomunicaciones, sino también a Télam, cuya producción de cables e imágenes abastecía a medios de todo el país. La eliminación del carácter de servicio público de las telecomunicaciones, sumada al desguace de medios estatales, configura un vaciamiento del rol informativo del Estado.

Una estrategia deliberada

“La motosierra del gobierno no hace distinciones”, señala el informe. Y agrega que los despidos masivos responden a una lógica política explícita: achicar el Estado en tamaño y en capacidades regulatorias y de gestión. Se trata de una “política de desguace” que no sólo impacta en la cantidad de trabajadores, sino también en la calidad y extensión de los servicios públicos.

El ajuste tiene efectos directos sobre la atención a beneficiarios, la producción de conocimiento, el acceso a derechos básicos y la soberanía tecnológica. Y si bien el gobierno defiende el proceso como necesario para sanear las cuentas públicas, diversos sectores sociales, sindicales y científicos advierten sobre un daño estructural de largo plazo.