En la COP 26 o la cumbre de los compromisos y negociaciones climáticas -según cada lector prefiera llamarla-, Argentina planteó a través de su presidente Alberto Fernández, el canje de la deuda por acción climática. 

Detener, revertir la deforestación y restaurar más de 13 millones de millas cuadradas de bosques para 2030 también fue otro de los desafíos a los que Fernández se sumó. Sin ir más lejos, firmó un acuerdo junto a 124 países que albergan en conjunto más del 85% de los bosques del mundo, que establece que los países trabajarán para detener la deforestación hasta finales de la década mediante iniciativas gubernamentales y privadas”. 

Con la presentación del Caso Misiones en Glasgow quedó totalmente en claro que, si existe una coincidencia entre la Nación y Misiones, es justamente en la necesidad de percibir fondos internacionales que compensen los servicios ecosistémicos que brinda la tierra colorada al mundo. 

En el mientras tanto de las discusiones y las escaramuzas políticas, hay normas, programas y herramientas de gestión pública orientadas a salvaguardar el patrimonio natural y que ya se encuentran operativas y en vigencia desde hace varios años. Pero, ¿qué sucede con ellas?, ¿son consideradas en este nuevo contexto de comercializar los servicios ambientales?. 

26.631 es el número de la ley que estipula los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a las comunidades. 

Crónica de un monitoreo anunciado. Con un total de 25 hectáreas se desarrolla desde 2.014 un proyecto en el marco de la Ley 26.631 en Profundidad, específicamente en una zona búffer, junto al Parque Provincial Profundidad, en las Selvas del Urunday y, cercana a la cuenca ovino – caprina del sur de la Provincia de Misiones. 

Tras asesorarse en el Ministerio de Ecología, la propietaria cumplimentó los requisitos para la financiación de Aportes No Reintegrables y, como acciones complementarias, actualmente genera actividades paralelas para sostener los servicios ecosistémicos. Entre ellas, un laboratorio para desarrollar recursos no maderables del bosque, puntualmente la producción de gírgolas u hongos comestibles; como también, actividades de esparcimiento y recreación turística.

El proyecto se expone a los cazadores furtivos y ladrones, por lo que la cuestión del mantenimiento y control del predio es uno de los principales desafíos a afrontar por la propietaria. 

Economis acompañó una jornada de monitoreo, para conocer sobre los procedimientos y las particularidades del territorio, así como también para conversar con los actores claves vinculados al cuidado de los bosques misioneros. 

Garantizar la existencia del bosque y controlar los gastos de los fondos asignados fue la prioridad para los auditores, tanto de Nación como de la Unidad Técnica del Ministerio de Ecología y R.N.R. De ahí en adelante, se monitorea el cumplimiento de otras cuestiones ambientales que den cuenta de la conservación, preservación y enriquecimiento. En simultáneo, se observan cuestiones vinculantes y que hacen a la ejecución y cumplimiento del proyecto mediante los Planes Operativos Anuales – o los famosos “POA”-. 

En cambio, para el responsable técnico, primó la urgencia de evidenciar las actividades complementarias que sostienen al proyecto de conservación y enriquecimiento. Principalmente, todo lo vinculado al mantenimiento del predio, informes técnicos de biodiversidad, obtención y seguimiento indicadores de alto valor de conservación, movilidad del propietario al lote, tasas municipales, control y vigilancia, por ejemplo. “Abrir el rumbo para enriquecimiento, plantar y limpiar de forma periódica insume un costo permanente y un cuidado cultural especial”, expresó Juan Acosta, responsable técnico del proyecto. 

Existe un importante delay entre la presentación del presupuesto del Plan operativo Anual del proyecto y la acreditación efectiva de los fondos. El ingeniero explicó que los planes operativos anuales distan de la posibilidad de financiamiento permanente, porque generalmente el dinero se acredita cada dos años y medio promedio. En este caso puntual, el POA2 del proyecto se presupuestó en 2.017 y el dinero se acreditó en 2.019. 

“La planificación de los presupuestos mínimos en el año queda totalmente desfasada por la inflación y muchas actividades quedan inconexas e inconclusas, por la falta de garantías en la anualidad de fondos. O sea que, de repente, no podés dar continuidad a la esencia del proyecto.  Acá se hace lo que se puede con los fondos recibidos, que al margen que sea poco, sigue siendo de gran ayuda”, pero la realidad es que los propietarios destinan muchísimos aportes y recursos propios para garantizar la sustentabilidad del Bosque”. 

Además, remarcó que “generalmente la plata asignada alcanza para suplir muy pocas actividades. Estamos hablando de que el Estado Nacional está destinando entre 800 y 1.500 pesos en hectáreas en promedio para la conservación del Bosque Nativo. Del 100% estipulado por la ley, solamente en 2021 se van a destinar entre el “2 y 3 %” a toda la república Argentina”. 

La mayor partida presupuestaria a nivel nacional se destina a los bosques Andinos Patagónicos y bosques de Yungas. “Misiones tiene la particularidad de contener el 54 % de toda la biodiversidad de la Argentina, y no recibe los fondos en consecuencia. Hay otras provincias que, si bien tienen una biodiversidad específica, pero no tan rica y exuberante como la nuestra, reciben más fondos. Como por ejemplo La Pampa y Catamarca que claramente no tienen la misma riqueza faunística y florística que tenemos acá”, explicó Acosta. 

“Nosotros tenemos el mayor reducto de Mata Atlántica existente en Sudamérica, no recibimos la cantidad de fondos que deberíamos recibir en concepto de preservar, conservar y custodiar tamaña superficie del Bosque Atlántico. Teníamos la parte más chica antes, seguidos por Brasil y luego Paraguay. Hoy en día, Argentina es la que tiene el mayor porcentaje, porque del otro lado de las fronteras deforestaron absolutamente todo, cambiando la matriz productiva con soja y ganadería intensiva”, sentenció el ingeniero. 

La cantidad de superficie boscosa (en función al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), sumada a una ecuación polinómica (que no incorpora en sus variables el factor de biodiversidad, perjudicial para Misiones) y las decisiones políticas institucionales del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA) conforman la tríada de la cual surge la asignación de fondos para las Provincias.

La desfinanciación sistemática de la Ley fue uno de los principales hallazgos del informe elaborado por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina, indicando que, a 13 años de la sanción de la Ley no hubo un sólo período en que el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que la norma establece expresamente; por el contrario, recibió mucho menos del 10% de lo que corresponde.

Días antes de embarcarse a Glasgow, el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi recalcó públicamente la urgencia de que la Nación debe comenzar por cumplir la legislación vigente dentro del propio territorio, refiriéndose puntualmente a la Ley de bosques nativos. “Esto sólo se ha financiado en un 3%, el restante 97% se gastaron en otras cosas, y no es sólo este gobierno, también es el anterior… Como mínimo lo que queremos es que se cumpla la ley, porque no puede ser que la plata de los bosques nativos se vaya para otro lado”, reclamó.

“Tenemos que trabajar mucho sobre los bosques nativos argentinos, necesitamos acción sobre el territorio, y que se garanticen los presupuestos necesarios” indicó, Jaime Ledesma, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (CoIForM). 

El desfinanciamiento, viene acompañado de otros condicionantes y de base, que varían según el contexto. Entre ellos, el tema de la intrusión por ejemplo. “El pequeño productor que no posee la titularidad de la tierra está en una situación de informalidad que no le permite acceder o aspirar a otras situaciones”, expresó Diego Teza, ingeniero a cargo del proyecto socioambiental El Portal de la Pachamama en la zona de San Vicente y El Soberbio.

Las estructuras de fondo y políticas a largo plazo, aplicadas en tiempo y forma son necesarias para cuidar los bosques. Teza explicó a Economis que “un proyecto de reserva no tiene techo” pero que se hace sumamente complicado avanzar sin apoyo institucional y presupuestario porque finalmente, sucede que los proyectos son insostenibles y se discontinúan. “No hay techo… y mucho menos, cuando diseñás un esquema multidisciplinario y con distintas personas; porque cada una va a aportando lo suyo y no hay techo: producción agropecuaria orgánica, avistaje de aves, ecoturismo, y un largo etcétera de actividades para generar desarrollo local”, expresó.

Bosques protegidos fuera de la ley. Hay quienes optan por caminos alternativos y parten de la proactividad para impulsar los proyectos. Martín González se instaló en Misiones hace 25 años y hoy es referente de Yaguaroundí, una reserva privada ubicada en la zona de Fracrán y que no opera bajo la órbita de la Ley 26.631. 

La preservación del predio es a partir de la autogestión y de contribuciones externas de particulares. “Por ejemplo, tenemos un donante italiano que recientemente donó cámaras trampa y otros insumos que no podríamos comprar”, señaló González. Por otra parte, hay gran aporte con voluntariado, por ejemplo, a través de la participación activa de estudiantes de la carrera de Guardaparques, de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Los bosques y sus servicios. Desde tangibles hasta intangibles, sus ecosistemas producen beneficios que son necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, así como también para asegurar la calidad de vida de las comunidades. Entre ellos: conservación de la biodiversidad, regulación hídrica, fijación de emisiones de gases de efecto invernadero, conservación del suelo y muchos más.

También son utilizados con fines de subsistencia por las comunidades indígenas y otras que recurren a ellas como fuente de sus productos básicos, entre ellos comida, combustible, refugio y plantas medicinales. 

Según el Tercer Informe de Montreal, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los ministerios de Ambiente y Agricultura de Nación, el sector forestal argentino está conformado por un patrimonio de 53,6 millones de hectáreas de bosques nativos reconocidos en los ordenamientos provinciales (OTBN) realizados bajo la Ley N° 26.331 y de 1,3 millones de hectáreas de bosques cultivados.  

Hace más de diez años de su sanción, el principal instrumento de política a nivel nacional para proteger los bosques no se cumple. Y lo cierto es que, ya sea que se los perciban como catedrales de la naturaleza o como herramientas para transformar la economía, la gestión sostenible de los bosques requiere mucho más que discursos elegantes y normas escritas y el financiamiento en tiempo y forma, es parte de ello. 

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