El Gobierno nacional está ultimando los detalles de un decreto que modificará de manera integral la estructura y el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones, en una reorganización que toma como referencia el modelo de seguridad fronteriza aplicado en Estados Unidos. La iniciativa impulsada por la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva,, una admiradora del modelo Bukele, apunta a dotar al organismo de mayor capacidad operativa en los puntos de ingreso al país, un tema especialmente sensible para provincias fronterizas como Misiones.

Según trascendió en ámbitos oficiales, la reforma prevé que Migraciones deje de ser un organismo de perfil estrictamente administrativo para incorporar un área operativa propia. Aunque desde la Casa Rosada rechazan que se trate de la creación de una nueva fuerza federal, sí confirmaron que la nueva estructura tendrá facultades para intervenir en casos de extranjeros con alertas, antecedentes o irregularidades documentarias, incluyendo la posibilidad de ejecutar expulsiones.

La medida busca ordenar su funcionamiento en articulación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y evitar superposiciones, especialmente en los pasos fronterizos terrestres y aéreos.

Inspiración en el modelo estadounidense

El rediseño se inscribe en el acuerdo firmado por el presidente Javier Milei en julio para avanzar en la incorporación de la Argentina al Programa Visa Waiver de Estados Unidos. El esquema norteamericano, que sirve de referencia, está conformado por agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de detenciones e investigaciones, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que administra el control fronterizo.

No es la primera vez que el Gobierno toma elementos del sistema estadounidense: ya lo hizo en la reciente reestructuración de las cuatro fuerzas federales.

La reconfiguración de Migraciones se suma a otras medidas recientes del Gobierno en materia de seguridad: la puesta en marcha del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la creación de la carrera de detective para profesionales y la ampliación de facultades de la PSA para intervenir en delitos en entornos digitales.

En paralelo, en mayo pasado ya se había impulsado un primer decreto migratorio que endureció los requisitos de ingreso al país, redujo el alcance de la “residencia precaria” e incorporó un sistema de declaraciones juradas obligatorias para extranjeros.

Con el traspaso formal de Migraciones al Ministerio de Seguridad concretado esta semana, el Gobierno avanza hacia un esquema migratorio más restrictivo y alineado con estándares internacionales de control al estilo Bukele, una definición que tendrá impacto directo en territorios de frontera como Misiones.