El Senado de la Nación comenzará a debatir este miércoles en comisión el proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2020, que otorga $70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, establece que no se podrá aumentar la deuda publica y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

La comisión de Presupuesto fue citada para el miércoles a las 11 para respaldar el acuerdo fiscal firmado el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales el 4 de diciembre, en un acto que se realizó en la Casa Rosada.

Todas las provincias firmaron el acuerdo, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal; y la ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables.

Fuentes del Frente de Todos señalaron que la intención es analizar y emitir dictamen favorable al Consenso Fiscal 2020, que será uno de los temas centrales que se debatirá en la primera sesión que se efectuará en los próximos días.

El acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Además, establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

También se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.

Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunto en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.

Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos

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