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El solapado ataque a la gobernabilidad

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En estos últimos tiempos y a raíz de la asunción de la presidencia de la República por parte de Alberto Fernández, se observa como la oposición al gobierno y sobre todo, el diario Clarín, acompañado por La Nación, intensifican sus ataques a la acciones del gobierno que tienen la anuencia de la mayoría de los gobernadores e intendentes del país.

Todo ello sucede porque el actual presidente actúa con independencia frente a los medios y en una situación donde el coronavirus Covid-19 pone en jaque no solo a la salud de los argentinos sino también a su economía. Analicemos algunas de estas acciones:

1) La excarcelaciones de convictos y la presión a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa. La jueza de dicha Cámara denunció presiones de un funcionario del Ministerio de Justicia en torno a la causa sobre el memorándum con Irán. Además, se refirió a las prisiones domiciliarias a partir de la eclosión del coronavirus: “No se puede decir que el Ejecutivo suelta presos. Ahora los jueces trabajan con independencia”, dijo. Denunció las presiones que sufrió desde 2015 por parte de la gestión de Cambiemos. “En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del ex ministro de Justicia Germán Garavano entró en mi despacho para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán. “Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más en mi despacho. A partir de ahí no lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí a través de títulos de diarios” expresó la jueza y recordó que el ex presidente Mauricio Macri realizó expresiones en su contra. Al ser consultada por el otorgamiento del derecho de prisiones domiciliarias, Figueroa consideró que hay una “gran ignorancia” por parte de los medios de comunicación en el tratamiento del tema. “Nadie que haya hecho la secundaria puede no saber que tenemos atribuciones constitucionales divididas por poderes y que las excarcelaciones son responsabilidad del poder judicial y no del Ejecutivo”, remarcó. “No se pude decir que el Ejecutivo suelta presos. Ahora los jueces trabajan con independencia“ completó. Figueroa también contó que se tomaron medidas para las mujeres embarazadas o con niños menores de cinco años. “Ahí entran los derechos del niño y se hizo tratamiento especial” “En situación de hacinamiento y Covid.19, hay que atender especialmente la vulnerabilidad de las mujeres con hijos. Son tratados internacionales, firmados por el Estado y no se pueden incumplir”, concluyó.

2) Coronavirus y cárceles: Las mentiras que dieron forma a la campaña de confusión pública. La necesidad de descomprimir la población carcelaria ante el peligro del contagio del Covid-19 fue utilizada por sectores de la derecha para generar reacción contra el gobierno nacional. A lo largo de la última semana asistimos a la trasformación de un sistema sanitario en ciernes en las cárceles en un enorme “fake news”. La discusión sobre políticas para descomprimir la población carcelaria, algo que se aplica en todo el mundo frente al Covid 19 dado que en los penales el aislamiento social es de imposible cumplimiento, fue traducida en un anuncio aterrador sobre la liberación masiva de delincuentes. Comunicadores, medios y dirigentes políticos repitieron frases de estilo ”es indignante que salgan los presos a la calle”, hay malestar por las excarcelaciones” o “existe un plan para liberar presos peligrosos”, que la increíble Felicitas Beccar Varela complementó con una descripción de “patrullas” de “presos liberados” que “amenazan jueces”, “te van patrullando y te van tomando tu capital” (sic). Ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Judicial se hablaba de liberaciones sino de posibles presiones domiciliarias de la que se debería excluir a acusados de delitos violentos y con penas altas. Pero hasta los periodistas mejor intencionados confundieron la diferencia semántica. La derecha perenne y el elenco de anti peronismo estable, encontraron terreno fértil para convertir la distorsión en el cacerolazo que les faltaba a los titulares de los diarios que aguardaban con ansias algún ángulo para perturbar al gobierno de Alberto Fernández que aplica políticas eficaces ante la pandemia.

Números que hablan solos. La primera gran mentira, la de las liberaciones en gran escala, se pueden ver en números. Del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que tiene cerca de 14.000 internos/as, 1227 egresaron desde el 16 de marzo por cumplimientos de penas, libertad condicional o asistida, pero fueron solo 320 quienes recibieron prisión domiciliaria por razones ligadas al Covid-19. De una lista de 1280 presos/as con factores de riesgo del SPF, el 51% no tiene condena. La gran mayoría está en prisión por delitos de drogas (la gran mayoría por narcomenudeo), robos y tentativas. El resto se reparte entre homicidios, violaciones, hurtos y secuestros, entre otros. En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde hay cerca de 50.000 personas, con una sobrepoblación del 110%, entre el 17 de marzo y el 17 de abril (periodo de cuarentena) hubo 2200 egresos: 1601 tenía pena cumplida, o les correspondía la libertad condicional o asistida; 599 fueron prisiones domiciliarias ligadas a factores de riesgo de contraer coronavirus, el resto no tiene relación con el virus. En el mismo periodo el año pasado salieron de las cárceles 1720 personas con penas cumplidas o morigeraciones y 50 fueron arrestos domiciliarios. El disparador de una campaña sobre una libración imaginaria de presos, fue el motín el viernes 24 de abril en el penal de Devoto, referencia de otros. se habían detectado dos casos de covid-19 entre celadores, y semana previa entre trabajadores de la salud. Los detenidos reclaman ya antes medidas sanitarias y de higiene, lo mismo ocurría en cárceles bonaerenses y de otras provincias. Con la suspensión de las visitas por el coronavirus también dejaron de recibir alimentos. Sumaron ahora el pedido de aplicación de los criterios establecidos por la Cámara de Casación Penal Federal para conceder domiciliarias debido a la pandemia. Al tribunal, donde existían diferencias internas, no le quedó otra que poner reglas cuando aparecieron disposiciones internacionales (de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONU) para reducir el número de presos y presas ante la posibilidad de que las cárceles se convirtieran – por sus rasgos de hacinamiento y las deficiencias sanitarias- en focos de contagio masivo que repercutirá en los sistemas de salud. Un penal lleno de contagios puede derivar en uno o más hospitales colapsados. La Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos “reducir drásticamente la población de las prisiones” y “que el distanciamiento sea posible”. Casación recomendó “medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria” en casos puntuales de presos/as con prisión preventiva por delitos no violentos , o sin riesgo procesal, o que hayan superado los plazos de la prisión preventiva (dos años) ; condenados/as por delitos no violentos cerca de cumplir la pena o con penas de hasta tres años; personas en condiciones de acceder a salidas transitorias , libertad asistida o condicional que cumplan el resto de los requisitos; mujeres embarazadas y /o encarceladas con sus hijos /as; personas con riesgo para la salud (adultos mayores inmunodeprimidos o enfermedades crónicas como las pulmonares, VIH, coronarias o diabetes) para quienes se debe sopesar con el resto de los conceptos. La acordada (con disidencias) sugería a los jueces inferiores resolver con estos parámetros y dando intervención a las víctimas. Con este esquema actuaron la Casación Nacional y la Provincia de Buenos Aires. Esta última volcó en un Habeas Corpus colectivo que hacía hincapié en evaluar la peligrosidad de los acusados de delitos graves y la situación de las víctimas, en especial delitos contra la vida, la integridad sexual y la libertad.

Trasformando todas estas actuaciones se dio la posibilidad de cacerolazo que encuentra eco en sectores del Poder Judicial conservadores que complacen al diario La Nación. ¿Un problema del gobierno argentino?. La otra gran falacia instalada indica que la política de descongestionar las cárceles es una ocurrencia del gobierno de Alberto Fernández. Además de las advertencias de Bachelet y otros organismos como mostró Raúl Kollman, son muchos los países que ya concedieron domiciliarias e incluso libertades. En algunos el contagio masivo de coronavirus ya es un hecho, como en la de Ohio, en Estados Unidos, donde 2000 de 2500 internos tienen coronavirus. En este país casi todos los estados dan domiciliarias. Solo en California salieron más de 5000 presos En Francia son 10.000; en Reino Unido a 4000; en España 8000 y la lista continua. El Presidente tuiteó que no es partidario de dar indultos, pero que en el mundo rige la recomendación de “evitar el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”.

Es más, señaló que “ la solución del problema está en manos de los tribunales”. Ya quedó en claro que hay criterios disimiles en el Poder Judicial, pero las reglas para descomprimir las cárceles están escritas. Los gobiernos, nacional y locales, deberían velar por su cumplimiento, cuanto menos por razones sanitarias. Lo que el escenario actual hizo más visible es el viejo problema del hacinamiento carcelario, la falta de higiene y la deficiente alimentación que reciben los internos e internas, porque hoy puede ser un problema para el resto de la sociedad. Las cárceles bonaerenses desbordaron en los últimos cuatro años por pequeñas causas de drogas preventivas a granel. El reclamo fácil de los opositores es: hagan más cárceles, encarcelen más. La pandemia, donde abundan los controles, exacerba las tendencias autoritarias. Quizás el desafío más profundo para el Estado en este momento es el de encontrar el delicado equilibrio entre evitar la impunidad y preservar la vida.

3) El reclamo unísono de la oposición y sus medios allegados al levantamiento total de la cuarentena, le da la opción a nuestro presidente a elegir entre la vida y la economía y nuestro presidente eligió priorizar la vida, sin abandonar la reactivación paulatina de la economía. Tal como lo señala el director general de la Organización Mundial de la Salud, el abandono de la cuarentena debe ser parcial y en convivencia con los gobernadores de cada región.

Nunca en la historia de la humanidad, la misma se ha visto ante un panorama en que la prioridad es salvar vidas. Las leyes del mercado: la competencia, la ley de la oferta y la demanda y otros principios de la economía liberal han sido superadas por un fin superior que es el de salvar vidas. Y sin embargo no está exento la intervención del Estado para regular la apetencia de las grandes corporaciones de crear las condiciones para la libre elección de la gente que consume sea digitada por una publicidad que induce al consumidor a preferir lo que ellas producen en detrimento de las pequeñas empresas que no tendrán la capacidad para competir y por ello serán desplazadas de ese mercado con la consecuencia de las quiebras y, desempleo y aumento de la desocupación general.

Miguel Schmalko, asesor y ex presidente de FEBAP y CACEXMI (Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones)

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