Ante la falta de definiciones sobre quiénes integrarán el equipo económico del nuevo gobierno y sin certezas del contenido del programa económico, sólo se puede hacer un análisis muy general.

Política fiscal

Se habla de aumentos en las tasas de algunos impuestos (a las exportaciones y a los bienes personales) pero no queda claro si la recaudación extra se utilizará para reducir otros gravámenes, para mejorar el balance fiscal primario o para financiar un aumento en el gasto primario.

El presidente electo y algunos de sus asesores han destacado en varias oportunidades la importancia de equilibrar las cuentas públicas. Se supone que se refieren al balance global del fisco nacional incluyendo intereses. Y también se han manifestado acerca de la necesidad de que esa mejora fiscal sea obtenida gracias a la recuperación de la economía. Esto plantea algunos interrogantes.

La Argentina tiene una elevada presión tributaria comparada con países de similar desarrollo y además utiliza en exceso gravámenes muy distorsivos sobre la producción (ingresos brutos, transacciones financieras, sellos, retenciones, tasa de seguridad e higiene municipal).

A su vez, en los gravámenes al ingreso o a la riqueza debe considerarse que los mismos recaen sobre contribuyentes que han sufrido una caída importante en su riqueza neta; ahorristas argentinos poseen títulos públicos y acciones que han perdido entre el 40% y el 85% de su valor.

La reacción habitual de quienes sufren una merma en su riqueza o sufren impuestos adicionales es reducir su consumo para aumentar la tasa de ahorro. Esto opera en contrario a los intentos por reactivar el consumo vía distribuciones de renta entre residentes. Por otra parte, la Argentina necesita mejorar sus cuentas fiscales en forma permanente y creíble.

La experiencia de otros países sugiere que ello se logra más fácilmente por la vía de reducciones del gasto primario. Si se opta por aumentarlo, financiado en parte con mayores impuestos, se puede diluir en parte el efecto sobre la credibilidad del ajuste. Es posible que se pretenda evitar un ajuste adicional y se procure lograrlo a partir de la mejora de ingresos que genere la reactivación.

Aún cuando se diera tal recuperación, la credibilidad del programa fiscal requiere de un control férreo del gasto primario en términos reales. Un primer test del nuevo gobierno es poder frenar las demandas sobre el gasto primario de los actores que forman parte de su propia coalición.

Sin un sendero fiscal creíble, será más difícil renegociar la deuda en forma rápida.

Curiosamente se ha instalado la “necesidad” de recortar intereses porque un cupón promedio de 7% en dólares luce “elevado”.

En verdad dista mucho de las tasas de dos dígitos que se pagaban a finales de los 90 en la Argentina y, ajustados por la inflación internacional, se reducen a 5% real.

Además, el costo de la deuda soberana durante el período del boom de commodities (9 años entre 2003 y 2011) fue un promedio anual de 7.4% en Brasil, 6.3% en Perú ó 6.8% en Colombia y ninguno de estos tres países terminó en un default soberano o en deudas impagables.

Claro que en ese período de nueve años promediaron superávits primarios de 3% del PIB en Brasil, 2.3% del PIB en Perú y casi 1% del PIB en Colombia. El diagnóstico de intereses “elevados” en el caso argentino parece más una excusa para evitar tener superávit primario.

Nótese que el total de intereses con los bonos argentinos de mediano y largo plazo que tiene el sector privado y con los multilaterales es de aproximadamente US$ 11.000 millones al año (hoy un poco más de 2.5% del PIB). Política monetaria Parecería que se tratará de aplicar una política monetaria blanda con la esperanza de que el cepo evite que la emisión se traduzca en una pérdida de reservas del BCRA y que los pesos se canalicen más a cantidades, facilitando la recuperación.

Hay espacio para ablandar la política monetaria pero ello es posible en un contexto de recomposición de la confianza que permita recuperar la demanda por dinero en términos reales. A diferencia del cepo de 2011, hoy hay un tercio de las reservas netas que había en aquel entonces, y una demanda de dinero en caída, comparada con un aumento del M3 privado en moneda local de 18% del PIB a 22% del PIB entre 2003 y 2011 (que fue interrumpido transitoriamente sólo por la crisis financiera internacional). Esa recuperación de la confianza puede darse en un contexto de políticas económicas ad hoc si mejoran los precios internacionales o hay muchas reservas netas, pero ninguna de esas condiciones estará presente, al menos al comienzo de la gestión del nuevo gobierno.

Por lo tanto, sería más seguro apostar a un programa económico que convenza a los ahorristas de que, aún en un contexto de cepo, pueden hacer daño a la macro presionando sobre la brecha cambiaria. Una brecha alta, tarde o temprano, contamina los precios y reduce el balance comercial declarado al BCRA.

Políticas microeconómicas Las urgencias de la macro pueden llevar a errores serios en las políticas micro. Por ejemplo, la pesificación de los precios domésticos de productos transables para subsidiar a los consumidores locales termina con una crisis de oferta como demuestra lo ocurrido con la energía y la carne entre 2005 y 2015. Y en los momentos de urgencia aparecen sugerencias de reactivar políticas sectoriales o regionales de alto costo fiscal y escaso aporte al valor agregado nacional; el caso emblemático es la producción industrial en Tierra del Fuego.

En resumen, la calidad de las decisiones económicas es crucial no sólo en la consistencia indispensable de la política fiscal y monetaria sino en preservar los incentivos a la producción de transables y evitar subsidios desmedidos que sólo perjudican al erario y a los consumidores.

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