El concepto de justicia ambiental nació y se desarrolló en la década de los ochenta del siglo pasado en los Estados Unidos. Las semillas fueron protestas sociales desencadenadas por la habilitación de un emprendimiento contaminante en una zona con minoría étnica. Dicho de otro modo:  surge con movimientos sociales vinculados a los derechos civiles, que evidenciaron la decisión de gestionar residuos peligrosos para la salud en un lugar con población afro (“racismo ambiental”). El hecho tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, incentivando a acciones similares en otros lugares. Eso y un lobby constante iniciado en los años noventa, promovieron y lograron cambios en la administración del Estado.

Así lo explicó el Dr. Martín Ferroni, en su charla titulada “Derechos Humanos y Justicia Ambiental”, el jueves pasado, correspondiente a módulo “Actualización Académica, Especialización y Diplomatura Superior en Educación Ambiental y Ciudadanía Global”, que dicta el Instituto Superior Multiversidad Popular, en las ciudades de Posadas y Jardín América.

“En 1982, el Estado de Carolina del Norte decidió ubicar en (…)  Warren (una zona rural, con un nivel de ingresos bajo y poblado principalmente por afroamericanos) un vertedero de policlorobifenilos (PCB). La decisión (…) provocó que se iniciaran protestas organizadas por movimientos de base, que contaron con el apoyo de algunos grupos regionales y nacionales de defensores de los derechos civiles —principalmente de carácter religioso—, y algunos políticos”, referenció  Ferroni,  teniendo como base el artículo “Origen y evolución del movimiento de justicia ambiental”,  de Miguel Ortega Cerdá.

Esas protestas, continuó, “terminaron en actos de resistencia pacífica: los opositores al proyecto trataron de bloquear el acceso de los camiones que debían transportar el PCB, y la policía no dudó en intervenir y hacer detenciones masivas. Quinientas personas fueron detenidas (…). El Dr. Benjamin F. Chaves Jr., Director de la United Church of Christ (UCC) Commission for Racial Justice, una entidad religiosa de ámbito estatal (…), explicó lo que estaba pasando en toda la nación, alegando que la decisión de instalar en aquella zona el vertedero debía interpretarse como un acto de racismo ambiental”.

Ferroni explicó que la repercusión de este conflicto hizo que otros conflictos comenzaran a alegar también racismo ambiental hacia las comunidades minoritarias, y en ese marco se constituyó entre Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago y otros, el movimiento de justicia ambiental.

Luego se sucedieron la creación de redes estatales del movimiento de justicia ambiental y el trabajo de lobby político para incorporar ese concepto en el ámbito administrativo de los EE UU. En julio de 1990, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) accedió a crear un grupo de trabajo sobre equidad ambiental, y en febrero de 1994 el presidente William Clinton firmó la Ley 12898 «Acciones federales para lograr la justicia ambiental en las poblaciones minoritarias y de baja renta».

De esta manera, señaló Ferroni, “en menos de 20 años, la idea de justicia ambiental se transformó de símbolo de resistencia y lucha social, a un marco conceptual teórico para constituirse en un componente esencial de la política y la legislación en materia ambiental, cómo herramienta contra la vulnerabilidad ambiental”.

En el mundo

La justicia ambiental en la política ambiental floreció además en el Reino Unido y en Escocia de la mano de los ecologistas, quienes encabezaron diversas campañas populares desde el año 1999.

En cambio, “las iniciativas estatales en la Unión Europea, fuera del Reino Unido, son muy limitadas y se centran en estudios puntuales o parciales, pero sin una derivación política destacable”, se lee en “Origen y evolución del movimiento de justicia ambiental”.

En Sudáfrica, el concepto de justicia ambiental está explicitada en la principal ley ambiental «The South African National Environmental Management Act, 107 de 1998», introducido gracias a la presión de un conjunto de movimientos sociales vinculados a la lucha contra el apartheid desde la perspectiva ambiental.

En América Latina, se detalla, “las medidas administrativas y políticas son incipientes y han sido impulsadas gracias al trabajo principalmente de asociaciones vinculadas a las poblaciones indígenas, así como de los derechos humanos y del medio ambiente”. Como ejemplos, se citan las temáticas incorporadas a la Constitución de Ecuador, aprobada en 2009, referentes a los derechos de la naturaleza y al concepto del «buen vivir» o «sumak kawsay», y a la Constitución de Bolivia, del mismo año, sobre agua y utilización de los recursos naturales.

La importancia de los movimientos socio  ambientales

“Es indudable que los actores principales del desarrollo del discurso de justicia ambiental han sido, continúan siendo y continuarán siendo, una gran diversidad de movimientos y asociaciones vinculados en primera instancia a los derechos civiles, y más recientemente al medio ambiente”, se lee en el artículo de base de la disertación.

A partir de ello es que las administraciones públicas incluyen, tanto administrativa como legislativamente, elementos de la justicia ambiental, a tono con otras líneas de acción en marcha como el desarrollo sostenible y/o la ecoeficiencia.

A modo de conclusión, se destaca que el movimiento de justicia ambiental está definitivamente enraizado en miles de conflictos locales en todo el mundo; se enlaza con la demanda de una ampliación de los derechos humanos, integrándose con la dimensión ambiental y contribuyendo a una reflexión más general sobre el rol de los derechos básicos de las personas.

Es decir: la justicia ambiental se está articulando cada vez más como un eje central de la política ambiental de este siglo. Llegó para quedarse. Como desafío, se plantea la elaboración e implementación de políticas públicas.

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