La senadora Sandra Giménez presentó un proyecto de ley que establece que hasta que el Congreso sancione un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, no podrá realizarse una modificación de la normativa vigente en materia de distribución de impuestos entre la Nación y las Provincias así como entre las provincias, que perjudique a alguna/s y/o todas las jurisdicciones provinciales resultando en una percepción menor o una menor participación en la distribución de fondos distribuidos entre las jurisdicciones.

Asimismo, el proyecto establece que el cumplimiento de fallos judiciales que afecten fondos coparticipables se hará efectivo, exclusivamente con fondos del Tesoro Nacional.

Este proyecto ha sido presentado en el contexto de los reclamos que han surgido, tanto en el plano político como judicial, en torno a la distribución de los ingresos entre la Nación y las provincias, afectando la distribución primaria y secundaria del producido de los impuestos cuya recaudación las jurisdicciones han delegado en la Nación, porque es necesario recomponer la afectación de fondos a las provincias a fin de hacer lugar a sus reclamos ante la Nación de manera equitativa y garantizar esos recursos sin condicionamientos.

“Hasta hoy no hemos podido encontrar un régimen que tenga el nivel de consenso necesario para alcanzar la unanimidad en el Senado de la Nación y por ello proliferan parches en el plano político y judicial que evidencian el límite que hemos alcanzado en materia de federalismo fiscal”, explica Giménez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el año pasado la inconstitucionalidad del Artículo 76 de la Ley N° 26.078, respecto de su aplicación a las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe, por lo que el presidente Mauricio Macri decidió disponer “el cese de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, extendiendo la doctrina de los fallos de la Corte por lo que se entendió necesario ajustar la conducta del Estado nacional a los fines de evitar futuros pleitos, gastos e intereses; disponiendo, en base a ello, el mencionado cese de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables.

Esto derivó en un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobernadores que establecieron un cronograma escalonado para la devolución del referido 15% de la masa coparticipable hasta 2019 en un documento de validez política en virtud de la representatividad política de los mandatarios que refrendaron los convenios, pero que no resuelve la validez jurídica del esquema federal fiscal de la Argentina.  

La Corte Suprema de Justicia recientemente citó a todas las provincias del país para que comparezcan y tomen intervención en defensa de sus derechos, en la demanda que Buenos Aires promovió contra el Estado Nacional por el Fondo del Conurbano, una demanda que fue presentada por el Ejecutivo bonaerense el 1 de agosto de 2016.

El máximo Tribunal tomó la medida luego que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz concluyeran que “la controversia resulta común a los demás estados provinciales”.

La provincia de Buenos Aires promovió la demanda contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 104 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, que establece un tope de 650.000.000 de pesos anuales a la participación de 10 por ciento en el producido de dicho gravamen. Ese porcentaje tiene como destino al originariamente llamado “Fondo del Conurbano  Bonaerense”, hoy unidad ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran Buenos Aires.

El Estado bonaerense también pretende que se declare la inconstitucionalidad de otros incisos de ese artículo de la ley que la excluyen de la distribución del excedente del 10 por ciento del producido del tributo entre el resto de las provincias y del reparto del 4 por ciento del impuesto a las ganancias.

La provincia de Buenos Aires solicitó además que se condene al Estado nacional a reintegrarle las sumas que dejó de percibir por aplicación de esas normas.

En fin, los reclamos políticos en relación a la cuestión de la coparticipación federal de impuestos y el avance de la discusión en el ámbito de los poderes del Estado, refleja que hay un nivel de consenso en la política respecto de la necesidad de discutir esta cuestión de una manera muy profunda con el objetivo de arribar a una ley convenio con todo el consenso que eso implica.

“Pero en el período en el que llevamos adelante ese proceso y podamos alcanzar los niveles de consenso necesarios debemos ir dando al sistema una mayor orientación hacia el federalismo, desandando el centralismo en el que fueron resultando las modificaciones al esquema de reparto, garantizando el flujo de ingresos con una mayor orientación a las provincias en un pie de equidad y sin condicionamientos coyunturales. De esta manera, todas las provincias podrán recomponer los ingresos provenientes de la coparticipación y reforzar sus presupuestos provinciales sin que esto deba resultar en un convenio y/o un acuerdo político con el Poder Ejecutivo Nacional sino por derecho adquirido. De esa manera, la discusión política en torno al federalismo fiscal no estará apremiada por la necesidad de arribar a un acuerdo por la acumulación de reclamos interjurisdiccionales ni por la situación fiscal de las cajas, sino por la necesidad genuina de alcanzar un equilibrio fiscal con justicia y equidad como establece la Constitución Nacional”, enumeró.

“Como senadora de la Nación no puedo avalar estas maniobras políticas orientadas a modificar la distribución de recursos coparticipables alteando los canales institucionales establecidos en la Constitución Nacional. Como Misionera, con la responsabilidad que implica el rol institucional que llevo adelante con profunda responsabilidad histórica no puedo asistir sin reacción a la implementación de este mecanismo de presión política a las provincias que no lleva más que a una concentración de los recursos en el área Metropolitana (primero fue la devolución selectiva del 15% a Córdoba y Santa Fe, después la elevación de la participación de la CABA en la distribución de recursos y ahora es el reclamo de la Provincia de Buenos Aires, todas maniobras que no tienen más objetivo que garantizar resultados electorales futuros sin guardar relación con la equidad, a solidaridad y la justicia distributiva”, puntualizó.

“En fin, el gobierno busca implementar una maniobra de concentración de recursos en la región Central del país salteando mecanismos institucionales establecidos en la Constitución Nacional ante la falta de consenso, apelando a la presión política a las provincias. Invito a las Provincias a resistir y revertir esta tendencia por el bien de nuestros comprovincianos porque la Unión hace a la Fuerza”, concluye Giménez.