Gobierno obliga a empresas y supermercados a rebajar precios de más de 1.100 productos

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La medida forma parte de una batería de anuncios que tienen como objetivo evitar las remarcaciones que se dieron a partir del avance del coronavirus

Luego de la lamentable imagen de miles de argentinos abarrotando de productos los changuitos en los supermercados de todo el país durante el último fin de semana, el Gobierno buscará evitar que esta imagen se repita a partir de una batería de medidas que eviten el desabastecimiento e impidan los desmedidos aumentos de precios que se dieron en productos vinculados con el coronavirus.

La movida es encabezada por los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo y las principales herramientas que utilizarán para cumplir con esta misión se vinculan con rebajas de precios, una férrea aplicación de la Ley de Abastecimiento y un acuerdo con la AFIP para incrementar la capacidad de control contra las cadenas de hipermercados y empresas que no cumplan con las normas.

Hubo mucho enojo oficial luego de verse imágenes de changuitos repletos de mercadería, góndolas semi vacías y hasta vacías, peleas entre clientes por el último alcohol en gel o rollos de papel higiénico y filas interminables de más de 100 metros para pagar en las cajas que se dieron en las principales sucursales de las cadenas de supermercados y hasta en los almacenes de barrio y los negocios de proximidad.

Un escenario generado por la lamentable reacción de la mayoría de la sociedad argentina ante la pandemia del coronavirus y el temor a una cuarentena obligada, con una total falta de solidaridad con el resto de la sociedad, desinformación y hasta una injustificada psicosis ante la pandemia.

En el caso de los precios, se informará a productores y comercializadores que deberán retrotraer los valores de más de 1.110 productos de 50 categorías a los que tenían el pasado 6 de marzo, cuando las preocupaciones por el aumento de infectados por el coronavirus comenzó a crecer en el país y el Gobierno tomó nota con el anuncio de las primeras medidas.

Es que el fin de semana siguiente a ese viernes 6 de marzo se dieron las primeras alarmas con respecto a la psicosis de los consumidores por stockearse de mercadería, sea o no útil para combatir el virus y se notaron fuertes remarcaciones.

Precios y efecto coronavirus
El caso paradigmático es el del alcohol en gel, que además de escasear, su costo aumentó un 91% en estas últimas dos semanas y en su envase de 250 ml pasó de $89 a $170.

Sin embargo, no fue el único, según un informe de la consultora Focus Market en el cual se informa que entre los primeros días de marzo y ayer hubo subas desmedidas y sin sentido como las del jabón de tocador que en su envase de 90 grs pasó de valer $57,90 a $67 (+16%). O el jabón antibacterial por tres unidades y de 90 grs que subió de $97,50 a $203 (+113%).

En esa lista figura también la lavandina de un litro, aunque con una módica suba de 2% con un precios actual de $44, mientras que el papel higiénico por 80 mts y cuatro unidades hoy cuesta $157 contra los $144,5 de hace dos semanas.

En el listado figuran además los pañales por 44 unidades que se incrementó un 10% llegando a los $826; la harina 0000 que pasó de $62,50 a $65; el arroz por 1 Kg, de $67,60 a $72,50 (+7,2%); los duraznos de $70,50 a $79 (+12%); arvejas secas de 320 cc, de $43,10 a $45,50 (+6%); el choclo amarillo de $76,80 a $81 (+5%).

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Todas evidencias de un comportamiento comercial que para el Gobierno es injustificado y que ha llevado a las autoridades a profundizar los controles a pesar de que se trata de productos que no se encuentran incluidos en algunos de los programas oficiales con valores controlados como el de Precios Cuidados, por ejemplo, que continuará una vez que venza a fines de marzo.

Los funcionarios consultados por iProfesional sostienen que si los precios se siguen disparando, se licuarán algunas de las medidas anunciadas para limitar las consecuencias económicas de las medidas tomadas para combatir el virus como las de otorgarle sumas fijas por única vez a un sector de jubilados y a los beneficiarios de planes como la AUH. “Es para cuidar el esfuerzo de la transferencia de fondos porque si todo sube, las medidas de protección no sirven de nada”, argumentan.

Por eso las autoridades obligarán a los fabricantes y a las cadenas de comercialización a cumplir a partir de esta jornada de jueves con el nuevo listado de productos que deberán rebajar sus precios bajo la advertencia de aplicar duras sanciones de hasta $10 millones o la clausura de los locales a partir de lo que marca la Ley de Abastecimieno.

En este caso, el listado de productos abarcará a casi 1.100 ítems de 50 categorías como las de almacén y bebidas; frescos y perecederos; limpieza e higiene personal, entre otros.

Por estas horas, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y Paula Español, secretaria de Comercio jo, están terminando de informar a fabricantes y a las grandes cadenas de hipermercados (Carrefour; Walmart; Jumbo; Disco; Coto y La Anoníma) cuáles serán estos productos que deberán remarcar pero, en esta oportunidad, para abajo.

De hecho, a principios de semana las compañías que forman parte de la Copal, la cámara que agrupa a las productoras alimenticias, mantuvieron un encuentro con Español para afinar la nueva temporada de Precios Cuidados que se iniciará a partir de abril próximo.

Sin embargo, el encuentro se terminó convirtiendo en un foro de discusión sobre la necesidad de asegurar el abastecimiento, acelerar los plazos de logística y distribución, acordar sobre la necesidad de evitar subir precios y de sostener la productividad de las empresas.

La letra fina de Precios Cuidados pasó para nuevo aviso ya que la funcionaria les advirtió a los hombres de negocios que la prioridad del Gobierno es combatir las “avivadas” que se observan a partir del miedo de los consumidores por lo que viene en cuanto a nuevas medidas restrictivas para combatir el coronavirus.

En especial, la posible obligación de permanecer en una total cuarentena a partir de la semana próxima o de un eventual toque de queda que restrinja totalmente la circulación de personas, tal como ya se hace en otros países más afectados por la pandemia.

“Compras responsables”
Tomando nota de estas advertencias, en algunas cadenas de hipermercados como Walmart comenzaron a recomendarle a sus clientes que realicen compras “responsables” en productos considerados sensibles para repeler el virus como los jabones, toallas desinfectantes o alcohol en gel líquido y otros alimentos no perecederos. Desde la filial local del grupo norteamericano se les pide a los compradores que se lleven no más de tres o cuatro unidades por producto, aunque todavía no se aplican medidas más restrictivas.

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En este caso, será el Gobierno a través de la Secretaría de Comercio Interior el que tomará las riendas para castigar a empresas y cadenas de retail que aprovechen la angustiante situación sanitaria que está provocando la pandemia para incrementar sus ganancias.

A modo de ejemplo, la Ley de Abastecimiento también se aplicará para el control de precios no solamente en las grandes superficies sino también en almacenes de barrio, supermercados chinos y hasta en las farmacias.

En el caso de detectarse incumplimientos, habrá millonarias multas de hasta $10 millones y hasta clausuras por tiempo indefinido.

De manera aleatoria, se está por firmar un acuerdo con la AFIP para incrementar la capacidad de control.

De hecho, en las últimas horas se conoció la decisión de suprimir la excepción de aplicar la Ley de Abastecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, durante lo que dure la emergencia sanitaria, que a partir de ahora estarán alcanzadas por esta normativa.

Según un cable de la agencia oficial Télam, el Decreto de necesidad y urgencia 288/2020 de Emergencia Sanitaria, publicado en la jornada de este miércoles 17 de marzo en el Boletín Oficial suspende “por el plazo que dure la emergencia, el último párrafo del artículo 1 de la Ley 20.680 y sus modificaciones”.

Es decir, la norma “regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, sus materias primas directas o indirectas y sus insumos, lo mismo que a las prestaciones, que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio”.

El decreto también señala que “el ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos”.

Sin embargo, en su último párrafo aclara que “quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes)”.

De acuerdo a Télam, el DNU incluye a las mipymes en los alcances de la ley que permite al Poder Ejecutivo establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de valores.

También lo faculta a dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y producción. Y a disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación.

También tendrá la facultad de proceder, de ser necesario, al secuestro de todos ésos elementos, por un plazo máximo de 30 días hábiles; crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren; y establecer regímenes de licencias comerciales.

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