En medio de una de las crisis más profundas que ha golpeado a los productores yerbateros, Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), analiza el impacto de la desregulación impuesta por el DNU presidencial y señala que la transferencia de recursos de los productores hacia la industria supera los 200 mil millones de pesos. Además, advierte que el conflicto es esencialmente político y denuncia la inacción de la dirigencia misionera.

¿Cómo está la situación hoy en las rutas y en las protestas de los yerbateros?

Estamos manifestándonos como lo hemos hecho siempre, aunque es algo que no nos gusta. Aquí estamos, en una carpa humilde, con colonos, con mujeres y hombres. Nos ha tocado una lluvia fuerte, pero seguimos firmes, acumulando fuerzas. En algún momento vamos a ir a Posadas, a reclamar a la Legislatura y exigirles a los diputados y senadores que actúen. Incluso hay una diputada de Buenos Aires que presentó un proyecto para revertir el DNU que desreguló el mercado, y queremos que se discuta.

 Usted mencionó una pérdida millonaria para los productores. ¿Cómo llega a esa cifra?

 No es una pérdida, es una transferencia de recursos. Con la desregulación, la industria yerbatera se quedó con 200 mil millones de pesos que le correspondían a los colonos. Y desafío a cualquier industrial o político a demostrarme que estoy equivocado.

Antes del DNU, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) había definido un precio de 505 pesos por kilo de hoja verde. Pero tras la desregulación, un grupo de productores negoció desesperadamente con los industriales y aceptaron 370 pesos. Sin embargo, al final, en el mercado real, terminamos cobrando 180 pesos por kilo.

Haciendo un cálculo simple: si la producción anual de yerba mate es de 1.000 millones de kilos, y dejamos de percibir 200 pesos por kilo, eso significa que nos quitaron 200 mil millones de pesos. Y en la próxima cosecha pasará lo mismo si no logramos frenar esto.

El cálculo es sencillo. En los 90, durante la década desregulada, el proceso fue similar, pero ahora parece ir mucho más acelerado. ¿Qué pasó en los 90, mientras duró la desregulación Menem-Cavallo? El kilo de hoja verde pasó de $0,20 (en 1991) a $0,06 (en 2001) en pesos convertibles uno a uno. Y el precio en góndola se mantuvo casi constante.

Si se multiplica 14 centavos de dólar perdidos por la producción primaria por 700 millones de kilos por 10 años, da el número de transferencia de ingresos hacia la industria, el comercio y los impuestos. 700 millones de kilos x 0,14= 98 u$s millones año. Una década, casi mil millones de dólares que dejó de recibir la producción y quedaron en manos de un puñado de industrias. 

¿Por qué dice que negociar con la industria no sirve?

 Porque es una cortina de humo. Ya lo vivimos en los años ‘90 y 2000, cuando el Gobierno provincial nos invitaba a la “mesa de concertación” en el Ministerio del Agro. Se firmaban actas, pero los industriales nunca cumplían. Por eso se creó el INYM, para que haya un marco legal y se pueda sancionar a quienes no respeten los precios.

La historia nos demuestra que los industriales se ponen de acuerdo entre ellos, no para competir y pagar mejor, sino para bajar el precio de la materia prima. Son tres grandes empresas las que manejan el 60% del mercado, y juegan con los colonos como quieren. Las Marías, Playadito y Ramón Puerta. 

Algunos sectores afirman que hay intereses políticos detrás de las protestas. ¿Es así?

Sí, claro que es un problema político, lo dije desde el principio. Esto no es solo un conflicto económico o comercial: se están peleando el poder dentro del oficialismo y la oposición mira para otro lado.

En Misiones, los yerbateros no fuimos defendidos ni por el oficialismo ni por la oposición. Todos se callaron la boca mientras nos despojaban del único instrumento que nos protegía: el INYM. ¿No es eso un problema político?

Y más allá de la coyuntura, hay algo más profundo: quieren quedarse con la tierra y el agua de los productores. Ya lo vimos en otras épocas. Destruyen el precio de la yerba para fundir a los colonos y que terminen vendiendo sus chacras por dos pesos. Es una estrategia de concentración, como se viene haciendo hace décadas.

Si alguien no me cree, que lea el Plan Misiones 2000, elaborado por el propio Estado. Ahí está escrito que la actividad agropecuaria debe ser integrada verticalmente, es decir, que la industria tenga su propia producción, su propio secadero, su propio molino y maneje el mercado sin depender de los pequeños productores.

Hoy, las grandes empresas yerbateras están avanzando en esa dirección. Dominan el mercado y ahora quieren cerrar el círculo con la importación de yerba de Brasil y Paraguay, que llega con agroquímicos prohibidos en Argentina.

Muchos piden tranquilidad en este conflicto. ¿Cuál es su mensaje para los productores?

No hay mensaje de tranquilidad, hay mensaje de alerta. A los colonos que están en sus casas escuchando, les digo: vienen por su chacra. No se queden esperando, organícense, salgan a luchar.

Y a los tareferos y trabajadores rurales, sepan que la cosechadora mecánica viene a dejarlos sin trabajo. Así como en los ‘60 el tabaco dejó sin empleo a miles de personas, la cosecha mecánica de yerba va a desplazar a 10 mil familias. ¿Dónde van a ir esas personas? A las villas miserias, a la pobreza extrema. Los políticos de Misiones deben reaccionar antes de que sea demasiado tarde. La solución es simple: revocar el DNU, restaurar el INYM y fijar precios justos. Pero para eso hace falta voluntad política.

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