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Correa niega una crisis en la yerba y defiende la desregulación: “Hay un cambio de modelo”

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En medio de un escenario de protestas, reclamos por precios y advertencias de una “crisis terminal” en el sector yerbatero, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, trazó una lectura diametralmente distinta: negó que se trate de una crisis estructural y sostuvo que la actividad atraviesa una transición derivada de la desregulación.

“Hay un cambio de modelo (…) la desregulación trajo buenas noticias, como por ejemplo, el frente exportadores creció, tuvo récord, el consumo interno se estabilizó (…) pero hay variables que se están corrigiendo”, señaló en una entrevista concedida a Radio Rivadavia. Sin embargo, los datos no convalidan esa tesis. Si bien hubo un récord de exportaciones, el consumo interno está por debajo de 2023, el último año con el mercado regulado, que cerró con 285.430.373 de kilos, el volumen más alto de la historia. El año pasado se vendieron en el mercado interno 266 millones de kilos. 

Lejos de convalidar el diagnóstico de los productores, Correa encuadró el momento actual como un proceso de ajuste tras años de intervención estatal.

El funcionario apuntó directamente al esquema previo de regulación de precios como origen de los desequilibrios actuales.

“Venimos de un proceso de intervención estatal (…) donde el Estado intervenía mediante la fijación de un precio. Eso trajo a colación que muchos oportunistas se metieran en el rubro porque el Estado les garantizaba una rentabilidad”, argumentó.

Según su mirada, esa lógica distorsionó el mercado. “Eso benefició a algunos y a la gran mayoría de los argentinos le trajo un perjuicio, sobre todo al productor genuino (…) porque eso trajo sobreproducción de yerba mate”.

Correa detalló que “del 2016 al 2025 crecieron casi un 40% de las superficies implantadas de yerba mate. Eso denota el oportunismo”. Ante esa expansión el INYM había emitido la resolución 170, que limitaba las nuevas plantaciones a cinco hectáreas por productor, pero las grandes industrias, de Corrientes y de Misiones lograron que la Justicia frene esa medida. 

Correa en cambio, sin identificar actores puntuales, remarcó que las nuevas plantaciones pertenecen a “nuevos jugadores” atraídos por un negocio con rentabilidad asegurada.

Correa defendió el nuevo esquema sin intervención estatal, donde los valores se determinan entre privados. “Estamos en un modelo que se rige por oferta y demanda y ahí se establecen los precios”, resaltó en defensa del DNU presidencial que provocó un desplome del valor de la hoja verde, que se paga hoy menos que hace dos años. 

Y fue enfático respecto al rol del organismo: “EI Instituto hoy no cuenta con facultades para intervenir en los precios (…) y yo como representante del Ejecutivo nacional apoyo esa idea”.

Para el titular del INYM, la caída del precio de la hoja verde responde a un reacomodamiento tras la sobreoferta generada en años previos.

Cuando las cosas iban bien, no se quejaron y hoy día (…) al establecer los precios entre privados hay resistencia y la distribución se modificó”, remarcó. 

En respuesta a los reclamos de los sectores productivos, Correa también relativizó la dimensión del universo afectado. “Tenemos registrados productores por 14.200, pero en los últimos 6 años entregaron hoja verde 9.200 (…) pequeños productores no tenemos más de 5.000”, criticó. 

“Cuando digo pequeños productores, digo productores que van de 5 hasta 10 hectáreas (…) y hasta 15 hectáreas”, diferenció. 

En línea con la política de desregulación que emana del Gobierno, el presidente del INYM planteó que la solución pasa por expandir el consumo. “La solución acá es trabajar en la demanda de producto, es aumentar la demanda”.

Y vinculó directamente la desregulación con un cambio en la estructura comercial. “Históricamente las exportaciones representaban un 10% (…) hoy representan cercano al 20% a dos años de implementación”.

“Eso nos está mostrando el camino por donde debemos encauzar esta situación”, aseguró. Sin embargo, las principales industrias advierten que el aumento de las exportaciones no es sinónimo de rentabilidad, afectada por la suba de tarifas y el combustible. De hecho, Argentina exporta a un valor menor por tonelada que Brasil, el principal competidor global.  

Correa planteó que el futuro del sector no pasa sólo por el consumo tradicional, sino que “tenemos que ir detrás de las necesidades del mundo y abrir otros rubros como el energizante, cosmético, farmacéutico”.

En paralelo, propuso una transformación del rol del productor que “tiene que integrar todo el ciclo productivo y eso se está dando con pequeñas marcas”.

Sobre el debate por los costos, cuestionó los esquemas homogéneos: “Hay una resolución (…) que establece una única modal productiva y eso es lo que nos oponemos (…) debería haber tantas modalidades productivas como productores haya”.

Para Correa, la eficiencia individual será clave en los nuevos tiempos de la yerba. “Va a depender el costo real de cuán eficiente es cada productor”.

Finalmente, el titular del INYM dejó en claro que no espera soluciones inmediatas: “Acá no hay soluciones de la noche a la mañana. Acá es trabajo y tenemos que incrementar la demanda”.

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Eliminan normas de seguridad ferroviaria de 2013 y redefinen el esquema operativo del sistema

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El Gobierno avanzó el 14 de abril de 2026 con una decisión de alto impacto operativo y político: mediante la Resolución 23/2026, la Secretaría de Transporte derogó la normativa de 2013 que imponía restricciones estrictas de seguridad en el ingreso de trenes a estaciones terminales. La medida, firmada en el marco de la emergencia ferroviaria vigente, elimina obligaciones como la reducción de velocidad a 5 km/h en los últimos 20 metros y la presencia del jefe de tren en cabina en el tramo final.

El movimiento no es menor. Se trata de una norma nacida tras los accidentes de 2012 y 2013, que había estructurado durante más de una década un esquema de control reforzado sobre el factor humano. Su eliminación abre una pregunta inevitable: ¿el Gobierno consolida una modernización tecnológica o asume un riesgo político al flexibilizar estándares asociados a la seguridad?

De la lógica preventiva al control tecnológico

La resolución se inscribe en un proceso más amplio de revisión normativa impulsado desde el decreto 70/2023 y profundizado bajo la emergencia ferroviaria declarada en 2024, con vigencia prorrogada. En ese marco, el sistema ferroviario quedó sujeto a una auditoría integral de sus reglas operativas, de mantenimiento y seguridad.

El argumento central del Ejecutivo es que las condiciones que justificaron la norma de 2013 fueron “sustancialmente superadas”. La clave de ese cambio es tecnológica: la implementación del sistema ATS (Automatic Train Stop), que permite controlar la velocidad de las formaciones y activar el frenado automático ante incumplimientos.

Según los informes técnicos citados en la resolución —provenientes de la Operadora Ferroviaria, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y organismos técnicos—, ese sistema logró mitigar los riesgos asociados a errores humanos, que habían sido el eje de la regulación original.

En paralelo, el Estado también avanzó en la estandarización de los controles psicofísicos y de capacitación del personal ferroviario. La creación de un régimen unificado de habilitación, con exigencia de certificados psicofísicos vigentes, aparece como otro pilar del nuevo esquema.

El resultado es un cambio conceptual: se pasa de un modelo basado en restricciones operativas rígidas a uno apoyado en tecnología, procedimientos y autonomía de los operadores.

Más margen para operadores, menos regulación central

La resolución no solo elimina una norma. Redefine el equilibrio entre regulación estatal y responsabilidad operativa.

A partir de ahora, serán los propios operadores ferroviarios y administradores de infraestructura quienes podrán definir medidas de seguridad “transitorias” si lo consideran necesario. Es decir, el Estado deja de imponer reglas uniformes y traslada la gestión del riesgo a cada actor del sistema.

Este corrimiento tiene implicancias directas. Por un lado, fortalece la lógica de desregulación que impulsa el Gobierno en distintos sectores. Por otro, introduce una mayor heterogeneidad potencial en los estándares operativos, dependiendo de cada línea o concesionario.

En términos políticos, la decisión también dialoga con la narrativa oficial de reducción de “normas obsoletas” y simplificación del Estado. Pero lo hace en un área particularmente sensible: la seguridad del transporte público.

Señal hacia el sistema

Dentro del sistema ferroviario, la medida se apoya en avales técnicos de organismos clave y en la posición de la Operadora Ferroviaria, que había solicitado explícitamente la derogación. Esto sugiere una alineación entre el criterio político y las áreas operativas.

Al mismo tiempo, el desplazamiento del esquema anterior puede reconfigurar el rol de los organismos de control, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasa a supervisar un sistema con mayor discrecionalidad operativa.

En el plano más amplio, la resolución se inscribe en la estrategia del Gobierno de avanzar por vía administrativa en reformas estructurales, sin pasar necesariamente por el Congreso. Aunque no se trata de un DNU, el contexto de emergencia habilita este tipo de decisiones con impacto profundo.

Monitoreo, riesgos y margen político

El cambio abre un escenario en desarrollo. La eficacia del nuevo esquema dependerá de dos variables: el funcionamiento real del sistema ATS y la capacidad de los operadores para gestionar riesgos sin un marco uniforme obligatorio.

En las próximas semanas, el foco estará en cómo se implementan estas facultades descentralizadas y si surgen diferencias entre líneas o regiones. También en la capacidad del Estado para auditar sin intervenir directamente en la operación.

El trasfondo es más amplio. La política ferroviaria se convierte en un laboratorio del enfoque regulatorio del Gobierno: menos reglas generales, más responsabilidad distribuida y confianza en la tecnología.

El equilibrio entre eficiencia y seguridad —siempre delicado— vuelve al centro de la escena. Y esta vez, con menos red normativa y más margen operativo.

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Amplían el Régimen de Aduana en Factoría y abren el juego a proveedores

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El Gobierno nacional activó una modificación estructural del régimen de Aduana en Factoría (RAF) mediante el decreto 252/2026, firmado el 16 de abril en Buenos Aires, con el que elimina restricciones históricas y habilita el ingreso directo de proveedores al sistema. La medida, dictada por el Poder Ejecutivo en uso de facultades de necesidad y urgencia, introduce cambios sobre el decreto 688/2002 y redefine las reglas de acceso a un régimen clave para la industria exportadora. Con impacto inmediato en la arquitectura productiva, la decisión plantea una tensión de fondo: ¿se trata de una liberalización que dinamiza inversiones o de un movimiento que tensionará la discusión política en el Congreso?

Fin del esquema cerrado: menos intermediación y más acceso directo

El núcleo del decreto apunta a desmontar uno de los principales filtros del régimen: la obligación de suscribir acuerdos sectoriales con entidades representativas para poder ingresar al RAF. Ese requisito, vigente desde 2002, funcionaba como una barrera de entrada que condicionaba a las empresas a la validación de terceros.

La nueva norma elimina ese esquema y habilita un acceso más directo, bajo control de la Secretaría de Industria y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberán validar las solicitudes en un plazo máximo de 60 días. En términos operativos, el cambio traslada poder desde las cámaras sectoriales hacia el Estado regulador, pero al mismo tiempo reduce la capacidad de veto indirecto de actores privados.

Además, el decreto amplía el alcance del régimen: ya no solo podrán adherirse los fabricantes finales, sino también sus proveedores. Estos podrán importar insumos bajo el RAF para producir bienes intermedios destinados a la cadena industrial. Es un giro relevante: el régimen deja de ser un instrumento acotado a grandes terminales y pasa a estructurar cadenas productivas completas.

Garantías más flexibles y lógica de costos: el mensaje económico

Otro eje central es la flexibilización del sistema de garantías. Se elimina la exigencia de una garantía global única, permitiendo a las empresas optar por esquemas más acordes a su estructura financiera. En la práctica, esto reduce costos de transacción y amplía el universo potencial de beneficiarios.

El decreto también redefine el rol de la autoridad de aplicación, que ahora podrá fijar criterios de admisibilidad sin imponer condicionamientos sectoriales previos. La lógica cambia: de un modelo basado en compromisos de producción y empleo negociados colectivamente, a uno más abierto, con reglas generales y control ex post.

El argumento oficial se apoya en la experiencia del sector automotriz, único que logró aprovechar plenamente el régimen en más de dos décadas. Ese sector, que representa el 7,2% del valor agregado industrial, es utilizado como caso testigo para justificar la expansión al resto del entramado manufacturero.

Desregulación, Congreso y actores económicos

La utilización de un DNU para modificar un régimen de impacto estructural introduce un componente político inevitable. El Ejecutivo invoca la “impostergable” necesidad de mejorar la competitividad y evitar demoras legislativas, en un contexto de presión sobre el aparato productivo.

Sin embargo, el decreto deberá atravesar el filtro de la Comisión Bicameral y del Congreso. Allí se jugará parte de la validación política de la medida. La discusión no será solo técnica: el cambio altera equilibrios entre sectores industriales, debilita el rol de intermediación de cámaras empresarias y redefine incentivos dentro de las cadenas productivas.

En paralelo, el movimiento fortalece la agenda de desregulación del Gobierno, que busca reducir costos y acelerar decisiones en sectores estratégicos. Para los actores económicos, el mensaje es claro: menor burocracia, más acceso y reglas más homogéneas.

Expansión productiva o conflicto regulatorio

La reforma del RAF introduce una herramienta con potencial de impacto amplio, pero su implementación efectiva dependerá de variables aún abiertas. El comportamiento de los nuevos actores —especialmente proveedores— será un indicador clave para medir si el régimen logra escalar más allá de su experiencia previa.

También habrá que observar cómo se traducen los nuevos criterios de admisibilidad y control en la práctica administrativa. La promesa de agilidad puede tensionarse con la capacidad operativa del Estado.

En el plano político, el recorrido del decreto en el Congreso será determinante. La discusión sobre el uso de DNU para reformas estructurales sigue latente y puede reactivarse.

El Gobierno movió una pieza relevante en el tablero industrial. Resta ver si el sistema absorbe el cambio como una oportunidad de expansión o si emergen resistencias en un terreno donde regulación, competitividad y poder económico se cruzan de manera inevitable.

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Sturzenegger lleva al Senado la reforma de propiedad privada y abre un frente sensible sobre tierras y desalojos

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles a las 16 en el Senado sobre el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa firmada por el presidente y todo su gabinete que propone modificar el régimen de tierras, agilizar desalojos y reformar normas clave como la ley de Manejo del Fuego. El debate se abrirá en un plenario de comisiones y marca un movimiento de alto impacto político: ¿se trata de una consolidación del enfoque desregulador del Gobierno o del inicio de un nuevo foco de conflicto en el Congreso?

Reforma integral: propiedad, tierras y desalojos bajo un mismo eje

El proyecto no aborda un único aspecto, sino que articula una batería de cambios sobre el régimen de propiedad en Argentina. En el plano de las expropiaciones, introduce un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, donde bastaría la acreditación del título para avanzar en la recuperación, manteniendo —según el texto— garantías de debido proceso y control judicial, pero reduciendo los tiempos actuales.

En paralelo, plantea una modificación de fondo en el régimen de tierras rurales al eliminar las restricciones vigentes desde 2011 que limitaban la compra por parte de extranjeros. El argumento oficial apunta a que esas limitaciones desincentivaron la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario, considerado estratégico por su peso productivo.

La iniciativa también redefine el enfoque regulatorio: en lugar de restricciones generales, propone concentrar los controles en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

A esto se suma la reforma de la ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina artículos centrales que impedían la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos —60 años en áreas protegidas y 30 en zonas agrícolas—, bajo el argumento de que esos plazos resultan “irrazonables” y afectan el derecho de propiedad.

El Senado como escenario de una disputa de modelo

La exposición de Sturzenegger se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por legisladores del oficialismo. El dato no es menor: el Gobierno busca instalar el debate en un terreno institucional que combine técnica jurídica con decisión política.

El proyecto condensa una visión clara: priorizar la seguridad jurídica del propietario, reducir intervenciones estatales y habilitar mayor flexibilidad en el uso de activos, en especial en el ámbito rural. En términos concretos, redefine incentivos económicos y modifica reglas de juego para inversores, productores y actores del mercado inmobiliario.

Pero esa misma amplitud abre múltiples frentes. La eliminación de límites a la propiedad extranjera y la flexibilización en zonas afectadas por incendios no son cambios aislados: impactan sobre discusiones históricas vinculadas a soberanía, uso del suelo y regulación ambiental.

Inversión, propiedad y tensiones latentes

El avance del proyecto puede fortalecer al Gobierno en su agenda de desregulación y atracción de inversiones, particularmente en sectores productivos vinculados al agro. La señal hacia el mercado es directa: menos restricciones, mayor previsibilidad para el capital.

Sin embargo, la iniciativa también introduce tensiones potenciales en el Congreso y en la arena pública. La revisión de normas aprobadas en etapas anteriores y la concentración de reformas en un solo proyecto pueden activar resistencias, especialmente en torno a la propiedad de tierras y la regulación ambiental.

En términos legislativos, el debate no solo girará en torno a los artículos, sino al modelo de Estado que subyace: un esquema que reduce la intervención en favor de la lógica de mercado. Allí se juega parte de la correlación de fuerzas.

Un debate que recién empieza

La exposición de Sturzenegger será el punto de partida de una discusión que combina derecho constitucional, política económica y disputa territorial. El proyecto no solo propone cambios normativos; redefine prioridades.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en cómo se procesan esas reformas dentro del Senado y qué actores logran incidir en su redacción final. La pregunta de fondo —qué equilibrio entre propiedad, regulación y soberanía se busca— todavía está abierta.

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APAM denuncia “destrucción de la familia agraria” y lleva la disputa por el modelo productivo al terreno político

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En el arranque de una nueva zafra, la discusión por el precio de la hoja verde escaló a un conflicto de poder que trasciende lo sectorial. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, acusó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de impulsar, a través de la desregulación del mercado yerbatero, un proceso de “destrucción de la familia agraria”.

Con precios que hoy oscilan entre $180 y $450 por kilo, y un reclamo sectorial que fija en $700 el valor “justo”, los productores no solo cuestionan el esquema económico: preparan una presentación judicial para frenar el decreto que eliminó el marco de negociación institucional. La tensión de fondo es otra: qué modelo productivo va a prevalecer en Misiones y quién define sus reglas.

De la regulación al mercado: el quiebre del esquema de precios

El punto de inflexión que marca APAM es la desarticulación del sistema que permitía acordar precios dentro de un ámbito institucional. Sand explicó a Economis que allí, productores e industria exponían costos y márgenes bajo reglas formales, con intervención estatal en caso de no alcanzar consenso. Ese mecanismo garantizaba, según el sector primario, un valor “sustentable”.

La irrupción del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 modificó ese equilibrio. Sin ese espacio, el precio quedó sujeto a la negociación directa, en un mercado donde la dispersión refleja asimetrías: desde $180 hasta $450 en casos puntuales como el de Piporé, con cooperativas que sostienen valores cercanos a $380 para sus socios.

El impacto económico aparece con cifras concretas. APAM calcula que el primer año de desregulación (2024) implicó una transferencia de $200.000 millones desde los productores hacia la industria, producto de la brecha entre un precio esperado de $500 y uno efectivo cercano a $200. La tendencia, aseguran, se repitió en el segundo año y proyecta continuidad en la zafra que dio inicio.

En ese contexto, Sand remarca que el reclamo de $700 por kilo de hoja verde se apoya en dos variables: la equivalencia histórica de 0,50 dólares y la actualización inflacionaria sobre referencias previas de $500–$510. Incluso los costos de $460 registrados en septiembre pasado ya no se cubren, lo que deja al pequeño productor operando sin margen.

Judicialización y respaldo provincial: la política entra en escena

La novedad no es solo económica. Es institucional. APAM, junto a asociaciones, cooperativas y Fedecoop, avanzó en un pedido formal de apoyo al gobierno provincial para impulsar una acción judicial que declare la inconstitucionalidad del DNU.

El movimiento redefine el conflicto. Ya no se trata únicamente de precios, sino del alcance del poder regulatorio del Estado nacional sobre una economía regional. La provincia, cuya estructura productiva depende en gran medida de la yerba mate, aparece como un actor que podría tensionar ese esquema.

Para los productores, el decreto representa un “avasallamiento” que desarticula un sistema de equilibrio interno. Para el Gobierno nacional, en cambio, forma parte de una lógica de desregulación más amplia. En ese cruce, la Justicia se convierte en el próximo escenario de disputa.

Modelo productivo: agroecología versus concentración

El debate por el precio abre una discusión más profunda. Sand vincula la caída de ingresos con un proceso de descapitalización que, según su lectura, favorece la concentración de tierras y recursos estratégicos como el agua.

En ese marco, cuestiona propuestas que promueven el avance de monocultivos intensivos —como el maíz— en la provincia. Para APAM, ese camino no solo es económicamente inviable para el pequeño productor, sino que implica riesgos ambientales estructurales: erosión del suelo, pérdida de fertilidad y aumento de temperaturas.

La alternativa que plantea Sand para el sector es un modelo agroecológico, adaptado a la lógica de la selva misionera. La propuesta apunta a reinsertar la yerba mate en sistemas con cobertura arbórea, reducir el uso de insumos externos y aprovechar mecanismos biológicos propios del ecosistema.

La discusión, en términos políticos, no es técnica. Es estratégica. Enfrenta un esquema basado en escala, commodities y precios internacionales con otro centrado en producción regional, sustentabilidad y arraigo.

Quién gana y quién pierde

El escenario deja expuestos intereses divergentes. La industria, con mayor capacidad de fijación de precios en un mercado desregulado, aparece como el actor fortalecido. Los pequeños productores, en cambio, enfrentan márgenes negativos y pérdida de capital.

La intervención del gobierno provincial introduce un factor de equilibrio, pero también abre un frente político con la Nación. La judicialización puede alterar la correlación de fuerzas si logra reinstalar un marco regulatorio; de lo contrario, consolidará el esquema actual.

En paralelo, la discusión sobre el modelo productivo suma actores: desde sectores que promueven la diversificación con cultivos intensivos hasta quienes defienden una matriz centrada en la yerba mate.

Un conflicto que redefine la agenda productiva

La ofensiva judicial y el debate sobre el modelo productivo colocan a la yerba mate en el centro de la agenda política de Misiones. No se trata solo de un cultivo, sino de una estructura social y económica que involucra a buena parte de la provincia.

En las próximas semanas, la evolución de la causa judicial y las definiciones políticas marcarán el rumbo. También habrá que observar si el reclamo logra traducirse en medidas concretas o si el mercado termina imponiendo su lógica.

La tensión sigue abierta. Entre regulación y desregulación, entre agroecología y monocultivo, entre producción familiar y concentración, Misiones discute algo más que el precio de la hoja verde. Discute su modelo de desarrollo.

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