La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio un nuevo paso en la agenda de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el Gobierno nacional. Mediante la Resolución 436/2026, el organismo autorizó el otorgamiento de certificados provisorios para una amplia gama de actividades aeronáuticas cuando los únicos requisitos pendientes sean de carácter documental o administrativo y no comprometan la seguridad operacional.
La medida busca reducir los tiempos de ingreso al mercado de nuevos operadores, uno de los ejes centrales de la política aerocomercial vigente desde la aprobación del nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales. En la práctica, permitirá que empresas y organizaciones comiencen a operar mientras completan trámites accesorios, evitando demoras burocráticas que hasta ahora postergaban la emisión de habilitaciones definitivas.
El régimen alcanzará a los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), Certificados de Explotadores de Trabajo Aéreo (CETA), certificados digitales para operadores aeroportuarios y de rampa, centros de instrucción y entrenamiento aeronáutico, talleres aeronáuticos de reparación, reconocimientos de certificados extranjeros y dispositivos de simulación de vuelo, entre otros.
La resolución establece que los certificados podrán emitirse únicamente cuando los requisitos técnicos, operativos y de seguridad ya hayan sido acreditados por las áreas competentes de la ANAC. Los aspectos pendientes deberán limitarse a cuestiones consideradas no esenciales, como la acreditación del pago de aranceles, inscripciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), legalizaciones, apostillas, traducciones públicas o registraciones societarias.
No obstante, el organismo aclara que la enumeración no es taxativa y que cualquier duda respecto de una eventual afectación de la seguridad operacional deberá resolverse con criterio restrictivo, privilegiando siempre la protección de la actividad aérea.
Los certificados provisorios tendrán una vigencia máxima de 90 días corridos desde su emisión. Antes de su vencimiento, el interesado podrá solicitar una única prórroga por igual período, siempre que fundamente las razones que impiden completar la documentación requerida. En caso de no regularizar la situación dentro de esos plazos, la autorización caducará automáticamente.
Como parte del nuevo esquema, la ANAC también instruyó a sus dependencias técnicas a incorporar de oficio la documentación que ya obre en poder del Estado, evitando exigir nuevamente certificados de matrícula, aeronavegabilidad, licencias del personal aeronáutico, certificaciones médicas, antecedentes operativos, contratos de utilización de aeronaves u otra información disponible en bases oficiales. La disposición se apoya en el principio de eficiencia burocrática incorporado a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que prohíbe requerir al administrado documentación que ya se encuentre en poder de la Administración Pública.
Desde el punto de vista regulatorio, la resolución se inscribe en el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025, que ordenó revisar y eliminar normas consideradas redundantes o generadoras de sobrecostos para el sector productivo. También se articula con las modificaciones introducidas durante el último año para liberalizar el mercado aerocomercial, fortalecer el gobierno digital y agilizar los procedimientos administrativos.
Para la industria, el impacto potencial es significativo. La posibilidad de obtener habilitaciones provisorias reduce tiempos de espera para nuevas líneas aéreas, empresas de trabajo aéreo, centros de capacitación y talleres aeronáuticos, acelerando proyectos de inversión y ampliando la oferta de servicios sin resignar los controles técnicos que exige la seguridad operacional.
En un contexto en el que el Gobierno busca incrementar la competencia y mejorar la conectividad federal, la resolución procura equilibrar dos objetivos estratégicos: mantener los estándares internacionales de seguridad aérea y eliminar barreras administrativas que históricamente demoraban el ingreso de nuevos actores al mercado. El resultado esperado es un sistema regulatorio más ágil, apoyado en procesos digitales y con menor carga burocrática, capaz de responder con mayor rapidez al crecimiento de la actividad aeronáutica.
Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. El ministro de Desregulación ratificó cada que la desregulación del mercado yerbatero seguirá vigente, a pesar de los planteos de la Provincia de Misiones y las quejas de los productores y cooperativas por el derrumbe del precio de la materia prima. Nada lo conmovió. La pregunta que sobrevoló el final de la reunión fue para qué fueron convocados si no iban a atender los argumentos en contra.
Sturzenegger escuchó los planteos de todos los sectores que integran la cadena, pero dejó una definición que terminó de despejar cualquier expectativa: no habrá regreso al esquema de regulación del precio de la hoja verde ni recuperación de las facultades que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La conclusión política fue inmediata. Mientras la industria molinera y la representación de Corrientes defendieron la continuidad de la desregulación, Misiones, productores, cooperativas, trabajadores rurales y secaderos coincidieron en describir un escenario de crisis provocado por la pérdida del poder regulador del INYM.
La cumbre terminó exhibiendo una cadena completamente dividida y un Gobierno nacional convencido de sostener el actual modelo.
Según relataron los participantes, Sturzenegger sostuvo que el camino para fortalecer la actividad consiste en incrementar las ventas y expandir los mercados, algo que no está sucediendo en la práctica: el consumo interno está cayendo y el externo entró en una meseta.
Su argumento se basa en el “efecto derrame”, según el cuál un mayor volumen comercial terminará beneficiando a toda la cadena, incluido el productor primario, sin necesidad de establecer precios mínimos ni mecanismos de intervención estatal.
La lógica es la misma que el Gobierno viene defendiendo desde el inicio de la gestión: eliminar regulaciones para permitir que el mercado asigne recursos y precios.
Sin embargo, esa visión chocó de frente con los planteos realizados por la mayoría de los representantes de la producción.
Uno de los discursos más duros fue el del representante de Misiones en el Directorio del INYM, Ricardo Maciel.
El funcionario aseguró que llegó al encuentro con pocas expectativas, pero salió “con una enorme desilusión y bronca”.
Maciel sostuvo que la eliminación de las facultades del INYM dejó a los productores sin herramientas para negociar frente a un mercado altamente concentrado.
“No existe un precio de mercado. Existe una imposición de precios por parte de un pequeño grupo de industrias”, planteó durante la reunión.
También recordó que antes del DNU el precio no era fijado arbitrariamente por el Estado, sino que surgía de acuerdos entre los distintos sectores privados y, cuando no existía consenso, la Nación actuaba como árbitro.
Ese mecanismo desapareció sin ser reemplazado por ninguna otra herramienta.
Para Maciel, el resultado fue una gigantesca transferencia de ingresos desde el productor hacia los eslabones superiores de la cadena.
La misma preocupación fue compartida por representantes de productores, cooperativas, secaderos y trabajadores rurales.
El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, fue incluso más contundente al cuestionar la decisión del Gobierno nacional.
“Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna”, sostuvo.
Y agregó: “Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país”.
Su declaración sintetiza la posición que sostiene el Gobierno misionero desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023: la desregulación eliminó el único contrapeso institucional frente al poder de negociación de los grandes compradores.
Dos modelos económicos
La reunión dejó expuestos dos diagnósticos completamente diferentes.
Por un lado, el Gobierno nacional y buena parte de la industria consideran que la desregulación permitirá ganar competitividad mediante una mayor expansión comercial.
Por el otro, los representantes de la producción primaria sostienen que el mercado yerbatero presenta una estructura oligopsónica -con miles de vendedores y muy pocos compradores- que impide una verdadera formación libre de precios.
Esa diferencia conceptual fue desarrollada en el documento presentado por el representante de los productores en el Directorio del INYM, Roberto Ferreyra, quien argumentó que la eliminación de las facultades regulatorias no generó más competencia, sino una mayor concentración económica y una transferencia de renta hacia los actores con mayor poder de mercado.
El informe sostiene que, tras más de dos años de vigencia del DNU, el precio de la hoja verde cayó hasta niveles inferiores a los costos de producción, mientras la reducción no se trasladó en igual magnitud al consumidor final. También señala una fuerte caída de la cosecha, menor consumo interno y debilitamiento institucional del INYM.
La posición no fue unánime. Durante la reunión, los representantes industriales y la provincia de Corrientes respaldaron la continuidad de la desregulación y sostuvieron que el mercado debe seguir funcionando sin intervención estatal en la fijación de precios.
Ese respaldo terminó reforzando la decisión política del Gobierno nacional de no revisar el esquema vigente.
Más allá del intercambio técnico, la reunión dejó un mensaje político contundente.
El Ministerio de Desregulación no abrirá la discusión sobre la restitución de las facultades que perdió el INYM ni impulsará mecanismos de concertación para fijar precios mínimos.
La frase con la que varios participantes resumieron el encuentro fue elocuente. “Nos dijeron, en una palabra, arréglense como puedan”.
Para Misiones, el resultado significa que la estrategia para recuperar herramientas regulatorias seguirá dependiendo de la vía judicial, de proyectos legislativos impulsados en el Congreso y de la presión política de las entidades de productores.
Por primera vez desde que el Gobierno nacional eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibirá este miércoles al directorio del organismo en una reunión que puede marcar un punto de inflexión en el debate sobre el futuro de la actividad.
Es la primera vez que el funcionario que impulsó la liberalización del mercado yerbatero escuchará, en una misma mesa, la posición de quienes representan a cada uno de los eslabones de la cadena productiva.
La convocatoria reunirá a Carlos Luis Czajkowski, por las cooperativas, Ricardo Maciel, en representación de la provincia de Misiones, Carmelo Rojas, por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Luis Konopacki, por el sector secadero, Rubén Henrikson, por la industria, Roberto Ferreyra, por los productores y Rodrigo Correa, presidente del INYM. Correa estará acompañado por el abogado Esteban Aquino, asesor jurídico de la presidencia del Instituto y uno de los principales responsables del respaldo legal de las decisiones adoptadas por la actual conducción del organismo.
Aunque el sector productivo espera con atención lo que suceda en esta cumbre, en la práctica hay pocas chances de que se produzca un giro en la política desreguladora. En su breve paso por Misiones este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que no hay ninguna posibilidad de revisar el dogma libertario. “Nuestra agenda es desregular, o sea, esto lo ha de haber explicado hasta el cansancio Adrián (Núñez), Diego (Hartfield), Maura (Gruber). Sabemos la postura que tenemos sobre el tema. Nosotros creemos que abriendo el comercio, generando más exportaciones, no tiene que intervenir el Estado. A la larga no tiene que intervenir el Estado, va a ser lo más beneficioso, por más que la transición por ahí un poco cueste, va a ser lo más beneficioso”, remarcó Menem, echando por tierra la posibilidad de que la reunión a la que accedió Sturzenegger sirva para provocar algún cambio.
Los datos marcan que entre enero y mayo reflejan una caída simultánea en la producción, consumo y exportaciones. El resultado es una contracción general del mercado que confirma las advertencias que vienen realizando productores, cooperativas e industrias sobre el deterioro de la cadena. La combinación de menores ventas internas y exportaciones en retroceso impactó directamente sobre el volumen total comercializado por la cadena. Entre enero y mayo de 2026, las salidas de molino destinadas al mercado interno y al exterior sumaron 131,90 millones de kilos. En igual período de 2025 habían alcanzado 135,79 millones de kilos. La diferencia es de 3,89 millones de kilos, equivalente a una caída cercana al 2,9% interanual.
Todos los sectores, una misma mesa
La reunión tiene un valor institucional inédito. Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, que dejó sin efecto la facultad del INYM para fijar los precios de la hoja verde y de la yerba mate canchada, nunca se había producido un encuentro entre el ministro responsable de la política de desregulación y la conducción completa del organismo.
Cada director llegará con una mirada distinta sobre la situación del sector.
Los productores buscarán plantear la pérdida de rentabilidad que provocó la caída del precio de la hoja verde y las dificultades para sostener la actividad. Las cooperativas expondrán el impacto sobre los pequeños establecimientos, mientras que los trabajadores rurales pondrán sobre la mesa las consecuencias sociales derivadas de la menor actividad en algunos establecimientos.
Los representantes de la industria y de los secaderos, por su parte, llevarán una visión vinculada a la competitividad, los costos y la dinámica comercial que atraviesa hoy el mercado.
La representación de Misiones, encabezada por Ricardo Maciel, insistirá en la necesidad de reconstruir herramientas que permitan equilibrar la relación entre los distintos actores de la cadena sin perder competitividad.
Mucho más que una reunión técnica
El encuentro también tendrá una fuerte carga política.
La desregulación de la yerba mate fue uno de los casos que Sturzenegger utilizó reiteradamente para defender la eliminación de intervenciones estatales en las economías regionales. Del otro lado, productores, cooperativas y distintos referentes del sector sostienen que la desaparición del precio de referencia profundizó el desequilibrio entre los distintos eslabones y debilitó especialmente al pequeño productor.
Ese contraste de visiones llegará ahora a una misma mesa.
No se esperan anuncios inmediatos ni modificaciones regulatorias tras la reunión. Sin embargo, el solo hecho de que el ministro escuche directamente a todos los representantes del INYM abre una instancia de diálogo que hasta ahora no había existido.
El resultado del encuentro será observado con atención en Misiones y Corrientes. Más allá de que el Gobierno mantenga su estrategia de desregulación, la reunión permitirá conocer si existe margen para introducir mecanismos que atenúen las tensiones que hoy atraviesa una de las economías regionales más importantes de la Argentina.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que la mejora macroeconómica impulsada por el Gobierno todavía no se traduce de manera homogénea en la realidad cotidiana de los argentinos. Durante una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario admitió que existen sectores que continúan atravesando dificultades, aunque ratificó que la administración de Javier Milei mantendrá sin cambios el programa de estabilización económica y las reformas estructurales.
“Yo también escucho en mi entorno que hay personas que no están bien y es una realidad”, afirmó Ravier, en una de las definiciones más autocríticas desde que asumió como portavoz presidencial. Sin embargo, sostuvo que el país “no está todavía donde quiere estar” y que el camino elegido sigue siendo el correcto para consolidar el crecimiento de largo plazo.
El vocero vinculó la recuperación económica con el ordenamiento macroeconómico, la estabilidad monetaria y el proceso de desregulación impulsado por el Ejecutivo. Según explicó, la estrategia apunta a reducir el peso del Estado sobre la actividad privada para favorecer la inversión, el incremento de las exportaciones y una expansión sostenida del empleo y la producción.
En ese contexto, defendió los resultados obtenidos en los primeros dos años y medio de gestión. Señaló que, respecto de diciembre de 2023, “la Argentina ya es otra” y aseguró que numerosos indicadores económicos muestran una mejora significativa. No obstante, reconoció que esos avances todavía no son percibidos por todos los sectores sociales y económicos.
“Está claro que no todo el mundo siente que está bien. Nos encantaría que esa sensación fuera generalizada, pero todavía falta”, sostuvo el economista, quien remarcó que los procesos de estabilización suelen requerir plazos más extensos para reflejarse plenamente en los ingresos y el bienestar de la población.
Ravier también destacó el papel que, según el Gobierno, comenzará a desempeñar el interior del país en la nueva etapa de crecimiento. En ese sentido, mencionó a provincias como Neuquén, Catamarca y San Juan como ejemplos de jurisdicciones donde las inversiones comienzan a dinamizar la actividad económica, impulsadas principalmente por proyectos vinculados a energía y minería.
En paralelo, el vocero puso como ejemplo del nuevo esquema de desarrollo la inversión anunciada por la estadounidense Meitner Energy, perteneciente al Ansari Group, que destinará unos 1.200 millones de dólares para construir un reactor nuclear privado en Argentina. Desde la Casa Rosada califican la iniciativa como la mayor inversión privada de la historia del sector nuclear nacional y la presentan como el primer proyecto enmarcado en el denominado “Súper RIGI”.
Según Ravier, este tipo de desembolsos reflejan la confianza que comienza a generar el nuevo marco regulatorio. “Será la cuarta central nuclear del país y la primera desarrollada íntegramente con inversión privada, lo que implica mayor seguridad energética sin costo para el Estado”, afirmó.
Durante la conferencia también surgieron cuestionamientos de periodistas acreditados respecto de las restricciones para circular libremente dentro de Casa Rosada. El funcionario respondió que el tema se encuentra bajo evaluación, aunque defendió las actuales limitaciones por razones de seguridad.
En el plano político, el vocero proyectó que la consolidación del programa económico requerirá continuidad institucional. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el presidente Javier Milei obtenga la reelección en 2027 para profundizar el proceso de estabilización, la desregulación y las reformas orientadas a atraer inversiones.
La declaración deja al descubierto una estrategia comunicacional que busca combinar una defensa firme del rumbo económico con un reconocimiento explícito de las dificultades que aún enfrentan numerosos hogares. Mientras el Gobierno sostiene que los principales indicadores macroeconómicos muestran una recuperación, admite que el desafío inmediato pasa por trasladar esa mejora al bolsillo de una mayor parte de la población y consolidar el crecimiento en las economías regionales y el interior del país.
El mercado argentino de warrants y certificados de depósito atraviesa un punto de inflexión. Luego de que en 2025 las emisiones alcanzaran un récord histórico de USD 2.079 millones, un 93% más que el año anterior, el debate dejó de concentrarse en la desregulación del instrumento para trasladarse hacia un aspecto menos visible, aunque determinante: la infraestructura financiera que permita convertir esos títulos en una verdadera palanca para expandir el crédito.
Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que plantea que el crecimiento logrado tras la flexibilización normativa impulsada por el DNU 70/2023 y el Decreto 640/2024 podría encontrar rápidamente un límite si Argentina no desarrolla un sistema moderno de registro que vincule los warrants con el mercado de capitales.
En 2025 la emisión de Warrants en Argentina batió récords (USD 2.079 M), pero sin la infraestructura adecuada no hay crédito que escale. La propuesta: registradores privados que conecten el warrant con el mercado de capitales.
El mercado de warrants y certificados de depósito argentino registró en 2025 un récord histórico de emisiones: USD 2.079 millones; ello es, un incremento del 93% en dólares respecto de 2024/2. La desregulación instrumentada mediante el DNU 70/2023 y el Decreto 640/2024 fue una condición habilitante de ese resultado. El crecimiento confirma que la apertura del régimen de emisión fue el primer paso acertado. Ahora bien, el desafío actual es estructural y es lo que aquí se intenta examinar. Estos datos solo incluyen emisiones realizadas por warranteras registradas. Las no registradas y los autowarrants hoy están por fuera de cualquier medición, por lo que el mercado real es aún mayor.
Sin embargo, ese crecimiento enfrenta un techo estructural. La emisión del instrumento es solo la primera condición para que el warrant cumpla su potencial como herramienta de financiamiento. La segunda condición, que Argentina aún no ha desarrollado, es la infraestructura de registro que conecta el instrumento con el mercado de capitales: la que convierte un título bilateral entre productor y acreedor en un activo negociable, securitizable, accesible a inversores institucionales. Este documento examina el modelo de registro que maximiza esa conexión. La evidencia disponible apunta en una dirección consistente: el modelo de registradores privados autorizados por el Banco Central, con obligación de interoperabilidad entre sí, genera significativamente más crédito que el modelo de registro único estatal.
Los tres casos analizados sostienen esta tesis: (i) la Cédula de Produto Rural (CPR) de Brasil, cuyo stock pasó de R$ 17.000 millones (aprox. USD 3.000 millones) en julio de 2020 a R$ 560.000 millones (aprox. USD 97.000 millones) en marzo de 2026, con el registro obligatorio en entidades privadas autorizadas por el Banco Central de Brasil a partir del 2023 como catalizador de la fase de profundización del mercado: desde los R$ 170.000 millones previos a la obligatoriedad hasta los R$ 560.000 millones actuales/3 (ii) el mercado de recibíveis de tarjeta de crédito de Brasil, donde cuatro registradoras privadas con interoperabilidad obligatoria comprimieron el spread de anticipación a su mínimo histórico de 0,15 puntos porcentuales en 2023, con un ahorro para el comercio de R$ 29.000 millones (aprox. USD 5.800 millones) ese año/4; y (iii) el ECHEQ argentino, donde COELSA, una entidad privada autorizada por el BCRA, opera la infraestructura de compensación de cheques electrónicos con interconexión obligatoria, llevando la participación del cheque electrónico al 83,9% del monto total compensado en abril de 2026/5.
El argumento es estructural, no tecnológico. Argentina y Brasil tienen proporciones similares de autofinanciamiento agrícola/6. Factores culturales y de estructura agraria (concentración de explotaciones, presencia de inversores institucionales) también inciden, pero son en buena medida consecuencia, no causa, de la disponibilidad de instrumentos e infraestructura financiera. El crédito doméstico al sector privado representa el 15% del PBI en Argentina y el 76% en Brasil/7.
1. Introducción
El mercado de warrants y certificados de depósito argentino atraviesa un momento de inflexión. Tras más de un siglo de vigencia de la Ley N° 9.643, el instrumento experimentó en 2025 su mayor crecimiento histórico, en un período en que las reformas de desregulación confluyeron con la normalización macroeconómica y cambiaria. La emisión superó por primera vez los dos mil millones de dólares, con un aumento del 93% en dólares respecto del año anterior/8.
Las reformas permitieron ampliar la base de productos warranteables, simplificaron el proceso de emisión, eliminaron requisitos burocráticos y habilitaron la figura del warrant electrónico, entre otras medidas. El impacto fue diferido: en 2024, primer año de vigencia del Decreto 640/2024 (que entró en vigor en julio de ese año), la emisión en dólares fue de USD 1.076 millones, levemente inferior a los USD 1.176 millones de 2023; el pleno impacto de las reformas se materializó en 2025, en concurrencia con condiciones macroeconómicas más favorables. El crecimiento de 2025 indica que la apertura del régimen de emisión generó condiciones para el despegue del instrumento; el desafío pendiente es la siguiente etapa: la infraestructura de registro.
Sin embargo, la emisión del instrumento es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del mercado. El paso siguiente, y el que determinará si el crecimiento reciente se consolida o alcanza un techo, es la construcción de una infraestructura de registro que conecte el instrumento con el mercado de capitales. Sin esa infraestructura, el warrant sigue siendo, en lo esencial, un instrumento de crédito bilateral entre productor y acreedor. La cadena se corta allí. No hay mercado secundario organizado, no hay securitización eficiente, no hay inversores institucionales que puedan acceder al activo en condiciones de trazabilidad y prioridad verificables. Para ello, se necesita de una adecuada infraestructura de registro que conecte a todos los participantes.
2. Un primer interrogante: ¿quién opera el registro?
Cuando un sistema financiero necesita un registro para un activo, la intuición regulatoria más común es crear un registro único y centralizado bajo control estatal. El argumento es comprensible: la unicidad parece garantizar que no haya registros contradictorios ni riesgo de doble garantía, y que el Estado tenga visibilidad sobre el sistema.
Este documento cuestiona esa intuición. No porque el registro centralizado sea incorrecto en sí mismo, sino porque la pregunta relevante no es centralización sí o no: es quién opera el registro y bajo qué reglas. Un sistema de registradores privados autorizados y supervisados por el regulador, con interoperabilidad obligatoria, resuelve el problema de la confiabilidad sin los costos del monopolio estatal.
Un registro único estatal para warrants y certificados de depósito produciría, con alta probabilidad, el resultado opuesto al buscado. Los mecanismos son conocidos y han sido documentados en múltiples contextos:
Ausencia de competencia. Sin competidores, el operador del registro no tiene incentivo para reducir costos, mejorar la tecnología o desarrollar servicios que conecten el instrumento con el mercado de capitales. El costo de registro permanece alto o crece, erosionando el atractivo del instrumento para los financiadores.
Freno a la innovación. Las infraestructuras financieras monopolísticas estatales innovan a la velocidad de la administración pública, no a la del mercado. Desarrollar interfaces para inversores institucionales, negociación secundaria o securitización exige una velocidad de respuesta que las estructuras estatales no han demostrado históricamente.
Riesgo operacional concentrado. Un único registro, sin redundancia, concentra el riesgo operacional del sistema. Cualquier interrupción (técnica, presupuestaria o política) afecta la totalidad del mercado.
Inconsistencia con la agenda regulatoria vigente. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, está ejecutando una agenda de eliminación de barreras regulatorias, reducción de monopolios sectoriales y fomento de la competencia. Un registro único estatal para warrants parecería ser inconsistente con esa agenda.
El argumento no es que los registros estatales sean inevitablemente ineficientes: el Registro de la Propiedad Inmueble y el Automotor funcionan donde la dinámica del activo es lenta y no exige innovación tecnológica constante. En lo específico a las infraestructuras financieras en mercados de capitales, allí, la velocidad de innovación y la capacidad de desarrollar interfaces para inversores institucionales son determinantes, y requieren incentivos que un monopolio (estatal o privado) no posee.
3. Por qué la infraestructura importa
Existe una distinción conceptual que suele pasarse por alto en el diseño de registros financieros: no es lo mismo desmaterializar un activo que hacerlo infraestructural. Desmaterializar es guardar la imagen de un documento en una base de datos (el activo sigue siendo una construcción documental que la infraestructura registra desde afuera); un activo infraestructural, en cambio, existe operacionalmente dentro de la infraestructura regulada: esta no es el espejo del activo, sino el lugar donde el activo nace, transita y se extingue. La distinción tiene consecuencias económicas directas: cuando el activo vive dentro del registro, los financiadores verifican su estado, prioridad y gravámenes en tiempo real, ejecutan garantías con certeza, lo negocian en un mercado secundario y lo securitizan, sin depender de documentos físicos ni de la buena fe de las partes, y cada una de esas posibilidades amplía la base de capital disponible para el sector real.
Como sintetizan los Principios para las Infraestructuras del Mercado Financiero (PFMI) del BIS y la IOSCO, la infraestructura debe mantener registros definitivos, únicos y ejecutables, no copias reconciliadas a posteriori: un sistema que reconcilia copias tiene un techo estructural; uno que gobierna un original, no/9.
El ciclo de vida del warrant comprende seis eventos diferenciados: (i) la emisión por la warrantera; (ii) el primer y los sucesivos endosos; (iii) la constitución de gravámenes adicionales sobre el warrant; (iv) la cancelación parcial o total al satisfacerse la obligación garantizada; (v) la ejecución de la mercadería, su afectación, proceso y la distribución del producido; y (vi) la extinción del instrumento. Hoy todos esos eventos se asientan fuera de un sistema unificado, en distintos compartimentos estancos.
El modelo que este documento propone se estructura sobre tres pilares:
El regulador (BCRA) autoriza, supervisa y establece estándares. No opera el registro.
Múltiples entidades privadas compiten como registradores autorizados, bajo los estándares del regulador.
La interoperabilidad entre registradores es obligatoria: cualquier warrant registrado en cualquier entidad es visible y ejecutable para cualquier banco o inversor autorizado.
4. Tres casos verificables
4.1 Brasil: la Cédula de Produto Rural y el registro obligatorio en entidades privadas
La Cédula de Produto Rural (CPR) es un título de crédito rural brasileño creado por la Ley N° 8.929/1994. A diferencia del warrant argentino, que exige la existencia de mercadería depositada, la CPR puede emitirse sobre producción futura. Es el instrumento de financiamiento agrícola más voluminoso de Brasil, y su trayectoria ilustra con nitidez el impacto del registro obligatorio en entidades privadas sobre el crecimiento de un mercado.
El salto cualitativo de la CPR ocurrió a través de tres hitos normativos sucesivos: la Lei do Agro (N° 13.986/2020) amplió los usos elegibles; la Lei N° 14.421/2022 habilitó la firma electrónica, eliminando el principal freno operativo del instrumento; y desde el 1° de enero de 2023 el registro en entidad autorizada por el Banco Central pasó a ser obligatorio para las CPRs de más de R$ 50.000, y desde 2024 para todas las emisiones. Los registradores autorizados compiten entre sí.
El stock de CPRs pasó de R$ 17.000 millones (aprox. USD 3.000 millones) en julio de 2020 a R$ 560.000 millones (aprox. USD 97.000 millones) en marzo de 2026. La primera fase (2020-2022), impulsada por las primeras reformas y el superciclo de commodities, llevó el stock de R$ 17.000 a R$ 170.000 millones; la segunda (2023-2026), de R$ 170.000 a R$ 560.000 millones, coincidió con el registro obligatorio en entidades privadas y la competencia entre registradores. El punto: esa escala no se habría sostenido sin la certeza jurídica del registro.
4.2 Brasil: recibíveis de tarjeta y la competencia entre registradoras
Hasta 2021, la anticipación de recibíveis de tarjeta en Brasil operaba bajo un monopolio de facto: el comercio solo podía anticipar sus cobros a través de su propia adquirente, que bloqueaba toda la agenda de cobros como garantía. Era la “trava bancária”: el cliente quedaba atado a un único proveedor de crédito.
La Resolución CMN N° 4.734/2019, vigente a partir de junio de 2021, reorganizó el mercado mediante un principio opuesto al monopolio: cuatro registradoras privadas (CERC, TAG, Núclea y B3) autorizadas por el Banco Central do Brasil, con interoperabilidad obligatoria. El comercio elige con quién anticipar; el banco solo retiene la porción proporcional a la deuda; y cualquier institución autorizada verifica en cualquier registradora si un recibível ya está comprometido, eliminando la doble garantía.
La competencia entre registradoras comprimió el spread sobre el costo de fondos de manera consistente. Los datos del Banco Central do Brasil (SGS Serie 20721)/10 muestran que el spread entre la tasa de antecipação de facturas de tarjeta y la Selic se comprimió desde el entorno de los 10-11 p.p. en 2019 hasta 0,40 p.p. en diciembre de 2023. En el segmento específico del balcão de recebíveis (donde los comercios subastan sus cobros entre múltiples compradores en competencia abierta), CERC reportó que el spread alcanzó su mínimo histórico de 0,15 p.p. en agosto de 2023, con un ahorro estimado para el comercio de R$ 29.000 millones (aprox. USD 5.800 millones) en ese año/11.
El volumen de crédito creció en paralelo: el saldo de anticipación de recibíveis pasó de niveles mínimos en 2021 (primer año de operación) a R$ 97.500 millones (USD 19.000 millones) a fines de 2023, y a R$ 614.900 millones (USD 108.000 millones) en 2025/12.
4.3 Argentina: ECHEQ y COELSA
Argentina no necesita mirar solo a Brasil para hallar evidencia de que el modelo funciona: el sistema de cheques electrónicos (ECHEQ) es el caso doméstico más directo.
COELSA (Compensadora Electrónica S.A.) es una entidad privada autorizada y supervisada por el BCRA, que administra el almacenamiento de ECHEQs y debe interconectarse con todas las entidades financieras. El BCRA no la opera: la supervisa y recibe sus datos por el régimen informativo.
En abril de 2020, el ECHEQ representaba el 4,9% del monto total compensado. En agosto de 2021, ya superaba el 40%. En abril de 2026, alcanzó el 83,9%/13. En seis años, el cheque físico pasó de ser el instrumento dominante a ser marginal.
Una lectura honesta reconoce factores concurrentes: la regulación del BCRA que fue exigiendo ECHEQs a todas las entidades y la digitalización acelerada por la pandemia de 2020 fueron igualmente determinantes. Pero COELSA no fue la causa única, sino la condición habilitante: sin esos rieles, la regulación no habría tenido dónde implementarse.
5. El warrant argentino: entre el despegue y el techo estructural
La evolución de la emisión de warrants en Argentina entre 2016 y 2025 puede reconstruirse a partir de los datos oficiales publicados periódicamente por la Secretaría de Agrícultura, Ganadería y Pesca (SAGyP)/14.
Del análisis de los datos oficiales se desprende que entre 2016 y 2022 la emisión osciló entre USD 629 millones (2020, pandemia y cepo) y USD 1.513 millones (2016). En 2024, primer año parcial bajo el nuevo régimen regulatorio, la emisión en dólares registró una leve caída respecto de 2023. El pleno impacto de las reformas se materializó en 2025, con un récord histórico de USD 2.079 millones, un incremento del 93% en dólares respecto del año anterior/15.
El dato es positivo, pero no debe interpretarse aisladamente. En 2024, el propio sector reconocía que “pese a los cambios en las reglas, los warrants no terminan de despegar como medio de financiamiento de los productores”/16. Y la Bolsa de Cereales de Córdoba señalaba, con datos de 2024, que el instrumento no había recuperado el máximo de 2016 en términos reales (USD 1.978 millones en dólares de ese período)/17. El récord de 2025 superó ese umbral. El punto de fondo: la desregulación de la emisión fue necesaria para el despegue, pero no suficiente por sí sola para sostener el crecimiento estructuralmente.
Hay también un límite por el lado de la demanda: los inversores institucionales argentinos absorben pocos activos agropecuarios justamente por existir una desconexión entre dicho sector y el mercado de capitales. Del lado de la oferta, la infraestructura de registro aporta lo que hoy falta: un activo verificable, negociable y ejecutable con certeza.
El síntoma es claro: la emisión creció, pero el crédito no en proporción. Sin un registro que conecte el warrant con el mercado de capitales, el instrumento no puede securitizarse, negociarse ni ser activo elegible para inversores institucionales. El techo es estructural, y la brecha se ve al comparar la escala de mercado de Argentina con la de Brasil:
El stock de CPR en Brasil equivale a aproximadamente USD 97.000 millones, contra los USD 2.079 millones de warrants emitidos en Argentina en todo 2025: una relación de casi 47 a 1. El autofinanciamiento es similar en ambos países (en torno al 25-30%), según las estimaciones disponibles para cada mercado/18. Esto nos indica que la brecha no es principalmente de vocación financiera del sector. Es, en su componente más determinante y accionable, de instrumentos e infraestructura de registro.
La diferencia se refleja también en la dimensión macroeconómica. En el año 2000, el crédito interno al sector privado representaba el 24% del PBI en Argentina y el 31% en Brasil: una diferencia de 7 puntos porcentuales. En 2024, esa diferencia se amplió a 61 puntos: 15% del PBI en Argentina contra 76% del PBI en Brasil. La infraestructura de registro no es la única explicación de esa brecha (la inestabilidad macroeconómica y las restricciones cambiarias argentinas también inciden de manera determinante) pero sí es uno de sus componentes estructurales y el más directamente accionable desde la política de desarrollo del mercado de capitales. En el agro brasileño, el crédito privado superó los USD 254.000 millones en 2025/19.
6. Propuesta: marco de registro para warrants y certificados de depósito
Con base en la evidencia presentada, el marco regulatorio que permitiría alcanzar un mayor grado de eficiencia debe reunir los siguientes elementos:
Habilitación de múltiples registradoras privadas, autorizadas por el BCRA (o la autoridad que se designe), bajo requisitos de capital, solvencia técnica, capacidad operacional y seguridad de datos.
Interoperabilidad obligatoria: el estado de cada warrant o certificado de depósito es consultable en tiempo real por cualquier banco, inversor o contraparte autorizada, único y definitivo.
Régimen informativo: las registradoras reportan al BCRA (o autoridad de aplicación) la emisión, cesión, gravamen y extinción de los instrumentos.
Apertura de mercado: cualquier entidad que cumpla los requisitos puede autorizarse como registradora, sin exclusividades ni techos al número de operadores.
Regulación tarifaria: el regulador puede fijar precios máximos o bandas para evitar distorsiones, sin desincentivar la entrada de nuevos operadores.
Equivalencia jurídica: las inscripciones en cualquier entidad autorizada producen los mismos efectos jurídicos que la anotación en cuenta.
Una reforma complementaria de la Ley N° 9.643 sería conveniente para despejar cualquier ambigüedad sobre los efectos del registro en entidades privadas.
7. Más allá del warrant: hacia una infraestructura de registro para activos del sector real
La arquitectura que este documento propone para el registro de warrants no debe ser exclusiva para este instrumento. Es un modelo de infraestructura que puede escalar hacia cualquier activo financiero del sector real que reúna dos condiciones: subyacente verificable y necesidad de circular en el mercado de capitales.
El warrant es el punto de partida natural por tres razones. Primero, el marco jurídico preexistente es sólido, y sus atributos cambiarios están bien establecidos. Segundo, el activo subyacente (la mercadería depositada) es uno de los más verificables del sistema financiero argentino: hay un administrador responsable y un mecanismo de ejecución expedito. Tercero, el volumen, aunque pequeño en relación con su potencial, es suficiente para justificar la inversión en infraestructura.
Brasil recorrió este camino en dos décadas: construyó la arquitectura sobre la CPR y la extendió hacia otras herramientas. Cada instrumento tiene su propia lógica jurídica, pero todos comparten la misma arquitectura de registro: entidad autorizada por el Banco Central, interoperabilidad con el mercado de capitales, publicidad registral que resuelve la oponibilidad a terceros. El crédito privado al agro brasileño alcanzó en 2025 más de USD 254.000 millones/20.
Argentina puede seguir una trayectoria similar sin necesidad de replicar ese proceso en paralelo para cada instrumento. Puede establecer la arquitectura una vez y extenderla a otros instrumentos de garantía como prendas, cupones de tarjetas de crédito (como el caso reseñado de Brasil), instrumentos ligados a activos inmobiliarios, o bien cualquier instrumento susceptible de generar flujos de fondos periódicos y por tanto ser objeto de operaciones financieras.
8. Conclusión
El crecimiento en el volumen de emisión de warrants en Argentina confirma que la apertura del régimen fue una condición habilitante de ese resultado. La etapa siguiente, la infraestructura de registro que conecte el instrumento con el mercado de capitales, requiere una lógica análoga: operación privada, competencia entre registradores autorizados, supervisión pública y sin monopolios. Un registro único estatal para warrants no resolvería el techo estructural del mercado: lo cristalizaría.
La decisión que Argentina tome sobre la arquitectura del registro de warrants es parte de esa construcción. Y la decisión sobre el warrant puede ser también el punto de partida de una infraestructura de registro que, al extenderse, cambie la estructura de financiamiento y el sistema crediticio del sector real argentino.
