Inmobiliarios remarcan la necesidad de “volver a la actividad, porque los alquileres requieren una particular atención”. Juan Maidana presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia explicó que lo más urgente de solucionar es el tema de los alquileres, donde las inmobiliarias hacen de mediadoras entre inquilinos y propietarios.

Explicó que la continuidad del aislamiento obligatorio representa un fuerte golpe para el sector, que generó retrasos en los pagos de alquileres y un estancamiento generalizado de las transacciones comerciales.

Maidana remarcó que lo urgente es solucionar la situación de los alquileres. En cuanto a la venta de inmuebles dijo que “está parada” y no contempló mejoras hasta después que se regularice la situación económica, porque “las ventas de los inmuebles no pueden hacerse al no tener en claro cuanto vale el dólar, y si uno ve hoy el dolar hoy que llega a venderse arriba de los 100 pesos. Eso que no hay actividad económica”.

En línea con lo presentado al Gobernador, Oscar Herrera Ahuad esta mañana, Maidana explicó que no solo los Corredores Inmobiliarios han sido afectados por el cierre de la actividad, sino que también afecta a una gran población de propietarios o inquilinos de inmuebles de diferentes jerarquías. Indicó que para muchos propietarios, los alquileres significan un porcentaje relevante de sus ingresos habituales.

Aclaró que se respetan todas las medidas dictadas por el Gobierno Nacional con el Decreto de Alquileres 320/2020, pero aclaró que allí no se plantea ninguna solución al pago de las mensualidades. Remarcó que “las Inmobiliarias somos mediadores en una actividad comercial, encargados del cobro al inquilino y la rendición a los propietarios”, explicó que en la provincia hay un gran porcentaje de esas actividades que se hacen en efectivo y por ello se han generado innumerables problemas.

Es una problemática que se replica a lo largo y ancho de toda la provincia. Para subsanar esta situación es que se presentó una propuesta donde se contemple priorizar la salud de los misioneros, por ello contemplan todas las medidas de seguridad para el trabajo adaptado a la cuarentena.

Maidana considera prioritario la apertura de oficinas para el pago y cobro de alquileres, firma de contratos, planes de pago o todo lo que respecte a actos de la actividad que requieran la presencia física como requisito esencial. “En estas semanas hubo mucho sentido de solidaridad por parte de los propietarios e inquilinos, pero en vistas de que la emergencia sanitaria es necesaria y tiende a prolongarse, se planteó este protocolo para la apertura de oficinas con la aplicación de todos los cuidados necesarias”, dijo.

Recordó que en marzo la actividad estuvo en funcionamiento solo la primera quincena del mes, ahora en abril, todas las inmobiliarias permanecen cerradas. Con ello se generó un gran freno en el sistema de cobros.

Explicó que son muy pocas las inmobiliarias que tienen sistemas bancarizados de cobro. E incluso indicó que algunas han implementado el uso de cuentas particulares para el pago a través de transferencias bancarias, pero aún hay baches que deben ser solucionados, porque las “transferencias online no se están acreditando de forma inmediata y además estás los impuestos y tasas que se cobran por las transferencias”.

A pesar de ello Maidana reconoce que el uso de las nuevas tecnologías permiten brindarle soluciones a los clientes. Pero aclaró que no todas las inmobiliarias están en condiciones de aplicarlas de forma inmediata y además se debe tener en cuenta la realidad de muchos clientes (inquilinos o propietarios) que no están bancarizados.

Indicó que todos los integrantes del Colegio están preparándose “para cuando llegue el día de abrir nuevamente las puertas, para hacerlo de forma prudente, con un sistema de turnos online, y así quien necesite concurrir a la oficina lo haga de forma segura, cumpliendo la distancia y con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias”.

Sobre el protocolo, Maidana dijo que están trabajando para la implementación inmediata del protocolo una vez que sea aprobado por Salud Pública y el Gobierno.

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