Intervención al PJ Misiones: denuncian penalmente al diputado Arrúa por retención indebida. Los apoderados del PJ nacional acusan al legislador de impedir el acceso a la sede partidaria y retener bienes del partido

La interna del Partido Justicialista (PJ) en Misiones suma un nuevo capítulo con una denuncia penal contra el diputado nacional Alberto Arrúa. Los apoderados de la intervención dispuesta por la conducción nacional, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, lo acusan de retención indebida de bienes del partido y de impedir el ingreso de las nuevas autoridades a la sede en Posadas.

Tensión en la sede del PJ y bloqueo del acceso

El conflicto se desató el martes, cuando los interventores enviados por la conducción nacional del PJ, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, llegaron a Posadas para formalizar la toma de control del partido en la provincia. Sin embargo, los apoderados legales del PJ nacional, Roberto Fernández Meire y Roberto Albornoz, denunciaron que no pudieron acceder a la sede ubicada en la Avenida López y Planes debido a la presencia de militantes y efectivos de seguridad que les impidieron el ingreso.

Los representantes del partido sostienen que esta maniobra fue promovida por la gestión saliente, liderada por Miriam Comparin y Alberto Arrúa, quien además de ser diputado nacional, ejerce como apoderado del PJ Misiones.

“Más allá de las diferencias internas, aquí hay una orden de intervención ratificada por la justicia que debe cumplirse”, señalaron los apoderados, haciendo referencia a la resolución de la jueza federal María Servini, que validó la medida tomada por el Consejo Nacional del PJ.

Denuncia penal por retención indebida

Ante la imposibilidad de tomar posesión de la sede y los bienes del partido, los interventores anunciaron que presentarán una denuncia penal contra Arrúa por el delito de “retención indebida”. Según la acusación, el legislador se habría negado a entregar las llaves del edificio y otros elementos administrativos esenciales para el funcionamiento del PJ en Misiones.

Asimismo, los apoderados advirtieron que cualquier daño o irregularidad que pudiera detectarse en la sede será imputado a los responsables actuales.

Dudas sobre la adhesión electoral y posibles irregularidades

El proceso de intervención se da en un contexto electoral clave. El PJ nacional busca definir su estrategia para las elecciones provinciales del 8 de junio y evaluar si la gestión saliente firmó efectivamente la adhesión al Frente Renovador de la Concordia.

“Todavía no tenemos confirmación de si Arrúa y Comparin avanzaron con la firma del acuerdo con el oficialismo misionero. Esto lo sabremos una vez que se entreguen los documentos, actas y otros elementos de la institución”, expresó Fernández Meire, sugiriendo que podría haber irregularidades en la administración del partido.

Un conflicto que puede escalar

La disputa por el control del PJ en Misiones refleja la fractura interna del peronismo y abre interrogantes sobre la estrategia partidaria en la provincia. Con la denuncia penal en marcha, el conflicto podría trasladarse a la Justicia, sumando un nuevo factor de incertidumbre en el escenario político local.