Jueces papales rechazan el golpe de Estado en Bolivia
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces para los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, a través de su Junta Promotora, ante los hechos ocurridos en los últimos días en Bolivia, y particularmente ante lo ocurrido en el día de hoy, 10/11/2019, manifiesta lo siguiente:
No cabe duda de que se está ante un golpe de Estado. El gobierno de Bolivia accedió ante el pronunciamiento de la OEA en el sentido de que se convocaran nuevas elecciones. Aún así, el sector militar y otros sectores exigieron su renuncia, recurriendo, para tanto, a actos de violencia contra familiares de los gobernantes, contra sus residencias y contra representantes y sedes de movimientos sociales. Los integrantes del gobierno declararon que se vieron obligados a renunciar para evitar la continuidad de los actos de violencia. Sin embargo, tras la asunción del Poder Ejecutivo por un grupo que se ha auto elevado al gobierno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la violencia con relación a dirigentes indígenas y movimientos sociales, bien como con relación a miembros del gobierno anterior y de las instituciones democráticas, no da señales de cesar o de retroceder.
El Comité rechaza vehementemente la ruptura en la democracia que representa la deposición de los gobernantes democráticamente electos y la asunción del gobierno por terceras personas mediante actos de violencia. Una ruptura con relación a la democracia constituye una amenaza a la civilización y un gran riesgo de que se cometan violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El Comité exhorta a aquellos que han asumido el mando que inmediatamente dejen de practicar violencia de Estado contra los integrantes de la población boliviana. Además, manifiesta la importancia de que el régimen democrático sea retomado con la mayor brevedad posible, lo que solamente podrá pasar con la restitución del mandato interrumpido del Presidente Evo Morales y de los demás integrantes del gobierno boliviano que se vieron obligados a renunciar. Las renuncias obtenidas mediante coacción carecen de toda validez.
No se puede admitir la continuidad de la ruptura democrática y civilizatoria y las
violaciones a derechos de la población civil.
Roberto Andrés Gallardo (Argentina)
Ana Inés Algorta Latorre (Brasil)
Gustavo Moreno (Argentina)
Daniel Urrutia Laubreaux (Chile)
COMITÉ PANAMERICANO DE JUECES POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LA
DOCTRINA FRANCISCANA.