La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar mensajes, correos electrónicos y documentos oficiales y privados de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La medida, que forma parte del proceso de “discovery” para demostrar el supuesto “alter ego” entre el Estado y la petrolera, fue rechazada por la Procuración del Tesoro, que la consideró una violación de la soberanía nacional.

Una nueva fase del litigio por USD 17.500 millones

La resolución se produce en el contexto del juicio iniciado por Burford Capital, fondo que adquirió los derechos de litigio y que busca cobrar la condena de primera instancia por USD 16.000 millones, cifra que ya supera los USD 17.500 millones por los intereses acumulados.

El objetivo del discovery es obtener pruebas para sustentar el argumento de que YPF y el Estado argentino son “lo mismo”, lo que permitiría embargar activos de la empresa y de otras compañías estatales como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.

Según trascendió, el requerimiento de Preska incluye mensajes en servicios como WhatsApp, correos oficiales y personales, así como información del Banco Central y otros organismos públicos. Burford argumenta que funcionarios argentinos utilizaron dispositivos y canales privados para comunicaciones oficiales relacionadas con el caso.

La respuesta de la Procuración: “Una medida abusiva”

En un comunicado, la Procuración del Tesoro rechazó la orden al considerar que “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”.

El organismo que conduce Rodrigo Lugones aseguró que Argentina ya entregó a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos y denunció que “los demandantes están abusando del proceso de discovery para hostigar a la República”.

Burford busca embargos y presiona por un acuerdo

El fondo litigante pretende ampliar el alcance de la condena e incluir bonos, acciones y otros instrumentos financieros que puedan ser pasibles de embargo. Esta estrategia, de acuerdo con especialistas en derecho internacional, apunta a forzar una negociación con el Estado argentino, algo a lo que se negaron los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei.

“No se negociará de ninguna manera. Vamos a agotar cada una de las instancias judiciales disponibles”, aseguraron fuentes oficiales consultadas por Economis.

Qué significa el “alter ego”

El concepto de “alter ego” busca probar que YPF no es una entidad independiente sino un brazo operativo del Estado argentino. Si la corte acepta este planteo, Burford podría embargar activos de la compañía e incluso de otras empresas estatales, lo que abriría un escenario de mayor tensión financiera y diplomática.

La decisión de Preska profundiza un litigio que ya tiene un impacto directo en las reservas internacionales, el acceso al crédito externo y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Para Argentina, el desafío será sostener su estrategia de defensa sin comprometer activos estratégicos ni ceder ante presiones para un acuerdo extrajudicial.