El Cuarto Panel del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4) rechazó, este miércoles (28), por unanimidad, la solicitud de recurso presentada por la Unión, por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y por Eletrobrás contra la sentencia que impidió la realización de estudios de impacto ambiental para la construcción del Complejo Hidroeléctrico Binacional Garabi- Panambi.

El proyecto, que data de la década de 1980, contempla la construcción de dos represas, Garabi, ubicadas en el municipio de Garruchos y Panambi entre los municipios de Alecrim (Brasil) y Panambi (Argentina). En los últimos 10 años, el proyecto se ha retomado, enfrentándose a la resistencia de la movilización de los afectados por las represas y otros movimientos aliados. En 2015, el 1er Juzgado Federal de Santa Rosa dictó una orden judicial, suspendiendo la continuidad de estudios. La decisión de 3 x 0, el miércoles, mantuvo esa decisión.

El abogado Emiliano Maldonado, fiscal del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), de la Comisión de Derechos Humanos de Passo Fundo y de Amigos de la Tierra Brasil, quien se sumó como Amicus curiae en el proceso, destacó en su discurso que fue Comprobó que la construcción de las represas llegaría al Parque Estatal Turvo, destruyendo áreas prioritarias de conservación de la biosfera de la Mata Atlántica, junto con especies en peligro de extinción. “Las regiones restantes de la Mata Atlántica constituyen hoy sólo alrededor del 2% del área original. ¿Cómo vamos a debilitar aún más la legislación protectora de un bioma que ya ha sido tan destruido?

Maldonado también citó un relevamiento del Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico (IPHAN), según el cual existen al menos 142 sitios arqueológicos en las áreas que serían inundadas por las represas. El lago del complejo hidroeléctrico, agregó el abogado, puede llegar hasta las 100 mil hectáreas, llegando a territorios brasileños y argentinos, área que casi duplica la de la central de Belo Monte, llegando directamente a 12.600 personas de 19 municipios brasileños, en el Celeiro. regiones, Missões e Fronteira Noroeste, en Rio Grande do Sul y 16 municipios argentinos en las provincias de Misiones y Corrientes.

Juez del proceso, el juez Ricardo Teixeira do Valle Pereira observó que el juez, en la decisión tomada en 2015, anuló el Término de Referencia emitido por Ibama para realizar estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto. Esta anulación, señaló, se basó en una adicción de origen insuperable, que es la falta de autorización de los órganos responsables de la administración del Parque Estatal de Turvo, a saber, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Fundación Estatal de Medio Ambiente. Protección de Rio Grande do South (Fepam). “El Estudio de Impacto Ambiental debe elaborarse con base en un término de referencia y, en este proceso, hay pasos que deben respetar la legalidad”, señaló el fiscal. La no aceptación de la Secretaría de Medio Ambiente y Fepam mantiene el defecto original que sustentaba la decisión de la Corte Federal en 2015.

Además, agregó, la Mata Atlántica tiene una protección especial en la Constitución, y hoy en día solo quedan pequeñas partes de ella en diferentes estados. “Por lo tanto, debe haber una precaución aún mayor con el bioma, la fauna y la flora de esta región”, dijo Ricardo Teixeira Pereira.

El juicio estuvo acompañado, fuera de TRF4, por representantes del Movimiento de Afectados por Represas, Amigos de la Tierra Brasil y otras organizaciones que se movilizaron, desde el inicio de la mañana, con pancartas y carteles frente al edificio de la Corte. El MAB-RS destacó el resultado como una victoria para los afectados por las represas, pero destacó que la movilización debe continuar porque el proyecto del complejo “es un viejo sueño de las multinacionales energéticas que pueden hacer nuevos movimientos para retomarlo”.

Fuente Sul21

About The Author

Redacción Economis

See author's posts