Kaapuera: “¿Por qué no resuelven la contaminación en el Itá y El Brete: ineptitud, falta de recursos u otros intereses?’”

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“Hace más diez años que la Municipalidad y la Provincia nos vienen con el cuento de que van a resolver la contaminación en la desembocadura del arroyo Itá, y nada serio han hecho hasta el momento: los desechos cloacales siguen apareciendo en el agua, dañando la calidad del recurso, y perjudicando a vecinos, al turismo y a los clubes náuticos que se ven obligados a frenar la actividades recreativas en uno de los espacios más concurridos de la capital misionera, con el consecuente daño económico que ello acarrea”, enfatizó Diego Ciarmiello, del Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera.

“Es una vergüenza, y uno siente que nos toman el pelo”, continuó. “¿Cómo es posible que teniendo todos los recursos, ni el Municipio ni la Provincia se ocupen de garantizar que el agua de uso público esté en buenas condiciones? Ahora hace dos semanas que la bahía del Itá tiene desechos sólidos a la vista de todos. Hablamos del agua, que es vital para todo y todos, y hablamos de una zona altamente concurrida por vecinos, turistas, jóvenes…”, agregó Ciarmiello.  “¿Por qué los funcionarios públicos no resuelven? ¿Es un problema de ineptitud, de fondos o hay otros intereses? Tienen la obligación de hacerlo y de dar explicaciones”, indagó.

El dirigente socio ambiental puntualizó que el problema es de larga data. En enero de 2012, tras una reunión, funcionarios de la Municipalidad de Posadas, del Servicio de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (Samsa) y del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) anunciaron que iban a trabajar para resolver los problemas de funcionamiento de descarga de líquidos cloacales en ese sector. “Entonces, el secretario de Obras Públicas, Surracco, dijo, literalmente, que iban a corregir la calidad ambiental de las aguas, sobre todo en el punto crítico que es la planta elevadora de líquidos cloacales de Samsa, en la cuenca del arroyo Itá. Pasaron más de 10 años, y nada de eso ocurrió”, señaló. 

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En ese marco, Ciarmiello hizo notar que “las políticas púbicas de la Municipalidad referidas a la actividad recreativa en el río Paraná, con El Brete como parte de la propuesta turística de la ciudad, junto a otras playas, no tiene su correlato en estos hechos y tampoco tiene su correlato en los objetivos del EPRAC, que tiene la obligación de monitorear y asegurar que esto no ocurra”. 

Unido a ello, pidió “ una política seria de gestión de cuencas hídricas, en lo inmediato en la cuenta del arroyo Itá, que incluya un eficiente sistema de gestión de residuos en los barrios por donde atraviesa este arroyo, pero también avanzando con una mirada integral en el saneamiento de las distintas cuencas posadeñas”.

Rulo Bregagnolo, del mismo espacio socio ambiental, enfatizó que la situación del Ita “es una de las claras consecuencias de la construcción de grandes represas, en este caso Yacyretá, con el embalsamiento de los tributarios y la elevación de napas subterráneas, sumado a esto el mal manejo de efluentes cloacales y encima en manos privadas con ausencia de control estatal”.  

Bregagnolo remarcó los daños económicos de la situación y consideró que debe haber resarcimiento: “Estos clubes apostados en la bahía generan beneficios sociales y económicos al brindar un espacio de esparcimiento y mano de obra, y hoy, por exclusiva ausencia del Municipio y de la provincia a través del EPRAC, se enfrentan daños ambientales para la población y pérdidas económicas, ya que no se puede usar el río”. En ese marco, el referente de Kaapuera planteó que además de resolver la situación, “urge una reparación ambiental y el resarcimiento económico para los damnificados directos”.

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Hace 5 años, vecinos preocupados por la situación ambiental encabezaron la campaña “Salvemos el Río”, logrando la adhesión de cientos de posadeños y elevando un pedido de información a Samsa sobre los niveles de contaminación en el referido área. No hubo respuestas. 

Ahora está la posibilidad de que la Cámara de Diputados de ocupe del tema, mediante un proyecto de comunicación presentado por la legisladora del PAYS, Blanca Alvez.

En dicho documento, que se trataría en sesión el próximo jueves, se solicita al Ejecutivo Provincial que dé a conocer “informes que el EPRAC haya elaborado en los últimos dos años en el marco de auditorías y controles regulares de fiscalización realizados para evaluar el estado y mantenimiento de la red cloacal y de la planta depuradora administrada por la empresa concesionaria SAMSA; si se requirieron a SAMSA informes técnicos concernientes a obras de mantenimiento de la red cloacal y la planta depuradora que se encuentren ejecutadas, en desarrollo y proyectadas en el período 2022 y el transcurso del 2023; medidas de evaluación de impacto socio-ambiental que se hayan tomado a raíz del incidente; y medidas de sanción que correspondieran implementar por incumplimiento de la responsabilidad empresarial”.

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