En el fallo económico más relevante que llega al máximo tribunal estadounidense en años, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer aranceles generalizados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La decisión, adoptada por seis votos contra tres, representa una de las derrotas institucionales más significativas de la segunda administración Trump y reconfigura el tablero del comercio global.

La sentencia impacta de lleno en la política exterior y en la agenda económica de la Casa Blanca: los aranceles habían sido el instrumento central de presión frente a China y otros socios estratégicos, y una fuente clave de ingresos fiscales proyectados para la próxima década.

El núcleo del fallo: límites al poder ejecutivo

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria. El tribunal concluyó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles de alcance ilimitado sin una autorización clara del Congreso.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts. “Debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

El fallo reafirma el principio de separación de poderes y la doctrina de las “cuestiones importantes”, según la cual el Ejecutivo no puede adoptar decisiones de gran impacto económico o político sin respaldo legislativo explícito. Roberts fue contundente: cuando el Congreso delega la facultad de imponer aranceles lo hace “de forma clara y con restricciones rigurosas”, algo que no ocurrió en este caso.

La mayoría estuvo integrada por Roberts, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch junto con los tres jueces progresistas. En disidencia votaron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, quien sostuvo que los aranceles eran “claramente legales” bajo precedentes históricos de autoridad presidencial en contextos de crisis.

El debate sobre la IEEPA y el comercio exterior

Trump había invocado la IEEPA —una ley de los años 70 que permite al presidente “regular la importación” durante emergencias nacionales— para justificar los gravámenes. Sin embargo, el término “arancel” no aparece en el texto legal, argumento central de las empresas que llevaron el caso a la Justicia.

El tribunal rechazó la interpretación expansiva del Ejecutivo y recordó que la Constitución reserva al Congreso el poder tributario. Aunque Trump alegó que los aranceles se inscriben en la esfera de política exterior —donde tradicionalmente los tribunales conceden mayor margen al presidente—, la Corte entendió que la magnitud económica del caso requería una habilitación legislativa expresa.

La decisión también dialoga con precedentes recientes en los que la Corte limitó medidas ejecutivas de la administración Biden, como el plan de condonación de préstamos estudiantiles o el mandato federal de vacunación durante la pandemia, aplicando la misma lógica de exigencia de autorización explícita del Congreso.

Miles de millones en juego y la incógnita de los reembolsos

Uno de los aspectos más delicados es el destino de los ingresos ya recaudados. Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había percibido US$ 134.000 millones en concepto de aranceles impugnados, provenientes de más de 301.000 importadores, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La Corte no resolvió qué ocurrirá con esos fondos. La cuestión quedará en manos de tribunales inferiores. Kavanaugh advirtió en su disidencia que el tribunal “no se pronunció hoy sobre si el Gobierno debería proceder a la devolución de los miles de millones de dólares que ha recaudado”.

Funcionarios de la administración Trump alertaron que una eventual devolución masiva podría generar un impacto fiscal severo. El propio Kavanaugh anticipó que el proceso podría convertirse en “un desastre” operativo.

El debate sobre quién pagó efectivamente los aranceles también es relevante: estimaciones de la Reserva Federal de Nueva York indican que casi el 90% del costo fue absorbido por consumidores y empresas estadounidenses.

Consecuencias globales

Los llamados aranceles “recíprocos” elevaron gravámenes hasta el 50% para socios como India y Brasil, y hasta el 145% para China en 2025. La medida generó volatilidad en los mercados, alteraciones en cadenas de suministro y tensiones diplomáticas.

Para la economía global, el fallo introduce un elemento de previsibilidad institucional en el principal actor del comercio internacional. Sin embargo, también deja abierta la incógnita sobre cómo responderá la Casa Blanca: el presidente cuenta con otras herramientas legales para imponer aranceles, aunque con límites más estrictos —por ejemplo, aumentos de hasta 15% por un máximo de 150 días o medidas focalizadas por razones de seguridad nacional que requieren investigaciones previas.

La decisión marca un punto de inflexión en el debate sobre la extensión del poder presidencial en materia económica. En términos de negocios, la señal es clara: el proteccionismo unilateral enfrenta ahora un límite constitucional explícito.