Esta semana el Senado de la Nación podría dejar sin efecto la única ley que hoy limita la venta de tierras rurales argentinas a capitales extranjeros. El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, presentado bajo el eufemístico nombre “De inviolabilidad de la propiedad privada”, tiene como objetivo central derogar la Ley 26.737, que desde 2011 regula cuánta tierra puede adquirir un extranjero en el país. Para Misiones, las consecuencias podrían ser devastadoras.

Qué dice la ley que quieren eliminar

La Ley de Tierras 26.737 establece límites claros: ningún extranjero puede poseer más del 15% de la superficie rural a nivel nacional, provincial o subprovincial. Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese total, y el tope personal es de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, o su equivalencia en otras regiones. La ley también prohíbe expresamente la adquisición de tierras que limiten o contengan cuerpos de agua permanentes y de envergadura.

Un caso emblemático ilustra por qué esta protección importa: el ciudadano británico Joseph Lewis adquirió los dos lotes que rodean al Lago Escondido, en Río Negro. El resultado fue la extranjerización efectiva del cuerpo de agua y la privatización de facto del lago: el camino de acceso histórico está vedado a los propios argentinos.

La ley fue sancionada en 2011 por razones geopolíticas, en un contexto de crecimiento demográfico global y señales tempranas de escasez alimentaria. En 2026, esas razones se potencian: el estrés hídrico, las sequías, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad provocados por el cambio climático convierten a la tierra y el agua en recursos estratégicos de primer orden. La ley tampoco afecta derechos adquiridos ni se dirigió contra extranjeros radicados en el país con sus familias.

Misiones: la provincia más vulnerable

Los números para Misiones son alarmantes. Según datos del Observatorio de Tierras —un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA basado en publicaciones oficiales— más de 325.000 hectáreas de la provincia están en manos extranjeras: el 11,20% de su superficie total. A nivel nacional, el porcentaje ronda el 5%, con más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas.

Cuatro departamentos misioneros ya superan el límite legal del 15%: Montecarlo, El Dorado, Concepción y Libertador General San Martín. El caso más crítico es Iguazú, que roza el 40% de extranjerización. La principal nacionalidad propietaria es la chilena, vinculada en gran parte a los capitales que controlan la empresa foresto-industrial Arauco.

El escenario se agrava con la crisis del sector yerbatero: la apertura de importaciones y la destrucción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —cuyo rol como regulador de precios protegía a tareferos, pequeños productores y campesinos— golpearon de lleno a la economía provincial. A esto se suma una amenaza concreta: la presión de capitales sirios para adquirir fincas yerbateras, que dejaría a los misioneros sin herramientas legales para resistir si la Ley de Tierras cae.

El antecedente: cuando la Justicia frenó a Milei

No es la primera vez que el gobierno nacional intenta eliminar esta ley. El DNU 70/2023 —el mismo decreto ómnibus que destruyó el INYM— incluía la derogación de la Ley de Tierras. Fue el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata quien presentó un recurso judicial que frenó esa medida: la Justicia declaró inconstitucional ese artículo del decreto. Ahora, el Ejecutivo busca el mismo resultado por vía legislativa.

Tres senadores misioneros bajo la lupa

El voto de Misiones en el Senado estará a cargo de tres legisladores: Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, por Encuentro Misionero, y Enrique Goerling Lara, de Juntos por el Cambio. Su decisión determinará si la provincia mantiene o pierde el escudo legal que hoy limita la extranjerización de su territorio.

En la reciente Reunión Conjunta de las Comisiones de Economía y Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, la voz de los trabajadores rurales fue contundente. Ana Cubilla, del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, lo dijo sin rodeos: “Este DNU nos desreguló la vida. Nos tenemos que ir a otro país a trabajar. Queremos estar con nuestras familias y queremos seguir viviendo en Misiones, los chicos dejaron la secundaria para salir a tarefear”.

Lo que se vota el miércoles no es una abstracción jurídica: es el futuro de la tierra misionera. Derogar la Ley 26.737 significaría habilitar un proceso sistemático de despojo de productores locales en favor de capitales extranjeros, en una provincia donde la extranjerización ya está al límite.